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Asturias / Comisión crisis COVID19: EDUCACIÓN

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Vídeos comparecencias de los sindicatos, ANPE y SUATEA (22 de julio) y de Carmen Suárez, consejera de Educación, y Javier Cueli, Director General de Enseñanzas Profesionales (24 de julio)


26 de julio de 2020

Entre los temas que la Comisión Estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19 estuvo llevando a cabo durante este mes de julio estuvo, naturalmente, la Educación.

El proceso seguido en las comparecencias, en todos los casos, se inicia con quince minutos para  la exposición de compareciente al que siguen turno de preguntas de los distintos grupos parlamentarios de menor (VOX) a mayor número de diputados (PSOE) en el Parlamento.

Recogemos aquí la comparecencia de los sindicatos ANPE y SUATEA, (22 de julio) así como la de la Consejera de Educación, Carmen Suárez, Javier Cueli, Director General de Enseñanzas Profesionales y  Nuria Varela, Directora General de Igualdad (24 de julio)

Otras comparecencias pueden seguirse en el canal de Youtube del Principado de Asturias (o en su Videoteca).

Así, por ejemplo, en la misma sesión del 22 de julio en la que han participado ANPE y SUATEA, cuyo fragmento recogemos en el blog, lo han hecho:
1.- Representantes de AMPAS (Federación Manuel Virgós, Concapa) y del Consejo Escolar del Principado (a partir de 2:47:53)
2.- Directoras del IEs de Pravia y del Centro Integrado Universidad Laboral de Gijón. Interviene, además, en calidad de experto, Manuel Francisco Fanjul Antuña

O la sesión del 23 de julio que se iniciaría con las comparecencias de la orientadora del IES Montevil de Gijón, Maria José Villaverde,  y César Castante y Elisa Beltrán en calidad de expertos. Segurían tras el descando, Ángeles Fal Fernández, presidenta del comité de empresa de la Universidad de Oviedo, el rector Santiago García Granda y el catedrático de Derecho Civil, Ramón Durán


Vídeos











En prensa

Los profesores cargan contra Educación: "Nadie ha atacado más el prestigio y la labor docente que la Consejería", La Nueva España

Educación ante las críticas: "Las normas para el curso están en correcto castellano", La Nueva España

Educación sí destinará fondos a la concertada y negocia ya sus necesidades, El Comercio



Normativa para el inicio presencial del curso 20-21 en Asturias. Plan de contingencia

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Vídeo COVID-19: Los centros escolares preparan las aulas para la vuelta el  lunes | Sociedad | EiTB

La Consejería de Educación publica hoy la resolución para establecer las condiciones en las que los alumnos tendrán que regresar a las aulas. Dos son los documentos que se pueden encontrar hoy en Educastur, la web de Educación del Principado de Asturias: la Resolución por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y el denominado Plan de contingencia.

El Principado baraja tres escenarios posibles, con la suspensión de las clases en caso de confinamiento como última opción. El Comercio  ofrece un resumen de lo que  se recoge en la Resolución.

Resolución de 30 de julio


El BOPA de 31 de julio publica la Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Primero.—El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece distintas medidas de aplicación a todo el territorio nacional para la prevención, contención y coordinación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19. 

Segundo.—Con la finalidad de proseguir de forma ordenada el proceso de desescalada en el Principado de Asturias, en el mismo intervalo de tiempo señalado en el artículo 3.3 del citado Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, el 19 de junio de 2020 la Consejería de Salud dicta resolución por la que se establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.

Tercero.—el apartado 5 de la citada Resolución dispone en relación a los centros docentes que:
“…Las administraciones educativas deberán asegurar la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio...


La Consejería de educación, a través de los equipos directivos de los centros educativos no universitarios velará por el estricto cumplimiento de las normas sanitarias de desinfección, prevención y adecuación en los citados centros. Asimismo, velará por el cumplimiento de los protocolos de actuación ya dictados al efecto por la propia Consejería. En todo caso, la Consejería de educación revisará los citados protocolos o dictará nuevas medidas en el supuesto de que fuera necesario par a garantizar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades competentes“. 

Cuarto.—Próximo el inicio del curso escolar 2020-2021 procede determinar las condiciones en las que se iniciará el nuevo curso escolar dentro del marco sanitario en el que nos encontramos conforme a los siguientes criterios:
a) Priorizar la enseñanza presencial frente a la telemática, la del alumnado más joven en relación con el de más edad y especialmente la del alumnado más vulnerable.
b) Impulsar la capacitación en competencia digital del alumnado y profesorado así como del personal no docente.
c) Promover el desarrollo tecnológico del centro.
d) Promover el acceso digital de todo el alumnado.
e) Fomentar el aprendizaje participativo.
f) Asegurar rutinas de higiene y prevención para minimizar riesgos.
g) Promover e intensificar la coordinación con las familias.

Seguir leyendo en PDF 




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Plan de contingencia



Se publica también un  PLAN DE ACTUACIÓN para la elaboración de planes de contingencia en los Centros educativos del Principado de Asturias.

Sobre estas "Medidas de Seguridad e Higiene Sanitarias derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo", se indica ya desde la portada que está en revisión permanente en función de la evolución dle COVID19: “Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de que se disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)

Introducción, Medidas de Protección,  Implantación de las medidas, Otras medidas en función del Centro educativo, y distintos Anexos, componen las 83 páginas del documento, que en la introducción deja claro quién o quienes se encargarán de llevar a cabo el plan:

En cada centro educativo la elaboración del Plan de Contingencia correrá a cargo del Director/a del mismo. En el Plan constará la constitución de un Equipo COVID-19, al frente el cual se designará una figura de referencia en el centro para todos los temas relacionados con la infección Covid-19. El equipo COVID-19 estará formado por la dirección del centro, secretaría, uno o varios miembros del equipo docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos e informar a toda la comunidad educativa de su implementación. 

Asimismo la Comisión de Salud Escolar Decreto 17/201 de 18 de abril por el que se regulan las Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de Asturias realizará el seguimiento de las actuaciones y funciones que le son propias en materia de prevención y salud escolar.





El derecho a la educación

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Es un deber de toda sociedad contar con el mejor sistema público de educación posible, él único que debe ser financiado por tod@s, porque es para tod@s sin exclusión

Interior de un aula de centro concertado católico

Marina Rodríguez Martínez, El Diario, 25 de agosto de 2020

Hace ya tiempo se ha ido imponiendo un argumento que encierra una falacia, y su “aparente evidencia” prevalece a su “sencillo desenmascaramiento”. Ha hecho mella en políticos de diferente signo, liberales, neoliberales e incluso progresistas; entre padres y madres; también entre docentes, incluso de la educación pública, porque es de educación de lo que trata este artículo.

El argumento es: Los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos y así lo recoge la Constitución.

Innegable, los padres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, y por eso las sociedades plurales y democráticas les ofrecen las opciones de educación pública o privada, entre las que seleccionar la más afín a sus creencias, acorde a sus valores o cercana a sus casas.

Lo que no dice la Constitución es que las opciones privadas hayan de ser financiadas con dinero público. Por eso, la exigencia de ese derecho de elección avalado por la Constitución, se convierte en una falacia cuando lo que va implícito es el derecho a que se les subvencione lo “privado”. ¿Por qué tendrían que subvencionarnos un transporte privado, al que optamos libremente, con dinero público?, ¿podríamos exigir la financiación de la consulta médica privada, a la que acudimos libremente, a cargo del erario?, ¿se entendería la exigencia del derecho a elegir ese taxi o este médico subvencionados de esa manera?

Lo que resulta claro en cualquier otro sector se ha trastocado tanto en el ámbito educativo que ahora estamos en un callejón sin salida: la educación privada-concertada, obligatoria (Primaria y ESO) y no obligatoria (Infantil y Bachillerato). La educación privada-concertada nace en nuestro país en los años 80 como una solución provisional a la imposibilidad de atender la demanda de escolarización por parte de la institución pública y de construir centros en unos plazos mínimos. Cuatro décadas después, la concertada es una realidad consolidada y en continuo crecimiento, a pesar de las paradojas que su sostenimiento provoca, por ejemplo, la concesión de suelo público para construir colegios concertados, más habitual de lo que podría pensarse, o negar nuevas líneas educativas en la pública que sin embargo engordan a la concertada.

Por lo tanto, derecho a elegir, sí; exigencia de subvención pública si se opta por la vía privada, no. Esto sería suficiente para disolver la falacia que entraña la privada-concertada. Sin embargo, esta pugna entre la escuela pública y la concertada dura más de lo que hubiera sido deseable y hay algunos argumentos que pueden alumbrar el escenario en el que estamos para comprenderlo mejor.

El primero tiene que ver con lo que podríamos llamar jerarquía de derechos. Suele quedar oculto que por encima del derecho de los padres a “elegir” está el derecho de los niños y jóvenes a “recibir” educación en cualquier rincón del territorio nacional. Esto se vuelve diáfano cuando pensamos en tantos lugares adonde no llega la privada aunque sea concertada, pero sí la pública: barrios y zonas deprimidas de las ciudades, guetos sociales, zonas rurales, dispersión poblacional. El derecho a la educación es universal y, además de en la Constitución Española, está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo tanto prevalece sobre el derecho a elegir, que existe mientras haya donde elegir, situación que no siempre se da, como hemos visto. La pública atiende al derecho universal de infantes y jóvenes, estén donde estén, por lo que necesariamente es superior y anterior jerárquicamente al derecho de elección.

El segundo tiene que ver con la deriva que ha tenido el fenómeno de la concertación. Lo que nació como algo coyuntural para paliar unas necesidades a las que había que atender, se ha consolidado como opción educativa cada vez más privilegiada por los presupuestos públicos, en detrimento de la pública que ve enflaquecer su partida. Es decir, se produce una inversión de las inversiones presupuestarias, dándose la paradoja de que lo que se recorta a la pública va a parar a la privada. Pero esta es una cuestión de hecho, y hay que preguntarse si tiene sentido: tenemos dos modelos educativos públicos, uno “público-público” que está sufriendo todos los embates de las crisis, los recortes y la degradación de su función, y otro “privado-público”(privado en la gestión y recaudación de beneficios y público en la financiación) cada vez más boyante. Y aun así, sigue siendo la escuela pública la que obtiene objetivamente mejores resultados con menos recursos, y probablemente seguirá siendo así. Mientras la concertada recibe las subvenciones pero no pocas veces incumple los requisitos, como se concreta en el siguiente argumento.

El tercero se convierte en una llamada de auxilio para enmendar cuanto antes esta suicida inversión de las inversiones y, sobre todo, remediar la pérdida de conciencia del papel fundamental que una educación pública de calidad juega en la construcción de sociedades democráticas y moralmente saludables. La educación pública es necesaria porque tiene la imprescindible función de servicio público para atender a todos con equidad, subsanando las desigualdades que las loterías natural y social conllevan; la privada-concertada es contingente, su función es atender a la élite, a los afines, a los suyos. La pública es plural y diversa, como la propia sociedad, y contribuye a la cohesión social; la privada-concertada selecciona y excluye, segrega y diferencia, en contra del Concierto. La pública es gratuita, financiada con el dinero de todos; la privada-concertada también recibe dinero público, pero además cobra cuotas “enmascaradas y voluntarias”, no permitidas por el Concierto y que introducen la desigualdad en su seno. La pública persigue el beneficio social y su rentabilidad es la propia educación; la privada-concertada tiene como fin el lucro, porque es una empresa y persigue la rentabilidad económica, su negocio.

Con todo esto, ha llegado el momento de caminar hacia la solución, aplazada una y otra vez, de la esquizofrenia de dos modelos que se fagocitan uno a otro. No será fácil, pero sobre todo no será rápido, porque habrá que situarse, para empezar, en el mismo punto en que se quedó en los años ochenta: la construcción material de escuela pública y, paulatinamente, la desamortización, des-concertación y/o reconversión en pública de la concertada que se pueda y se avenga.

Una sociedad plena y madura debe contener en su oferta educativa diferentes opciones, públicas y privadas, laicas o confesionales, con diferentes metodologías pedagógicas que superan al modelo tradicional por ser más acordes a los tiempos que vivimos, que no son ya los del siglo pasado. Pero igualmente es un deber de toda sociedad contar con el mejor sistema público de educación posible, él único que debe ser financiado por todos, porque es para todos sin exclusión, como reza el lema que ha enarbolado la pública desde el inicio de sus malos tiempos: una “educación pública de tod@s para tod@s”.

Marina Rodríguez Martínez es profesora de Filosofía en un instituto público


 

La segregación escolar: un modelo competitivo basado en la elección de centro

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No se puede construir una ciudadanía democrática creando escuelas de ricos y de pobres, la educación debe estar comprometida con la cohesión social y con los derechos fundamentales de la igualdad. No existe el derecho fundamental a la educación con el desarrollo de políticas que van en contra de la educación pública y a favor de la segregación escolar.

Chica en blanco y negro


Carmen Rodríguez MartínezJavier Esteban MarreroRodrigo Juan García
El Diario de la Educación, 25 de agosto de 2020

Existen cuestiones tan contradictorias como las declaraciones de Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE y creador de PISA, cuando afirma que, “la segregación escolar no es el camino para mejorar la educación”, mientras extiende por el mundo el neocolonialismo que supone PISA contribuyendo a las clasificaciones de los sistemas educativos y aumentando la desigualdad.

Tan contradictoria como el interés de la OCDE junto al Banco Mundial en conseguir una educación en equidad, con metodologías instrumentales, que se apoyan en políticas basadas en datos evaluados para que conduzcan a una educación de calidad y eficiente, además de en modelos de financiación privada y en lo que se considera una inversión sostenible basada en los resultados, para satisfacer una ideología de mercado que reproduce las clases sociales y las jerarquías. Para ello son organizaciones económicas, para proteger al capitalismo y fomentar la iniciativa empresarial.

Un modelo competitivo para educación basado en el éxito


La nueva concepción de la educación como un elemento central para la transformación hacia una sociedad más competitiva y con una mayor producción crea un imaginario social hacia la mejora educativa basada en el éxito. Lo que antes eran mercados restringidos a las industrias del entretenimiento, el cine, deporte, arte… se aplican a abogados, médicos, bancos de inversión, escuelas, universidades… Con el objetivo de conseguir la sublimación permanente, hay que ser competitivo, compararse, medirse y optimizarse. De ahí que en los programas televisivos triunfe la elección de la mejor cantante, el mejor cocinero… costurera o famoso que deben demostrar un talento o algo adicional que suponga su “éxito”. Este modelo de mercado se traslada a todos los ámbitos sociales generando una situación de agravio para la mayoría de las personas; resignación de los que no acceden a una situación de vida cómoda porque se vulnera una convivencia justa y presión de los ganadores para mantenerse en la competición.

En educación la transferencia de las “buenas prácticas”, el “nobel de la educación” o el docente global (negocio para la empresa Varkey), las políticas de incentivos, etc… representan el triunfo del éxito, que solo sirve para destacar la crisis generalizada de la educación, para volver a reclamar los discursos elitistas ante el fracaso de la escuela. Y destacar que el profesorado es uno de los actores más relevantes que están sirviendo con sus malas praxis a unos resultados catastróficos. La responsabilidad recae solo en el profesorado, no en los niveles socioeconómicos del alumnado, ni en la calidad de la educación o en la falta de recursos personales o materiales. Todos estos discursos solo sirven para potenciar la escuela privada o modelos de escuelas con gestión privada que se basan en incentivos al profesorado y trasladan los modelos de la economía al sistema escolar.

La elección de centro: escuelas Charter, autónomas y concertadas


Cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas. Para poder elegir escuela éstas deben ser diferentes y para eso las acompañan de toda una serie de políticas educativas como son los vouchers, la ampliación del distrito, los proyectos educativos, los rankings, evaluaciones, o cualquier tipo de estrategia que potencie la competitividad entre las mismas.

Tanto las escuelas Charter (en EE. UU.), como las escuelas de Chile tienen como punto central de sus políticas el postulado neoliberal de la elección, que plantea que se puede acceder a todo lo que se desea, sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. En educación defenderá que las familias tienen derecho a escoger la escuela que prefieren para sus hijos e hijas, que se comportaran de la misma forma para pobres y ricos.

Los partidarios de los programas de elección escolar argumentan que estas políticas atraen a los estudiantes de un rango geográfico más amplio que las escuelas públicas, por lo que tendrían una mayor pluralidad de estudiantes. Pero las investigaciones realizadas en el Estado de Arizona ven incrementada la segregación por raza, status socioeconómico y hasta por capacidad. Las escuelas Charter buscan estudiantes dotados o con necesidades especiales. Permiten formal o informalmente que las escuelas seleccionen a estudiantes y excluyan a otros. Algunas buscan seleccionar problemas minoritarios y con desventajas económicas, pero la mayoría buscan a estudiantes de altas capacidades, con antecedentes favorables en las escuelas públicas para evitar aquellos que requieren más recursos (Gilblom y Sang, 2019). En tres ciudades con altas proporciones de escuelas autónomas, Detroit, Nueva Orleans y Washington DC., las escuelas mostraban patrones de exclusión para mejorar la posición en el mercado y aumentar la segregación racial y socioeconómica (Lubienski, Gulosino y Weitziel, 2009).

Además, las familias menos privilegiadas carecen de recursos (capital social, empleos flexibles, apoyo familiar, transporte) para participar en opciones de elección.

Lógicamente, solo tendrá sentido la elección de centros en sistemas educativos con una oferta diferenciada. La situación de España al respecto es propicia para su aplicación porque ya contamos con dos redes escolares, pública, y privada concertada (centros privados sostenidos con fondos públicos), esta última supone un 30% de la escolarización obligatoria, siendo mayoritariamente de instituciones religiosas católicas (64%)(1). Teniendo en cuenta que la privada y concertada acoge solo al 7,5% de los alumnos/as desfavorecidos y que un alumno de un entorno más pobre tiene 5,5 veces más probabilidades de repetir curso. En España cada vez hay una mayor tendencia a potenciar la elección de centro haciendo competir a las escuelas públicas entre ellas, y a las públicas con las privadas. La crisis de 2008 ha influido en el aumento de la segregación escolar, rompiendo la disminución que se estaba produciendo desde el año 2000. A ello ha contribuido la reducción de financiación pública en el sistema educativo, junto a las políticas educativas introducidas con la LOMCE (2013) que han conseguido que Madrid sea la segunda región de Europa en segregación escolar, con un 45% de escuelas privadas (Murillo y Martínez-Garrido, 2018). Y España será el sexto país con más segregación de la Unión Europea, con un índice del 31% y un aumento en los dos últimos años de un 14,5% (Save The Children España, 2016).

Actualmente el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo de Vox plantean en su Decreto de admisión el fomento de la privada y una reducción del nivel socioeconómico en la baremación, que tendrá como consecuencia un nuevo éxodo hacia la privatización de la región más poblada de España, con uno de los niveles socioeconómicos y culturales más bajos. La educación pública en Andalucía recoge un 77% de la población escolar, 9 puntos más que la media española, y 4 por debajo de la media europea. Con estas políticas pronto alcanzará a Madrid en segregación escolar.

La segregación escolar no solamente incide en el aprendizaje de los estudiantes, sino que empobrece la educación socializadora, la convivencia y la integración social. No se puede construir una ciudadanía democrática creando escuelas de ricos y de pobres, la educación debe estar comprometida con la cohesión social y con los derechos fundamentales de la igualdad. No existe el derecho fundamental a la educación con el desarrollo de políticas que van en contra de la educación pública y a favor de la segregación escolar.

 

(1) Véase MECD, Datos y cifras 2009-2014




Distanciada

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 "La educación debe ser distanciada para convertirse, lejos de ruido y de los prejuicios, en un lugar de encuentro de lo que en sociedad vive en mundos distantes"

Una clase en la escuela pública de Toronto, en 1937. TORONTO PUBLIC LIBRARY / Licencia CC BY-SA 2.0

Ana Carrasco-Conde, La Marea, 1 de septiembre de 2020

La educación debe ser “distanciada” -que no distante- ya sea presencial o a distancia. No porque la sociedad la aparte, sino porque ella misma debe erigirse en una parte que, estando en todos lados como fundamento y principio, no está condicionada por el resto. Debe ser un apartado que, distanciado, permita en su interior el cuidado y el cultivo de quien somos en la manera en la que tenemos de aprender. No se trata de mantener una actitud distante que no atienda a los tiempos, como quien se mantiene lejos e indiferente, sino de un modo de ser que genera una estancia firme y estable (stare) que no se deja llevar por ellos, y que por tanto es divergente (dis) con respecto a los ritmos frenéticos de una época en la que, lejos de valorarse el tiempo, se le ha puesto precio. Vivimos en la época del ahorro del tiempo y, paradójicamente, nunca ha sido peor entendido. En realidad, el tiempo no es oro. Tampoco los resultados. Lo que es oro es lo que hacemos en él. 

La educación debe ser “distanciada” para mantener a cubierto a quien a esta estancia acceda de los ritmos frenéticos del neoliberalismo y de las exigencias del mismo, lo que quiere decir distanciada de la sociedad para poder tomar distancia de ella y sus prejuicios. Distanciada de la obsesión por los resultados finales y por la inmediatez del “ya”, del “ahora mismo”, es decir, lejos de la impaciencia para poder tomarse su tiempo. Educar lleva su tiempo, lo que no quiere decir que deba ser sacrificada por él, sino al revés, darle espacio para que se abra el tiempo. 

La educación debe ser “distanciada” por ello de la rentabilización del tiempo, del “hacer” para alcanzar “otra cosa”, en principio, más valiosa: el resultado, el logro, el beneficio. Distanciada de la obnubilación por la adquisición programática de competencias y del logro. Distanciada para, alejada del ruido, disfrutar del camino en el que somos también lo aprendido. Distanciada del “tener” para lograr la autonomía suficiente como para entender la valía del estar siendo, de estar aprendiendo. Distanciada de la utilidad para dejar de ser útiles, esto es, herramientas del sistema. Distanciada para convertirse en un compartimento y no en una competición: en el lugar común de todas las partes en igualdad. La educación debe ser distanciada para que, fuera del mundo, haga posible otros.

La educación debe ser “distanciada” para convertirse, lejos del ruido y de los prejuicios, en un lugar de encuentro de lo que en sociedad, de barrio a barrio, de centro a periferia, de privilegios de clase a desventajas del lugar de nacimiento, vive en mundos distantes. Distanciada para eliminar el estar distante y lograr la proximidad con realidades que, desde nuestro emplazamiento cotidiano, no vemos. 

Por ello también la educación debe ser pública, ajena a intereses corporativos. Y no ser entendida y explotada como negocio. El sistema de producción ha fagocitado muchas cosas. No solo el tiempo del negocio y nuestra forma de trabajar, sino del ocio mismo, no porque el ocio esté dirigido, como viera Debord, a seguir siendo rentables para el sistema en tanto en cuanto pasamos a ser consumidores y generamos “ganancias”, sino en el mucho más antiguo sentido de ocio, del griego scholé, es decir, de escuela cuando los seres humanos tuvieron al fin tiempo para pararse, preguntarse y ver el mundo de otra manera. Para ellos, por el mero hecho de aprender. 

La educación se ha convertido ahora en un negocio que, lejos de estar distanciada, se integra en la lógica de la productividad y la rentabilidad. Y así, integrada y sin distancia, se nos han pasado –o no– algunas otras cosas, como por ejemplo, que cómo se entienda la educación y el estudio configura un tipo de subjetividad y de forma de articular la intersubjetividad. Distanciada, la educación enseña a gestionar el disenso y a integrar y aprender de la diferencia. 

Estudiar no es meramente aprender, como quien recoge e integra en su haber (del latín apprehendere, que significa “agarrar”) una serie de conocimientos. Esta es solo una parte del final de un proceso, la de los resultados finales que podrán ser después aplicados. En realidad quien estudia no tiene posesivamente aquello que se le ha enseñado, sino que, de algún modo, lo que se le ha mostrado ha crecido en él desde su interior entremezclado con toda su historia. Lo que se estudia, cómo se estudia y junto a quién se estudia nos conforma: acaba siendo algo consustancial a nuestro modo de ser con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Por eso estudiar (lat. estudio) es prestar cuidado (lat. studium) a lo que se enseña para cultivar de tal modo que los frutos dependan de los modos del dar, del dejarse dar y de esa interacción plural entre los miembros de una comunidad de estudio. No se trata de adquirir competencias o conocimientos, como herramientas para desempeñarse productivamente en el mundo. 

Estudiar es la manera de aplicarse despacio y atendiendo a las maneras de aquello que se estudia para hacerse uno mismo y producir nuevas formas de estar en el mundo. Estudiar es cultivar y, como en el caso del cultivo, es preciso tener paciencia, llevar un ritmo pausado y constante, atender a las pequeñas vicisitudes del camino, dejar que la semilla arraigue y siga el camino de un fruto que se abre camino a su debido tiempo. Para cuidar hace falta tiempo, pero un tiempo distinto, alejado del mundo más allá del aula, diacrónico en el que poder tomarse tiempo para pensar. 

Y hacen falta unos modos, una atención, una labor casi artesanal para llevar a cabo ese proceso. Estamos obsesionados con los resultados finales y con los logros, tanto que hemos desatendido el camino mismo y los modos en que este tiene de ser andado. Lo importante -oh, anatema- no es la adquisición del conocimiento, “tenerlo”, “tacharlo” de la lista de un programa- sino todo el proceso o la odisea de la conciencia como bien pudiera llamarla Hegel. La educación no es un volcar datos. Es un darlos y compartirlos con cuidado. Y hay que amar mucho lo que se enseña para aprender a amar lo que se estudia. 

La educación debe estar distanciada porque es un acto de amar, de buscar y entender, de escuchar y comprender lo que se sitúa ante ti e integrarlo como parte tuya, pero nunca la posesión misma de aquello que se ama. Platón hablaba de amor platónico y así, en medio de la polis, pero en un apartado de la misma, se buscaba conjuntamente y sin el compás del tiempo respuestas ante preguntas cuya mera formulación ya es configuradora. Y para ello había que salirse de sí mismo como leemos en el Fedro: sentir la “manía”, una de las formas griegas de hablar de la locura como manera de distanciarse del mundo y tratar de ver más allá para comprender aquello que nos causa asombro o entender por qué debería causárnoslo. La educación así entendida enseña incluso a tomar distancia de uno mismo. Y solo así, distanciada y liberada, la educación puede proporcionar a la sociedad cambio y posibilidad de mejora sacando al mundo de sus goznes. 


Ana Carrasco-Conde
Profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Escribe ‘El incordio’ en ‘La Marea’ y ‘Disruptiva’ en lamarea.com.

La banca asalta la escuela

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El pujante mercado de formación privada del profesorado, el negocio de los libros de texto o de suministro de equipos informáticos, los conciertos educativos y la educación financiera son algunas de las grietas que encuentran grandes bancos y multinacionales para que la educación contribuya a diseminar una visión sobre el sistema de libre empresa acorde a sus intereses.
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Ilustración, Patricia Bolinches

Adrián Gallero Moreiras, El Salto, 14 de septiembre de 2020

En los últimos 18 años, el Banco Santander ha invertido cerca de 2.000 millones de euros en el ámbito educativo. Aunque la cifra está lejos del presupuesto anual del Gobierno español y de la inversión de la institución bancaria en otras operaciones, como el negocio armamentístico —3.000 millones de euros solo en los últimos cinco ejercicios—, la presencia de grandes empresas en la educación aumenta progresivamente en lo que se conoce como movimiento global de reforma educativa. Un proceso que, encabezado por la banca privada, lleva a que grandes conglomerados empresariales multinacionales participen activamente en la elaboración de políticas públicas educativas.

¿Los resultados? Desde recortes en los presupuestos educativos —a cuyas consecuencias asistimos estos meses—, hasta la introducción de modelos de gestión del ámbito empresarial dentro de las escuelas. El filantrocapitalismo avanza así para lograr que la educación contribuya a diseminar en la sociedad una visión sobre el sistema de libre empresa que le favorezca.


Desde la primera piedra hasta el último tema


Más allá del interés que suscita el sistema educativo como vehículo para reforzar una ideología neoliberal entre la ciudadanía desde las etapas más tempranas, también existe un interés en términos puramente económicos: el valor económico de los sistemas educativos públicos del mundo se estima en torno a los tres trillones de dólares. Así pues, el ámbito empresarial inició rápidamente la acción política para desembarcar en el sector educativo, desde los ladrillos de su construcción hasta los temarios de sus currículos.

A partir del año 2000, la mayoría de los sistemas educativos se reforman mediante dos procesos paralelos: la privatización y el establecimiento de las pruebas PISA

A partir del año 2000, la mayoría de los sistemas educativos se reforman mediante dos procesos paralelos: la privatización y el establecimiento de las pruebas PISA, que a su vez se han ejecutado a través de dos grandes procesos denominados privatización endógena (encubierta) y privatización exógena. Esta última no es otra cosa que planificar el deterioro del sistema público.

Un abandono que, en España, se tradujo en el recorte del presupuesto educativo del conjunto de las administraciones pública en un 18% entre 2005 y 2018, lo que supone 8.200 millones de euros. En 2020, el gasto público en educación como porcentaje del PIB se sitúa en el 4,2%, mientras que el promedio europeo se sitúa por encima del 5%. Esto ha implicado, entre otras cosas, 30.000 docentes menos, el desmantelamiento de las escuelas rurales, menos becas y salarios más reducidos. En contraposición, la educación privada se encuentra, tanto en términos relativos como absolutos, en máximos históricos de gasto público recibido.

Este contexto va allanando el camino para la entrada de grandes corporaciones, que se entrelazan en la administración en lo que supone un proceso de privatización endógena, que consiste en trasladar al sistema público educativo los modelos de gestión del ámbito empresarial: equipos directivos como gestores; familias como clientes de los centros educativos; pruebas de evaluación, estandarización y clasificación entre centros, etcétera.

Vinculado a ello, en el año 2000 se introdujeron las pruebas PISA, con las que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sustituyó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su función de servir como referencia a la hora de reflexionar, estudiar y proponer reformas en el ámbito educativo. Además de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han jugado un papel clave a nivel ideológico como impulsores de la privatización por su capacidad para generar un lenguaje y discurso comunes que son muy bien divulgados por parte de grupos que buscan la forma de adecuar las políticas educativas a sus intereses.

“El peso que han ganado estas instituciones presiona mucho a los gobiernos para elaborar determinadas políticas públicas educativas”, inicia Rocío Anguita, miembro del Foro de Sevilla e Investigadora Profesora del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. “Que entidades como la Unesco hayan perdido su peso tiene que ver con la geopolítica mundial y con el proceso de privatización global de los servicios públicos”, sostiene la experta, que defiende también que la educación pasa a considerarse “un espacio de mercado como otro cualquiera”. “Esto nos lleva a una escuela orientada a producir trabajadores para el mercado, lo cual no es la finalidad que históricamente se ha consensuado para la misma”, afirma Anguita.

La nueva política la hace el filantrocapitalismo


La filantropía tradicional también evoluciona, y lo hace convirtiéndose en lo que hoy se denomina nueva filantropía o filantrocapitalismo, que pasa de ofrecer donaciones caritativas a hacer inversiones que, a su vez, permiten desgravaciones. Fundaciones, empresarios individuales o grandes operaciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se entrelazan con la administración pública y se lanzan al diseño de políticas educativas y a la financiación de acciones a través de las cuales van dirigiendo la educación. El creciente mercado privado de formación de profesorado, el mercado cautivo de los libros de texto, los contratos de suministro de equipos informáticos, los convenios y conciertos educativos o la educación financiera son algunas de las grietas que encuentran en esta tarea organizaciones como el Banco Santander, La Caixa, BBVA, Microsoft, Google, Telefónica o Deloitte.

El Banco Santander, a través de Santander Universidades y Universia, es la empresa a nivel mundial que más dona en RSC en el ámbito educativo. Para hacerse una idea acerca de su impacto, solo durante 2017 concedió 44.800 becas a estudiantes, profesorado y emprendedores universitarios y firmó más de 1.200 convenios de colaboración entre el banco y universidades e instituciones académicas de 21 países.

Una de las formas a través de las que el filantrocapitalismo logra mayor penetración es la de la formación a profesorado, programas puestos en marcha por estas organizaciones y que les permiten llegar directamente a las personas encargadas de transmitir el conocimiento. Por ejemplo, el Programa Entre Profes —un entorno formativo online dirigido a docentes que trabajan en entornos complejos— de la Fundación Telefónica; o la estrategia puesta en marcha por la Fundación Empieza por Educar (ExE) —presidida por Ana Patricia Botín y en la que se encuentran organizaciones como Deloitte, Coca-Cola, Goldman Sachs, BBVA, OHS, Fundación Telefónica, Barclays o la Fundación Prosegur, que también funciona a nivel mundial y se dedica a formar de manera intensiva durante cinco semanas a profesorado al que, posteriormente, financiando sus puestos de trabajo, ubica en colegios situados en contextos denominados “vulnerables” durante dos años— hicieron el intento de entrar en escuelas públicas, pero hasta el momento se han limitado a centros privados.


Ilustración Patricia Bolinches

Otra de las vías de entrada es la educación financiera. “Mejorar la cultura financiera general debe ser un objetivo prioritario, de manera que los ciudadanos puedan adoptar las mejores decisiones de gasto, ahorro e inversión en su vida cotidiana”, defendía Luis de Guindos en abril de 2017 cuando anunció el Plan de Educación Financiera acordado entre el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España para “mejorar las habilidades y conocimientos del alumnado” con los que desenvolverse con soltura en la esfera financiera. “Los jóvenes pueden empezar a defenderse cuando son jóvenes; hay que estimular el ahorro privado y la formación de fondos de pensiones que ayuden a hacer frente al sistema de pensiones públicas”, decía Luis María Linde, director del Banco de España. Las diferentes iniciativas de educación financiera puestas en marcha por los bancos superaron, de 2001 a 2018, los 32 millones de usuarios web y las nueve millones de horas de formación, y llegaron a 9, 1 millones de personas beneficiarias, según la Asociación Española de Banca.


Finanzas sin futuro


“Vivimos en un sistema capitalista pero la escuela no lo explica o lo hace de forma muy sesgada”, afirma Luis González Reyes, responsable de ecosocialización de los tres centros escolares de FUHEM, una fundación sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. “Es necesario introducir una explicación sobre el funcionamiento básico del sistema económico no solo en las asignaturas de economía, sino en todas”, defiende. Es lo que hacen en FUHEM, explica, introduciendo paradigmas de economías transformadoras en el currículum educativo y capacitando al alumnado a través de la puesta en marcha de iniciativas económicas de economía social y solidaria en sus centros educativos.

Una de las organizaciones bancarias que participa en el Plan de Educación Financiera es CaixaBank, a través de la Fundación La Caixa y EduCaixa, una plataforma que incorpora recursos a través de los que se explican conceptos básicos de economía y finanzas. En 2019, el Plan de Cultura Financiera de CaixaBank superó los 12 millones de visualizaciones de contenidos online y los 10.700 asistentes a actividades formativas presenciales.

“La asignatura de economía ha vivido un boom en la secundaria en los últimos años”, comenta Ernesto Simón, profesor de Economía en el IES La Atalaya de Conil de la Frontera (Cádiz), instituto donde se inscribió a un concurso de EduCaixa. “No deja de ser sospechoso que haya aumentado tantas horas lectivas en detrimento de otras asignaturas de humanidades, y este boom ha hecho que las empresas bancarias vean un filón en este ámbito”, añade el docente. También explica que, cada año, bancos privados, asociaciones de consumidores de banca y seguros, entre otros, envían dosieres a los centros educativos “con todo tipo de materiales y recursos bastante resultones ya preparados” para facilitar la docencia del profesorado e “ir enganchándole”.

Simón cuenta que decidió continuar la labor del anterior docente, que se había inscrito a un concurso de emprendimiento de EduCaixa. “También estaba el gancho de un viaje a Barcelona para los mejores equipos, lo cual es un reclamo enorme; son iniciativas que tienen un músculo económico con un potencial enorme para encandilar al alumnado, y hay casos en los que ofrecen tablets y hasta impresoras 3D, que a veces suscitan mucho interés para los propios centros educativos”.

El alumnado de Simón consiguió el viaje a Barcelona. “Durante un fin de semana frenético, el alumnado pule su idea a través de un montón de actividades de prototipado, venta y comercialización, marketing, etcétera —narra el docente—. Mis chicos no estaban preparados para un fin de semana tan competitivo”. Tanto fue así que recurrieron a un curso de mindfulness, recuerda el profesor, para gestionar su estrés y ansiedad: “Interesaba que fueran una especie de robots”, ilustra Simón. Para él, probablemente tendría que ver el contexto de sus estudiantes: “Ellos provienen de un entorno rural, y allí había colegios de grandes urbes, con la lección muy aprendida y seguramente con muchos más referentes de este tipo, aparte de alumnado de colegios privados que a veces tienen actividades extraescolares sobre inversión y finanzas”.

Gloria Millán ha participado este último curso con su alumnado de 4º de la ESO de un instituto de Puente de Vallecas, en Madrid, en el programa Finanzas para Jóvenes de La Caixa. “Hay una edad en la que los chavales deben ir sabiendo sobre estos temas, ya que se van a encontrar el mercado laboral y luego pasa lo que pasa: contratos baratos, hipotecas basura, etcétera”, expone. En ese marco, le recomendaron el programa de La Caixa: “Yo buscaba algo más de finanzas éticas, responsabilidad social corporativa o consumo sostenible, pero quise probar”. Ofrecían un total de cuatro cursos. “Elegí dos: endeudarse con sensatez e inversión responsable. Qué es un préstamo, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, títulos de renta fija, variable, fondos de inversión, una acción…”, enumera Millán. “Para un chaval de 15 años me parecen temas bastante lejanos. Eran charlas de 50 minutos muy técnicas y no demasiado interactivas, no había construcción de conocimiento conjunta”, expone la docente.

La economía impartida en el sistema educativo presenta con apariencia neutral al sistema capitalista como único modelo posible, y a la economía neoliberal como único paradigma económico realista. Cualquier intento de salirse de ahí se convierte en una batalla contra las grandes editoriales. Lo que siempre se ha conocido como currículum oculto se transforma cada vez más en un currículum más explícitamente neoliberal.

Desde hace años, en FUHEM elaboran sus propios materiales educativos de tal forma que permitan abordar una educación ecosocial. ”Los materiales didácticos que elaboramos sirven para que el alumnado trabaje, pero también para que el profesorado se forme durante el proceso de elaboración de los mismos”, sostiene González, convencido de que el último material didáctico elaborado en torno a la idea de Gaia ha servido para que el profesorado descubra las implicaciones de aplicar una cosmovisión ecológica al proceso de enseñanza. “La vocación de estos materiales es universalista: están concebidos como un banco de recursos que el profesorado utiliza y modifica bajo su criterio, y están abiertos al resto de la comunidad educativa”, añade.

ACS, Clece, Eulen, Microsoft, Google o Amazon son algunas de las grandes empresas con mayor implantación en la gestión de servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de ascensores, o de gestión de escuelas infantiles y de infraestructuras digitales

La progresiva externalización de los servicios de limpieza o de actividades extraescolares, la provisión de servicios vinculados a la ejecución del currículum educativo o los contratos de suministro de equipos informáticos —habitualmente bajo condiciones laborales precarias y sin criterios de contratación pública responsable— también son cuestiones patentes. ACS, Clece, Eulen, Microsoft, Google o Amazon son algunas de las grandes empresas con mayor implantación en la gestión de servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de ascensores, o de gestión de escuelas infantiles y de infraestructuras digitales, cuestión remarcable con la previsible digitalización de la enseñanza.

Un nuevo significado para la economía


El conflicto entre economía y vida atraviesa las sociedades. En sociedades de mercado, la economía juega un rol preponderante en el conjunto de decisiones que se toman, por lo que parece evidente que se necesita resignificar el concepto de economía para que contribuya a nuevas transiciones ecosociales. La nueva LOMLOE podría presentar una oportunidad en este sentido, pero Anguita recuerda que el texto “bebe de una reforma de ley ya elaborada por el PSOE durante sus meses de gobierno en solitario en 2019, no de la participación ni de la interlocución con los agentes sociales y educativos”, por lo que no responde, sostiene, “a las aspiraciones de los agentes que durante los últimos años nos hemos agrupado en torno a la reforma de la LOMCE”. En relación a la introducción de contenidos ecosociales, González valora que “todo apunta a que los temas de sostenibilidad van a tener un papel relevante, lo cual debe ser valorado positivamente”, pero matiza que la nueva ley también “peca de falta de ambición porque su enfoque sigue muy enmarcado en un paradigma de crecimiento económico continuo y permanente”.

Sin embargo, revertir el proceso de entrada de las grandes empresas en el sistema educativo, advierte Anguita, no será sencillo y requiere un cambio cultural de fondo: “Es muy difícil mover los contenidos curriculares, y probablemente la única forma sea a través de un movimiento de la sociedad que exija el blindaje de los servicios públicos esenciales y de su financiación, que es lo que hace disminuir las posibilidades de su mercantilización”, concluye la profesora.



La Educación Pública en tiempos de #COVID19

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Vídeo charla
Entrevista a Enrique Díez en La Nueva España


 

15 de septiembre de 2020

Esta tarde, organizado por el área de Educación de Izquierda Unida de Xixón, tuvo lugar un acto dedicado a la «La educación pública en tiempos de #COVID19”, con el que se inicia un plan de debate que trata de profundizar en la realidad del nuevo curso.

En él intervinieron Borja Llorente, secretario general del CC.OO Asturies y  Enrique Diez, Coordinador federal del Área de Educación de Izquierda Unida.

El acto, celebrado en la sede de IU en Gijón y con aforo muy limitado se transmitió por redes sociales y en la web de IU. 

Vídeo


             


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Entrevista

"En la vuelta al cole se han dedicado a marear la perdiz y no a invertir"




La Nueva España (16 de septiembre de 2020)

"No ha habido improvisación con la vuelta al colegio, ha habido irresponsabilidad". Esta es la conclusión a la que llega ante el inicio de curso el ensayista y profesor en la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez (Virgen del Camino, León, 1962), coordinador de educación de Izquierda Unida, que ayer dio una charla online en Gijón.

- ¿Cómo será la vuelta al aula?

-Las decisiones que se están tomando estos días van a marcar la evolución de este curso y también del tiempo de pospandemia. Las decisiones tienen que ver siempre con cómo se inicia el curso. Me sorprende enormemente el por qué las autoridades educativas no han escuchado a la comunidad escolar. Es como si en el tema de la sanidad no se hubiese escuchado a los médicos. Toda la comunidad educativa llevaba pidiendo desde junio cuatro medidas esenciales, en las que estaban todos de acuerdo por primera vez.

- ¿Cuáles son esas medidas?

-La primera, la bajada de la ratio. Si queremos mantener las distancias debemos bajarla a 15 alumnos en la educación obligatoria y a diez en la infantil. Además, la bajada es esencial por la pandemia y porque es una reivindicación de la comunidad educativa para lograr una educación inclusiva. Más en un momento en el que están emocionalmente afectados. Eso con lleva una segunda medida que es el aumento de profesorado.

- ¿Cuántos más?

-En mayo, a finales de curso, CC OO sacó un informe exhaustivo que revelaba la necesidad de 165.373 docentes más en todo el Estado para que la ratio fuese de 15 alumnos. Todos los sabíamos y no se ha hecho. Además, esto venía acompañado de una tercera medida, como han hecho algunos ayuntamientos, entre ellos los de IU, de que se elaborase un listado de espacios a utilizar por los centros educativos. Espacios amplios, que es de sentido común. Y hay una cuarta medida, y esencial, es que se necesita más personal.

- ¿En qué sentido?

-No se puede proponer que haya un responsable de covid que no sepa nada de covid. Esa función tiene que hacerla personal de enfermería. También debe haber personal de limpieza, y en comedores. Las actividades extraescolares tampoco puedes suprimirlas, como ha hecho Castilla y León. Estas medidas se cierran todas en una sola, en financiar. Y han mareado la perdiz para gestionar la catástrofe, no para prevenirla. Para eso se necesita invertir.

- ¿La responsabilidad irá a los profesores?

-Y el problema es que al profesorado no nos queda otro remedio. Tenemos en nuestras manos al alumnado. Convierten a las víctimas en culpables, nos están responsabilizando de detectar si es gripe, catarro o coronavirus. Si tenemos recursos, si tenemos que cerrar? Los docentes tenemos tal nivel de profesionalidad que nos estamos enfrentando a todo por no dejar a los niños y a las niñas. Es más, diría que los alumnos están ahora más seguros en los colegios que en la calle por todas las medidas de seguridad que están haciendo.

- ¿Ha habido improvisación política ante el inicio de curso?

-No ha habido improvisación, ha habido irresponsabilidad, que es muy distinto. Habrá que pedir responsabilidades a nuestras autoridades autonómicas y centrales respecto a por qué durante cuatro meses, al menos, estuvieron mareando la perdiz con tal de no invertir. Si eso se hubiese hecho en una empresa te hubiesen echado en dos días. Que no cuenten batallas, hay que planificar y solo dejaron pasar el tiempo a ver si pasaba el covid o nos confinaban a todos. Y se ha sido más irresponsable porque la comunidad educativa les enviaba diariamente propuestas y han dado la callada por respuesta siempre. En esto tengo que salvar a la Comunidad Valenciana y, en parte, a Asturias.
















De la invención del pasado

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Gutmaro Gómez Bravo, InfoLibre, 6 de septiembre de 2020


A lo largo de los dos últimos años se han puesto de manifiesto los esfuerzos desarrollados por la dictadura franquista, desde sus comienzos, en controlar la totalidad del discurso histórico. Un fenómeno que no se produce exclusivamente en España y que sigue siendo conocido y caracterizado, sobre todo, a través del “lavado” del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. Un proceso que Eric Hobsbawm caracterizó como la invención de la tradición, y que más tarde, tras pasar por la dominación colonial europea, fue utilizado por los Estados fascistas para fomentar la polarización y radicalización política a través de una agresiva propaganda que hundía sus raíces en un pasado idealizado que exageraba unos personajes y épocas en detrimento de otros.

En el caso español, las consecuencias de la interrupción de cualquier atisbo de cultura laica, racional o igualitaria, y la sustitución de la escuela y la universidad republicanas por otra netamente nacionalcatólica e integrista, son todavía difíciles de calcular. Afectaron a varias generaciones y asolaron todo espectro anterior pero sus mecanismos depuradores y su legado institucional, sin embargo, son cada vez más y mejor conocidos. Fue desde allí, una vez alcanzadas las posiciones de poder del maltrecho mundo académico e investigador de postguerra, desde donde se ordenó la reinterpretación sistemática del pasado español, hasta hacerlo coincidir milimétricamente con los postulados de un régimen autoritario y militarista por encima de todo. Una laminación que guarda bastantes similitudes en todas las dictaduras pero que, en un caso como el nuestro, con una duración tan excepcional, terminaría asentándose como un conjunto de prácticas coactivas, aceptadas y consensuadas como normas de promoción entre las disciplinas académicas del momento. 

La importancia de este fenómeno descansa, en primer lugar, en abordar esa problemática en el mundo presente y afrontar así desafíos tan actuales como el fenómeno revisionista, pero hay que hacerlo más allá de la lógica de confrontación que se busca de forma interesada en torno a la guerra civil y la memoria histórica tradicional. Hay que ampliar el foco a toda la interpretación de la historia, desde la arqueología visigoda a Al–Andalus, pasando por los manuales de Historia del Arte que la intelectualidad franquista desterró para siempre de la Historia con mayúsculas. El descubrimiento, la conquista de América y el Siglo de Oro de las letras castellanas ocuparon su lugar y así han venido siendo espacios asiduamente revisitados por los hispanistas como antesala de la “unidad de destino en lo universal”, la misión o el Imperio español. Una retórica grandilocuente que escondía, en realidad, un mundo de enormes privaciones y frustraciones; de una pertinaz incapacidad para sortear los límites de una política exterior marcada por la condena y el aislamiento internacional. Los vínculos entre el ideal de Reconquista y la Cruzada, en definitiva, la legitimación religiosa del golpe y de la guerra civil, también se habían estudiado en su vertiente teológico-política, pero apenas han sido explorados hasta el momento en su dimensión simbólica y artística. Igualmente desconocido aparece, por ejemplo, el uso de la liturgia y del ceremonial barroco con el que el general Franco pretendía emular la figura de los grandes monarcas absolutos en su lugar predilecto por excelencia: el monasterio de El Escorial. Unos Austrias castellanizados, como la Dama de Elche, convertida en lugar de memoria de un tiempo y de una sociedad idealizadas hasta extremos que hoy pueden ser calificados justamente de ridículos.

La confrontación y la reducción a las figuras de la guerra civil, aun mereciendo un justo encuadre, busca un rédito político doble: no hablar del franquismo, o en el mejor de los casos sustituirlo por un debate sobre la guerra de buenos y malos. Y, al mismo tiempo, trata de invisibilizar cualquier otra época o período histórico que pueda poner en tela de juicio una determinada idea de España. La investigación ha avanzado en todos estos campos a pasos agigantados, consolidando la renovación de la historiografía española, que desmiente en la práctica no solo este fenómeno anterior, sino la idea misma de que no se puede descubrir ya nada nuevo en nuestra profesión. Gran parte de la frustración parte de ahí precisamente, de constatar que estamos siempre a la defensiva, hablando de la última burrada sobre historia, en lugar de mostrar nuestros avances en aspectos demostrados y consensuados nacional e internacionalmente. Hay que analizar, comprender e interpretar la evolución de este fenómeno de la invención del pasado en la España reciente, con especial énfasis en explicar su presencia, activa o reactiva, en la idea de un pasado uniforme. Sí, desde luego. Pero también tenemos que hacerlo de manera accesible a todos los públicos, no solo el académico, ya que no hay duda de que el interés por los temas históricos no para de crecer. 

Mostrar la dimensión de ese pasado oscurecido por el franquismo, con el que ahora determinados sectores quieren conectar su punto de vista político con un origen emocional de nuestra historia, es una tarea pedagógica y didáctica que no puede quedarse reducida exclusivamente a la mirada histórica más reciente, que en este caso resultaría reduccionista, sino que es preciso plantearlo también desde la arqueología, la Prehistoria, la Antigüedad, la romanización, la configuración medieval, el modelo territorial o los imperios atlánticos, por citar solo algunos de los aspectos educativos que el franquismo, desde su voluntad de someter toda forma de expresión cultural anterior, manipuló a su antojo.

Gutmaro Gómez Bravo es profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo




La chapuza del bilingüismo / Documental

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Logo"La Chapuza del Bilingüismo"


Fuente:  La chapuza del bilingüismo, 6 de octubre de 2020

Un grupo de docentes y de familias de la educación pública madrileña han impulsado una colecta para realizar un documental que evidencie los problemas del bilingüismo que se ha implantado en numerosos Centros de distintas Comunidades. Fruto de ello es este documental que acaban de presentar en abierto para su difusión, "La chapuza del bilingüismo"

El documental, dirigido por Francisco Serrano, maestro de Primaria en la Comunidad de Madrid y activista en defensa de la Educación Pública, ofrece una visión crítica del programa bilingüe instaurado en colegios e institutos de toda España, centrándose en el análisis del modelo de la Comunidad de Madrid y cuenta con los testimonios de docentes, alumnado y familias que conocen este programa desde dentro, a la vez que expone datos y conclusiones de diferentes estudios

“Venimos viendo desde hace varios años las deficiencias del programa”, “Nadie piensa que aprender inglés es malo. Sí pensamos que la fórmula es un fracaso. No ha habido debate educativo antes... En el documental aparecerán incluso padres y profesores nativos que no quieren este tipo de bilingüismo”, adelantaba Serrano en declaraciones a El Boletín cuando aún estaban preparando el documental.

Señalan que "tras un primer "boom", en que los padres consideraban que llevar a sus hijas e hijos a un colegio e instituto bilingüe haría de él un perfecto hablante de la lengua de Shakespeare, después de sus más de 10 años de implantación, han  constatado que esto está muy lejos de ser así, y que lo que sí provoca, entre otras muchas cosas, es un mayor desconocimiento de las materias que se imparten en dicho idioma y la imposibilidad de profundizar en los contenidos. También un trabajo extra para las familias y un clima de desmotivación en buena parte del alumnado". 

Ante esto, señalan que, "al bilingüismo solo le queda basarse en la segregación para subsistir:
  • Segregación entre centros, que pueden pensar que por ser "bilingües" van a evitar al alumnado más conflictivo.
  • Segregación entre alumnos, que pueden pensar que por ir a un centro "bilingüe" van a ir a las clases con los alumnos de "más nivel".
  • Segregación entre profesores, que están obligados a impartir las clases en idioma inglés si quieren conseguir un "mejor destino", ganar más dinero o comenzar a trabajar como interinos"
Con él  pretenden  que nuestra producción se difunda entre toda la comunidad educativa que puede desconocer todos los efectos negativos de este mal llamado "bilingüismo". Ante una propaganda de autobombo irreal realizada por ciertas administraciones, este trabajo pretende ser la estocada final a un "bilinguismo" que, tras su esplendorosa fachada, agoniza por dentro.

Documental



Convalidado el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria...

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15 de octubre de 2020

Isabel Celáa ha presentado y defendido, en el Pleno celebrado este jueves 15 de octubre, el Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.

El Real Decreto fue convalidado con 187 votos a favor, 154 en contra  y 7 abstenciones.  

Sin embargo, no salió adelante la solicitud de que fuera tramitado como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia: 157 votos a favor, 176  en contra y 15 abstenciones.

Con la validación del Decreto se aprueba que no sea  necesario de manera excepcional tener el máster de Formación de Profesorado para dar clases en IES y se flexibiliza la evaluación mientras dure la pandemia.

El decreto suprime también las evaluaciones de fin de etapa que introdujo la LOMCE.

El texto salió adelante con los votos a favor , además de PSOE y Unidas Podemos,  del PNV, JxCat y ERC.  En contra votaron PP, Ciudadanos y VOX.

Vídeo

Intervención de Isabel Celáa




Texto Real Decreto

 

Organizaciones integrantes de la campaña «Religión fuera de la escuela» convocan una concentración ante el Congreso, coincidiendo con el debate de la LOMLOE, el 28/octubre a las 17:00 h.

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Por una Escuela Pública y Laica exigimos que se potencia la Red Pública y la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y con el resto de confesiones religiosas, dejando la religión confesional fuera del currículum escolar



Europa Laica, 20 de octubre de 2020

Comunicado


Como consecuencia de la Campaña unitaria, que apoyamos más de 70 organizaciones sociales, sindicales y políticas***, además de la presión que venimos ejerciendo desde hace años, con recogida de decenas de miles de firmas y de apoyos sociales y políticos diversos, el 22 de febrero de 2018 en la Comisión de Educación del Congreso se aprobó una proposición no de ley, respaldada por diversos grupos parlamentarios que instaba al Gobierno a: 
A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar. 
B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato. 
Mientras estos días se debate la reforma para una nueva ley educativa (LOMLOE), a esos mismos grupos  -en el Congreso- les demandamos que cumplan ese mandato

Las actuales políticas educativas están provocando graves consecuencias que segregan a un alto porcentaje del alumnado, al aplicarse diferentes procesos de mercantilización y privatización. 

Existe un doble grave perjuicio para el alumnado, por un lado, es la segregación por motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia y, por otro lado, es la segregación por motivos económicos y sociales, como consecuencia de un Sistema Educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista. 

EXIGIMOS 

Que en el debate en el Congreso de la nueva reforma (LOMOE) se potencie la Red Pública, única que debe ser reconocida como servicio público fundamental para preservar el derecho a la educación de todas y todos, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo 

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***  Entre ellas el Movimiento Social por la Escuela Pública, Asturias


Educación y derecho de elección

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La 'libre elección' o el 'derecho a decidir' está instalando cada vez más en el ámbito educativo. Este curso todavía han aparecido más supuestos derechos. Y la pregunta es: ¿todo esta avalancha de nuevos 'derechos' implica más democracia?

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Rosa Cañadell, El diari de l´educació, 26 de octubre de 2020

Desde hace ya mucho tiempo el derecho a elección de centro se ha utilizado para justificar la doble red educativa y la obligatoriedad del Estado de subvencionar las escuelas privadas. De hecho, nunca ha sido así, no hay ninguna ley que obligue a subvencionar los centros privados. Pero el derecho a elegir centro se ha convertido en la obligación del Estado subvencionar los centros que las familias elijan, independientemente de si son públicos o si son privados.

Después, esto se ha ido ampliando y ha llegado ya dentro de la misma red de centros públicos. Al haber promocionado la diferenciación de los centros y los proyectos singulares que se supone tienen todos y cada uno de los centros, la elección ahora es también entre centros públicos (a secas) y centros públicos innovadores. Ya no es sólo que las familias elijan entre pública o concertada, sino que teóricamente ahora eligen "el proyecto" que quieren para sus hijos e hijas (educación a la carta, como aquel que va al supermercado y escoge la marca que más gozo le hace).

Hace poco, con la excusa de que la ley así lo mandaba, el Departamento de Educación ha introducido la religión musulmana en los centros públicos. Así, se ha ampliado también el derecho a elegir entre religión católica, religión musulmana y no religión. En vez de sacar todas las religiones de la escuela, hemos añadido más para que las familias puedan elegir . Este derecho, sin embargo, sólo se da en los centros públicos, pues la mayoría de privados pertenecen a la patronal católica y por tanto hay religión católica sí o sí.

Con la pandemia, este inicio de curso ha emergido un nuevo derecho. Así, la falta de planificación del Departamento de Educación, la falta de recursos, de espacios y, sobre todo de profesorado, ha hecho que muchas familias consideren que la escuela no es segura y estén reivindicando "el derecho" de no llevar los sus hijos e hijas a la escuela. Estas familias se han reunido en una Plataforma que, en principio se llamaba Así No Volvemos y ahora se ha transformado en Familias por la Revuelta Educativa, y forman parte de una plataforma estatal que se llama de ERP (Plataforma Derecho a la Enseñanza sin Riesgo en Pandemia). Esta plataforma, si bien describe todas las carencias en las que casi todo el mundo está de acuerdo, plantean básicamente "el derecho" que sus hijos e hijas reciban educación telemática en casa, si así lo necesitan o quieren.

Por el lado opuesto, en Cataluña hay otra Plataforma que reivindica justo lo contrario. Estos padres y madres creen "que las medidas propuestas por las consejerías son suficientes, aunque no ideales". Sin embargo, opinan que "no se puede pretender que haya más recursos, ya que estamos en una crisis económica importante". Así pues, hay que trabajar con las medidas y los recursos que se tengan, porque "sin los recursos ideales hemos trabajado siempre". O sea, de alguna manera, resignación ante la falta de inversión. Curiosamente, su portavoz es la reponsable de Investigación de la Obra Social La Caixa. Esta Plataforma, conjuntamente con la Asociación Rosa Sensat, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica y la Fundación Bofill, presentaron un manifiesto en el que se pide "un retorno a los centros con todas las garantías de seguridad sanitaria y de calidad educativa, y con un 100% de presencialidad".

Últimamente, otro grupo de familias se han reunido en una plataforma para reivindicar el "derecho a elegir" el horario escolar. La discusión está entre si continua o partida: "Desde Cataluña, queremos reivindicar el derecho a la libre elección del horario escolar, en este caso, la Jornada Continua" es el texto de un Change.org que ya tiene 63.670 firmas . Paralelamente, Ciudadanos ha presentado una moción en los ayuntamientos en la que solicitan al Departamento de Educación ya su consejero que "establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua ya abrir el debate con todos los agentes implicados ".

A nivel interno de los centros, también ha aparecido un nuevo derecho: desde el Decreto de Plantillas y Provisión de puestos de Trabajo, las direcciones de los centros públicos (en los privados concertados siempre ha sido así), tienen "el derecho a elegir el profesorado" , o al menos, una parte importante, sobre todo de las personas interinas y sustitutas. Lo cual está creando un gran malestar en los centros.

En definitiva, estamos ante una avalancha de nuevos derechos en nuestro sistema educativo. Y la pregunta es: esto implica más democracia? Para responder a esta pregunta, haré algunas consideraciones.

  • En una sociedad tan desigual, cultural y económicamente hablando, el derecho de elección no es más que el privilegio de los que pueden ejercerlo. Así, los que no tienen suficiente dinero para pagar las cuotas de un centro privado concertado, no pueden elegir. Las familias que no tienen suficiente información sobre los diferentes proyectos de centro tampoco pueden elegir qué quieren. Las familias que tienen que ir a trabajar sí o sí, tampoco pueden elegir no llevar a sus hijos e hijas a la escuela. Los padres y madres que tienen un trabajo precario y unos horarios abusivos tampoco pueden elegir una jornada escolar que les complique aún más la conciliación familiar. Resumiendo, el derecho a elección no llega nunca a todos.

  • Por otra parte, cuál es el objetivo de la educación pública (pagada con dinero de todos y todas)? ¿Quién es el responsable de decidir cuánto dinero se destinan a los centros concertados? ¿Quién es el responsable de decidir qué currículum, qué metodología y qué evaluación se debe emplear en los centros del sistema público? Quien debe decidir los horarios o la obligatoriedad de ir o no a la escuela? Debemos dejar todas estas decisiones en manos de los diferentes, diversos y desiguales intereses de cada una de las familias? Debemos tener escuelas diferentes al gusto y preferencia de cada una de las familias? O, al contrario, es la Administración (elegida democráticamente) conjuntamente con la comunidad educativa (asociaciones de familias, sindicatos de profesorado, organizaciones ciudadanas) quien debe decidir el modelo educativo a implementar de manera igual para todos?
  • Por otra parte, si las familias pueden decidir sobre la educación de sus hijos e hijas, donde quedan los derechos de los niños? Porque, incluso en la escuela, deben recibir una educación exactamente igual a la que reciben en su casa? No tienen también los chicos y chicas, el derecho a recibir una educación igualitaria, laica, con valores democráticos y lejos de apriorismos ideológicos de su familia, sean estos libertarios, conservadores, del Opus, católicos o musulmanes? No tienen los niños y jóvenes el derecho a socializarse con compañeros y compañeras que no son del su mundo familiar? No es la socialización en la diversidad, una de las funciones más importantes de un sistema educativo público?

  • Una educación a la carta no es más que una forma encubierta de poner la educación en el mercado, lo cual, como ya se ha demostrado, el único que garantiza es consolidar las desigualdades y aumentar la segregación. Y, finalmente, dejar la educación al mercado tiene como consecuencia que, cada vez más, quien decide qué y cómo se enseña, ya no son ni las familias, ni el profesorado, ni siquiera del Departamento de Educación, sino los Bancos, la Caja y las grandes multinacionales de las nuevas tecnologías.

La verdadera democracia no es ensanchar los derechos de elección , sino asegurar una educación igual para todos, en servicios, calidad y cantidad. Y son las instituciones democráticamente elegidas a las que les toca consensuar con las familias, los docentes y la sociedad en general, qué educación es mejor para todo el alumnado. El sistema de acceso, los contenidos, las metodologías, las instalaciones, los recursos y los horarios serán los mismos para todos los niños y niñas, sean ricos o pobres, progres o carcas, cristianos o musulmanes, nacionales o inmigrantes, porque este es justamente el objetivo de un sistema público de educación en un país democrático. Porque la educación es un derecho para todos.


Rosa Cañadell, es Licenciada en Psicología, profesora, articulista. Miembro del SIEC (Seminario Ítaca de Educación Crítica)

Ante la LOMLOE, más educación pública

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 La reforma debe apostar más por la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad




Enrique Javier Díez Gutiérrez - Loles Dolz Romero, El País, 27 de octubre de 2020

Hace apenas unos días que han comenzado los debates de las más de mil enmiendas parciales al proyecto de LOMLOE, una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad ―sin texto alternativo― que presentaron los grupos parlamentarios de PP, Ciudadanos y Vox. 

La LOMLOE del PSOE tiene sin duda algunos aspectos positivos, empezando por la derogación de la nefasta y controvertida LOMCE del PP. Lo cual supone la eliminación de itinerarios segregadores desde los 13 años; o la supresión de las perversas reválidas, cuyo amplísimo rechazo social obligó al PP a posponerlas sine die; o la recuperación de toda la Educación Infantil como etapa educativa, desde los 0 a los 6 años; o la devolución de competencias sustraídas a los claustros y consejos escolares de los centros, que habían quedado profundamente devaluados; o la relativa pérdida de protagonismo de la asignatura de Religión. Acabar con éstos y otros tantos aspectos regresivos en educación de la LOMCE es sin duda una necesidad imperiosa. 

Sin embargo, en su conjunto, el proyecto de ley presentado adolece de importantes insuficiencias, especialmente en lo que respecta a su escasa apuesta por la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De hecho, no se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante una doble red financiada con fondos públicos, lo que conlleva el reconocimiento y la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, un negocio mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una constatada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas, como demuestra el caso Púnica. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP, como la PNL de 21 febrero 2018, que fue aprobada por mayoría. 

Por eso consideramos imprescindible que, en el actual proceso de tramitación parlamentaria de la Ley, el PSOE se una a los grupos progresistas del Congreso y apoye las enmiendas que recogen variadas demandas de la propia comunidad educativa, que tras largos años de debate las ha plasmado por consenso en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. Estas demandas se han concretado en un conjunto de enmiendas que, a nuestro entender, son imprescindibles para una nueva ley educativa que apueste sin complejos por la educación pública, laica, democrática e inclusiva que necesitamos. Y eso pasa por lo siguiente: 

1. Apostar por la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, para poder atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos y cumplir así el mandato constitucional que, en su artículo 27.5, encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros. Hay que asegurar especialmente la creación de muchas más plazas públicas de 0-3 años, dadas las necesidades existentes.
2. Suelo público sólo para centros públicos. No se puede mantener la Disposición Adicional decimoquinta que ha permitido –ya desde la anterior ley de educación socialista (LOE)- ceder suelo público para la creación de centros privados (concertados de antemano), con el agravante de hacerlo en zonas donde no existían centros públicos o no eran suficientes, lo que conlleva una demanda social más que garantizada con el consiguiente negocio privado impulsado desde los poderes públicos. El citado caso Púnica resulta muy ilustrativo al respecto.
3. Establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias tal como se estableció inicialmente en la LODE de 1985.
4. Eliminar las referencias a la libre elección de centro como supuesto ‘derecho’ y/o como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente justificada, la equiparación del derecho universal a la educación con la manifestación de una preferencia particular, que solo podría ser atendida si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización en condiciones de igualdad.
5. Hasta tanto no se deroguen los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, hay que sacar la religión de horario lectivo. Esto es un compromiso del PSOE y por supuesto de Unidas Podemos, para respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es además una anomalía seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo, pagados con fondos públicos, que acceden a sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno.
6. Elección democrática de la dirección de centros por el Consejo Escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo. Fue la LOE del PSOE la que sustituyó dicha elección por una forma de ‘selección’, que en última instancia queda en manos de la administración.
7. Ratios. Máximo 20 en enseñanzas obligatorias y 25 en post obligatorias. En educación infantil aplicación de las ratios de referencia recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea, que son bastante menores que las existentes actualmente. No se trata solo de reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado.
8. Comisiones de escolarización permanentes. Para evitar una escolarización ‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados) como medio para garantizar una escolarización inclusiva y equitativa.
9. Exigir la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, no permitiendo concertar ni mantener concierto alguno, si se separa al alumnado por razón de sexo, o se discrimina por razón de creencias, origen cultural, económico, social...
10. Avanzar en la creación del cuerpo unificado de profesorado. Se trata de una reivindicación histórica que en la actualidad tiene aún más sentido y justificación, dado que ya quedó establecido el título de Grado como requisito imprescindible para el acceso a la función docente en todas las etapas educativas.
11. Eliminar la prueba generalizada de acceso a la Universidad (selectividad). El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, sólo sería necesario algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras. 
12. Eliminar la repetición de curso en Primaria y reforzar su carácter excepcional en ESO, dotando de refuerzos y apoyos. Todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso (hacer otra vez lo mismo) no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la educación primaria. 
13. Eliminar las evaluaciones censales (a todo el alumnado) por evaluaciones periódicas muestrales (a una muestra significativa). Para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo no son precisas ni convenientes las evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya se realizan por su profesorado, sino a muestras significativas. Ello evita distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el uso de perversos rankings de centros. 
14. Finalmente, garantizar la equiparación de la financiación en educación con la media del PIB de países de la UE en el periodo de aplicación de la Ley, para poder aplicar de forma realista todas las medidas anteriores. 


  • Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León. 
  • Loles Dolz Romero es catedrática de Filosofía de Educación Secundaria jubilada.
 Ambos pertenecen al Área Federal de Educación de Izquierda Unida.

Manifiesto sobre la LOMLOE_Redes por una nueva política educativa

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Redes por una Nueva Política Educativa,  29 de octubre de 2020

Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el estado de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que actualmente se encuentra en periodo de tramitación en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Poco después de la aprobación de la LOMCE con el rechazo de la Comunidad Educativa, de colectivos y organizaciones sociales y sindicales, y de la mayoría de los partidos políticos del Congreso, numerosos colectivos empezamos a trabajar un documento para una nueva ley de Educación.

Fruto de años de laborioso e intenso trabajo, consensuamos en septiembre de 2017 el“Documento de bases para una nueva Ley de Educación”

Firmamos el documento cuarenta y un colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre las que están el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana, unidos en Redes por Una Nueva Política Educativa.

Publicado el Anteproyecto de Ley de Educación y habiendo constatado que no se recogían en él cuestiones que consideramos indispensables para una ley de largo recorrido y que da cobertura a determinadas políticas desarrolladas desde diferentes gobiernos autonómicos, Redes por una nueva política educativa presentamos un documento de casi cien enmiendas en febrero de 2020. Estas enmiendas están basadas tanto en el Documento de Bases como, de forma más esquematizada, en el Decálogo que lo acompaña.

La Educación es un Derecho fundamental. Se hace necesario, por tanto, introducir cambios profundos en el sistema educativo.

Los colectivos y personas firmantes de este Manifiesto planteamos que la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, ha de garantizar:

  • El Derecho a la educación desde el nacimiento. Es imprescindible incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, priorizando las ofertas de ciclo completo para preservar su unidad en centros específicos, e introducir la figura de la pareja educativa que representa la cooperación educativa tutoría del grupo-clase.

  • La redistribución de los recursos a los centros educativos para favorecer la inclusión social y garantizar la igualdad de derechos mediante una escolarización equilibrada

  • La coeducación en todo el sistema educativo. En ningún caso se concertarán centros o unidades que separen al alumnado por su género o su orientación sexual.

  • La financiación presupuestaria por ley del 7% del PIB. 

  • Un currículo diverso -científico, humanístico, artístico…-; inclusivo, que forme a una ciudadanía crítica, informada y democrática, basado en la accesibilidad Universal y el DUA, anulando o modificando las medidas que producen segregación; laico, sin idearios particulares; que evite el enciclopedismo y que ponga en el centro la coeducación y la educación ecosocial.

  • La disminución de las ratios en todas las etapas educativas para responder a las necesidades del alumnado.

  • La supresión de las evaluaciones externas censales para la homogeneización del aprendizaje y carácter anónimo de las pruebas muestrales y plurianuales realizadas al alumnado.
  • La supresión de toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. La enseñanza de la religión católica y de otras religiones ha de estar fuera del horario lectivo de los centros educativos, como corresponde a una escuela pública y laica, en un estado constitucionalmente aconfesional, hasta tanto no se denuncien o deroguen los acuerdos con las entidades religiosas
  • La Red única de centros de titularidad y gestión pública e integración progresiva de centros concertados en la red pública. El dinero público ha de financiar la Escuela Pública
  • La participación democrática de estudiantes y familias.
  • La elección democrática de la dirección por el Consejo Escolar de los centros educativos. Asimismo, la dirección ha de ser representativa y colegiada, con alternancia de tareas administrativas y pedagógicas, no profesional.
  • La autonomía de los centros, restableciendo las competencias de los Consejos Escolares, en un marco de equidad evitando la discriminación entre centros.
  • La formación inicial y permanente de los docentes y la investigación educativa como fundamento y apoyo a la transformación de la educación, así como la coordinación en la elaboración de planes de refuerzo y mejora.
Todos estos factores, claves para un nuevo sistema educativo que responda a un verdadero cambio social basado en los principios de inclusión, laicidad, igualdad, equidad, democracia, convivencia y cohesión social, no los encontramos en el anteproyecto de ley. 

Dado que la mayor parte de nuestras enmiendas no se han contemplado en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, les instamos a que las incluyan en el periodo de votación de las comisiones que está teniendo lugar durante estas semanas.

Como hemos proclamado en numerosas ocasiones e indica el propio documento de derogación y modificación de la LOE y la LOMCE, no se trata de volver a la LOE.

Si la LOMLOE se va a limitar a derogar algunos aspectos negativos de la LOMCE y a hacer una declaración de principios que no se concretan en el articulado, en su desarrollo posterior ni en su financiación, no será nuestra ley.


Por una Educación Pública y Laica

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Javier Macho / Obdulia Díez (Marea Verde), Diario de León, 13 de noviembre de 2020

La educación en nuestro país va a tener una nueva ley de Educación que no es tal, ya que como su nombre indica, Lomloe, es una «coctel» de las dos últimas, la LOE y la Lomce. Pero lo que realmente necesitamos es un giro de 180 grados en la política educativa de este país si queremos una educación para el bien común.

Necesitamos un cambio de rumbo radical en tres aspectos clave: supresión de conciertos educativos; laicidad en la escuela y blindaje de la financiación de la educación pública por encima del 6% del PIB. Sobre estos ejes debemos girar si queremos aspirar a una educación pública de calidad, inclusiva, laica y gratuita.

Precisamente uno de los grandes problemas de la educación es la imposición de la religión en los centros escolares y en las facultades de Educación, herencia del nacionalcatolicismo. Esta anomalía histórica impide respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas, educar sin dogmas y eliminar toda forma de adoctrinamiento en el currículo escolar y en la escuela. Además, impide garantizar una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas.

Si nos atenemos al Artículo 16.3 de la Constitución, éste dice que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal.» Sin embargo añade a continuación que «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás religiones».

Defendiendo la libertad de culto, resulta contradictorio que mencione explícitamente la cooperación con la Iglesia católica, lo que daría a pensar que mencionarla directamente tenga relación con darle algún tipo de tratamiento de privilegio.

Está claro que al redactar este artículo de la Carta Magna tenían muy presente el Concordato de 1953 y los Concordatos ya preparados para firmar con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, menos de un mes después de ser ratificada la Constitución el 6 de diciembre de. En estos concordatos, que tienen rango de tratado diplomático, se regula entre otros asuntos la asignatura de Religión en los centros educativos, el profesorado de religión católica y los centros educativos pertenecientes a la Iglesia Católica.

Esto permitió que en la última reforma educativa (la denostada Lomce o Ley Wert), y tras más de veinte años, la religión cuente como materia evaluable, no sólo la católica sino también otras que tengan acuerdos con el estado español como la islámica o la evangélica, con las que se firmaron los acuerdos el 10 de noviembre de 1992 para evitar demandas por discriminación de origen religioso. En la nueva Ley pasaría a ser como en la LOE se da religión: no habrá materia alternativa y no contará para la nota media de Bachillerato.

Uno de los aspectos más injustos relacionados con la asignatura de religión es precisamente el que concierne con su profesorado. Para ejercer como profesor o profesora de religión católica, aparte de los estudios universitarios pertinentes, sólo hay que obtener un certificado de idoneidad y el beneplácito de una diócesis. Estos docentes acceden por bolsa y tienen estatus similar al del personal docente no universitario.

El agravio comparativo es evidente al no pasar por ningún proceso selectivo en el que hayan tenido que demostrar sus conocimientos y su aptitud como los demás docentes de la pública.

Ni que decir tiene que la mayoría de los colegios privado-concertados del Estado pertenecen a colectivos religiosos. Este ha sido el gran logro de la Iglesia católica, puesto que le ha dado un estatus de preeminencia en la educación con el que jamás soñó. La concertación se planteó como una medida transitoria en los 80 durante la etapa socialista cuando se universalizó el derecho a la educación y no se disponía de logística suficiente. En la actualidad, se ha convertido en el arma ideológica del neoliberalismo para socavar la educación pública, con un estatus de privilegio al ser centros privados financiados con fondos públicos.

Es más, la mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que el mantenimiento de los concertados carezca de sentido ya que actualmente los centros públicos pueden atender la demanda, y aún más injustificable es alegando una supuesta de libertad de elección de centro que no aparece en la legislación vigente.

En una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre el factor social religioso, la 24/1982, este afirmó que el artículo 16.3 CE, al proclamar que ninguna religión tendrá carácter estatal: «impide… que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y los poderes públicos». Una consecuencia directa de estas afirmaciones del Tribunal es que el Estado no puede asumir como propios los valores o principios de una confesión religiosa concreta.

Si queremos que la educación pública sea laica tendríamos que ir retirando los conciertos educativos, pero también denunciar y derogar los acuerdos del gobierno español con el Vaticano y con el resto de religiones (en una PNL de febrero de 2019 aprobada por mayoría se instaba al gobierno a derogar estos acuerdos). Esto nos permitiría afrontar no sólo una reforma educativa en la que la enseñanza de las religiones desapareciera del currículo y pasaran a formar parte del ámbito privado, sino también afrontar una verdadera aconfesionalidad del estado.

Sería un gran paso adelante tener una red escolar de titularidad única donde no existiría una red de centros privilegiados con doble financiación pública y privada. Este paso, que los gobiernos socialistas han prometido en campaña en muchas ocasiones y luego no se han atrevido a realizar, tampoco lo harán en esta ocasión con la Lomloe que está en tramitación, con el agravante de ser la primera ley orgánica en la que la sociedad civil no es invitada a dar su opinión ante los debates de la comisión correspondiente.

La educación es un bien común y un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas, no es ni una competición ni un privilegio de unos pocos, es una necesidad. Por una educación pública para todos y todas de calidad, laica, inclusiva y gratuita.

La pandemia: una gran oportunidad para la colonización de la educación

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Hace unas semanas salió una noticia que ha pasado bastante desapercibida y que nos debería hacer reflexionar mucho: se presentó, de la mano de la ministra Isabel Celaá, la "Alianza por la Educación". La pregunta es si realmente pensamos que tenemos que dejar en manos de las empresas y los bancos la conducción de la educación.

iStock


Rosa Cañadell, El diari de l´educació, 19 de noviembre de 2020

Desde hace tiempo, algunas personas venimos alertando de la voluntad de las grandes empresas de apropiarse de la educación. Hemos señalado que la educación se ha convertido en un nicho suculento por los grandes capitales que pueden ver una gran oportunidad para ampliar sus beneficios, y también hemos señalado que hay una voluntad de colonizar lo que se enseña en los centros educativos, con el fin conformar una ideología que no ponga en cuestión el sistema y que acepte de buen grado las nuevas formas de explotación laboral, la precariedad y la desigualdad.

Durante el cierre de los centros educativos que nos obligó el confinamiento el curso pasado, se puso sobre la mesa la necesidad de utilizar la educación virtual y eso destapó la gran desigualdad que imperaba en nuestro alumnado, y como consecuencia la gran importancia de la educación presencial: primero de todo por equidad, para no dejar atrás los más de 300 mil niños y jóvenes que no tienen ordenador, y el 85% que tienen sólo uno para toda la familia. Constatamos que las aulas son el único espacio en el que todos los niños, hombres y mujeres, gozan de los mismos recursos, tanto materiales como humanos. Pero también constatamos que el aprendizaje, en etapas no adultas, no se puede lograr ante una pantalla con la misma profundidad que interaccionando con los compañeros y compañeras y con el profesorado.

Sin embargo, estamos viendo como las nuevas tecnologías, que ya hace tiempo que han entrado a la educación, intentan sustituir la escuela tradicional por una educación online , sobre todo por parte de las grandes empresas del sector, que ven en la educación un mercado altamente rentable y que están aprovechando la pandemia para sacar adelante sus planes. Estas corporaciones son los principales actores políticos beneficiarios de la transformación digital de la educación en esta emergencia sanitaria, ya que son las que tienen las herramientas, el hardware , el software , las plataformas, las redes y todos los medios necesarios para producir material de aprendizajes no presenciales. 

Y esta sospecha de que quieren acabar con la educación tradicional , que ya denunciamos cuando se puso en marcha la Escuela Nueva 21, cada vez se está ampliando. Así, hace unas semanas salió una noticia que ha pasado bastante desapercibida y que nos debería hacer reflexionar mucho: el pasado 29 de octubre se presentó, de la mano de la actual ministra de Educación, Isabel Celaá, la " Alianza por la Educación HAZ "(1). Una red "publico-privada para transformar el sistema educativo", conformada por Fundación Endesa, Google, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), Fundación Vodafone España y Fundación La Caixa (esta participaba también en la Escuela Nova21

La ministra, según dice la noticia, se mostró muy satisfecha con esta "alianza de varias grandes empresas que se han unido para transformar la sociedad a través de la educación y para colaborar en la innovación y mejora de la calidad del sistema educativo, lo que favorecerá toda la sociedad ". Queda claro que el objetivo es aprovechar la educación para transformar la sociedad; la cuestión es hacia dónde?

En la revista Telos, que publica la Fundación Telefónica (2), los diferentes artículos van explicando qué son los objetivos: "La Red proporciona multitud de recursos que permiten a cualquier encontrar mejores explicaciones que en el aula. Los docentes deben renunciar a las posiciones de poder que han construido durante siglos "(Juan Manuel Zafra, director de Telos ); o "es sencillo pensar en una universidad de todos los saberesen la que el libre intercambio de conocimientos sea la norma, en la que la Red ponga en contacto a aquellos que deseen saciar su hambre de conocimiento sin necesidad de recurrir a instancias académicas tradicionales ... en la que la educación sea un antónimo de escolarización ". Y más claro aún: "Nos encontramos con la necesidad de comprender y enfrentar la incertidumbre; el imperativo de asumir que la educación no está sólo en manos del Estado y por ello debemos asumir la corresponsabilidad en la tarea educativa "(Rodrigo Fábrega).

La pregunta es si realmente pensamos que tenemos que dejar en manos de las empresas y los bancos la conducción de la educación. Si realmente estamos dispuestos a que un grupo de banqueros, economistas, políticos y grandes empresarios diseñen cómo se debe educar Si estamos dispuestos a aceptar que el profesorado ya no tiene que enseñar, que la memoria no sirve para nada y que puede existir la verdadera libertad sin tener un conocimiento riguroso. Y es que no se trata sólo de privatización, sino de dejar en manos de la Caja, los bancos y las empresas el control ideológico de los contenidos educativos.

Tal y como muy bien explica Geo Saura (3), "esto no hace más que consolidar en el sistema educativo del Estado español los últimos avances de privatización y neoliberalización a través del filantrocapitalismo y del capitalismo digital".

Y es que lo importante no es sólo el cómo enseñamos, sino el que enseñamos y para qué lo hacemos. En estos momentos en que se está constatando el fracaso del modelo neoliberal actual, es necesario, más que nunca, que la educación esté al servicio de la justicia social y de la emancipación personal y colectiva, y no que sea un instrumento al servicio de la ideología dominante.

Nuestros alumnos se encontrarán con un futuro que se prevé muy complicado y difícil, con un aumento de las desigualdades sociales y una progresiva división de nuestra sociedad. Lo que quieren estos nuevos agentes educativos es que la educación prepare para esta división: con una minoría que será la élite y ejercerá el poder, que irá a costosas escuelas privadas con maestros de carne y hueso, y que adquirirán a través de la cultura y la educación las herramientas necesarias para pensar y reflexionar sobre el mundo, y una mayoría con herramientas cognitivas y culturales limitadas, con poca o ninguna capacidad crítica e incapaces de comprender el mundo y de actuar ante las dificultades que su posición social los comportará.

No podemos, de ninguna manera, dejar la educación en manos de unas élites socioeconómicas que nunca han querido una ciudadanía formada y crítica. Hay que detener esta deriva neoliberal que se está instalando en nuestro sistema educativo.

____________________________ 

https://www.lavanguardia.com/vida/20201029/4968492825/celaa-saluda-la-alianza-de-grandes-empresas-para-innovar-en-la-educacion.html 
https://telos.fundaciontelefonica.com/revista/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/02/filantrocapitalismo-digitalizacion-y-covid-19-en-educacion/


Rosa Cañadell, Licenciada en Psicologia, profesora, articulista. Membro del SIEC (Seminari Ítaca d'Educació Crítica)




Mareas por la Educación Pública ante los ataques vertidos por los partidos de derecha y ultraderecha y por representantes de la enseñanza privada-concertada

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 ...y también por la iglesia católica

Plataforma Más Plurales en Castilla y León

Comunicado de prensa de Mareas por la Educación Pública

Desde Mareas por la Educación Pública expresamos nuestra más absoluta disconformidad e indignación ante los ataques sufridos por los sectores representantes de la enseñanza privada-concertada y los partidos que la apoyan ante la aprobación de la LOMLOE o Ley Celaá. A estos ataques hay que añadir el agravante que supone la utilización de niños y niñas en las manifestaciones organizadas y la lectura de manifiestos contra la LOMLOE en muchas aulas de centros educativos privados-concertados. No deja de ser curioso cuando son ellos precisamente los que pregonan ese mantra falaz repetido hasta la saciedad, en especial por la extrema derecha, de que la enseñanza pública adoctrina.

Es más, nos indigna profundamente que de repente se hayan convertido en los adalides de la libertad de enseñanza, defendiendo el ya tan manido argumento de la “libertad de elección”, argumento completamente falaz. En primer lugar, en ninguna legislación, ni siquiera en la Constitución, aparece mencionada como tal, y en segundo lugar porque están defendiendo elegir segregación y clasismo.

Está claro que solo pueden acceder a esa “libertad” de elegir un centro privado-concertado aquellas familias que puedan permitirse pagar las cuotas, donaciones, uniformes y otros gastos. Aquí es donde tenemos que recordar que son centros privados subvencionados con fondos públicos y, por tanto, aunque tienen obligación de ser gratuitos en las etapas obligatorias, cuentan con doble financiación mediante el cobro de cuotas y donaciones, haciendo competencia desleal tanto a la educación pública como a la privada. Además, los centros privados-concertados tienen un menor número de alumnado migrante y de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y tampoco llega a todas partes como tanto defienden, solo llegan donde hay una oportunidad de negocio, por lo que su presencia en áreas rurales es prácticamente inexistente.

Además han aprovechado la oportunidad para mezclar otros temas como el que el castellano deje de ser “lengua vehicular”, elemento introducido en una ley de educación por primera vez en la LOMCE, o el supuesto cierre de los centros de educación especial que no es tal. El primer asunto no va a afectar en nada a la competencia lingüística puesto que las competencias, como se debería saber, están transferidas a las comunidades autónomas. Esto recuerda a una nostalgia franquista con su visión totalitaria del español como lengua del imperio. La negación de la realidad plurilingüe del estado español, supone un ataque a las lenguas cooficiales reconocidas en el Artículo 3 de la Constitución, esa que tanto presumen de defender y de la que de vez en cuando hay que recordarle ciertos artículos, y a otras lenguas regionales como el asturiano que aspira a tal cooficialidad.

Respecto al supuesto cierre de los centros de educación especial, la nueva Ley de Educación, en su Disposición adicional cuarta, dispone que Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

El problema radica en que muchos de estos centros tienen concierto y, temerosos de que se les acabe el negocio, contraatacan con argumentos falsos.

Desde Mareas por la Educación Pública defendemos que hay temas importantes que sí se han quedado al margen. Tendríamos que estar hablando de una financiación apropiada de la escuela pública. Tendríamos que estar hablando de bajadas de ratios y de disminución de periodos lectivos de docencia directa del profesorado que tanto daño han hecho. Tendríamos que estar hablando de mayor inversión en acondicionamiento y en la construcción de nuevos centros públicos. También tendríamos que estar hablando de otros temas como la salida de las religiones del ámbito educativo. Deberíamos estar hablando de la progresiva incorporación de los centros privados-concertados a una red única de titularidad y gestión pública.

Se han quedado muchos temas fuera de esta nueva ley de educación. A pesar de esto, y a pesar de los ataques de los defensores de una educación privatizada y segregadora, seguiremos defendiendo una Educación Pública, laica, inclusiva, democrática, de calidad y segura, de todas y para todas.

Mareas por la Educación Pública
Noviembre 2020



Europa Laica ante la LOMLOE

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Las patronales católicas, los obispos, además de los grupos políticos y medios afines lanzan noticias falsas sobre la LOMLOE, con la finalidad de continuar con los actuales privilegios e, incluso, tratar de sacar nuevas ventajas para el modelo confesional que defienden, como han hecho desde los años ochenta. Mientras, el gobierno se atrinchera, junto a los grupos parlamentarios que le apoyan.




Vía Campaña "Religión fuera de la Escuela" / Asturias Laica- Europa Laica

El Sistema Educativo español, con el actual texto de la reforma propuesta (LOMLOE), de no rectificar, seguirá siendo CONFESIONAL y segregará, por motivos de conciencia, porque

1-Mantiene la religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio, atropellando los derechos más elementales de la infancia, al segregar al alumnado en función de las creencias e ideologías particulares de sus familias, incluso desde los tres años,

El hecho de volver a la situación anterior, es decir, que la nota no cuente para la media y que no tenga asignatura alternativa no es un avance real, si bien la cuestión de la nota es obvia, el no contar con asignatura “espejo”, aun siendo obvio, genera cierta inseguridad a las familias, dado que quedan espacios libres dentro del horario lectivo y distorsión a la hora de elaborar los horarios. Además de que se pierden gran cantidad de horas lectivas de las asignaturas del currículo ordinario común. La solución es sacarla de la escuela, definitivamente o, al menos, del horario lectivo.

2-No se han derogado los Acuerdos concordatarios de 1979, herederos de los principios nacional-católicos del Concordato franquista de 1953,

3-Siguen vigentes los conciertos con escuelas dogmáticas religiosas, que se les considera servicio público y se les equipara en derechos a la red de titularidad pública, reafirmando un modelo dual.

La garantía del derecho universal e igual a la educación es responsabilidad del Estado, que debe garantizar centros y plazas públicas para el conjunto del alumnado y NO favorecer con fondos públicos la competencia de centros privados y confesionales dogmáticos.

4-Miles de “delegados diocesanos” designados por los obispados, para impartir religión católica, se mantienen en los centros escolares, cuya misión es catequizar y hacer proselitismo religioso, además de participar e influir ideológicamente en los órganos de gestión de los centros, al tener los mismos derechos laborales que los docentes que han accedido a la función pública por mérito y capacidad.

5-Sigue sin impedir que en los centros escolares de la red pública haya simbología religiosa e ideológica de cualquier naturaleza, situación que todavía genera conflictos.

La LOMLOE, si bien, inicialmente, anula algunas cuestiones onerosas para la escuela pública que contenía la anterior reforma (LOMCE), incomprensiblemente sigue sin cumplir la PNL aprobada el 18-2-2018, por grupos parlamentarios que respaldan la nueva reforma y que exigían al Gobierno:

A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.

B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.



Por todo ello, seguimos y seguiremos EXIGIENDO:

#NoRELIGIONESenLaESCUELA

#DerogaciónDelCONCORDATODE1979

#NoESCUELAconIDEARIODOGMÁTICO

#SíESCUELAPÚBLICAÚNICAYLAICA





Coeducación en la LOMLOE

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En el Instituto Asturiano de la Mujer se ha elaborado un documento informativo con todo lo relacionado con la Coeducación en la LOMLOE. También una infografía-resumen
 
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Vía Marian Moreno Llaneza, Facebook / Instituto Asturiano de la Mujer

"La Ley adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. -

Esta ley pretende dar cumplimiento a las propuestas del ámbito educativo incluidas en el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado el 28 de septiembre de 2017.

Para la etapa de educación primaria: se añade en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y éticos, en la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. - 

En toda la educación primaria: Por otra parte, se establece que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual y la educación emocional y en valores se trabajarán en todas las áreas de educación primaria, debiendo dedicarse un tiempo diario a la lectura. - 

La Ley: reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. 

- En la educación secundaria: En uno de los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos, que prestará especial atención a la reflexión ética e incluirá contenidos referidos al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución Española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia.

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Marian Moreno Llaneza, es actualmente Asesora de Coeducación en el Instituto Asturiano de la Mujer, Dirección General de Igualdad del Principado de Asturias.


La escuela del futuro va a seguir un tiempo en el futuro

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 "La ley Celaá no ha terminado de formular un sistema educativo capaz de emanciparse de la tutela de la OCDE a pesar de ser un gran avance con respecto a la ley Wert"



Santiago García Tirado, La Marea

La ley Celaá no ha terminado de formular un sistema educativo capaz de emanciparse de la tutela de la OCDE a pesar de ser un gran avance con respecto a la ley Wert. El nuevo sistema educativo insiste en la formación meramente práctica con el desarrollo de las competencias mientras que sigue minimizando el saber académico. Así, difícilmente se puede esperar que la próxima generación sea más culta, más crítica, menos consumista, más justa.

Si lo que nos planteamos como sociedad es un nuevo modelo económico que respete al ser humano y al planeta; si queremos una nueva forma de entender la solidaridad, si es precisa una nueva masculinidad para un mundo más igualitario, más femenino, es en el legado que nos deja la cultura donde tiene que mirarse la nueva generación. Solo podemos trasmitirlo con eso que según el nuevo sistema está obsoleto: el saber. Pero seamos optimistas: la nueva ley recobra el protagonismo del Estado en materia de educación. Tal vez desde ahí podamos empezar a hablar.

Cada ley educativa que llega sirve de reactivo para comprobar en qué estadio de desarrollo se encuentra una sociedad como la nuestra. Y no falla: esta semana hubo rasgar de vestiduras en la conferencia episcopal, profesores y padres de la concertada –tan alérgicos ellos al adoctrinamiento– colocando a menores como atrezzo de la campaña antiCelaá, y un parlamento furioso tras una votación que se saldaba con una mayoría absoluta. De nuevo los ojos desencajados, la denuncia del ataque a la libertad, los dientes rechinantes: no les pareció democrático haber perdido tan solo por una mayoría absoluta. El reactivo nunca falla.

Lo cierto es que la reacción alérgica ya se había producido justo un año atrás. Fue en el XV Congreso de Escuelas Católicas –58% de la enseñanza privado-concertada– donde la ministra se atrevió a asegurar que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza», recogida en el artículo 27 de la Constitución. Entonces, fueron PP y Vox quienes desataron su torrente de ira y juraron imponer verdad y orden. Esta semana se les unió C’s y hasta hubo empujones por salir en la foto delante del congreso. Era más urgente eso que seguir el debate que se producía dentro de la cámara. Lo de ser sistema y honrar la Constitución va por horas, y según. 

La cuestión de fondo es, siempre, la lucha por el control del sistema educativo. Una mínima pérdida del control hasta ahora ejercido por la escuela privada –con toda la constelación de intereses a la que se debe– asegura el conflicto. Desde ese momento todo vale con tal de que no sea el Estado quien marque la pauta a la hora de educar a las nuevas generaciones. Desde el S. XVIII, un conflicto siempre resuelto en este país a favor de la escuela privada-religiosa. En Finlandia –el modelo que se identifica con el éxito educativo– solo existe la escuela pública. Así se entiende que en España, un país que nunca se ha sentido a gusto con su modelo educativo, tampoco haya nunca quien invoque en serio a Finlandia. 

En el estallido del conflicto de esta semana tienen tanto que ver las lenguas vehiculares o Bildu como la Trilateral o la Federación Galáctica de Alianzas Libres. Nada. El único conflicto es el que, en este país, ha puesto siempre en pie de guerra a las élites frente al Estado cada vez que han sentido una mínima resta de su poder. La prueba está en que hasta el PdeCat rabiosamente independentista se alineó en la votación con las derechas tradicionales representadas por PP, C’s y Vox, aunque finalmente optara por una actuación menos estridente y se abstuviera.

Por supuesto, el conflicto de las élites así formulado no podía servirse de la opinión pública, de modo que se optó por el método habitual de intoxicación a través de los medios afines. Se empezó a difundir el fake de que se cerrarían los centros de educación especial, que el nuevo gobierno carecía de una mínima sensibilidad humana.

En las últimas semanas, funcionó la mina dejada por Wert en la anterior ley; esa referencia innecesaria a una “lengua vehicular” pretendidamente en peligro, y entonces se vio la luz: nacía el mensaje de la agresión al orgullo nacional –la lengua española humillada en España, se prohibirá el castellano, el peor ataque de los peores ataques a la democracia, etc–. Un titular del ABC lo resumía así: “Sale adelante la norma que ataca a la concertada, a la educación especial y destierra el castellano”. Apenas un capítulo más y se volvería a lo de las misas negras y el sacrificio de niños. O la conspiración internacional de comunistas pedófilos que denuncia QAnon.

Otra vez la derecha consigue definir el debate en sus términos, que suelen ser conflictos binarios: o conmigo o contra la patria, o libertad de mercado o comunismo, o Constitución o Venezuela-ETA-los que rompen España. Y esto sí es una derrota: que logren siempre amenazar con el abismo utilizando la ficción de la amenaza a la patria y así borren del plano la posibilidad de debate alguno distinto del suyo. A poco que alguien conozca la situación y los problemas que siguen abiertos en el sistema educativo, solo puede sentir de nuevo una terrible frustración política. Toda la fuerza que una sociedad precisa para mejorar su sistema educativo amenaza con ser absorbida por un debate que ha sido atizado por unos medios y una ficción. 

Esta derrota no podemos permitírnosla. La nueva ley, con ser mejor que la anterior, se deja sin contestar la pregunta clave, la que tiene que ver con el cómo y el para qué. “¿Cómo educar? –dice Marina Garcés–. Este cómo no se resuelve solamente con respuestas de procedimiento. Es el cómo de la ética, de la política y de la poética”. Un sistema educativo es una respuesta, un camino. Su objetivo es la formación de los nuevos individuos que llegan a la sociedad a quienes un día entregaremos el mundo, que diría Hannah Arendt. Y es en esa respuesta donde una ley debe ser explícita y responsable ante su ciudadanía. En ese acto es donde tenemos que decidir si el cómo viene dictado por una organización como la OCDE y su modo de entender la globalización de la enseñanza o si vamos a ser los ciudadanos quienes determinemos los valores que modelen nuestra escuela.

En la memoria inicial, cuando la ley todavía era un proyecto y ni siquiera había sido aprobado por el Consejo de Ministras y Ministros, el documento que se había dado a conocer a los medios decía expresamente a dónde apuntaba la nueva norma: a “trabajar para alcanzar los objetivos planteados por los organismos internacionales: UE, Naciones Unidas y OCDE, en materia de educación”. Como planteamiento, es difícil que sirva para tranquilizar a un ciudadano medianamente informado, habida cuenta de que tanto la UE como la OCDE se rigen por intereses economicistas y de orientación ultraliberal, para más señas.

No es complicado conectar el concepto de educación con el concepto de economía: si el sistema educativo prepara una buena mano de obra, bien especializada y, por encima de todo, dócil, la economía disfrutará en el medio plazo de grandes facilidades para su expansión. La conflictividad laboral está a salvo cuando la educación sirve para adormecer cualquier ímpetu crítico que pudiera soliviantar a la gran masa trabajadora. Si a ello se une que la nueva generación crezca en un alegre espíritu consumista, sin la molestia de un sistema educativo ocupado en formar en valores, la economía puede considerarse beneficiada. La OCDE bendice todo sistema que actúa en la buena dirección. La OCDE siempre define con nitidez su cómo, su para qué. 

En ese mismo documento, la nueva ley declara sus fuentes: “Se ha de considerar el informe, publicado en 2019, del programa de la OCDE, Education Policy Outlook (EPO) que pone el foco en el conocimiento de los desafíos comunes de la educación en los países de la OCDE y en la evolución de alrededor de 200 políticas que abarcan desde educación y cuidado de la primera infancia hasta educación superior y aprendizaje permanente”. Es revelador que se cite ese documento empresarial y no a pensadores como Adorno, Bourdieu, Hannah Arendt, Jorge Larrosa, Gregorio Luri, Marina Garcés o Carlos Fernández Liria, por citar algunos de los actuales. Se esperaba de este nuevo ejecutivo una emancipación de los poderes supranacionales, por pequeña que sea. Algo que permita soñar con que es posible un gobierno atento a su ciudadanía y no a la satisfacción de otras exigencias más o menos ocultas. 

La OCDE, sin ningún reparo, se muestra competente en marcar el paso de la educación en 200 países, y entre ellos incluye a España, gobierne quien gobierne. Y advierte: la educación así diseñada aspira a extenderse a lo largo y ancho de la vida de la ciudadanía. El intento es ambicioso, el sueño de todo capitalista de tener la posibilidad de seguir influyendo en la gran masa social a fin de que nunca deje de ser, de manera óptima, dócil, aplicada, consumista. En la Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales (2017/C 428/09)–otro documento del que se informa la ley Celaá– se señala: «Toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral».

Cuando se logre atrasar la edad de la jubilación –algo que ya está en camino– será maravilloso que hasta los 70 o más allá toda persona sea obligada a seguir formándose, a riesgo de perder su maravilloso empleo precario en caso de rebeldía. Y la rebeldía es un cauce de incertidumbre que la OCDE se encarga de prevenir. Una educación para toda la vida significa también un nuevo segmento del negocio –libros, plataformas digitales, academias–, lo que permitirá una proliferación de empresas de servicios subsidiarias de los sistemas públicos que apenas hemos empezado a conocer. El reportaje de Ekaitz Cancela publicado en el nº 77 de la revista La Marea es una buena prospección en lo que la OCDE espera que muy pronto sea una –otra– imperiosa necesidad global.

La OCDE, sin la confrontación en debate alguno, se consolida así como la gran estructura supranacional de supervisión y gestión de los intereses del capitalismo extremo. Cuenta, por lo demás, con la colaboración de 200 gobiernos del mundo que ponen sus sistemas educativos a trabajar por esa otra patria que es el dinero. Entre ellos funge también el Gobierno español, pero también y decididamente el gobierno europeo, faltaría más.

La memoria previa de la ley señala también como fuente ideológica la Comunicación 2012/669 de la Comisión Europea, cuyo sumario dice: “Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos”. Y lo que hace unos meses era todavía un proyecto de ley educativa ya expresaba sus fines en términos de beneficio empresarial: «Desde el punto de vista de su impacto económico no debe dejar de señalarse que una mejor educación genera ‘innovación y crecimiento –y contribuye a– valorizar la producción, estimular la concentración de aptitudes de más alto nivel en la UE y configurar el futuro mercado de trabajo’, según se recoge en la citada Comunicación».

El paisaje que queda tras la aprobación de la ley Celaá se parece mucho a esas fiestas de amigos que se prolongan dolorosamente mientras nadie parece estar dándolo todo. Los más listos se fueron antes de que nadie los reclutara para limpiar. A otros hubo que llevarlos a casa porque se quedaron sin transporte. Los que somos de la casa tendremos varios días de trabajo hasta ponerlo todo en orden. De momento, el único saldo de la noche es el resacón. Y la factura final. Uno se pregunta con cara de lelo dónde estaba la fiesta. Tras la aprobación de la ley se me hace difícil celebrar nada. La derecha ha logrado llevarse el debate a fórmulas que le funcionan, y además dará la batalla por la financiación, pese a que los Presupuestos Generales de 2021 –que, total, tampoco van a apoyar- aumentan en un 5% los ingresos de la concertada.

En el gremio de los docentes, la pelea continuará entre quienes se empeñan en fiarlo todo a métodos más o menos cool –un terreno donde también triunfa la ficción– y quienes defienden una enseñanza con contenidos que garantice a los nuevos ciudadanos y ciudadanas una formación en los principios y valores humanos. Mientras tanto se nos ha escamoteado el verdadero debate, el que concierne a la dimensión política y, por tanto, ideológica del sistema educativo. En la ley Celaá, como en la ley Wert, como en todas las anteriores, sigue siendo indiscutible la preservación de los principios económicos que establece la OCDE.

Con la ley Celaá, es cierto, ganamos en algunos aspectos y el sistema público queda reforzado. Pero si, como dice Marina Garcés, “la educación es un conjunto de prácticas que definen, juntas, qué arte de acoger la existencia está dispuesta cada sociedad a darse a sí misma”, entonces todavía nos falta una respuesta. Y, en el hueco que queda entre la pregunta y la respuesta, nos falta pedagogía. Cómo hacérselo entender a la sociedad, ese es el reto desde ahora.
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