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Isabel Celáa y Manuel Castells informan sobre las líneas generales de la política de sus Departamentos

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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

La Ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celáa presentó el jueves 20 en la Comisión de Educación y Formación Profesional las líneas generalse de su Departamento lo que el día 21 haría le Ministro de Universidades en la correspondiente Comisión.

En la Comisión de Educación y FP (por orden de intervención) como representantes de los distintos grupos políticos intervendrían: Sergio Sayas (GMx), Isabel Pozueta (GEH Bildu), Josune Gorospe (GV (EAJ-PNV), Marta Martín (GCs), Inés Sabanés (GPlu), Sergi Miquel (GPlu), Montserrat Bessa (GR),  Joaquín Robles (GVOX), Georgina Trías (GVOX), Óscar Clavell (GP) y Mª Luz martínez Seijo (GP).  Intervenciones

En la de Ciencia, Innovación y Universidades (por orden de intervención) estuvieron: Josune Gorospe (GV (EAJ-PNV), Marta Martín (GCs), Sergi Míquel i Valentí (GPlu), María Carvalho (GR), Javier Sánchez Serna  (GCUP-EC-GC), Pedro fernández (GVOX), María Jesús Moro (GPP) y Roberto garcía Marís (GS).  Intervenciones

Comisión de Educación y Formación Profesional

Comparecencia de Isabel Celáa






Celaá ha asegurado que el anteproyecto de Ley Orgánica de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), ya listo para su tramitación parlamentaria y que en la práctica derogará la LOMCE, será la primera ley del Gobierno en esta legislatura.

"En las próximas fechas les propondremos un anteproyecto de ley que asiente la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los consensos sociales alcanzados en estos años que vienen dando estabilidad a nuestro sistema educativo", ha anunciado.

La ministra ha defendido que la nueva norma supondrá un "cambio trascendental" para el sistema educativo basado en la excelencia y la equidad. Además, ha recordado que el texto incluye por primera vez el enfoque de derechos de la infancia como principio rector del sistema, el enfoque de igualdad de género, fomentando así su aprendizaje, y la educación para el desarrollo sostenible.

De igual modo, el anteproyecto de ley apuesta por la modernización del currículo dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos. "Vamos a reforzar, a través de la nueva ley, el enfoque competencial y a concretarlo en los futuros reales decretos de enseñanzas mínimas de las distintas etapas. Eliminaremos los contenidos que añadió la LOMCE, que sobrecargan innecesariamente el currículo, e introduciremos nuevos saberes fundamentales que no están presentes en el actual", ha explicado. Esto se llevará a cabo en coordinación con las comunidades autónomas a través de un Instituto de Desarrollo Curricular para la revisión permanente de los currículos.

La digitalización es otro de los ejes principales de la ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de construir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el MEFP ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y Formación Profesional.

Un año para reformar la profesión docente

Uno de los principales objetivos, tal y como recoge el anteproyecto de Ley, es "presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, una propuesta normativa que regule, entre otros aspectos, la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente", tal y como ha recordado la ministra.

Entre los cambios que se pretenden llevar a cabo está la introducción de una fase de incorporación progresiva a la profesión, que consistirá en un año de prácticas tuteladas. El MEFP también abrirá un debate para la actualización del marco de la formación continua y la evaluación del desempeño docente y trabajará para conseguir un futuro Estatuto del Personal Docente.

"Es preciso llevar a cabo una actualización del nuevo perfil de competencias y especialidades docentes que se requieren para el siglo XXI, a partir de los cuales hay que articular el resto de las transformaciones", ha subrayado Celaá, que ha recordado que los docentes son la piedra angular del sistema educativo y los que más han sufrido las consecuencias derivadas de la crisis.

Esta actualización se ha iniciado ya con la revisión de los grados de Educación Infantil y Primaria y del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, que se está realizando en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Decanos de Educación.

Modernización de la Formación Profesional

La ministra ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley de Formación Profesional que articulará por primera vez los dos sistemas de FP, la Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo. "Necesitamos acometer una profunda transformación del modelo de Formación Profesional que unifique esta formación en un único sistema coherente e integrado", ha destacado Celaá.

La titular de Educación ha defendido la necesidad de llegar a un amplio acuerdo de modernización del sistema en el marco del I Plan Estratégico de FP 2019-2022, aprobado hace unos meses por el Gobierno, para adaptarlo a las necesidades de la nueva economía. Esta estrategia iniciada hace más de un año por el Ejecutivo, busca diseñar una oferta única y flexible, así como garantizar el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral.

Para llevar a cabo esa tarea, la ministra considera imprescindible la participación del sector empresarial y de los interlocutores sociales, así como de entidades y organismos del tercer sector. "En el marco de esa colaboración, abordaremos la regulación básica de la FP Dual que permita, dentro de las diferencias de tejido productivo y estructura económica, dotarla de cierta homogeneidad regulando aspectos básicos", ha anunciado.

La ministra también ha confirmado el impulso de 200.000 nuevas plazas de FP en los próximos cuatro años, el diseño de hasta 80 nuevas titulaciones y la actualización de las ya existentes, la introducción de un módulo de digitalización en todos los títulos, así como el impulso de la orientación profesional en estas enseñanzas.

Implantación progresiva de la Educación 0-3

Durante su comparecencia, Isabel Celaá ha confirmado que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, pondrá en marcha, en el plazo de un año tras la entrada en vigor de la nueva ley educativa, un plan de ocho años de duración para extender el primer ciclo de Educación Infantil. "Queremos avanzar hacia una oferta suficiente con equidad y calidad y que garantice su carácter educativo. En su progresiva implantación se priorizará el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social", ha explicado la ministra.

Reforma del sistema de becas y ayudas al estudio

La ministra ha subrayado que las becas son "un instrumento esencial para lograr la equidad en la educación" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno para alcanzar una política de becas y ayudas al estudio "que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios por motivos económicos". Con este objetivo, desde su llegada al Ministerio, Celaá ha impulsado una revisión en profundidad del actual modelo que se va a traducir en una reforma que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

En concreto se va a revisar la estructura de umbrales y se van a modificar los requisitos académicos bajando a cinco la nota de acceso a las becas de estudios no universitarios y a las cuantías fijas de las becas universitarias, y a medio plazo se reducirá de manera sustancial la cuantía variable en favor de la cuantía fija. Además, se va a flexibilizar el sistema de forma que sea posible compatibilizar el estudio y el trabajo.

Estas mejoras se suman a las ya iniciadas en los últimos 19 meses, como la reactivación del Observatorio de Becas o el aumento en 30 millones del presupuesto destinado a estas ayudas. "Continuaremos con la mejora del proceso de gestión del sistema estatal de becas y ayudas al estudio, en la línea de lo ya iniciado" y en "coordinación con las CCAA y las universidades", ha señalado Celaá.

Fuente: La Moncloa

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

Comparecencia de Manuel Castells




Así será la nueva Universidad, La Voz de Asturias


Adoctrinada

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No existen conspiraciones secretas, sino algo que da más miedo: la normalización de un programa económico neoliberal aplicado a lo educativo

El aula de un colegio madrileño./ Imagen cedida por el Ayuntamiento
Marta Sanz, El País, 24 de febrero de 2020

Yolanda, profesora en un instituto de Las Rozas, me envía un vídeo de 2017 del proyecto Asalto a la educación. Mi negociado no es el de la última hora espectacular, sino el de los problemas estructurales, y la columna de hoy no es mi columna, sino que asume una autoría colectiva: Jurjo Torres dice que la educación no puede ser un supermercado; Christian Lavall disecciona la segregación —gente rica con gente rica, inmigrantes con inmigrantes, chicos con chicos…—; Xabier Bonal explica cómo los valores empresariales sustituyen a los de la ciudadanía democrática; Rocío Anguita denuncia que las compañías proveedoras de materiales al sistema público tributan donde les da la gana: lo correcto sería que pagaran aquí sus impuestos para repercutir en la mejora de los servicios.

En el vídeo se repasan las implicaciones de la naturalización de la ideología neoliberal en la enseñanza siguiendo el modelo norteamericano. No existen conspiraciones secretas, sino algo que da más miedo: la normalización de un programa económico neoliberal aplicado a lo educativo. La educación pública comienza a hablar de clientes y no de ciudadanía; se expresa en términos de rentabilidad reforzando materias instrumentales y dando por buena la penetración en un espacio común, supuestamente ineficiente, de un capital privado “filantrópico” que promociona sus productos y transmite sus valores: éxito, excelencia, emprendimiento, el que vale puede llegar… La posibilidad de construir conciencia crítica se sustituye por una actitud resiliente. El primer paso consiste en demonizar lo público subrayando su pésimo funcionamiento. Los informes PISA, dependientes de la OCDE, operan como “termómetro de calidad” de la educación mundial, y el mercurio de este termómetro depende de los intereses de bancos y entidades financieras que, a través de fundaciones, promueven cursos de formación del profesorado.

La “degradación” de la enseñanza pública —de la sanidad, también— se solventa con el remedio de lo privado y/o concertado, y se asumen modelos autodestructivos: se identifica la libertad con la libertad de riñón bien cubierto de decidir lo que se compra —lo demás es… ¡socialismo!— y, mientras se recortan los presupuestos en educación, se impulsa la entrada de capital privado en las esferas públicas a través de la externalización de servicios —comedor, mantenimiento, etcétera— o de la firma de convenios con grandes corporaciones que proveen de material informático. Esta estrategia reporta beneficios a las compañías tecnológicas y además fideliza clientes infantiles que, cuando sean mayores, no podrán trabajar sin determinadas herramientas... Movimientos como Empieza por Educar se integran en Teach For All, que impulsa un paradigma de escuela neoliberal. El arqueológico vínculo Iglesia-Estado que se perpetúa soterradamente en parte de las subvenciones de la escuela concertada en nuestro país también requeriría una severa pasteurización doctrinal.

Qué quieren que les diga: si adoctrinar es mostrarle a la infancia la diversidad y riqueza de la sexualidad humana, adelante con los faroles. Algunas malas personas pensamos que hay adoctrinamientos más peligrosos para el bien común.

Espero haber sido hoy una buena ventrílocua. Y que el Gobierno sepa quiénes son sus verdaderos aliados.

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Asalto a la educación
Yo Estudié en la Pública



Yo Estudié en la Pública: Ante el proyecto de la nueva ley educativa (Lomloe)

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Saludamos la derogación de los aspectos más lesivos de la LOMCE, pero echamos de menos una apuesta más valiente en su articulado que permita hacer realidad algunos de los principios de la nueva ley: el fin de la segregación, la coeducación, la educación para la sostenibilidad, la inclusión y la equidad.



Yo Estudié en la Pública, El Diario de la Educación

El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero de 2019, está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria. No quisiéramos que se limitara a ser una vuelta a la LOE.

Desde Yo estudié en la Pública saludamos la derogación, tan ampliamente demandada por la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, de los aspectos más lesivos de la Lomce. Celebramos que la inclusión, la coeducación y la crisis climática constituyan puntos centrales de la exposición de motivos. Echamos de menos, sin embargo, una apuesta más valiente en su articulado que nos permita confiar en la coherencia entre los objetivos que la propia ley establece -inclusión, modernización, mejora de resultados y estabilidad del sistema-, sus ejes transversales -derechos de la infancia, perspectiva de género y coeducación, educación digital, aprendizaje competencial y personalizado y educación para el desarrollo sostenible- y la concreción de los mismos a lo largo de la ley.

Ante la inminente tramitación de este proyecto de ley destacamos cuatro aspectos íntimamente relacionados entre sí que nos preocupan de manera especial y que nos sitúan aún lejos del horizonte de transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita:

En primer lugar, el currículo y los ejes transversales


Observamos una continua alusión a los llamados ejes transversales (valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y valores ecológicos). Esta reiteración, por lo tanto, debe concretarse en el currículo. Resultaría novedoso y oportuno que esos valores a los que tanta importancia se les da en un proyecto de ley lograran por fin materializarse en contenidos que, desde las diferentes áreas, les confirieran el protagonismo que se merecen. De otra forma, el tratamiento de los valores transversales dependerá de la voluntad del profesorado más concienciado, en la paradoja de tener que trabajarlos contra y a pesar de los currículos.

Por otra parte, si de verdad la Lomloe quiere evitar errores de anteriores leyes, resulta crucial la revisión de los currículos, también en el sentido cuantitativo. Lejos queda un Diseño Universal de Aprendizaje al que se hace referencia si mantenemos unos currículos inabarcables que expulsan a gran parte del alumnado a itinerarios segregados y condena la actividad educativa a metodologías endémicas en nuestro sistema: la clase magistral, el tratamiento apresurado y superficial de los contenidos y la memorización como forma casi única de ser evaluados.

Un proceso de enseñanza/aprendizaje que incida en metodologías activas, que invite a la reflexión y a la comprensión profunda y verdaderamente transformadora del conocimiento, pasa inexcusablemente por el aligeramiento de los currículos. Este cambio constituye una de las más insistentes y generalizadas demandas del profesorado a pie de aula. El currículo debe ser objeto de una honda revisión de manera que permita el abordaje interdisciplinar de cuestiones relevantes poniendo en el centro la coeducación y la educación ecosocial evitando la asignaturización y el enciclopedismo. Huelga decir que la religión confesional debe quedar fuera del currículo formal.

En segundo lugar, la red de centros


La doble red pública/concertada del sistema español representa una anomalía dentro de la Unión Europea. La existencia de esta doble red supone uno de los impulsos más dañinos y segregadores de nuestra escuela (segregación contra la que esta ley lleva por bandera luchar). Ello entra en conflicto con la consideración de la escuela como principal agente de cohesión y movilidad social, y en la que la coeducación no es una opción. Apunta, pues, a su esencia democrática.

En el proyecto de ley se perpetúa y refuerza el carácter segregador de nuestra escuela al ofrecer a los centros privados la posibilidad de acogerse al sistema de conciertos. Continúa así la deriva privatizadora de nuestro sistema educativo, de manera que el trasvase de fondos públicos a la iniciativa privada seguirá en aumento. En oposición radical a este planteamiento reclamamos la estimulación y oportunidad para que sean los centros concertados los que puedan transformarse en centros públicos y volver paulatinamente a la consolidación de la escuela pública como red hegemónica de nuestro sistema educativo y principal agente de cohesión y movilidad social.

En tercer lugar, las evaluaciones externas


En los últimos años la multiplicación de evaluaciones externas en el sistema educativo español, lejos de traducirse en una mejora de las condiciones de escolarización y docencia así como una apuesta por la equidad, ha provocado el efecto contrario. Sus secuelas más notables han sido el incremento de la segregación escolar y el teach to the test, de tan nefastas consecuencias.

El hecho de derivar la responsabilidad de los resultados en el alumnado y sus familias -o utilizarlos para orientarlos a determinados itinerarios- y de requerir planes de mejora a los centros sin dotarlos de recursos, mientras la Administración se inhibe por completo de cuanto corresponde a su ámbito de actuación ha creado una profunda desconfianza en la comunidad educativa acerca del sentido de estas evaluaciones externas. A falta de conocer si los nuevos currículos y las herramientas de evaluación del sistema educativo serán coherentes con los principios establecidos en el proyecto de ley, reclamamos:
  1. La eliminación de las evaluaciones censales y el carácter anónimo de las pruebas muestrales y plurianuales realizadas al alumnado, que deberán ser completadas con otro tipo de herramientas que permitan un análisis completo de nuestro sistema educativo y no se limiten a cargar sobre las espaldas del alumnado el resultado de lo que debería ser una evaluación mucho más completa y participada.
  2. Un compromiso claro e inequívoco de que la Administración asumirá su responsabilidad brindando los recursos necesarios para subsanar los problemas detectados.

Y, por último, todo cuanto afecta a la inclusión y la equidad


y que depende en gran medida de lo enunciado anteriormente. Uno de los principales retos a los que debemos enfrentarnos es el de construir una educación que siente sus bases en los principios deequidad e inclusión. Nos encontramos ante una situación en la que es urgente luchar contra la desigualdad, agravada por una creciente segregación educativa por motivos socioeconómicos; altas tasas de abandono que ponen de manifiesto el fracaso del sistema educativo; el encarecimiento de los costes educativos para las familias; el riesgo de pobreza y exclusión social; y una pretendida atención a la diversidad que las más de las veces se traduce en exclusión escolar de quienes no “encajan” en currículos estandarizados. Para afrontar esta situación reclamamos una mención explícita en la ley a tres de los ámbitos que más han sufrido la política de recortes de los últimos años:
  1. La reducción de las ratios, imprescindible para una atención personalizada del alumnado. 
  2. La revisión de las condiciones laborales del profesorado, a fin de permitir la necesaria formación permanente y la coordinación en la elaboración de planes de refuerzo y mejora, así como una estabilidad en las plantillas y la reducción de las tasas de interinidad. 
  3. La apuesta por los Equipos y Departamentos de Orientación con profesionales de distintos perfiles capaces de atender a quienes manifiesten alguna dificultad en los aprendizajes y como agentes imprescindibles para mejorar la convivencia en los centros educativos y atender la diversidad en las aulas.
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Desde Yo estudié en la Pública siempre hemos apostado por que cualquier cambio en materia de educación sea fruto de un amplio diálogo social y ciudadano. Por este motivo, junto a una amplia representación de colectivos, plataformas y partidos políticos elaboramos a través de “Redes para una nueva política educativa” un Documento de bases para una nueva ley de educación que esperamos que sirva como referente a los partidos políticos a la hora de introducir mejoras en el proyecto de Ley. Consideramos que la nueva Ley de Educación ha de ser:
  • Democrática, en su contenido y en su proceso de elaboración.
  • Estable, centrada en las necesidades de las personas y no en los intereses de los partidos.
  • Comprometida con un mundo más justo y que afronte la situación de emergencia climática y de desigualdad que vivimos.

Quiten sus manos de nuestros hijos

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La derecha pretende atacar el concepto de escuela pública porque jamás ha creído en ella

Aula infantil de una escuela pública valenciana / Mónica Torres

Coradino Vega, El País

No deja de ser curioso que quienes más se rebelan contra cualquier intento de reducir la religión en las aulas o de limitar los conciertos con la Iglesia, que es la institución que más ha adoctrinado en España desde que hay enseñanza reglada, pidan con tanto énfasis que el Estado retire las manos de sus hijos. En esos aspavientos, no solo se aprecia la sobreactuación conservadora cada vez que llega al poder la izquierda, sino que hay algo añadido. Como también lo hubo, a raíz de la propuesta de veto parental, en la desaforada respuesta del Gobierno. Ambos se enzarzaron en una discusión de gestos, en un rifirrafe sobre lo accesorio, para no abordar lo importante: el debate sobrio, matizado y riguroso que requiere un pacto docente que frene el desastre.

La sucesión de leyes educativas durante los últimos 30 años ha sido un fracaso tan devastador que debería haber tenido una enérgica contestación ciudadana. Porque, desde que se delegó en la psicopedagogía y los comisarios políticos las reformas sobre educación, los resultados de las pruebas internacionales y las tasas de abandono han ido evidenciando la magnitud de la tragedia. Y eso que el objetivo de los diversos planes de estudios, cada cual menos estable, ha sido garantizar por ley el mayor número de titulados posible o, como decía Tony Judt, una “uniformidad a la baja”. Las faltas de ortografía en los subtítulos de los telediarios son solo una prueba de las consecuencias que ha tenido dar tanto protagonismo a quienes gustan de una palabrería que sería risible si sus efectos no fueran tan graves: a los partidarios risueños de melifluidades didácticas que lo que han conseguido, por encima de cualquier otro logro, es que tengamos una sociedad más ignorante.

Pero también han contribuido al despropósito las familias que ven en el docente un enemigo, aquellos padres que consienten sin límite a sus hijos, las madres que solicitan una rendición de cuentas que no les piden a sus niños: los abuelos de los actuales alumnos confiaban más en los maestros. Si a esto se le añade el papanatismo de lo autóctono, una inspección menos eficaz que intimidatoria y direcciones con afán impositivo, es asombroso cómo la mayoría del profesorado sigue intentando hacer su trabajo. Pero la desmoralización es evidente. Y lo que no puede sorprender es que el nivel de exigencia, debido a las presiones de unos y otros, se haya visto rebajado.

Bastaría con plantear un modelo público ilustrado y laico, basado en la racionalidad, que llegue allí donde no llegan muchas familias y recupere su papel de ascensor social
Con su propuesta de censura, en cambio, la derecha persigue no solo dar más protagonismo a las familias en nombre de un derecho muy relativo, lo cual sería el primer paso de una elección de contenidos inasumible en un Estado democrático. Lo que buscan de camino es atacar el concepto de enseñanza pública, por la simple razón de que jamás han creído en ella. Quizás asuman que la Constitución dice que los poderes públicos han de garantizar la educación: pero garantizar, para ellos, no significa ofrecerla. Su modelo ideal sería aquel en que el dinero público destinado a una plaza escolar fuese devuelto a las familias para financiarse no ya un colegio concertado, sino incluso privado, acorde con sus convicciones o la clase socioeconómica a la que pertenezcan o quieran adscribirse. Y si para avanzar en ese desmantelamiento de lo público es necesario que sea la ultraderecha la que marque la agenda con su guerra cultural, adelante.

Por su parte, a la izquierda parece convenirle que se hable mucho de la ultraderecha, porque así entra en la confrontación fácil y rehúye sus responsabilidades. Pero el nuevo Gobierno no puede caer otra vez en los mismos errores. No puede confundir igualdad de oportunidades con igualdad de resultados. No puede seguir mostrando una alergia instantánea cuando se pronuncia la palabra exigencia, esfuerzo, meritocracia. Tony Judt no solo fue un defensor perseverante de los consensos europeos de posguerra que fraguaron el Estado del bienestar, un firme partidario de la intervención pública para corregir las desigualdades: también criticó que, en nombre de su presunta democratización, Tony Blair abaratase aún más la educación pública devaluando sus grammar schools.

Pero no hace falta imitar ese patrón de escuelas selectivas. Bastaría con no entregar de nuevo la reforma de la enseñanza a los expertos en “ciencias” de la educación y olvidarse de las ortodoxias políticas. Con plantear un modelo público ilustrado y laico, basado en la racionalidad, que llegue allí donde no llegan muchas familias y recupere su papel de ascensor social, que garantice la igualdad de oportunidades y desarrolle las mejores capacidades de cada uno, que atienda a las necesidades especiales y enseñe los fundamentos democráticos de una manera menos roma. Y también hay que ser conscientes de que ya no vale otra reforma de una mitad contra la otra, de que hay que trabajar para conseguir el mayor número de acuerdos: ese pacto educativo del que tanto se habla y por el que tan poco se hace. Algo muy difícil, si nos quedamos en la polémica del veto parental, pero que no tendría que ser imposible. Porque es urgente.

Coradino Vega es profesor de Literatura y escritor. Su último libro publicado es La noche más profunda, 2019









Ante el debate LOMLOE en 2020: Propuestas de la Campaña unitaria "Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela"

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PROPUESTA PARA ENTREGAR AL GOBIERNO Y A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EN EL CONGRESO




Propuesta para entregar a partir del 1 de marzo de 2020, de cara al debate de la LOMLOE

Texto copia de la propuesta (Contrato electoral) hecha para los procesos electorales de 2019

La Campaña “Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela” surgió hace más de dos décadas, como una iniciativa y un compromiso unitario y activo, en torno al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo.

Ha tenido diversas fases, sin apenas resultados positivos hasta la fecha, pese al creciente respaldo social que, sin embargo, se enfrenta a las obstinadas posiciones confesionales de las administraciones públicas y de las principales formaciones políticas.

Gracias a una iniciativa unitaria de la Campaña y a la presión que venimos ejerciendo desde hace años, con recogida de decenas de miles de firmas y de apoyos sociales y políticos diversos, el pasado 22 de febrero de 2018 en la Comisión de Educación del Congreso se aprobó una proposición no de ley, respaldada por diversos grupos parlamentarios que instaba al Gobierno a:
A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.
B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas en 1992, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.

 Moción que, inicialmente, quedó paralizada dada la disolución de las Cámaras en dos ocasiones a lo largo de 2019, así como la anunciada Reforma de la Ley de Educación. Por ello reclamamos que -con la constitución de la NUEVA LEGISLATURA (a partir 2020)– se vuelva a tener en cuenta.

Con la configuración de un nuevo Parlamento y de un nuevo Gobierno, se plantea otra etapa, en la que trataremos, una vez más, de buscar el diálogo y el compromiso con las distintas formaciones políticas y grupos parlamentarios establecidos en el Congreso y Senado, así como con el nuevo Gobierno de coalición, con la finalidad de que impulsen la laicidad en el marco escolar.

Hacemos, en consecuencia, un llamamiento a todas las organizaciones y colectivos defensores de una Escuela Pública y Laica a que mantengan su apoyo explícito y hacer suya esta Campaña, que establece el CONTRATO de COMPROMISO POR UNA ESCUELA LAICA.

POR UN SISTEMA EDUCATIVO LAICO


La actual política educativa está provocando graves consecuencias. Y está actuando en dos frentes: Por una parte, desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, manteniendo en los centros escolares a personas designadas por obispos, con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso. A todo ello habría que añadir la entrada en los centros de personas de religiones minoritarias, también con fines de adoctrinamiento.

Junto a la promoción de las concepciones neoliberales de la economía y de la sociedad, se han retomado elementos nunca abandonados del nacional-catolicismo, haciéndose eco de las presiones de la Conferencia Episcopal, que para no renunciar a sus privilegios, se ampara en el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.

Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es la segregación por motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia y, por otro lado, también es la segregación por motivos económicos y sociales. La mercantilización / privatización de la Enseñanza está ahondando en las diferencias entre el alumnado, como consecuencia de un Sistema Educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista.

Ante el nuevo periodo legislativo que se abre, hacemos llegar a todas las formaciones políticas y grupos parlamentarios el análisis ycompromiso explícito en torno a la laicidad que debe presidir el marco escolar, para el desarrollo de la libertad de concienciaque debe respetarse, de una forma más escrupulosa, si cabe, cuando se trata de niños y jóvenes en su formación.

Muy en particular, aquí y ahora, además del propósito de abogar por la derogación definitiva de la LOMCE, centramos el análisis sobre dos ejes que, por su importancia decisiva y su remisión a necesarios principios democráticos, deberían ser una prioridad, con el compromiso de proceder a su defensa desde los poderes legislativo y ejecutivo:
A- Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para ello:
  1. Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.
  2. NO financiar -con dinero público- el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar
  3. Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental para vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.
B- La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma deberá procederse a la anulación de Acuerdos con otras confesiones de 1992 por los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.


Organizaciones sindicales, sociales y políticas que lo respaldan, hasta el 28 de febrero de 2020 (79)


Europa Laica / STES. Intersindical / Federación de Enseñanza de CCOO / Sindicato de Estudiantes / CEAPA (Confederación Española de AMPAS) / FETE – Sector Enseñanza de FeSP-UGT / Federación Enseñanza de CGT / Confederación Estatal de MRPS / STEPV – Intersindical Valenciana / CCOO Enseñanza Madrid / Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT / Izquierda Unida / Izquierda Unida – Madrid / Izquierda Republicana / EHIGE (Confederación de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca) / FELAMPA Sierra Pambley – León / FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) / Redes Cristianas / Cristianas y cristianos de base de Madrid / Colectivo Infancia / UAL (Unión de Ateos y Librepensadores) / AMAL (Asociación Madrileña de ateos y librepensadores) / MHUEL-Aragón / Laikotasuna (Colectivo para la laicidad de Guipuzcoa) / Asturias Laica / Andalucía Laica / Extremadura Laica / Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid / CAUM. (Club amigos de la Unesco de Madrid) / Madrid Laica / Valencia Laica / Asamblea Marea Verde Madrid / Red IRES (Red Investigación y Renovación Escolar) / Plataforma contra la impunidad del franquismo / AMESDE / Fundación Acción Laica / Asociación Manuel Azaña / Alternativa Republicana / Unidad Cívica por la República / León Laica / FAPA María Moliner. Albacete / STE-CLM / Familia Sociedad siglo XXI / Partido Socialista Libre Federación / Partido ACTÚA / CIDESPU (Ciudadanas Defensa Escuela Pública) / PCE (Partido Comunista de España) / Partido PODEMOS / FAPAR – (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) / EH BILDU / Esquerra Republicana del País Valencià / STEM-STEsi–Madrid / Coalició COMPROMÍS / FADEA (Fed. Asoc. Estudiantes Aragón) / Asociación Pro Derechos Humanos de España / Católicas Por el Derecho a Decidir / Partido EQUO / Asamblea Feminista de Madrid / PEPA (Plataforma Escuela Pública Aranjuez) / APALHU (Associació per a l’humanisme) / Movimiento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega / Plataforma Laicista de Jerez / Fórum de política feminista agrupación de Córdoba / Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias / Asociación Lánzate LGTBI de Canarias / Asociación vecinal Impulsa Montijo / Lucha Internacionalista / Estudiantes en Defensa de la Universidad (Aragón) / F Enseñanza Madrid de CCOO / USTEA Granada / Colectivo Republicano de Euskal Herria / Fundació Ferrer i Guàrdia / Mareas por la Educación Pública / FETE-UGT Madrid / Comunidades Cristianas Populares de Andalucía / Plataforma por la Escuela Pública de Usera / Anticapitalistas-Madrid / Hezkuntza Laikoa (Euskal Herria) / COLICHE (La Rioja)


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Las organizaciones políticas, sociales y sindicales que lo deseen pueden adherirse al Contrato Electoral, enviado un correo a:  


XV Jornada Laicista de Europa Laica: LAICISMO y FEMINISMO / 21 de marzo en Gijón

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El 21 de marzo de 2020 en Gijón, en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur, tendrá lugar la XV Jornada Laicista de Europa Laica. Organizada por Asturias Laica / Europa Laica se desarrollará en torno al tema Laicismo y feminismo.

La jornada, de mañana y tarde, va dirigida a reforzar los vínculos entre los dos movimientos sociales a través del trabajo conjunto y el conocimiento mutuo. Se plantea, pues, para resaltar aquellos fundamentos comunes así como para encontrar los campos de actuación coincidentes en la realidad social del momento. Con ello se espera que ambos movimientos se refueecen recíprocamente y así abordar de forma coordinada objetivos comunes.

Y parece evidente que uno de los retos comunes, uno de los campos de actuación coincidente es la EDUCACIÓN. De ahí que en la jornada de la tarde la mesa central esté dedicada a la educación, abordando temas como la educación en igualdad (con Marian Moreno), las religiones en las aulas o los conciertos educativos (con Enrique Javier Gutiérrez).

La inscripción a la Jornada es gratuita y puede hacerse desde este enlace , hasta el 15 de marzo.

Programa


9:00: RECEPCIÓN DE ASISTENTES

9:30: ACTO DE APERTURA

Ana González Rodríguez, alcaldesa de Gijón
Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica
Luis Fernández González, presidente de Asturias Laica

Presentación del III Cuaderno de formación de Europa Laica
Obdulia Díez Álvarez, coordinadora del III Cuaderno, vicepresidenta de Europa Laica


10.15 – 11.45 MESA 1 CONCEPTOS BÁSICOS
Modera: Asunción Villaverde, junta directiva de Europa Laica
10.15 · 10.45 Qué es el laicismo
Luis Fernández González, presidente de Asturias Laica
10.45 · 11.15 Qué es el feminismo
Alba González Sanz, doctora en Género y Diversidad
11.15 · 11.45 Debate

11.45 – 14.00 MESA 2 LA INFLUENCIA DE LA RELIGIÓN EN LA SOCIEDAD
Modera: Ángel Alonso, vicesecretario del Ateneo Obrero socio de Asturias Laica
11.45 · 12.15 Religiones e iglesias en el marco normativo español
Nieves Montesinos Sánchez, socia fundadora de Red Feminista de Derecho Constitucional (RFDC)
12.15 · 12.45 La presión social de la religión católica en la sociedad española actual
Alicia Alcalde Villarés, vicepresidenta de MHUEL y junta directiva de Europa Laica
12.45 · 13.15 La presión social del Islam sobre las mujeres
Zoubida Boughaba, escritora, mediadora intercultural
13.15 · 14.00 Debate


14.00 – 16.00 DESCANSO

16.00 – 16.30 PRESENTACIÓN
La presión de los lobbies religiosos

16.30 – 18.00 MESA 3 LA EDUCACIÓN: RETO COMÚN PARA LAICISMO Y FEMINISMO
Modera: Francisco Delgado, junta directiva de Europa Laica coordinador del Grupo de Educación
16.30 · 17.00 EDUCACIÓN EN IGUALDAD
Educación afectivo-sexual: una necesidad imperiosa Marian Moreno experta en coeducación redactora del programa Skolae
17.00 – 17.30 RELIGIONES EN LAS AULAS: Los conciertos educativos: una educación cautiva.  Enrique Javier Díez Gutiérrez, profesor Facultad de Educación en la Universidad de León
17.30 · 18.00 Debate

18.00 – 18.30 EL FEMINISMO NECESITA UN ESTADO LAICO
Modera: Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica

Ponente: Elena Simón, especialista análisis de género y coeducación, formadora y escritora feminista

18.30 – 19.00 DEBATE FINAL

19.00 ACTO DE CLAUSURA
Nuria Varela Menéndez , directora general Igualdad Asturias
Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica
Luis Fernández González, presidente de Asturias Laica


Cartel para descarga




Propuesta de enmiendas al Anteproyecto de Ley de Educación (LOMLOE)

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Por otra política educativa, Foro de Sevilla, 2 de marzo de 2020

Apoyamos el proyecto de ley educativa al ser necesario derogar la LOMCE y todas las medidas que promueven la desigualdad y la selección del alumnado: trayectorias desiguales, itinerarios, Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) sin posibilidad de promoción, evaluaciones externas, currículos centralizados y estandarizados, limitación de la participación de la comunidad escolar….

Tampoco se trata de volver a la LOE, como hemos proclamado en numerosas ocasiones e indica el propio documento de derogación y modificación de la LOE y la LOMCE.

En este proyecto encontramos cuestiones muy positivas, como son los nuevos enfoques que se plantean para el sistema educativo: derechos de la infancia, igualdad de género, desarrollo sostenible (para la paz, los derechos humanos, la transición ecológica y la comprensión internacional, tecnologías, etc.…). Principios y modificaciones que hablan de un currículo inclusivo, unas escuelas sin segregación, un modelo de evaluación orientador y formativo…

Y otras cuestiones que son mejorables y a nuestro entender indispensables para una ley de largo recorrido por lo que queremos contribuir al planteamiento que realiza el proyecto para conseguir un “renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas formativas de toda la población española (…) y se generalice una educación de calidad para todos y todas”.

Atendiendo al ofrecimiento de los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea y Republicano, de contar con las organizaciones sociales realizamos una serie de propuestas de enmiendas organizadas en torno a los siguientes bloques:

Bloque 1: Equidad e inclusión educativa.
Bloque 2: Currículum, enseñanzas y su ordenación, evaluación del alumnado y del sistema educativo.,
Bloque 3: Formación Profesional.
Bloque 4: Religión, Escolarización y Conciertos.
Bloque 5. Participación, autonomía y gobierno de los centros.
Bloque 6: Formación e Innovación.

Propuestas en Scribd







DOCUMENTO COMPLETO en versión pdf.


El modelo de concertada cumple 35 años en el punto de mira por el mayor ritmo de gasto en la red privada que en la pública

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Resultado de imagen de aulas concertada

Ángel Munárriz, InfoLibre

La ley educativa de 1985, impulsada por el Gobierno de Felipe González y fundadora del actual sistema de conciertos, explicaba en su preámbulo los motivos por los que el Estado debía racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos privados desde el franquismo. Había una lógica aplastante detrás. Hubiera sido difícil ignorar a mediados de los 80 la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural. Existía de facto en la España de 1985, señalaba la ley, un "sistema dual" en el que miles de colegios privados recibían subvenciones "en cuantía rápidamente creciente", algo que "que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso de incremento de las inversiones públicas". Era una situación que había que corregir. Pero que, vistos los números de hoy, continúa dándose.

Añadía la introducción de la norma del 85, redactada con el didactismo de un libro de texto: "Lo que había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad, y en ocasiones sin observancia de las propias disposiciones legales que la regulaban". La ley, que no empleaba el término "segregación"–por entonces sin el protagonismo que tiene hoy en el léxico de la sociología educativa–, sí que establecía medidas claramente orientadas a garantizar que, como contrapartida a su financiación pública, los centros privados no promovieran prácticas contrarias a la igualdad, en especial a través de limitaciones para imponer cobros a las familias.

A punto de cumplirse 35 años desde la aprobación de la ley, en julio de 1985, los números indican que el sistema de conciertos no ha colmado sus propósitos.

Gasto

El gasto público en educación privada, de récord en récord desde 2014, ha crecido un 292% desde que hay datos, más de 100 puntos por encima de la red pública, que sigue por debajo de los niveles precrisis 


El gasto público en la red concertada crece a mayor ritmo que el gasto en la red pública. La primera bate año a año su récord, mientras la segunda sigue por debajo de los niveles de inversión anteriores a la crisis económica.

La serie del Ministerio de Educación permite ver una evolución desde 1992 –no desde 1985, como sería óptimo– hasta 2018 con datos homogéneos. En 2018, el gasto público total en educación ascendió a más de 50.000 millones. No es el máximo histórico. El dato sigue un 5,72% por debajo de los cerca de 54.000 millones de 2009, y un 1,75% por debajo de los 51.700 millones de 2008, diez años antes. La subida del gasto público en educación sí es fuerte si miramos desde 1998, veinte años atrás. Entonces la cifra ascendió a cerca de 25.000 millones, lo cual supone que el porcentaje ha crecido en un 103%. Desde el inicio de la serie, en 1992 –17.700 millones–, el gasto público en educación ha subido un 186,89%.

Pero esta subida no se reparte de forma homogénea en los dos nodos del modelo dual: la red pública y la red concertada –que también es pública a efectos de financiación, pero no de titularidad de los centros–. El gasto en la red pública alcanzó en 2018 los 44.400 millones. Esto es un 7,37% menos que en el pico de 2009. Con respecto a veinte años atrás, 1998, la subida es del 97,25%. Si miramos el inicio de la serie, el alza alcanza el 176,28%.

La educación privada, en cambio, ha visto aumentar su financiación pública de forma mucho más rotunda. Para empezar, bate año a año su récord desde 2014. Ha sobrepasado los 6.000 millones en 2017 y 2018, cuando alcanzó un máximo de más de 6.300 millones. No hay números por encima de esos, tampoco antes de la crisis –a diferencia de lo que ocurre con la inversión en la red pública-pública–. La subida de la financiación pública de la concertada con respecto a 2008 es del 17,04%, con respecto a 1998 del 167,79% y con respecto a 1992 del 292,55%.

Hay que detenerse en este dato: entre 1992 y 2018 el gasto público en subvenciones y conciertos ha crecido desde algo más de 1.600 millones a algo más de 6.300, cerca de un 300%. En el mismo periodo el gasto en la red pública-pública ha crecido un 176,28%. Es un crecimiento a dos velocidades. Y la concertada corre más.

Las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid sumaron en 2018 casi el 50% de este gasto en subvenciones y conciertos: más de 3.000 millones entre las tres.


PIB y hogares


Esta primavera de la educación concertada se produce mientras el gasto público educativo en relación con el PIB está en un 4,23%, lejos de su récord de 2009, cuando alcanzó un 5,04%. El gasto público en educación con respecto al total del gasto público (10,13%) también está por debajo de 2009 (10,9%) y 2008 (11,25%).

Es interesante conectar estos datos con los de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se comprueba que el gasto familiar por hogar en la enseñanza ha alcanzado su máximo, 460,66 euros por hogar. Diez años atrás la cifra estaba en torno a los 320 euros. La subida supera el 40%. El gasto familiar total en enseñanza alcanzó en 2018 también su máximo histórico: más de 8.500 millones de euros, más de un 50% por encima de una década atrás.

Alumnado


Este desequilibrio económico a favor de la concertada se produce sin que la balanza se haya inclinado de su lado en cuanto al porcentaje de alumnos. Es decir, la proporción del trozo de tarta que se lleva al plato la concertada no crece, pero sí mejora la cubertería con la que comérsela.

Entre el curso 2007-2008 y el curso 2016-2017 –que permiten hacer una comparación homogénea con los datos de Educación–, los porcentajes de alumnos en la concertada no han sufrido grandes movimientos, si exceptuamos Infantil de primer ciclo, donde el salto es de del 9,2% al 14,6%. Pero es la excepción a una regla general de estabilidad:

– Infantil de segundo ciclo: del 27,1% al 28,9%.

– Primaria: del 29,1% al 28,5%.

– Secundaria obligatoria: del 30,5% al 30,8%.

– Secundaria postobligatoria: del 14,6% al 14,5%.

El alumnado de la red pública-pública en las fases no universitarias del sistema no ha pasado del 68,9% ni ha caído del 66,2% desde 1990, según los datos de Educación. La serie que ofrece la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, que tiene tres ediciones en los cursos 2004-2005, 2009-2010 y 2014-2015, también describe un panorama de equilibrio. No es en el alumnado donde se produce el desequilibrio, sino en el dinero.

Segregación


Está demostrado que la educación concertada genera más gastos a las familias que la pública. En 2012, el gasto familiar por alumno fue de 527 euros en la pública y de 1.212 en la concertada, como detalló este artículo de los investigadores Jesús Rogero-García y Mario Andrés Candelas. Diversos informes han demostrado cómo los centros privados financiados con fondos públicos utilizan mecanismos de segregación encubierta, entre los que destaca el cobro de cuotas [ver aquí información detallada]. Un reciente informe de la federación de familias Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, tras visitar 50 centros concertados, ha comprobado que el 90% cobra por actividades obligatorias, algo prohibido por ley. La media de pago es de 153 euros al mes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha declarado que esa situación es "inaceptable".

Los concertados realizan además una ubicación selectiva de sus centros. "Los centros concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta", señala el informe Mapa escolar, elaborado por la Universidad de Valencia en colaboración con el ayuntamiento. El Ministerio de Educación, cuestionado por infoLibresobre la ubicación de la educación concertada según renta, afirma no disponer de datos "homogéneos".

El asidero oficial más firme para estudiar los criterios de los promotores de la concertada es un informe del Ministerio de Educación de curso 2016-2017 que denota suescaso interés por los pueblos pequeños, que suelen ser zonas de menor renta. Los centros privados –los datos de Educación no desagregan entre concertados y privados sin financiación pública– se ubican en un 77% en municipios de más de 25.000 habitantes. En el caso de los públicos, este porcentaje es del 43,4%.

La proliferación de la concertada forma parte del análisis causal del auge de la segregación en España. Este fenómeno, el de la agrupación homogénea de alumnos por clases sociales, está ya acreditado. El informe Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, de Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, señalaba ya en diciembre de 2017 que el sistema educativo español era el sexto más segregador de Europa, al nivel de Eslovenia, Bulgaria o Chequia. La segregación promedio se sitúa entre 0,32 o 0,38, según el índice utilizado. Eso significa que entre el 30% y el 40% de los estudiantes deberían cambiarse de centro para que no hubiera segregación. El 90% de la educación religiosa privada –2.446 de 2.706 centros– es financiada con fondos públicos.

Uno de los rostros de la segregación social tiene relación con el lugar de origen del alumnado. Según datos del Ministerio de Educación del curso 2017-2018, la educación concertada, con un 25% del alumnado no universitario, asume sólo un 14,9% de los extranjeros. Ello conduce a que la educación pública, con un 67,2% del alumnado, reciba un 78,7% de los extranjeros. Hay comunidades en las que el desequilibrio es llamativamente mayor que la media. En Cataluña, con el 27,1% del alumnado, la concertada tiene el 15,9% de los extranjeros; en Navarra los porcentajes son 34,3% y el 15%, respectivamente. Los datos del curso 2016-2017 indican que la concertada tiene un 6,3% de alumnos con necesidades educativas especiales, frente a un 8,7% de la red pública-pública.

Un modelo en el ojo del huracán


La concertada está hoy, 35 años después, en el ojo del huracán de la batalla política sobre la educación. Navarra y Cataluña, entre otras comunidades, trabajan en normas contra la segregación. También lo hace el Gobierno de España, en cumplimiento del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que pone el énfasis en el rechazo a la segregación por sexos, es decir, a la separación de niños y niñas.

El diseño de estas leyes y decretos ha intranquilizado a organizaciones como la Plataforma Concertada, Escuelas Católicas –que afirma representar al 60% de los centros concertados–. las confederaciones de padres (Ceapa) y centros (CECE) y la Conferencia Episcopal. De todas estas terminales han partido mensajes de advertencia al Gobierno o a las comunidades autónomas que preparan normativas que amenazan elstatu quo, actualmente determinado por la Lomce, que amplió las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blindó el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas.

La concertada es además un foco de poder e influencia de la Iglesia. Otra vez hablan los datos. Del número global de colegios concertados, 4.668, un total de 2.446 son religiosos, lo que supone un 52%. No obstante, se trata de una cifra que incluye la educación infantil, sin la cual el porcentaje de la concertada eclesial sube hasta rondar el 60%. El sistema de la concertada ha provocado además un retroceso de la escuela privada-privada religiosa, que ha pasado de 300 centros en el curso 2004-2015 a 260 en el curso 2014-2015, es decir, un retroceso de más del 15% en diez años.

El calado político de cualquier reforma del modelo de reparto de la tarta educativa queda claro con el alineamiento izquierda-derecha que provoca. PP, Ciudadanos y Vox comparten un modelo de promoción de la concertada que ya se ha concretado enuna nueva norma andaluza que facilita la elección de colegio concertado. En Cataluña, el impulso del llamado "decreto antisegregación" está causando roces entre los socios del Govern nacionalista, ERC, situado a la izquierda, y JxC, a la derecha.

El expresidente del Gobierno Felipe González, poco dado a la crítica sobre sus años en el Ejecutivo, afirmó en 2011 en un mitin en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona): "Algunos errores hemos cometido". Y citó el caso de la concertada. "Quien quiera escuela privada, que se la pague", fue su reflexión acerca del error cometido. España sigue sin cerrar su problema educativo.

No es un pin, es un pam a la escuela pública

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Joan María Girona, Mientras Tanto

Estamos perdiendo el tiempo respondiendo a las tonterías que dicen o escriben (esto lo hacen poco) unos cuantos iluminados con ideas abstrusas (de difícil comprensión) sobre la censura escolar. Quería titular el artículo “Pin, pam, pum” para rememorar el título de una película, Pim, pam, pum, fuego!, dirigida por Pedro Olea en 1975 y ambientada en la situación de la inmediata postguerra. Lo que estamos viviendo no se puede comparar a lo que se vivió en aquellos años, a pesar de que haya algún elemento que nos lo recuerda. Estamos ante un juego que puede llegar a ser peligroso. Es, como mínimo, una maniobra de distracción.A los que difunden estas ideas de difícil comprensión les molesta que funcione una enseñanza pública que actualmente intenta atender a todo el alumnado sin exclusiones de ningún tipo, que quiere potenciar el pensamiento crítico y animar a las criaturas y a los adolescentes a tener iniciativa y respetar a todas las personas. Debemos recordar que todas las personas son respetables, pero todas las opiniones no.

No es casualidad que la campaña ponga en primer término la denuncia de la igualdad de género y de las diversas orientaciones sexuales. No les preocupa la desigualdad económica, ni las diferencias de clase social; les preocupa sobre todo, que las mujeres puedan tener un papel preeminente en nuestra sociedad. Es la columna vertebral: hace falta anular a las mujeres, hay que someterlas, hay que dominarlas para poder mantener un sistema socioeconómico que permite aumentar, poco a poco, las desigualdades y el poder de los ricos sobre los pobres, de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre las personas de otros colores. Las acusaciones contra la igualdad de género y contra las personas feministas es un reflejo del miedo que los hombres de derechas tienen a la liberación de las mujeres. Un miedo que ya se hacía público en los años de la República (1931-1939).

Si nos dejamos engañar y discutimos sobre la censura escolar, permitiremos que continúen las desigualdades de las redes de enseñanza (pública, concertada, privada) y las segregaciones sociales y de otros tipos en las escuelas. Permitiremos que las religiones se mantengan presentes en las aulas, que la enseñanza tradicional domine a las inevitables transformaciones educativas. Dejaremos de lado la necesaria colaboración con las familias, su implicación y complicidad con la educación de sus hijos e hijas.

Iría bien que, denunciando estas burdas pero graves maniobras, reflexionáramos un poco sobre la realidad actual. Debemos pensar también en lo que tenemos y que permite a los reaccionarios continuar con sus chistes y falsas noticias. Mantener el inexistente derecho a escoger escuela por parte de las familias está en esta línea. Si se puede elegir la escuela (sostenida con dinero público) que quiero para mis hijos o hijas, ¿por qué no puedo escoger lo que se enseña allí?

El proceso lento pero continuado de las administraciones de nuestro país para privatizar enseñanza y sanidad también da campo, indirectamente, a los que quieren separar todavía más a ricos y a pobres, a autóctonos y a recién llegados: centros privados para autóctonos ricos y públicos para el resto. Si las administraciones educativas no se oponen claramente al clasismo y al racismo presente en nuestra sociedad se da pie a las actitudes que hemos escrito. Si no defienden seriamente que la escuela pública debe ser inclusiva,que debe permitir el acceso a todas las personas en plano de igualdad, costará mucho más hacer frente a los que la quieren destruir.

La generación adulta es responsable, en su conjunto, de la educación de las generaciones jóvenes. Hemos escrito muchas veces que todo el mundo es responsable de la educación. Los centros escolares son un elemento educativo más, seguramente no el principal. A los familiares, a pesar de las incertidumbres que vivimos, les corresponde la parte más importante del hecho educativo. No es bueno delegar excesivamente en la escuela. Esta desresponsabilización podría comportar, por compensación, querer controlar qué se hace en las aulas. Es preferible animarnos mutuamente, familias y docentes, a llevar a cabo el papel que nos corresponde a cada cual. Todos y todas tenemos mucho que decir en la educación de niños y adolescentes. Una colaboración en plano de igualdad es una buena manera de combatir a los que quieren eliminar el pensamiento crítico y la libertad. Las otras instancias educativas (movimientos infantiles o juveniles, clubes de deporte, asociaciones de vecinos, bibliotecas, redes asociativas de barrio...) también deberían expresar su posicionamiento, también deberían defender la libertad que las derechas nos quieren arrebatar.

La escuela, queramos o no, transmite una determinada ideología, una determinada visión del mundo. Unos cuantos ejemplos: ¿Tenemos en cuenta los riesgos evidentes del cambio climático? ¿Defendemos un sistema económico que mantiene y aumenta las desigualdades? ¿Hacemos coeducación, o nos conformamos con la escuela mixta que tenemos? ¿Luchamos contra el eurocentrismo? ¿Contra los racismos que ponen en cuestión determinadas expresiones culturales? ¿Por qué usamos los mapas tradicionales, aunque sea la proyección Peters, donde el llamado norte siempre está arriba y el sur abajo? Denominar los polos norte y sur no es ninguna casualidad ni es algo neutral... pero lo continuamos haciendo en la mayoría de escuelas e institutos. Un ejemplo pequeño que nos puede hacer reflexionar sobre lo que tenemos en cuenta y lo que no a la hora de transmitir o ayudar a pensar a nuestro alumnado. La enseñanza no es ni puede ser neutral. La pretendida neutralidad está siempre a favor de los poderosos: hay que tenerlo en cuenta cuando defendemos el trabajo que hacemos los enseñantes.

Hacer correr noticias falsas y aberrantes es propio de los medios de derechas. Los franquistas ya lo utilizaron a lo largo de la guerra española y durante los 40 años de dictadura. Estamos ante una ofensiva muy clara contra la escuela pública, contra la enseñanza en libertad, contra la igualdad de oportunidades. Aquí está el núcleo de la ofensiva, mientras que la tontería del pin es la cortina de humo para que olvidemos la clave de la situación. Quieren revertir los avances, pequeños o grandes, conseguidos desde el final del franquismo. Quieren volver a la época oscura y autoritaria. Quieren evitar que—como dice el maestro protagonista de La lengua de las mariposas (1999), del recientemente fallecido José L. Cuerda— toda una generación sea educada en libertad; porque este hecho sería irreversible.


Joan Mª Girona es maestro y psicopedagogo










SUATEA: La LOMLOE mejora aspectos lesivos de la LOMCE, pero es una oportunidad perdida para avanzar hacia la Escuela que queremos

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Con la aprobación de la reforma de la LOE-LOMCE por parte del Consejo de Ministros, se inicia la tramitación parlamentaria de la nueva Ley educativa.

Desde SUATEA, celebramos sin duda la eliminación de los aspectos más lesivos de la LOMCE (segregación del alumnado, eliminación de competencias a claustros y consejos escolares, calificación de la materia de Religión, reválidas, etc.), pero echamos de menos una apuesta más valiente que permitiera hacer realidad algunas de nuestras reivindicaciones HISTÓRICAS: eliminación de los conciertos educativos, la enseñanza religiosa fuera del currículo, la reversión efectiva de los recortes aplicados a la educación a partir de 2012, etc. 

Celebramos que la coeducación, la inclusión e incluso la crisis climática sean aspectos centrales de la exposición de motivos, pero hay otros aspectos y algunas carencias que suponen estar lejos de la transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita:

  • La red de centros. La doble red pública/red concertada del sistema educativo español representa una anomalía dentro de la Unión Europea. Es evidente que la existencia de la doble red de centros ha supuesto y supone la segregación del alumnado, aspecto pernicioso y dañino que atenta contra un principio básico: la Escuela debe ser el principal elemento de integración y cohesión social, y sólo la Escuela Pública puede jugar ese papel fundamental. Por tanto, desde SUATEA habríamos apostado por una nueva Ley que supusiera, de forma definitiva, el fin de la red de centros concertados, como históricamente reivindica gran parte de la sociedad.
  • Los currículos y los ejes transversales. En la nueva Ley se hacen numerosas alusiones a los llamados ejes transversales (valores), pero entendemos que estos valores deben concretarse en el currículo de cada materia y tener reflejo en las programaciones. Es necesario exigir su cumplimiento, pues solo de esta forma tendrán el protagonismo que se merecen. Los currículos de las diferentes materias deben ser objeto de una honda revisión, tanto cualitativa como cuantitativa. 
  • La gestión democrática de los centros. Es necesario avanzar en un funcionamiento más democrático de los centros, pues la elección de las direcciones sigue dependiendo en gran medida de la Administración.
  • La religión, fuera de la Escuela. Es necesario avanzar hacia la laicidad del sistema educativo.
  • Los aspectos relacionados con la inclusión y la equidad deben ser una prioridad para mejorar el sistema educativo con perspectiva social y no mercantilista. Hay muchos aspectos que hay que mejorar de forma urgente: la desigualdad, que en muchos casos se ve empeorada por una creciente segregación educativa por motivos socioeconómicos; altas tasas de abandono escolar; el riesgo de pobreza y exclusión social; y una atención a la diversidad que no responde a las necesidades del alumnado, que está mal dotada en cuanto a recursos y que se traduce en muchas ocasiones en abandono y exclusión escolar. Para afrontar esta situación, reclamamos revertir los recortes de los últimos años y mejorar la dotación presupuestaria de la escuela pública respecto a:
  1. Reducción de las ratios, imprescindible para una atención personalizada del alumnado.
  2. Revisión de las condiciones laborales del profesorado: reducción de jornada lectiva, facilidades para la formación permanente, estabilidad de las plantillas, planes de estabilidad para el profesorado interino, etc.
  3. Refuerzo de los Equipos y Departamentos de Orientación para mejorar la convivencia en los centros educativos y atender la diversidad en las aulas.
Por otra parte, es preocupante que el Ministerio de Educación no haya convocado ninguna mesa de negociación con los sindicatos, ni que haya escuchado a la comunidad educativa para consensuar una nueva Ley, que es una reforma de la LOMCE y un retorno a la LOE que en su momento SUATEA y los STES-i ya calificaron de insuficiente. Se ha perdido una oportunidad para que el profesorado y la comunidad educativa, que son quienes finalmente aplican la ley, puedan opinar y debatirla en profundidad.

En suma, la LOMLOE supone una mejora respecto a la LOMCE porque elimina sus aspectos más lesivos, pero es claramente insuficiente para quienes esperábamos un compromiso claro e inequívoco con la Escuela Pública, un compromiso con una escuela laica, inclusiva, equitativa, compensadora de desigualdades, coeducativa, democrática, comprometida con un mundo más justo y respetuosa con las lenguas y culturas territoriales. La aprobación de la LOMLOE supone una oportunidad perdida para avanzar hacia la Escuela que queremos.

El Secretariado de SUATEA


Más de 12.500 millones de ingresos y casi 400 de beneficios atraen a nuevos inversores al negocio de la escuela privada

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La concertada, que bate año a año récord de ingresos públicos, alcanza un volumen de negocio de 10.050 millones

Un aula de un colegio concertado valenciano / Mónica Torres

Ángel Munárriz, InfoLibre
Más de 12.500 millones de euros de ingresos en un año. Cerca de 400 millones de beneficios. Y un creciente interés de los inversores. Son los trazos que describen la dimensión económica de la educación privada no universitaria en España. Se trata de un sector poco conocido, resistente a la concentración, donde no sobresale ningún transatlántico empresarial y destaca el papel de la Iglesia. Es una área de actividad distorsionada por esa figura híbrida típicamente española, la educación privada financiada con fondos públicos, la llamada concertada, que compite con reglas distintas en un raro ecosistema mixto, en el que la fuerza del mercado intenta ganar espacio a la planificación de la autoridad educativa.

Detrás de todos los debates políticos vinculados al "sistema mixto" o la "red dual", ¿qué cifras contantes y sonantes componen la realidad económica del negocio de los colegios privados, con más de dos millones y medio de alumnos?

INGRESOS


Los datos más recientes los ofrece el Observatorio Sectorial DBK de Informa, filial de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). El sector de los colegios privados –privados-privados y concertados– en España, que suman en torno a 9.400, tuvo en 2019 unos ingresos de 12.625 millones, un 0,91% más que en 2018. La línea es creciente desde 2014, cuando los ingresos fueron de 12.000 millones. Ha subido un 5,2%

De la cifra global de ingresos de 2019 (12.625 millones), 10.050 millones, un 79,6%, corresponden a la educación concertada, que subió un 0,09% con respecto al ejercicio anterior. Es el tercer año consecutivo en que el negocio de la concertada en España supera los 10.000 millones. Más de la mitad de estos ingresos provienen de fondos públicos. Recorriendo la serie de informes de este observatorio –que se basa en las cuentas empresariales de los centros no universitarios–, consta un sostenido crecimiento interanual de los ingresos de la concertada, en ningún caso desmedido, siempre por debajo del 1%. Entre 2015 y 2018, los ingresos de la educación privada financiada con fondos públicos han pasado de 9.895 a 10.050 millones de euros, una subida total del 1,56%, lenta pero ininterrumpida.

Los ingresos de la privada-privada han pasado de 2.155 millones en 2015 a 2.575 en 2019, un incremento del 19,48%. Una subida mucho más pronunciada.

BENEFICIOS


Para ver los datos de beneficios hay que ir al Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, al apartado de resultados corrientes de la Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada. Su última edición es de 2014-2015. Ese curso, había en España 9.334 centros educativos no universitarios, una cifra que se ha mantenido bastante estable hasta hoy. Sus beneficios alcanzaron en 2014-2015 los 385,14 millones, de los que 205,64 correspondieron a los concertados y casi 180 a los privados-privados. En este dato entra toda la educación no universitaria: Infantil de primer y segundo ciclo, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Si sólo nos centramos en Primaria y Secundaria, ambas obligatorias, los beneficios son de 248,96 millones, de los que 136,55 millones son para la concertada.

El resultado de beneficio global no hay que mirarlo a la luz de los ingresos detectados por DBK, sino del propio INE. En 2014-2015, los ingresos de los colegios privadosascendieron según el INE a 10.963,79 millones (más de mil millones menos que los calculados por Informa para 2014 o 2015, cuya estimación es "más alta", aclaran desde la empresa). Unos beneficios de 385,14 millones sobre unos ingresos de 10.963,79 suponen un porcentaje del 3,51. Pero no es homogéneo en los privados-privados y los concertados. Los primeros son mucho más eficientes, atendiendo a la relación entre ingresos y beneficios. Con unos ingresos de 8.518 millones, los concertados obtuvieron en 2014-2015 un resultado positivo de 205,64 millones, el 2,41%, según los datos del INE. En cuanto a la privada-privada, con unos ingresos de 2.445,55 millones, logró un resultado favorable de 179,49 millones, un 7,33%.

La enseñanza privada-privada es más eficiente que la concertada, mirando su rentabilidad. Apunta a la misma conclusión el examen hecho por Informa de las cuentas de pérdidas y ganancias de una treintena de empresas "muy orientadas la mayoría de ellas a la gestión de colegios privados no concertados" y con una facturación anual de 550 millones de euros. Los tres ratios de rentabilidad ofrecen cifras más que aceptables: 10,6% de ROE (Return of Equity, resultado del ejercicio entre patrimonio neto), 8% de ROI (Return on Investment, resultado de explotación más ingresos financieros entre activo total) y 9,6% de ROS (Return on Sales, resultado de explotación entre ventas y otros ingresos de explotación).

ESTRUCTURA DEL SECTOR

Nueve grupos, a los que se suma el papel central de las congregaciones religiosas, destacan en un mercado que sigue muy atomizado
La línea de los beneficios es descendente, aunque sólo es posible ver una muestra siguiendo los datos del INE, cuya última encuesta es sobre el curso 2014-2015, cuando sumaron a 385,14 millones. En el curso 2009-2010, sólo cuatro ejercicios antes, los beneficios alcanzaron los 490,59 millones. La bajada, de 105,45 millones, se concentró fundamentalmente en la enseñanza concertada, que se dejó 90 millones.

Víctor Núñez, consejero delegado de Éxito Educativo, web de análisis en profundidad del sector, da claves para entender estos datos. "Hay que tener en cuenta que la educación concertada, en su mayor parte, sigue en manos de congregaciones religiosas, que en sí mismas no tienen ánimo de lucro, y de fundaciones", señala Núñez.

El origen de la concertada, la incorporación de facto a la red pública en 1985 de la densa red de centros tejida por la Iglesia desde el siglo XIX para atender un pico de demanda educativa vinculado al boom demográfico y al cambio cultural, condiciona aún la realidad actual del sector. Se trata de congregaciones con una vocación de influencia social, religiosa, ideológica que supedita incluso al fin económico. Conviene recordar que, en paralelo al progreso de la secularización, la Iglesia viene compensando en las aulas su pérdida de influencia en el púlpito. Además, la red de colegios concertados le sirve de cantera para su red universitaria católica, que vive una auténtica primavera económica [ver aquí].

"Es diferente el caso", apunta Núñez, "de la llamada nueva concertada, con origen en cooperativas o empresas privadas, sociedades anónimas o limitadas, donde sí hay un ánimo de lucro, legítimo por otra parte".

La fuerte competencia entre las redes pública, concertada y privada se erige como una posible explicación del retroceso de los beneficios en el ciclo 2009-2015 que desvelan los datos del INE. El consejero delegado de Éxito Educativo es cauto en el análisis, pero recuerda que es un sector exigente. "Los centros han tenido que que hacer inversiones fuertes, acometer la transformación digital, modernizar infraestructuras... No es fácil. Y además, ha habido una caída de la natalidad que los colegios notan, naturalmente", señala. No obstante, Núñez cree que es un sector interesante para un capital en busca de "refugio en tiempo de crisis".


MOVIMIENTOS Y COMPRAS


Ese interés está demostrado por los hechos. Víctor Núñez detectó hace casi un año una tendencia creciente. "Hemos visto la compra de los colegios San Patricio por parte de grupos internacionales como Inspired, pero antes entraron otros grupos y fondos internacionales como Providence Equity Partners, que adquirió el grupo Nace Schools; el grupo sueco IES (Internationella Engelska Skolan) con la compra del Grupo Educativo Iale-Elian’s [...]; o antes International School Partnership, con los siete colegios Laude", señala Núñez en su artículo Algo se mueve en el negocio de la educación.

Los movimientos no atañen sólo a la educación privada-privada, sino también a la concertada, "tradicionalmente en manos de la Iglesia", señala Núñez, pero a la que "se han ido sumando otros tipos de titularidad como las cooperativas, centros fundados o comprados por grupos inversores de sectores como la hostelería, la alimentación, la construcción...". "Algunos de ellos, tristemente, han ocupado titulares por estar vinculados en su origen a tramas de corrupción", añade Núñez, en referencia al caso Púnica.


PRINCIPALES GRUPOS

El Opus Dei, cadenas internacionales e históricos del sector de la educación gozan de posiciones relevantes
Informa, en su estudio sobre el curso 2018-2019, detecta también que "en los últimos años se han implantado en el sector grupos educativos y fondos de inversión extranjeros a través de la compra de sociedades gestoras y centros ya operativos, configurando nuevos grupos de cierto tamaño".No obstante, el sector presenta todavía una alta fragmentación, reuniendo los cinco primeros operadores –excluyendo congregaciones religiosas– solo el 2,80% de los ingresos totales generados en 2018 por los centros privados concertados y no concertados.

¿Cuáles son los principales grupos ya implantados? Preguntada por infoLibre, Informa responde con un listado de nueve grupos: Globeducate, que controla los colegios Ágora, comprados en 2017 por el fondo estadounidense Providence Equity; Gredos San Diego, especializado en concertada; Attendis y Fomento de Centros de Enseñanza, ambos vinculados al Opus Dei, que trabaja tanto enseñanza privada como concertada, y cuya posición sobresale en la educación diferenciada por sexos–niños y niñas separados–; Institució Familiar d’Educació, con mucho arraigo en Cataluña e ideario católico; Educación y Sistemas; las cadenas internacionales International School Partnership e Inspired; y la histórica Institución Educativa SEK.

UN MODELO EN EL PUNTO DE MIRA


El punto más delicado del espectro es la concertada, porque forma en la práctica parte de la red pública, al ser pública su financiación, pero se trata de centros privados. La ley Celaá ha puesto la concertada bajo el foco. La ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá, insiste en que su objetivo no es alterar la correlación de fuerzas entre la red pública-pública y la red privada financiada con fondos públicos, a pesar de que los datos indican un desequilibrio a favor de esta última [ver aquí y aquí]. Pese a las palabras de Celaá, la supresión de la "demanda social" como eje de la planificación de plazas y las medidas contra la segregación escolar han sido interpretadas por el sector de la concertada como una amenaza a su estatus. Escuelas Católicas –que afirma representar al 60% de los centros concertados–, la Confederación Católica de Padres de Familias (Concapa) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) han dado la alerta contra la norma.

A menudo el conflicto es planteado como si sólo hubiera una discrepancia sobre la idea de modelo: más "libertad de elección" para las familias, como defienden estas organizaciones y PP, Cs y Vox, un esquema ensayado en la Comunidad de Madrid y que ahora se empieza a imitar en Andalucía; o más control sobre los procesos de asignación de plazas por parte de la autoridad educativa, el modelo que –con matices– propugnan PSOE y Unidas Podemos. Pero no es sólo eso. Hay intereses detrás. El sector de la educación concertada ingresa más de 10.000 millones de euros euros al año, con un beneficio que ronda los 200 millones.

Más de la mitad de estos ingresos provienen del Estado. El gasto público en conciertos y subvenciones a la educación privada supuso en 2018 un total de 6.342 millones de euros, según datos del Ministerio de Educación. El gasto público en la red concertada viene creciendo a mayor ritmo que el gasto público en la red pública. La primera bate año a año su récord, mientras la segunda sigue por debajo de los niveles de inversión anteriores a la crisis. Este auge de la educación concertada se produce mientras el gasto público educativo en relación con el PIB está en un 4,23%, lejos de su récord de 2009, cuando alcanzó un 5,04%. El gasto público en educación con respecto al total del gasto público (10,13%) también está por debajo de 2009 (10,9%) y 2008 (11,25%).

¿Qué es la educación pública?

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En estos últimos años se han venido aplicando políticas educativas neoliberales o, lo que se ha venido a denominar, la modernización conservadora. La mirada de esa modernización está puesta, más bien, en la obtención de beneficios privados y en desviar los fondos públicos a favor de un modelo de escuela que beneficia a quienes más tienen y al servicio de los intereses de sectores ultraconservadores.



Escriben:Francisco ImbernónFrancesca SalváJavier Esteban MarreroEnrique Díez
Por otra política educativa
El Diario de la Educación

En estos momentos, en que hay de nuevo un gran debate sobre los cambios que hacer en la educación y la comunidad educativa pide eliminar los embates y recortes a la educación pública que se hicieron en la etapa gubernamental anterior y que actualmente se aplican por gobiernos conservadores en alguna comunidad autónoma, es importante preguntarse ¿qué es la educación pública?

Si analizamos el nacimiento de la educación pública y nos centramos en Europa, encontramos un francés, Condorcet, que, en 1792, escribió Informe y proyecto de decreto para la organización general de la instrucción pública. En Condorcet encontramos los principios iniciales de la educación pública que todavía, siglos después, son muy actuales:

  • La laicidad del currículum.
  • Educar ciudadanos autónomos.
  • Educar a todos y en todas las edades.
  • La separación escuela-iglesia-poderes.
  • La igualdad en el acceso en la educación de hombres y mujeres.
  • El no sectarismo de las minorías.

Y también una educación pública comportaba que la enseñanza no estuviera en manos de la Iglesia, y que la infancia debía ser educada por profesionales laicos, no religiosos. También que era necesario que el Estado se ocupara de la educación creando un Ministerio. Empezaba lo que se ha denominado una educación pública y general, o sea, para todos y todas. En contra del absolutismo y a favor de las repúblicas (siempre ha existido relación entre educación pública-república y democracia). Defendiendo lo que es público, lo que es de todos y para todos, abogando por una educación pública no clasista ni segregadora, para promocionar y defender la democracia de los pueblos.

¿Y estos principios de la educación pública se están cumpliendo en la escuela pública actual? En estos últimos años se han venido aplicando políticas educativas neoliberales o, lo que se ha venido a denominar, la modernización conservadora. Políticas que más bien se imponen, sin aceptar negociaciones y no precisamente con el enfoque de cohesión social democratizador de la educación pública. La mirada de esa modernización conservadora está puesta, más bien, en la obtención de beneficios privados, y en desviar los fondos públicos a favor de un modelo de escuela que beneficia a quienes más tienen y que está al servicio de los intereses de los sectores más ultraconservadores, pretendiendo una vuelta atrás en cuestiones ya superadas socialmente como la segregación por sexo o la imposición de ideologías religiosas. Y esto puede ir hundiendo, poco a poco, la educación pública.

Por eso es comprensible y necesaria la construcción de barreras, de reivindicaciones educativas sobre lo público, puesto que nos jugamos un futuro democrático y participativo de hombres y mujeres libres. En lugar de aceptar las viejas ideas y concepciones del pasado, como si fueran actuales, tenemos que luchar para comprender, interpretar y construir, desde nuestro lugar, sea el que sea, una educación pública diferente y que permita avanzar hacia una verdadera escuela pública.

Hay que revisar los viejos referentes y buscar nuevos que nos permitan apuntalar alternativas. Una nueva visión de la educación pública, que también recupere los ideales y principios básicos de los grandes referentes pedagógicos, es necesaria para ir construyendo una auténtica escuela pública que proporcione a los ciudadanos y ciudadanas las capacidades que les permitan comprender e interpretar la realidad, hacer una lectura crítica de los acontecimientos y del entorno comunitario y contribuir a la construcción de una sociedad más centrada en el bien común y menos en el enriquecimiento individual.

La educación pública, mediante la escuela pública, la de todos y todas, tiene que ser capaz de proporcionar elementos para lograr una mayor independencia de juicio, de deliberación y de diálogo constructivo. Tiene que ser capaz de ayudar a transformar las relaciones de las personas con la sociedad a la busca de procesos de justicia.

Tenemos que continuar reivindicando una educación pública para aprender a vivir juntos, para la construcción de una verdadera democracia. Ser ciudadano o ciudadana es un proceso donde la educación y la cultura tienen un papel clave. A ser ciudadano o ciudadana se aprende y, por lo tanto, puede ser enseñado. El derecho a la ciudadanía representa el derecho a la libertad, a la democracia, a una nueva manera de vivir el sistema social. Y esto solo hace la educación pública, una educación sin adoctrinamiento partidista, sin exclusión ni segregación, porque es la única que garantiza la cohesión social y el derecho a la educación de todos y todas sin exclusiones de clase social, etnia o sexo.

Por eso, para desarrollar todo esto, los gobiernos tienen que ser garantes de lo que es público y de todos y todas. Esto solo es posible si se invierte más, mucho más, en la educación pública (de ahí una demanda de aumento del PIB en educación para alcanzar a los países de la UE), puesto que es el futuro de una sociedad justa, una ciudadanía responsable y democrática.

Quienes creemos en los principios de la educación pública, tenemos la obligación de continuar trabajando y luchando para que la escuela sea verdaderamente pública. Esta es la única que garantiza el derecho de la educación de todos y todas, para que todo el mundo pueda recibir el máximo de oportunidades en todas las facetas de su vida. O sea, una educación pública que prepare ciudadanos y ciudadanas para luchar y defender una verdadera democracia justa y participativa


En situaciones excepcionales, medidas excepcionales_Mareas por la Educación Pública

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Mareas por la Educación Pública

MAREAS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MARCA EL CAMINO DEL FINAL DEL CURSO ESCOLAR ANTE LA AMBIGÜEDAD DE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS".

Lo que se va conociendo sobre la gestión del fin de curso escolar en una situación excepcional como la que vivimos -el informe del CEE, lo que se filtrado de la reunión con el Secretario de Estado de Educación, declaraciones de consejeros de educación autonómicos- es confuso, contradictorio y lleno de ambigüedades.

Sin embargo, todo apunta a que las autoridades educativas pretenden salvar a toda costa la maquinaria burocrática (cumplir con la 3ª evaluación) pasando la patata caliente a los equipos educativos, en nombre de la supuesta y famosa autonomía de los centros. Al mismo tiempo se le manda al profesorado un mensaje: hay que «impedir que los estudiantes se “relajen”», hay que evitar “la relajación de la tensión educativa”. En una situación excepcional declarada estado de alarma, resulta francamente obsceno hablar del sistema educativo en estos términos, como un campo donde hay que mantener la tensión, es decir, la competencia. 

La administración educativa tiene la obligación de hacer una propuesta clara para el fin de este curso escolar y para el curso próximo.
En este sentido, Mareas por la Educación Pública hace la siguiente propuesta:

La propuesta que hace Mareas por la Educación Pública pretende ser lo más clara, concisa y operativa posible y es válida tanto si se retoma la enseñanza presencial como si no. Se intenta evitar entrar en debates para los que no es el momento: no es necesario hablar de aprobado general, de impedir las repeticiones o de promoción de curso generalizada...

Debe quedar claro que con esta propuesta se quiere poner el acento en la preeminencia de la relación pedagógica presencial frente a la telemática: la educación 2.0 puede ser un recurso pero, incluso si se cierra la llamada “brecha digital”, jamás podrá suplantar a la relación pedagógica presencial. El hecho de que todo el alumnado tenga acceso a internet o medios informáticos no garantiza el proceso de aprendizaje por razones obvias: las desigualdades económicas y sociales se hacen ahora más evidentes que nunca y no tienen su origen en las herramientas didácticas que se utilizan.
  1. La materia impartida desde que se cerraron los centros no puede ser evaluable dadas las pésimas condiciones, la disparidad de criterios y de métodos que se han empleado

  2. No avanzar materia de ahora en adelante una vez se retome la actividad tras las vacaciones de Semana Santa. El trabajo telemático que se haga a partir de ahora será exclusivamente de acompañamiento, de repaso y de recuperación.

  3. A efectos de evaluación, el curso se considera cerrado en la fecha en la que se decretó el cierre de colegios en cada comunidad autónoma y solo se evaluarán contenidos desarrollados presencialmente. En consecuencia no habrá 3ª Evaluación y el alumnado que tuviera aprobadas la 1ª y 2ª evaluación se considerará que tiene el curso aprobado. Esto se reflejará en las actas de Evaluación Final que serán en la medida de lo posible presenciales. Conscientes de las particularidades de cada etapa educativa, proponemos que el objetivo de esta evaluación sea el beneficio de cada alumno y alumna. Hay que tener presentes las circunstancias de cada uno, sus posibilidades de acceso a la formación online, tanto por capacidad tecnológica como por la adaptación del currículum que requieren las necesidades educativas especiales. Además esa evaluación debe hacerse consultando con alumnado y familias para tener toda la información y consensuando qué puede ser lo más beneficioso, así como las ventajas o desventajas que podría tener aprobar o suspender una materia.

  4. A partir de la vuelta a la actividad el próximo 13 de abril, la labor de repaso tendrá como principal y prioritario objetivo el intentar contactar y trabajar, a distancia mientras dure el confinamiento, con el alumnado que no haya superado los contenidos impartidos presencialmente hasta la fecha en la que se decretó el cierre de colegios en cada comunidad autónoma para que pueda recuperarlos. Para ello es imprescindible que se cubran todas las plazas de bajas y jubilaciones.

  5. Que este objetivo se pueda lograr, dado que la actividad presencial tardará en retomarse, está condicionado a que se cumpla la promesa hecha desde el Ministerio de que se va a dotar de los recursos necesarios a todo el alumnado que no los tiene a día de hoy. Si no es así, serán los propios centros los que intentarán contactar con ese alumnado y sus familias para informarles de todo esto y valorar la situación familiar y su capacidad para seguir las actividades de recuperación.

  6. En el caso de quienes tengan contenidos pendientes y no cuenten con las condiciones mínimas de dotación y/o no tengan una situación familiar idónea para seguir con el trabajo a distancia, los equipos educativos valorarán preferentemente la opción de promocionarles de curso automáticamente. Esto se reflejará en las correspondientes Actas de Evaluación final.

  7. Las administraciones, los centros y el profesorado contraen el compromiso de llevar a cabo las necesarias adaptaciones de las programaciones del próximo curso. Para ello la administración debe poner los medios adecuados para que también en tiempo normal nadie se quede atrás: menos alumnado por aula y profesor, más docentes, estabilidad de las plantillas, personal y especialistas de apoyo, Equipos de Orientación, PTSC, PTI, AL, ILSE, etc.

Mareas por la Educación Pública
11 de marzo de 2020








Asturias: Colegios concertados: cobrando subvenciones públicas y tirando de ERTE

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CCOO denuncia como fraude de ley “que se reciba dinero para pagar al personal y a la vez, se envíe a las trabajadoras al ERTE”

Foto Pablo Lorenzana

Nortes, 13 de abril de 2020

Varios colegios concertados asturianos, Patronato San José de Xixón, Colegio La Milagrosa de Oviedo/Uviéu, Colegio Nazaret de Oviedo/Uviéu y Colegio José García Fernández de Luarca, están cobrando subvenciones del Principado para pagar los salarios de sus empleados, al mismo tiempo que solicitan al Estado un ERTE para que asuma los costes salariales de las trabajadoras del personal administrativo. De esta forma los colegios se ahorrarían el pago de estos salarios, a costa del erario público y del poder adquisitivo de estas empleadas, que verían sus sueldos menguados en un 30%. 

La federación de enseñanza de CCOO de Asturies ha confirmado estos cuatro colegios, pero esta práctica podría estar desarrollándose en más centros educativos concertados de nuestra comunidad. Según el sindicato “esta situación es sorprendente, si tenemos en cuenta que los centros siguen recibiendo las subvenciones -módulos- con normalidad a pesar del Estado de Alarma. Parece que estos empresarios ven la oportunidad de hacer negocio, también con esta crisis”. CCOO considera que es un fraude de ley que se reciba dinero para pagar al personal y a la vez, se envíe a las trabajadoras al ERTE, cargando a la Seguridad Social el abono de parte de dichos salarios. No sería, nuevamente según el sindicato, la única vía irregular de ingresos de estos centros. CCOO “denuncia que los centros concertados siguen manteniendo la obligatoriedad del pago de la conocida, y no por ello menos ilegal, cuota voluntaria, que cobran a las familias, a pesar de que los centros permanecen cerrados y, por tanto, sin generar gasto alguno”

La federación de enseñanza anuncia acciones legales contra los centros que mantengan los ERTE e insta a la Consejería de Educación a no permitirlos, y exigiendo que, si se mantienen, “se obligue a las empresas propietarias de los colegios concertados a devolver la parte proporcional de las subvenciones recibidas”.




La enseñanza en la nueva normalidad (y en Blade Runner)

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Enrique del Teso, La Voz de Asturias, 9 de mayo de 2020

El resquicio que se abrió en el confinamiento permitió ver, como se ven las cosas por una rendija, el aspecto y el ánimo del país. Parece bueno y precario. Las redes sociales venían siendo como la lumbre de la parrilla, ese espacio donde se acumulan los tiznes y la grasa que pinga de la carne que se brasea. Visto por esa rendija, el país que chisporrotea encima de la parrilla y que deja caer en las redes sociales todos esos chorretones de desecho no parece tan descerebrado ni mal encarado. El aspecto y el ánimo parecen buenos. Pero también precarios. Corriendo por el paseo del Muro, un señor que se cruza conmigo me dedica gestos descompuestos y airados para indicarme las baldosas por las que yo debía correr, según alguna norma imaginaria que no dictó ni la autoridad ni la urgencia. No hice caso a la impertinencia y dejé al cargante perdido en su laberinto. Pero sé lo que hubo en mi interior durante unos metros. No fue la suma universal del odio y la cólera que el capitán Ahab amontonó sobre la blanca joroba de Moby Dick, pero sí anduve unas zancadas mordiendo juramentos. Por eso el ánimo es precario. Ni soy dado a retortijones anímicos ni creo ser bipolar. Vi escenas parecidas estos días. La membrana que separa la bondad de la furia es fina y está fatigada. Tantos ladridos en las redes y tanta mezquindad en la vida pública crean surcos en el ánimo por donde se deslizan después las conductas.

Hablemos entonces algo sobre la enseñanza sin escupitajos, pero sin chuparse el dedo. Esta semana se habló de la vuelta al colegio. Se dijo que alumnos y alumnas se turnarán para ir a clase y quedarse en casa con asistencia telemática. La primera sensación es la de ocurrencia y chapuza. Lo que convierte en ocurrencia esta o cualquier otra medida no es la medida en sí, sino la falta de gestión: falta planificación y movilización de recursos. Hay falta de planificación, porque no están descritos los efectos de la medida y mucho menos conjeturadas sus soluciones. No se sabe cómo se aísla físicamente a una población que juntamos en un espacio en las edades más resistentes al alejamiento físico, ni cómo se protege al profesorado, ni cómo organizan las familias su existencia cuando les toque tener a los niños en casa. Los profesores no tienen instrucciones ni protocolos para una situación desconocida e imprevista. Dicen que ya se hace en otros sitios, pero no analizaron esos casos para establecer procedimientos. Solo hubo gestión burocrática y además escasa.

Y falta movilización de recursos. Aquí hay evidencias que hay que afirmar con intensidad. Cuando venga un nuevo brote de coronavirus, el estrés de la sanidad será menor: los materiales que no había ya se habrán comprado, las mascarillas y respiradores se habrán comprado también, el despliegue hospitalario y el acondicionamiento temporal de espacios sabrá cómo hacerse y se hará a tiempo, no se volverá a llegar tarde y habrá personal disponible para la detección y análisis de la epidemia. Se están movilizando recursos. Nada de esto se percibe en la enseñanza. El sistema educativo necesita recursos, mantener la enseñanza con una epidemia descontrolada es más caro. No se puede tener la mitad de alumnos por aula con la misma cantidad de aulas. No se puede atender a la vez la enseñanza presencial y la telemática con la misma cantidad de profesores y profesoras. No se puede integrar a la población escolar y atender su igualdad de oportunidades si la mitad del tiempo el sistema los va a atender en sus muy desiguales casas con sus muy desiguales familias y sin recursos añadidos. Digamos algo claro. Para el tráfico que hay a las cuatro de la mañana nos sobran autopistas y carreteras. Lo que hace caras las infraestructuras es el tráfico del mediodía. Para los estudiantes de alto rendimiento, con familias universitarias y económicamente desahogadas sobra la mitad de los recursos del sistema educativo. Para mantener a la población en la desigualdad con la que nacen sobran profesores y escuelas. Un sistema clasista que se ocupa solo de los casos más favorables es tan barato como una red de carreteras para el tráfico de las cuatro de la mañana. Lo que encarece el sistema es que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, integrar y no desagregar a la población, subir el nivel de los mejores y que el más desdichado de los ciudadanos tenga la formación que le permita una vida digna. No es un asunto menor asumir de antemano la desigualdad con etiquetas cucas postmodernas como brecha digital y otras mandangas.

Por supuesto, con los recursos para la educación pasará lo que siempre pasa con los gastos sociales: dirán que pone en peligro la economía. Así por ejemplo, hasta la Iglesia mete baza contra la renta mínima vital. El rescate de las autopistas radiales le costó al Estado cientos de millones más de lo que cuesta esa renta en un año y además, en vez de salvar de la pobreza a gente, aquel rescate salvó las ganancias millonarias de empresarios que invierten sin riesgo a costa del dinero de los demás. La Iglesia no dijo nada de aquello ni de los rescates bancarios. Pero sí considera asunto suyo el gasto con los que más lo necesitan; como la patronal, la banca y la derecha, porque a veces la Iglesia sí que habla por tantos. Se necesitan recursos para atender el servicio de la educación. Durante los gobiernos de Rajoy desapareció una plaza docente por hora. Con doble motivo hay que gastar ahora en plantillas, aulas y recursos. Se opondrán los de siempre por los intereses de siempre

La segunda sensación es que se está gestionando la educación con desgana. No se abordan los problemas sino que se quitan de en medio. Y esto no es nuevo. No hay día que no lamente la caída de la profesión periodística. La digitalización, el chismorreo de las redes y la inversión interesada y desvergonzada en la manipulación informativa destrozó plantillas, hizo precarios los empleos e hizo muy difícil la divulgación de los hechos bien asimilada y profesionalmente tratada. Como nos podemos contar las cosas por chat y cualquiera puede divulgar lo que sea por la red social, parece que ya no hace falta el profesional que busca y divulga la información y lo pagamos con la degradación de la vida pública. Un proceso parecido pero con un ritmo más lento puede afectar a la enseñanza. La gente puede creer que se pueden obtener datos de los infinitos recursos de la red sin profesor que te lo cuente. Se multiplicarán empresas que pretendan que el tuning con el que preparan a gente para sus procesos productivos (siempre temporalmente) es la única educación que hace falta. Igual que el oficio que media entre los hechos y su divulgación, el periodismo, se adelgazó para mal de todos, el que media entre el conocimiento y la formación de la gente, la docencia, se adelgaza también y también para mal de todos. El deliberadamente confuso mundo de la «formación» se maneja como el océano en el que se desagua y pierde forma el servicio público de la educación. Transferir la enseñanza del aula a la conexión telemática puede ser inevitable, pero es una pérdida y debe ser temporal. La alegría con que se pretende asumir que sacar al alumnado del aula es poner a la enseñanza al día en el mundo de la información me hace pensar en ese proceso silencioso de disolución de escuelas y enseñantes. Leí hace poco un reportaje en el que se contrastaba la opinión de los profesores con la de los expertos en educación, como si los expertos fueran los que no están en el aula. Vi un reportaje bienintencionado que hablaba de ordenadores donados para las clases telemáticas y mostraba a la Guardia Civil entregándolos a niños de pueblos pequeños. No se mencionaba al docente que hacía los materiales y las tareas que se harían con el ordenador. Era difícil pasar el 2019 sin acordarse de Blade Runner. Si viviera Philip K. Dick, hay una pregunta que no querría hacerle por temor a que me la contestase. ¿Cómo era el sistema educativo en el mundo de Blade Runner?


Philippe Meirieu: ¡Dejemos de idolatrar lo digital!

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Viento Sur publica la traducción realizada por Beatriz Quirós de una entrevista al profesor Philippe Meirieu, sobre las desigualdades que se agravan en situaciones como la actual y sobre las amenazas que los gigantes tecnológicos suponen para la escuela pública. Muchos supuestos expertos en materia de educación están presentando el mundo digital y la enseñanza a distancia como la panacea en los nuevos métodos enseñanza : El profesor Meirieu desmonta esas afirmaciones y nos hace reflexionar sobre la verdadera misión de la escuela.


Viento Sur, Olivier Deoubre (traducción de Beatriz Quirós Madariaga)

Reconocido teórico y pedagogo progresista, Philippe Meirieu estudia desde hace tiempo la escuela y en particular las desigualdades entre niños, las cuales dificultan su misión emancipadora y educadora. Desde el cierre generalizado de los centros escolares en Francia a causa de la crisis de la Covid 19, analiza los problemas suscitados por la enseñanza a distancia vía Internet. Frente a la “brecha digital” y a las desigualdades sociales, recuerda sobre todo el papel esencial para el desarrollo de niños y niñas, de la institución escolar, indispensable lugar de lo colectivo y de solidaridad.
Explica usted en un texto reciente que esta crisis del coronavirus ha mostrado descarnadamente “la importancia de hacer/dar clase, o de hacer escuela” [1]que es indisociable de un “espacio-tiempo colectivo y ritualizado donde la palabra tiene un estatus particular”. Pero, sobre todo, cómo “las herramientas digitales de hoy parecen portadoras de una lógica individual y tecnicista”. ¿De qué pecan hoy esas herramientas digitales?
PhilippeMeirieu. Me gustaría retroceder en el tiempo para recordar los fundamentos de la escuela republicana, según Jules Ferry pero también según la persona responsable de teorizar dicho proyecto: Ferdinand Buisson, que señaló en su célebre Diccionario de Pedagogía e instrucción primaria que la escuela no sólo es un lugar donde aprender, sino un lugar para “aprender juntos”. Y la palabra “juntos” es tan importante como la palabra “aprender”.

Desde el principio éste ha sido un proyecto claro y muy explícito de la República, que más adelante fue muy revitalizado tras la guerra de 1914-1918, momento en el que nació un gran movimiento de intelectuales, de universitarios y de obreros que se llamaba “Los Compañeros de la universidad nueva” y cuyo lema principal era que los hijos e hijas de quienes habían padecido juntos en las mismas trincheras pudieran aprender unos al lado de otros, en los pupitres de la misma escuela. Esta voluntad fue reafirmada más tarde de manera bastante extraordinaria por quien fue sin lugar a dudas el mejor ministro francés de la Educación Nacional, Jean Zay, durante los gobiernos del Frente Popular. Consiguió hacer de este encuentro entre individuos para construir lo común, el corazón de la escuela republicana. En resumidas cuentas, es este el proyecto que constituye la base del documento elaborado por el Consejo nacional de la Resistencia, el plan Langevin Wallon, que sigue siendo mítico en la materia para la izquierda: la idea de una escuela común que es una institución colectiva y, puesto que necesita un vínculo social, también es una institución de la sociedad.

Respecto a esos puntos clave, se ha visto durante estos últimos años que los medios digitales iban a poder sustituir a la escuela.
¿Cómo se manifiesta esto?
Cada año se desarrolla en Doha un gran foro, el “World International Summit of Education” (Wise), financiado por la tercera esposa del emir de Qatar, al que se invita a los grandes señores del mundo digital, en particular de los Gafam[2]. De año en año, se ve cómo aumenta fuertemente la influencia de este Wise, que ya va por la novena edición y que recientemente se ha descentralizado, sobre todo en Francia, con la participación de los más importantes periódicos del país.

La idea que ha ido avanzando poco a poco es que la clase, la escuela, sería una forma obsoleta de enseñanza que se debería sustituir por un sistema (que ya está en las entrañas de Google) en el que se realizarían test a los niños y niñas de una manera sistemática para saber cómo funcionan desde el punto de vista de su inteligencia. A partir de ahí, a cada individuo se le propondría un programa de enseñanza estrictamente personalizado que sería, evidentemente, vendido a las familias y que permitiría a los niños y niñas cursar en sus casas, en su ordenador, todas las asignaturas gracias a un servidor gigante potencialmente situado en la Islas Caimán¡ para evitar su control fiscal¡

Si se leen los informes anuales del WISE (por ejemplo, en Le Monde, que es promotor de esa “cumbre” y cuyas páginas para hacerle publicidad compra además Qatar), se darán ustedes cuenta de que los Gafam, sobre todo una sociedad como Microsoft invierten cantidades absolutamente colosales basándose en unas perspectivas como esas a corto o largo plazo. Los desafíos financieros son enormes y esos proyectos se retoman en Francia por parte de las llamadas “EdTech”, es decir, empresas que proponen nuevas “tecnologías de la educación” y quieren vender programas informáticos individuales.

Lo cual, según usted, sería fuente de un cierto número de problemas.

Una perspectiva así conlleva una serie de problemas extremadamente graves. En primer lugar, evidentemente, el hecho de realizar test a todos los niños y niñas a partir de una cierta edad y de considerar que el resultado dictaría inevitablemente su desarrollo futuro-como si no hubiera acontecimientos susceptibles de poder modificas su historia. Además, esta evaluación, - fijada en un momento concreto a partir del comportamiento del niño registrado en un ordenador o una tableta- permitiría la construcción de programas informáticos que supuestamente estarían adaptados a todo lo que se hubiera detectado en ese niño tal como aptitudes, preferencias, modos de funcionamiento, estrategias de aprendizaje, etc.

Los que alaban una propuesta como ésta explican que es imprescindible que los franceses se pongan a ello pues de lo contrario serán programas informáticos estadounidenses los que se llevarán este gigantesco mercado. Hay en esto intereses financieros colosales puesto que una de las claves de la crisis que atravesamos actualmente es saber si los Gafam van a verse reforzados y convertirse en superestados con inmensos poderes o si vamos a reapropiarnos de la informática en el marco de una economía colaborativa. Por ejemplo, e incluso si desgraciadamente no parece que se vaya a emprender este camino ¿Vamos a utilizar deliberadamente programas informáticos libres en vez de los de los Gafam? ¿Vamos a privilegiar la economía colaborativa, participativa, aunque sea incipiente, tipo Wikipedia, que es una enciclopedia colaborativa? ¿O los Gafam saldrán como grandes vencedores de esta crisis? Y en el propio funcionamiento de la escuela ¿Conseguirán desempeñar un papel cada vez más importante en lo que respecta a la relación pedagógica y a la transmisión de saberes? Se trata de un desafío económico, social y pedagógico enorme, pues, si se diera el caso, asistiríamos a una forma de homogeneización, de individualización, de fragmentación y sobre todo desfinanciarización de la educación.

¿Esta inquietud se extiende también al papel del propio docente?

Efectivamente. Hay que recordar que el docente no solo es un distribuidor y un corrector de clases y de ejercicios, de fichas y de programas. El docente es un experto en el aprendizaje; es una persona que toma informaciones en la clase, que observa, adapta, regula, que utiliza herramientas pero que las modifica también poco a poco y que es capaz de crear ayuda mutua, interacción, cooperación, es decir capaz de suscitar lo común.

Se habla hoy en día de solidaridad a ultranza y en efecto se descubre que todas las personas tenemos un destino común debido al virus. Pero la pregunta que se plantea es saber si la escuela será capaz de crear lo común, o si se limitará a yuxtaponer alumnado delante de ordenadores. Un modelo así, que se habría infiltrado con motivo del confinamiento, ¿no va a imponerse progresivamente en detrimento del carácter colectivo, instituyente de la escuela, y de su misión fundamental, que es permitir a los niños y niñas descubrir que el bien común no es la suma de los intereses individuales?

Acaba usted de esbozar lo que sería el peor escenario para la escuela. Pero ¿qué escuela sería la deseable para usted?

Es incontestable que la enseñanza a distancia, a través de internet, ahonda las desigualdades. Sin entrar siquiera en la cuestión del acceso a internet como tal, éste incrementa las desigualdades ya que pone de manifiesto una cierta aculturación. Si cito algunos versos de un poema de Paul Valéry y quiero buscar a su autor, es evidente que ya tengo que conocerle de antemano. Si no lo conozco, no puedo buscarlo. Este es uno de los ejemplos más básicos que muestran que lo digital incrementa las desigualdades entre el alumnado.

Lo digital es útil para quienes pueden ser considerados como “regulares” o “buenos” (con todas las comillas posibles) y “aplicados” o “concienzudos” Se les dan ejercicios para hacer o se les proponen textos que leer, se les sugieren actividades para realizar… Y en general lo hacen y esto puede serles provechoso. Por el contrario, el problema aparece claramente para sus compañeras y compañeros menos “dotados”, es decir, aquellos para los que ya no están motivados por el trabajo, los que no saben organizarse y no saben hacer las distinciones elementales entre lo que es más útil y lo que es más fácil. Porque la característica de un “buen alumno” es que a menudo va a empezar por lo más difícil porque sabe que es lo más útil. Y lo más fácil no lo hará porque ya sabe hacerlo. Mientras que el alumnado con dificultades empezará por lo más fácil y lo que ya sabe hacer y no hará lo más difícil o lo que no sabe hacer o lo que le parece más difícil. En esto se bien que el mero hecho de proponer la realización a distancia de ejercicios estandarizados ahondará las desigualdades.

El propio presidente Macron ha hablado de la necesidad de luchar contra las desigualdades, reconociendo así que la enseñanza a distancia las aumentaba, y es la razón por la que decide la reapertura de las escuelas el día 11 de mayo. Evidentemente uno puede preguntarse sobre los verdaderos motivos de esta medida, que podrían ser en primer lugar económicos en la medida en que permitirán a los padres y madres volver al trabajo.

¿Sabemos en qué medida se han incrementado las desigualdades?

Jean-Michel Blanquer[3] ha indicado que entre el 5% y el 8% del alumnado se ha “descolgado”. En este momento, tenemos una idea imprecisa del número de alumnado con quienes se ha podido establecer contacto por teléfono o internet o entregándoles los deberes en papel, lo cual ha empezado hace dos semanas. Si mis informaciones son exactas (a través sobre todo de un sondeo de France Info realizado en algunos institutos) la proporción de alumnado bien sea que se habrían descolgado completamente, o que no son atendidos regularmente por los profesores, o que no han entregado puntualmente los ejercicios alcanzaría alrededor de 40% en los Institutos de Formación Profesional y llegaría a un 20 % en otros centros escolares. Lo cual dista mucho de ser desdeñable. Por eso digo que debemos dejar de idolatrar lo digital. De hecho, esto sólo resuelve problemas para quien no tiene problemas, es decir quienes tienen ganas de aprender, son ya autónomos y tienen un entorno familiar favorable. Para los demás ¡nunca se podrá competir con los videojuegos y las series de Netflix ¡

Entonces, ¿lo digital sólo tiene aspectos negativos?

Se constata que tanto el profesorado como el alumnado se refieren a la necesidad de lo colectivo. Esta colectividades muy complicada de construir a través de lo digital, pero hay colegas que lo logran. Se observa igualmente que algunos docentes llegan a crear relaciones entre su alumnado, es decir a promover escritura colectiva. He visto a algunos que hacen incluso teatro por internet. Pero sigue siendo muy difícil de construir y la inmensa mayoría del profesorado no está formado para ello. Además, las herramientas de las que disponemos no invitan a ello espontáneamente. No son realmente elementos de una economía colaborativa, donde las nuevas tecnologías serían un instrumento de cooperación. Las nuevas tecnologías hoy siguen estando guiadas por intereses financieros que hacen de ellas esencialmente una herramienta de consumo. Ahora bien, nuestros niños y niñas, para aprender, pero también para su equilibrio personal, necesitan lo colectivo.

¿Se alegra usted de la vuelta a las clases anunciada para el 11 de mayo?

A pesar de todo lo que acabo de decir, tengo sentimientos encontrados. Como la mayoría de los docentes, estoy muy preocupado por un rebrote de la pandemia, de la llegada de una segunda ola. Tengo miedo de que, con ausencia de preparación, sin desinfección completa de las escuelas, con la falta de mascarillas, vuelva la epidemia. Pero al mismo tiempo observo que hay muchos niños cuya soledad escolar es muy grande, aunque sean varios hermanos y hermanas, que viven muy mal esta situación y que necesitan de lo colectivo. Todos los psicólogos lo dicen desde hace tiempo: un niño o una niña no se desarrolla sin un contacto con el grupo. Además- y yo ya tenía esta convicción antes de la crisis- un niño o una niña no se desarrolla bien si no es en cooperación con los demás.

La escuela que yo anhelo es una escuela de la solidaridad. La competencia será suplantada por una solidaridad mayor, donde el alumnado (y los profes, por otra parte) no tendrán sistemáticamente que ser evaluados en permanencia sobre contenidos estandarizados sino contribuir a realizar proyectos colectivos. Espero que sea hacia ahí hacia donde vayamos, pero aún no se ha llegado a esto…. Existe el riesgo de que se escoja por el contrario la vía de un individualismo exacerbado y de un deseo cada vez mayor de un arribismo individual.

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[1] (NDLT) PhilippeMeirieu reflexiona en un artículo reciente « L’Ecoled’après »…. avec la pédagogied’avant ? sobre lo que hoy puede pensar el profesorado confinado que intenta mantener la “continuidad pedagógica”, es decir que el acto pedagógico no es una simple yuxtaposición de intervenciones individuales, sino una construcción, material y simbólica a la vez, de la Escuela: aprender juntos gracias a la figura tutelar del maestro quien al mismo tiempo crea lo común y acompaña a cada alumno o alumna en su singularidad. Esta dialéctica entre lo colectivo y lo individual, el descubrimiento de lo que une al alumnado y de lo específico en cada uno de ellos o ellas es, en efecto, lo que “hace la Escuela”.

[2]  Acrónimo para Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, es decir las cinco mayores sociedades de internet cuyos presupuestos equivalen o sobrepasan a los de los Estados más ricos del planeta.

[3] Ministro de la Educación Nacional(NDLT)

Educación pública más que nunca: entre el Estado y la comunidad

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Nadie duda que la salud es un servicio público imprescindible. Pero ¿existe la misma conciencia y percepción acerca de la educación? En la situación actual se precisan planes de choque preventivo para que sea accesible a toda la población.


Jaume Carbonell, El Diario de la Educación, 27 de mayo

Los gobiernos que ahorran gastos en los últimos años recortando servicios de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia”, sostieneIgnacio Ramonet en “Un hecho social total”, un brillante y documentado artículo con toda suerte de datos y sólidas argumentaciones. En efecto, a partir de la crisis del 2008, las políticas antisociales de buena parte de los gobiernos -a quienes no les ha temblado el pulso a la hora de aplicar severos recortes en salud, educación y bienestar social- se han visto complementada con los procesos de privatización siguiendo la consigna sacrosanta de más mercado y menos Estado. Ahora pagamos las consecuencias y todo son improvisaciones y buenas promesas para lo que viene en llamarse “la nueva normalidad”.

Nadie discute, por razones obvias, que la sanidad es un servicio público esencial e imprescindible, ¿pero lo es la educación en las prioridades de la agenda política y en la conciencia de la ciudadanía? Nadie pone en duda que, por razones diversas, es importante y todo el mundo se atreve a opinar y a pontificar sobre cómo debería ser la educación y lo que debería hacer el profesorado, aunque muchos opinadores hace tiempo que dejaron las aulas. Pero, más allá de la retórica, la frontera entre lo importante y lo imprescindible es abismal.

Ahora en que buena parte de los analistas coinciden en que los Estados deben recuperar su protagonismo es la hora también de que la educación pública para toda la población, desde la educación infantil hasta la universidad y la educación de personas adultas -desde la cuna a la tumba-, merezca la estima y la dignificación que se merece. Para ello se requiere, sobre todo, asentar bien estos dos pilares: la acción del Estado -de sus administraciones centralizadas y descentralizadas- y el compromiso de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familia y otros profesionales educativos y actores sociales. Solo a partir de esta convergencia de sensibilidades y voluntades se puede construir la escuela pública comunitaria: la escuela del pueblo y para el pueblo.

Al Estado le corresponde, sobre todo, tener la convicción profunda que la escuela pública es un servicio esencial y obrar en consecuencia, construyendo y dotando a los centros con los recursos necesarios, bajando las ratios para garantizar un mejor cuidado y aprendizaje, y contratando más profesorado y otros equipos multiprofesionales que incluyan la atención psicológica, la orientación y la intervención social. Algo que únicamente puede lograrse si el porcentaje destinado a educación se acerca al 6% del Producto Interior Bruto. Es mucho dinero, claro, pero hay que entenderlo como la mejor inversión de futuro porque, al igual que sucede en la sanidad, el gasto que nos ahorremos ahora será mayor en el futuro, al tener que afrontar los costes cuantitativa y cualitativamente mayores que suponen el elevado número de fracasos, deserciones, carencias culturales y acentuación de todo tipo de desigualdades. De ahí la necesidad de planes de choque de carácter preventivo.

Por otro lado, el Estado, ha de garantizar el pleno derecho a la educación para todas y todas mediante la gratuidad para acceder a todos los niveles educativos sin restricciones, la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la obtención unos resultados diversos pero exitosos para todo el alumnado. Porque la escuela inclusiva, de la que tanto se habla, no debería dejar a nadie en el camino. Pocas veces se ha expresado tan bien este deseo como en “Carta a una maestra”, escrita por los alumnos de la escuela de Barbiana donde se cuenta el empeño de su maestro, Don Milani, por demostrar que el éxito escolar es posible cuando se pone el acento en las altas expectativas y posibilidades del alumnado, y no en sus dificultades. Milani explicaba una y cien veces las cosas para que todo el grupo las entendiera, convirtiendo la clase en una animada y permanente conversación donde el lenguaje y el pensamiento conformaban el ADN del proceso educativo:”El aprendizaje ha de priorizar el razonamiento y el uso crítico de la palabra: si no se domina la palabra difícilmente se podrá participar y ser sujeto de derechos”. Una lección preciosa sobre la escuela que enseña a pensar de forma inclusiva y democrática, y que ponen el foco en tres conceptos inherentes a lo público y al bien común: equidad, calidad y éxito.

A la educación pública se le presenta un desafío mayúsculo que no siempre afronta adecuadamente: romper los muros físicos, ambientales mentales y simbólicos, así como los estereotipos y prejuicios culturales, étnicos y de género, para lograr una educación en valores y derechos democráticos que permita avanzar hacia una emancipación individual y colectiva. La escuela pública pierde su razón de ser cuando no logra acoger la más amplia heterogeneidad social del alumnado, provocando procesos de segregación y hasta guetos escolares. También la pierde cuando al tener que respetar y atender la necesaria diversidad del alumnado termina reforzando o reproduciendo la desigualdad. O cuando en nombre de la igualmente deseable autonomía pedagógica de los centros, se percibe una marcada diferenciación social. ¿A quién corresponde regular estos procesos? Ni es conveniente dejarlo solo en manos del Estado, mediante un intervencionismo demasiado reglamentista y burocrático, pero tampoco se puede dejar al socaire de cada centro. Se precisan poderes compartidos y coordinados de control democrático por parte del Estado y de la comunidad educativa, para hacer posible esa educación pública. Los contrapoderes comunitarios sirven para denunciar y controlar derivas burocráticas, economicistas y autoritarias que ponen en peligro el respeto a los Derechos Humanos y a la propia esencia de lo público y de la justicia social.

La escuela pública comunitaria, como se ha señalado, está financiada, regulada y controlada democráticamente por el Estado, pero quien le da vida y sentido es la participación cotidiana de toda la comunidad, con sus voces, relaciones, prácticas educativas e iniciativas de todo tipo. Con los proyectos educativos y pedagógicos de cada centro, con el capital cultural al servicio de la escuela y con las innovaciones pedagógicas que se nutren de la rica tradición pedagógica que tratan de enriquecer con las nuevas aportaciones de la modernidad y adaptar a cada contexto específico. Las metodologías son afortunadamente muy variadas, y siempre es bueno huir de la uniformidad y de la tentación de las modas, pero como dice el proverbio, no todos los caminos conducen a Roma.

Hay evidencias y suficiente experiencia acumulada para entender que hay modos de enseñar y aprender que favorecen más que otros el desarrollo de un pensamiento libre y crítico, de un conocimiento significativo y profundo y del desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Que ayudan a detenerse en lo más básico del currículo -contendidos y competencias, que en ningún caso se oponen sino que se complementan-. Que llenan de vida las aulas, mientras se educa al propio tiempo en el entorno natural y social. Que favorecen la lectura y la comprensión del mundo, local y global, y la necesidad de transformarlo, al tiempo que mejoramos nuestros colectivos en los que intervenimos y nos transformamos como personas, porque como muy bien diceTolstoi: “Todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo”.

Por último, cabe subrayar que en la escuela pública comunitaria se conjugan dos verbos harto emblemáticos: acompañar y participar. El primero comporta la acogida, la ayuda, el cuidado, el seguimiento y el acompañamiento cultural, social y emocional para que cualquier alumno o alumna progrese adecuadamente y encuentre en la escuela la estima que precisa en cada momento. Asimismo, supone el cuidado mutuo entre el profesorado y el acompañamiento que requieren sus intervenciones en el aula y los procesos de innovación colaborativos Y, por supuesto, comporta una estrecha relación e intercambio educativo con las familias. Sin olvidar, toda la contribución educativa del territorio, condensada en espacios naturales, sociales, artísticos y culturales.

Y el otro verbo genuino de toda comunidad democrática es la participación. Es a partir de ahí que se piensa, se vive y se actúa democráticamente. Que se comparten espacios de deliberación y toma de decisiones colectivas. Estas voces intergeneracionales construyen y enriquecen día a día la escuela comunitaria. Pero también estas voces, incardinadas en numerosos colectivos y redes educativas, piden ser escuchadas más allá de este espacio micro para que las políticas educativas que afectan a toda la población sean el resultado de este necesario compromiso democrático entre el Estado y la comunidad.

Coronavirus, ¿una excusa para atacar a la Escuela Pública?

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A propósito de una noticia publicada ayer en La Nueva España




Publicaba ayer, 2  de junio, La Nueva España una noticia con un titular que podría figurar por méritos propios entre frases de manual de ataque a la Escuela Pública:El próximo curso será "catastrófico", sobre todo en la pública, alertan las academias

Puesto que la "noticia" es sólo para suscriptores, destacamos algunas perlas:
Si antes ya había diferencias de nivel entre la concertada y la pública, ahora, tras la pandemia del coronavirus, la brecha es todavía más evidente. Así lo aseguran profesores de las academias de estudios, que han dado clases particulares a alumnos de ambas redes durante el estado de alarma. "Hay estudiantes de la concertada que tienen clases online todos los días y otros de la pública que ni una sola. Les mandan ejercicios y ya. Muchos se ven descolgados del sistema", alertan. Y eso provocará que el curso que viene sea "catastrófico"...
...Valerie Vázquez, al frente de Clases Particulares Vaula, en Gijón, critica que "cada instituto hace lo que quiere" y que "no hay organización"...
... Cristina Martínez, responsable del centro de estudios Números, en Avilés, ha notado "mucha diferencia", durante los últimos tres meses, entre las clases a distancia de la concertada y la pública. "En los colegios concertados habrá diferencias entre asignaturas y entre profesores, pero se han dado clases o, al menos, ha habido un seguimiento diario al alumnado. En la pública, en cambio, no", comenta.
Elena Rodríguez, de Clases Manuela, en Oviedo, aprecia también "mucha diferencia" entre los estudiantes de la concertada y la pública...Rodríguez no entiende por qué no se aprovecha el verano para formar, por ejemplo, a los más pequeños en los protocolos de seguridad frente al covid-19. "El problema es que nadie quiere trabajar", sentencia.
El texto de La Nueva España, que ni siquiera bajo la etiqueta de "patrocinado" podría ser admisible periodísticamente hablando, recoge declaraciones de diferentes academias privadas de enseñanza que, lógicamente, con la pandemia han visto reducidos sus ingresos y que parecen necesitar, aún a costa de desacreditar a la Escuela Pública, generar miedo en las familias e incrementar con ello su negocio..

No dudan para ello en atacar a la Escuela Pública, mientras defienden intereses de la concertada y privada. Atacan la profesionalidad del profesorado de la Escuela Pública cuya mayor preocupación en estos momentos tan difíciles no ha sido otra que lograr llegar a todo el alumnado, al más favorecido que contaba con recursos online suficientes y al más desfavorecido, al que está en más riesgo de vulnerabilidad y exclusión. Es a ese profesorado de la Pública, que ha vivido pegado al correo, al teléfono y al ordenador,  al que se le acusa de falta de interés, de desorganización, de falta de seguimiento al alumnado, porque... "El problema es que nadie quiere trabajar", sentencia la noticia

Dificilmente podría encontrarse, además en una situación como esta, una noticia tan insultante, tan tendenciosa y tan carente de rigurosidad. Un auténtico ataque a lo público, a la Escuela Pública.

 Intolerable.



_________________

SUATEA en su página escribía sobre ello:
Los seis sindicatos con representación en la Junta de Personal han consensuado un comunicado unitario que se ha remitido a los medios de comunicación. Esto publicaba La Nueva España, 4 de junio de 2020:
"El curso próximo empezará con normalidad", augura el profesorado de centros públicos


Mareas por la Educación Pública: Propuesta de organización y medidas a adoptar para una vuelta a clase segura en el nuevo curso escolar 2020-2021

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Propuestas enviadas a la Ministra de Educación y a l@s diputad@s de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados


Mareas por la Educación Pública ha elaborado un documento con una serie de propuestas para enviar a la Ministra de Educación y a los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Educación del Congreso. En él se contemplan tres escenarios distintos, con propuesta aplicable a cada uno de esos posibles escenarios, pero siempre con una nota común: Educación 100% Pública, inclusiva, de calidad, de tod@s, para tod@s y con tod@s. 


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


El Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado reunirse a mediados de junio para, supuestamente, acordar cómo será el próximo curso escolar en las enseñanzas no universitarias. Aún bajo el espectro amenazante del SARS-CoV-2, contemplan tres situaciones posibles y las CCAA han prometido hacer propuestas al Ministerio sobre cada una de ellas.

Teniendo en cuenta cómo han gestionado hasta ahora la crisis sanitaria en la enseñanza durante el periodo de confinamiento, ha quedado claro que no son las personas adecuadas para gestionar ese futuro tan incierto que llaman “nueva normalidad”.

Mareas por la Educación Pública hemos venido haciendo propuestas y alertando sobre las consecuencias nefastas que puede traer esa “nueva normalidad” y ese futuro: si les dejamos construir la “nueva normalidad”, el futuro traerá más desigualdad y más privatizaciones.

Cada vez hay menos dudas sobre cuál es la apuesta, tanto de las Consejerías como del Ministerio: extender y normalizar la enseñanza a distancia. Las propuestas de Mareas por la Educación Pública apuestan por defender y consolidar la enseñanza presencial como la única que puede garantizar el Derecho a la Educación, mejorándola y corrigiendo los desajustes actuales.

Ante la ineficacia de nuestras administraciones educativas, desde Mareas por la Educación Pública proponemos a las autoridades – Ministerio y Consejerías- y a toda la Comunidad Educativa una serie de medidas siguiendo también los tres escenarios que están en cuestión.

Para empezar ordenaremos los tres escenarios de menor a mayor complejidad y excepcionalidad. La diferencia entre las propuestas en cada uno de los tres escenarios es simplemente de ritmo y celeridad en la aplicación.

Previsiblemente las Consejerías y el Ministerio, a tenor de las declaraciones ambiguas y contradictorias de unos y otros, tirarán por la calle de en medio y optarán estratégicamente por el Escenario 2. En efecto, este escenario les permite mantener la estrategia actual sin desactivar el miedo y la inseguridad sanitaria ante un regreso del virus, manteniendo activo el proceso de “uberización” de la enseñanza a distancia -la gran apuesta del sistema privatizador-, sin tocar las ratios ni el número de plazas y unidades escolares y sin aumentar los recursos, las plantillas docentes y el personal de apoyo.

Por nuestra parte, en los tres escenarios previstos adoptaremos la misma lógica: Educación 100% Pública, inclusiva, de calidad, de tod@s, para tod@s y con tod@s. 

Estas medidas que proponemos, con el objetivo de hacer la enseñanza más democrática y más igualitaria, no solo son las más eficaces para asegurar el acceso al conocimiento en igualdad de condiciones, sino que son también las que mejor pueden hacer frente a futuras situaciones de emergencia sanitaria y social. Se trata de afrontar una reforma en profundidad del sistema educativo que recupere lo perdido tras más de una década de recortes y políticas de privatización.

Pero en caso de alerta sanitaria o social, ninguna de estas medidas tendrá sentido si simultáneamente no se refuerzan tanto la Sanidad Pública como los Servicios Sociales con los planes de choque correspondientes.

ESCENARIO 1- La evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos sin la obligación de mantener la distancia interpersonal.


Esta será nuestra PROPUESTA MARCO desde la cual se concretarán las medidas excepcionales para los otros dos escenarios.

En una situación como esta, en la que el riesgo para la salud sería prácticamente inexistente, las medidas a adoptar deben tener como objetivo afrontar las necesidades y déficit que ya aquejaban a la Educación Pública antes de la pandemia. Por ello planteamos las propuestas que Mareas por la Educación Pública ha venido haciendo en los últimos años para mejorar la oferta educativa pública y hacer efectivo el ejercicio del Derecho a la Educación en condiciones de igualdad, de forma inclusiva y compensando las desigualdades de origen social, cultural y económico, así como las derivadas de la diversidad funcional del alumnado y de sus necesidades educativas especiales. Necesitamos un PLAN DE EMERGENCIA EDUCATIVA QUE DEBE SER UN ASPECTO IMPRESCINDIBLE DEL NECESARIO PLAN DE CHOQUE SOCIAL, haya o no haya pandemia.

No obstante, después de la experiencia de estos últimos meses en los que, en una situación excepcional de alarma, se ha pretendido mantener funcionando el sistema mediante la enseñanza telemática con los problemas que hemos podido constatar (uso caótico, improvisado, desigual y muy irregular de los medios disponibles, de las metodologías utilizadas y de los contenidos impartidos, etc.), estas medidas que proponemos son más urgentes que nunca para afrontar nuevas posibles crisis sanitarias (Escenario 2) sin tener que recurrir como única alternativa a las armas de las TIC, que han demostrado generar más desigualdadsobre la ya existente. Si desaparece la alerta sanitaria, la “nueva normalidad” debe ser verdaderamente nueva, nunca peor ni tan mala como la normalidad existente hasta ahora. De esta manera, la respuesta al escenario 2 (ver infra) no será tan caótica. En este sentido, queremos indicar que es necesario también suprimir de los proyectos educativos y de los planes pedagógicos prácticas como el uso masivo de libros de texto. Es imprescindible buscar nuevas pedagogías que complementen el acceso a las nuevas realidades tecnológicas con las clases presenciales, garantizando siempre el acceso de todo el alumnado a esos recursos.

El periodo lectivo de los docentes será como máximo de 18 periodos lectivos. El trabajo de tutoría será reconocido con al menos dos periodos lectivos más. Como el horario no puede sobrepasar las 35 horas semanales, de las cuales una parte son de preparación de clase y materiales, reuniones y otras para atención al alumnado donde se recoge la solución de dudas, la corrección de las tareas y cuestiones personales de otra índole, si calculamos que para estas tareas necesitamos al menos, 15 minutos de atención por alumn@ a la semana, el número total de alumn@s por profesora o profesor no puede sobrepasar de 100. 


PROPUESTA 1:

-Plan de choque de actualización de contenidos, lucha contra el abandono escolar y para la corrección de las desigualdades provocadas por el periodo de enseñanza telemática. Este Plan estará financiado adecuadamente y contará con el consiguiente aumento del personal docente, especialistas y de apoyo. A él se dedicarán, entre otros, los fondos europeos destinados a lucha contra el abandono escolar, como es el caso del Programa de Refuerzo Estival de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

-Reducción de las ratios de alumnado por aula y por docente garantizada por ley para asegurar la mejora de la calidad de la enseñanza, mejorar el rendimiento del alumnado más desfavorecido y en especial garantizar la atención a la diversidad y avanzar hacia la educación inclusiva.

-Creación y construcción de nuevos centros escolares públicos, única forma de disminuir la masificación (reducción de las ratios) y reducir el peso de la oferta concertada en aras de una mayor igualdad, destinando los recursos públicos a la Educación Pública. Este Plan vendrá acompañado de la mejora de las infraestructuras y acondicionamiento bioclimático de todos los centros públicos estatales.

-Aumento de las plantillas docentes, de especialistas y de personal técnico de apoyo para hacer posible la bajada de las ratios y el plan de compensatoria.

-Para ello es imprescindible desde ya el blindar el 7% del PIB destinado a Educación.

Si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria relacionado con la escuela es precisamente su relevante dimensión social como centro de encuentro humano. Por ello, consideramos que debemos dirigirnos hacia una escuela como centro polivalente de cuidado social. Donde los elementos a desarrollar serán Municipio-Escuela, Emergencia-Hábitos de organización y Prevención, y la Organización del centro educativo como elemento clave en la disposición de servicios en el barrio. Desde este punto recordamos la escuela como centro de encuentro de las distintas propuestas de cuidados para establecer un programa de zona en el que coincidan las distintas políticas y programas de: centros de salud, resto de centros educativos de la zona, bibliotecas municipales, desdoblamiento de centros, servicios sociales municipales, etc.

ESCENARIO 2 - La evolución de la pandemia impide el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 2020-21 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.


La diferencia con el Escenario 1 es que, si las autoridades sanitarias estiman que hay riesgo de rebrote o, en cualquier caso, para hacer frente a otra epidemia, estas medidas deben adoptarse con mayor celeridad de tal forma que, llegado el caso de una nueva alerta sanitaria, el sistema educativo pueda hacerle frente de forma inmediata. Por ello, a la propuesta del escenario anterior,basta con añadir los criterios que regirían una hipotética situación en que hubiera que recurrir otra vez a la enseñanza telemática.


PROPUESTA 2:

-Plan de choque de actualización de contenidos, lucha contra el abandono escolar y para la corrección de desigualdades provocadas por el periodo de enseñanza telemática. Este Plan estará financiado adecuadamente y contará con el consiguiente aumento del personal docente, especialistas y de apoyo. A él se dedicarán, entre otros, los fondos europeos destinados a lucha contra el abandono escolar, como es el caso del Programa de Refuerzo Estival de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

-Reducción de las ratios de alumnado por aula y por docente garantizada por ley para asegurar la mejora de la calidad de la enseñanza, mejorar el rendimiento del alumnado más desfavorecido y en especial garantizar la atención a la diversidad y avanzar hacia la educación inclusiva. Esto garantizará también una respuesta rápida en caso de nueva alerta sanitaria.

-Creación y construcción de nuevos centros escolares públicos, única forma de disminuir la masificación (reducción de las ratios) y reducir el peso de la oferta concertada en aras de una mayor igualdad destinando los recursos públicos a la Educación Pública. Este Plan vendrá acompañado de la mejora de las infraestructuras y acondicionamiento bioclimático de todos los centros públicos estatales.

-Para ello es imprescindible desde ya el blindar el 7% del PIB destinado a Educación.

-Los criterios de escolarización y matriculación tendrán que modificarse para minimizar los desplazamientos entre el domicilio y el centro escolar. Por ello se priorizará la matriculación en el centro público más cercano, lo que supone la eliminación de las llamadas Áreas Únicas. Esto facilitará el control sobre el cumplimiento de las normas sociosanitarias por encima de los criterios clientelares y de rentabilidad de los centros privados concertados.

-Aumento de las plantillas docentes, de especialistas y de personal técnico de apoyo para hacer posible la bajada de las ratios y el plan de compensatoria.

-Dotación de recursos (equipos y conexiones) a disposición de todo el alumnado y puesta a punto de las herramientas informáticas más adecuadas, lo más homogéneas y unificadas posible para que, con la formación adecuada y en horario lectivo, todo el profesorado y el alumnado puedan hacer uso de ellas sin que ello provoque un aumento de la carga de trabajo a domicilio.

-Dotación de recursos y personal sanitario en los centros escolares mediante la asignación de personal adscrito a los centros de salud correspondientes. Se desplegarán campañas de información sistemáticas sobre prevención de riesgos.

ESCENARIO 3- La evolución de la pandemia continúa obligando a mantener la distancia interpersonal en todos los centros educativos como medida de prevención para evitar contagios.



Es el escenario más complejo y que exige intervención más urgente y decidida por su excepcionalidad desde el punto de vista de la salud pública. Las medidas contempladas en los Escenarios 1 y 2 requieren de un mayor esfuerzo para hacer posible su aplicación al comienzo del próximo curso. Exigirá por tanto un grado mayor de diligencia y compromiso por parte de los poderes públicos. Por ello lo que caracteriza esta respuesta a la situación o escenario 3 es la forma en que se aplicará y desarrollará.

PROPUESTA 3:

-Plan de choque de actualización de contenidos, lucha contra el abandono escolar y para la corrección de desigualdades provocadas por el periodo de enseñanza telemática. Este Plan estará financiado adecuadamente y contará con el consiguiente aumento del personal docente, especialistas y de apoyo. A él se dedicarán, entre otros, los fondos europeos destinados a lucha contra el abandono escolar, como es el caso del Programa de Refuerzo Estival de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

-Reducción de las ratios de alumnado por aula y por docente garantizada por ley para asegurar la mejora de la calidad de la enseñanza, mejorar el rendimiento del alumnado más desfavorecido y en especial garantizar la atención a la diversidad y avanzar hacia la educación inclusiva.

-Creación y construcción de nuevos centros escolares públicos, única forma de disminuir la masificación (reducción de las ratios) y reducir el peso de la oferta concertada en aras de una mayor igualdad, destinando los recursos públicos a la Educación Pública. Este Plan vendrá acompañado de la mejora de las infraestructuras y acondicionamiento bioclimático de todos los centros públicos estatales.

-Para ello es imprescindible desde ya el blindar el 7% del PIB destinado a Educación.

-Los criterios de escolarización tendrán que modificarse para minimizar los desplazamientos entre el domicilio y el centro escolar. Por ello se priorizará la matriculación en el centro público más cercano., lo que supone la eliminación de las llamadas Áreas Únicas. Esto facilitará el control sobre el cumplimiento de las normas sociosanitarias por encima de los criterios clientelares y de rentabilidad de los centros privados concertados.

-Aumento de las plantillas docentes, de especialistas y de personal técnico de apoyo para hacer posible la bajada de las ratios y el plan de compensatoria.

-Dotación de recursos (equipos y conexiones) a disposición de todo el alumnado y puesta a punto de las herramientas informáticas más adecuadas, lo más homogéneas y unificadas posible para que, con la formación adecuada y en horario lectivo, todo el profesorado y el alumnado puedan hacer uso de ellas sin que ello provoque un aumento de la carga de trabajo a domicilio.

-Dotación de recursos y personal sanitario en los centros escolares mediante la asignación de personal adscrito a los centros de salud correspondientes. Se desplegarán campañas de información sistemáticas sobre prevención de riesgos.

JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO:


En previsión de que ocurra lo que plantea este escenario, aún tenemos más de dos meses por delante para aplicar medidas urgentes. 


1. Lo primero es aprobar ya un Plan de Choque de creación de nuevos centros que estén construidos por vía de urgencia lo antes posible: solo se necesita diligencia política y financiación pública, acudiendo si es necesario a impuestos especiales a las grandes fortunas, dada la situación excepcional. Ese Plan aliviaría las elevadas tasas de desempleo generadas por la pandemia tanto en empleos directos en la construcción de los centros, como en la industria de bienes (mobiliarios, material didáctico, etc.) que dinamizaría el tejido productivo local. Si se habla de “nueva normalidad”, la novedad consistiría en que no se debe acudir a las caracolas y aulas prefabricadas como se ha hecho hasta ahora. Esta solución es mejor alternativa que seguir con los mismos centros pero con caracolas y aulas prefabricadas que solo se utilizarían si fuera necesario para los centros de nueva creación, previo inicio de los trámites para su construcción. Ya sabemos que cuando se instalan caracolas y se alivia el problema, es muy difícil eliminarlas. Es el momento de dar la batalla por soluciones que tengan largo alcance y disminuyan la provisionalidad. Es el momento de pensar en el desmantelamiento de la doble red.


2. Paralelamente se organizarían los grupos de clase en turnos de mañana y tarde y se habilitaría una red de locales provisionales para aliviar a los centros y, preferentemente, para los centros de nueva creación. La jornada lectiva del alumnado se reducirá a 5 horas en cada turno incluyendo descansos. Esta medida se aplicará igualmente a las enseñanzas especiales (Conservatorios, Escuelas de Idiomas, etc.) que también tendrán turnos de mañana y tarde para que el alumnado que esté en turno de tarde en la enseñanza general, pueda acudir a turnos de mañana en estas enseñanzas de régimen especial. Igualmente se seguirá la misma norma para organizar las enseñanzas complementarias y de atención al alumnado NEAE que requiera intervenciones fuera del horario lectivo.


3. La solución a los problemas de conciliación que esta medida pueda originar deberían ser solucionados por las Consejerías correspondientes, por ejemplo las que se ocupan de Asuntos Sociales, Trabajo, Igualdad y Familia, siempre exigiendo la responsabilidad de las propias empresas. Más que mirar hacia la Consejería y el Ministerio de Educación, habría que mirar hacia los de Trabajo y Economía, además de exigir a las empresas que se impliquen en el bienestar de sus trabajadores y en consecuencia de la sociedad. No es la función de la Educación Pública solucionar los problemas de conciliación de las familias. 


4. Si se debe a acudir a la enseñanza telemática, debe hacerse con medidas complementarias que no mermen la igualdad de oportunidades ni supongan un sobre trabajo no remunerado del personal docente, ni del alumnado y familias:

a) Se reduciría el trabajo de enseñanza telemática al mínimo imprescindible.
b) Se dotaría a todo el alumnado de los medios imprescindibles y lo más uniforme posible.
c) Las metodologías y herramientas a utilizar serían las mismas en todos los centros según los niveles.
d) Sería alternante con la enseñanza presencial, siempre y cuando no suponga un exceso de trabajo para docentes, alumnado y familias.
e) Regular el horario de trabajo telemático y presencial: la ausencia del timbre al principio y al final de la jornada escolar no puede ser un motivo para difuminar las fronteras entre tiempo de trabajo y de ocio de docentes, alumnado y familias.
f) Formación del personal docente que lo necesite dentro del horario laboral para afrontar el teletrabajo. Formación de alumnado y familias en el mismo sentido, habilitando medios para ello.
g) Control sanitario y regulación de enfermedades relacionadas con el teletrabajo.

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¿Pagar la concertada?

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Conciertos educativos o enseñanza pública?

Diego Valiño, La Voz de Asturias, 3 de junio de 2020

No tengo nada en contra de lo privado. Entiendo perfectamente que su existencia y que cualquier propietario cuente con la suficiente seguridad jurídica como para hacer valer sus derechos, sin olvidar que debe cumplir con un papel en la sociedad a través de unos deberes, como por ejemplo el pago de los impuestos que corresponda. Sin embargo, hay actividades a mi juicio tienen que ser públicas, y en caso de permitirse que las haya también privadas, el usuario que quiere acceder a esos servicios debe ser quien abone el coste por su utilización. Un caso sería la enseñanza concertada. Esta semana ha sido portada en varios medios de comunicación de tendencia conservadora que el Gobierno estatal la ha apartado en el reparto de ayudas que se están acordando en la Comisión para la Reconstrucción creada en el Congreso con los votos en contra de toda la derecha.

Soy consciente de la situación que viven muchas familias, pero sin querer desviarme del tema a mí lo que me asombra es que se pueda defender a día de hoy los conciertos. En tiempos de los gobiernos de Felipe González pudieron tener su razón por falta de plazas en la red pública (obviamente no se podían quedar fuera ningún menor del sistema educativo), pero en la actualidad me parece que carece de todo sentido que con el dinero de todos los ciudadanos paguemos la escolarización de niñas y niños habiendo espacio en los centros gestionados directamente por las administraciones regionales. Estos centros son privados, y por tanto serán sus dueños los que se las tendrán que arreglar para poder financiarse y mantener la actividad. Creo que se disfraza torticeramente el concepto de «libertad de centro», porque por supuesto que las madres y los padres tienen el derecho a escolarizar a sus hijas e hijos donde quieran, pero a mi juicio ello no quiere decir que si optan por un centro privado se lo tengamos que sufragar el común de los mortales. Quien quiera ir por lo privado que se lo pague de su bolsillo. Así de fácil.

El deber de la administración pública es garantizar que su red es de calidad, que cuenta con los medios humanos y materiales suficientes y que la política de Educación se enmarca en una inversión social, no un gasto por mucho que en contabilidad se le llame así. Es cierto que no debemos necesariamente vincular a quienes van a la pública o a la privada (incluyendo la concertada) con la ideología que cada uno tenga en su casa. Yo siempre fui alumno de centros públicos y me rodeé de algunas compañeras y compañeros que no eran de izquierdas precisamente, y también no son pocos los casos de amigas y amigos progresistas que han estudiado en centros privados y que hoy llevan a sus hijas e hijos a este tipo de colegios. A mí no me parece mal que cada cual elija dónde lleva a sus descendientes (entiendo que siempre buscará lo mejor para ellas y ellos), aunque reconozco que me cuesta entender a alguien de izquierdas recurrir a otra red que no sea la pública (pero lo respeto). Lo que creo que no debería tener discusión es quién paga la matricula. Son muchos años ya de conciertos que se mantienen en el tiempo sin que exista ese problema de plazas en la pública y sabiendo que es difícil eliminarlos de un plumazo lo que creo que sería lo más sensato es establecer un calendario para programar su desaparición. Pienso que debería estar ya clarificado desde hace tiempo, pero por lo que sea los conciertos siguen perviviendo en el sistema educativo español y si no se hace nada al respecto seguiremos pagando a empresas privadas y a entidades religiosas por un deber que debería afrontar lo público con su propia red.
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