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Channel: Escuela Pública, la Escuela sin Exclusiones
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¡La filosofía no sirve para nada!

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La diferencia entre lo útil y lo valioso



Eduardo Infante, La Nueva España

El filósofo estadounidense Michael Sandel nos contó, al recibir el premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales, la historia de Reginaldo, un joven de una favela de Río de Janeiro que sobrevivía recogiendo objetos de valor de los contenedores de basura en los barrios ricos de la ciudad. Una vez encontró un libro roto y, aunque era analfabeto, se esforzó por entenderlo. El dueño de la casa junto a la que estaba el contenedor lo vio y le preguntó qué estaba haciendo. El libro roto contenía parte del diálogo de Platón sobre el juicio de Sócrates. El propietario de la vivienda, un profesor jubilado de filosofía, enseñó a Reginaldo a leer y a practicar la filosofía. Reginaldo se enamoró enseguida de la figura de Sócrates y hoy lidera los debates en la favela.

Yo también me enamoré de la filosofía con ese mismo texto, cuando tenía unos quince años y un viejo profesor me obligó a leerlo como castigo por haber pintado sobre las paredes del baño: "¡La justicia es una gran mentira!". Desde entonces, Sócrates ha sido un referente como hombre, filósofo y maestro. Intento transmitir esta pasión a mis alumnos todos los cursos; quizás por eso una de las cosas que más me cansa es tener que justificar la importancia de las humanidades en general y de la filosofía en particular: es como si alguien preguntase qué utilidad tiene besar. Exigir una explicación ya delata que el problema no está en el beso.

¿Para qué sirve la filosofía? Para nada. La filosofía no es útil, sino valiosa. Un sacacorchos es útil. Disfrutar de una copa de vino conversando con alguien a quien amas mientras cae la tarde y el tiempo se detiene es valioso. En el campo del conocimiento también podemos separar los saberes útiles de los valiosos. Todo saber que nos enseña a ser productores competentes de una mercancía es útil, aunque tal vez deberíamos preguntarnos ¿útil para quién? En cambio, todo conocimiento que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, a disfrutar de la vida y nos acerca de algún modo al bien, a la belleza o la verdad, se convierte en algo valioso.

El filósofo francés Gilles Deluze afirmaba que cuando alguien cuestiona para qué sirve la filosofía nuestra respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta es irónica y tiene mala leche. La filosofía no es sirvienta de nadie. No sirve ni al Estado, ni a la Iglesia. No sirve a ningún poder establecido. No acepta más autoridad que la de la propia razón. Si para algo sirve la filosofía es para entristecer. ¿A quién entristecerá que los vecinos practiquemos la filosofía con la misma cotidianidad que ejercitamos nuestros cuerpos en el gimnasio? A todos aquellos que no desean que pensemos por nosotros mismos, que nos quieren sometidos, obedientes y estúpidos. Nuestra democracia corre el peligro de dejar la formación de sus ciudadanos en manos del poder económico. Cada vez son más los legisladores que preguntan a las empresas qué tipo de educación desean, como si la única función de la escuela fuese la de dotarnos de destrezas laborales y olvidasen que ser miembro de una sociedad democrática exige una preparación. Nadie nace con las capacidades para ser ciudadano: eso se aprende. Nadie delibera, discierne, juzga, dialoga, negocia, consensua y argumenta de forma espontánea, sino después de un aprendizaje. Nos quieren productores competentes con la misma fuerza con que anhelan que seamos ciudadanos y consumidores estúpidos. La filosofía es el mejor antídoto contra la estupidez. Por muy grande que sea la necedad con la que convivimos, sería aún mayor si no existiese la filosofía.





Eduardo Infante 





Las Mareas por la Educación Pública declaran el estado de emergencia educativa

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En la VI jornada “La Educación que Queremos” celebrada en Cádiz, los días 6 y 7 de diciembre las Mareas por la Educación pública instan al nuevo gobierno para que dé solución al actual estado de emergencia educativa y llaman a la movilización de toda la marea verde para defender la educación pública, laica, coeducadora, inclusiva de tod@s y para tod@s.




Mareas por la Educación Pública, 10 de diciembre de 2019
Nota de prensa

Mareas por la Educación Pública quiere dar a conocer el excelente trabajo que se realiza día a día en la red educativa pública y exige la estabilidad de las plantillas, la garantía de una financiación mínima del 7% con la reversión de todos los recortes, instalaciones dignas en todos los centros educativos públicos, y declara el estado de emergencia educativa por el aumento de la segregación, el avance de la escuela privada, la pervivencia de la LOMCE, la falta de inversión en la educación pública, el cierre de líneas en la pública, la interinidad del 25%, los ataques a los derechos humanos y los derechos de las mujeres y del alumnado LGTBI, una FP orientada a la Dual que precariza el empleo juvenil, privatiza y adoctrina en la economía neoliberal a los jóvenes titulados de FP.

En el encuentro se ha abordado la necesidad de caminar hacia una red educativa única de gestión y titularidad pública, que es la única que garantiza la equidad y la igualdad de oportunidades para todas. Es por ello que se denuncia el avance de la escuela privada subvencionada que se está produciendo en muchos territorios así como la consolidación de manera privilegiada en otros, y la transferencia de recursos públicos mediante el cheque de bachillerato, o los convenios con centros de FP privados.

Asimismo se abordó la precariedad e inestabilidad de las plantillas docentes y la necesidad de consolidación del profesorado interino que alcanza 25% del total del profesorado, así como la reversión de los recortes que aún se están aplicando en cuanto jornada lectiva (como máximo,18 periodos en secundaria y primaria), atención a las necesidades del alumnado, disminución de ratios, al menos, en secundaria de 20 alumn@s, 18 en primaria, 15 en infantil en tramo de 3-6 años, 8 en el tramo de 2-3 años y 4 en el tramo 0-1 años.

En las jornadas se defendió una escuela pública, inclusiva, diversa y laica, que aborde el desarrollo afectivo sexual y lleve a cabo políticas de coeducación. Se ha tratado la situación preocupante de acoso al profesorado con acusaciones de adoctrinamiento por parte de la extrema derecha y campañas como el “Pin parental” que atentan contra la autonomía de los centros y el derecho a la libertad de cátedra del profesorado, así como al derecho del alumnado a recibir una enseñanza integral. En ese sentido, las Mareas muestran su más absoluto rechazo al reciente atentado contra el centro de menores de Hortaleza (Madrid) y su solidaridad con las personas afectadas.

Por otro lado, la formación profesional se dirige cada vez más a la precariedad del empleo juvenil y la privatización bajo la FP Dual. Denunciamos que el impulso que se da a la FP Dual obedece a las consignas de políticas neoliberales de la troika. Por eso la rechazamos y exigimos una FP pública, social y bien dotada de recursos dentro del sistema educativo. Además, pedimos un solo ministerio que tenga sus competencias plenas en todas modalidades y etapas educativas.

En las Jornadas hubo representación de mareas de todos los territorios. En ellas, se pudieron compartir ideas y experiencias; analizar problemáticas y coordinar propuestas, entre las que figura un calendario conjunto de movilizaciones y defensa de la Educación Pública que comienza el próximo 15 de diciembre en Sevilla.

Durante las jornadas se debatió en seis grupos de trabajo para abordar diferentes aspectos relacionados con la política educativa: modelo de centros públicos; la escuela inclusiva y diversa; libertad de elección como segregación y desigualdad; Formación Profesional; Pensamiento libre en la pública y Condiciones Laborales: interinidad, estabilidad, precariedad y subcontrataciones.

Tras el análisis de la situación las Mareas por la Educación Pública llaman a la organización y a la movilización de la comunidad educativa para solucionar los problemas que la educación pública arrastra desde hace años por la falta de presupuesto y recortes, la precariedad e inestabilidad del profesorado el índice de interinidad, y una política de segregación educativa como consecuencia de la doble red educativa, los conciertos educativos, la falta de inversión y políticas para la atención a la diversidad, que les lleva a exigir al nuevo gobierno una única red educativa de gestión y titularidad públicas; y declarar el estado de emergencia educativa. 

Para ello se acordó un calendario de movilizaciones y acciones, para continuar reivindicando la educación que queremos y presionar al nuevo gobierno a trabajar en esa dirección. Se proponen acciones y movilizaciones descentralizadas en los territorios en marzo, que culminarán en una movilización unitaria, previsiblemente en mayo.

Los próximos encuentros de Mareas por la Educación Pública tendrán lugar en abril, que se celebrará una reunión de coordinación y en el mes de Julio en que se celebrarán las siguientes Jornadas.

Las Mareas por la Educación Pública acordaron apoyar la movilización que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre en Sevilla en defensa de la educación pública. Igualmente, se apoyarán todas las movilizaciones que se convoquen contra el cambio climático.


PISA: evaluación neoliberal en educación

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Escribe Enrique Díez



El impacto que ha adquirido el informe PISA, una prueba de evaluación estandarizada realizada por la OCDE, tiene que ver con el giro económico neoliberal que se está produciendo en la concepción de la educación a nivel mundial.
El Diario de la Educación

Como denuncian intelectuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), PISA es un inmenso dispositivo de control que aspira a imponer una perspectiva educativa neoliberal, que nos aleja del reconocimiento de la educación como un derecho y nos aproxima a su interpretación como una inversión pensada de acuerdo con las exigencias del mercado: “competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y abrir las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico” (LOMCE, preámbulo).

Proporcionar mano de obra adaptada a las exigencias de la producción moderna, se ha convertido, con mucho, en la tarea primordial y la más importante de las funciones atribuidas a la enseñanza, en este “giro neoliberal”. El papel público de la educación como lugar de aprendizaje para la democracia y para la ciudadanía democrática se ha pasado a considerar como un despilfarro de la inversión pública y una pérdida de tiempo. Como si los seres humanos se pensaran y definieran únicamente como trabajadores y trabajadoras de la maquinaria laboral.

De esta forma se está produciendo una auténtica mutación en la naturaleza y fines de la educación. La problemática de la inserción laboral prevalece sobre la aspiración a la integración social y política de los futuros ciudadanos y ciudadanas y se ha convertido en la principal línea directriz de las reformas y las políticas educativas y evaluadoras inspiradas por la OCDE.

La OCDE es un organismo internacional creado para “maximizar el crecimiento económico” de los países que lo integran. Es a esta institución, con una clara orientación economicista, a la que nuestros representantes políticos han decidido encomendar ser el árbitro global de las políticas públicas de educación y determinar lo que los estudiantes deben saber y las escuelas enseñar.

El informe PISA, emanado de la OCDE, está exclusivamente centrado en cambiar las escuelas para “mejorar la competitividad económica”, olvidando que hay muchos otros aspectos de la educación: el desarrollo artístico, la reflexión crítica, la educación emocional, la participación cívica, la convivencia, etc. Estos aspectos, menos susceptibles o imposibles de ser medidos, no se tienen en cuenta, reduciendo de esta forma la visión colectiva en torno a lo que es o debería ser la educación.

En este sentido, expertas latinoamericanas se preguntan si lo que mide PISA es la creatividad o la adaptación al modelo neoliberal de nuestros jóvenes: «se pretende presentar la estandarización bajo los ropajes de la objetividad cuando lo cierto es que en el fondo encubre la pretensión de hegemonizar, a través de su medición, los valores de una determinada sociedad”.

“El protagonismo de las pruebas PISA en los últimos años ha tenido un tremendo efecto reduccionista y simplificador sobre el debate educativo. Primero, en lo que casi todo el mundo coincide, al reducir la complejidad del aprendizaje y la educación a unos pocos indicadores cuantitativos; segundo, al concentrar todo el foco sobre el desempeño en las tres disciplinas clásicas que mide (vía competencias, sí, pero disciplinas al fin y al cabo) en detrimento de otras materias; tercero, al reducir la escolarización a la enseñanza y el aprendizaje académicos, ignorando la función de cuidado que igualmente compete a la institución escolar” (Fernández Enguita, 2018, p. 150).

Lo cierto es que cada vez más expertos, como el catedrático de sociología de la educación Julio Carabaña, demuestran sólidamente que este programa de evaluación estandarizada carece de valor para ayudar a mejorar la enseñanzaen las aulas y el funcionamiento de las escuelas. Pues las pruebas de este examen miden capacidades muy generales que dependen de la experiencia acumulada en toda la vida del alumnado, desde su nacimiento. Por lo que, como incluso reconoce PISA en sus propios textos “si un país puntúa más que otro no se puede inferir que sus escuelas sean más efectivas, pues el aprendizaje comienza antes de la escuela y tiene lugar en una diversidad de contextos institucionales y extraescolares”.

De ahí, que cuestione la inadmisible pretensión de este organismo económico para “llevar las políticas educativas en una dirección determinada”. No sólo porque las capacidades que mide PISA dependen poco o nada de las escuelas, sino porque ni siquiera dependen de los cambios pedagógicos y políticos que PISA propone. Por eso cada vez más expertos consideran que PISA no solo es un fracaso, sino un fraude, pues no sirve para cumplir su objetivo principal, que es ayudar a la mejora de las escuelas y los sistemas educativos.

Uno de los análisis más pormenorizados de la metodología de evaluación de PISA, recogido en el libro PISA according to PISA, confirma que los rankings “están basados en tantos puntos débiles que deben ser abandonados de inmediato”, y advierte que los análisis sobre cómo deben ser las buenas escuelas o las diferencias entre los distintos sistemas educativos, “van mucho más allá de lo que permite una aproximación cauta a estos datos. Son en su mayoría pura especulación”.

De hecho, PISA no realiza un seguimiento longitudinal de la evolución de los estudiantes (de dónde se partía cuando se inició el proceso educativo o que transformaciones se han logrado), compara lo que no es comparable (no es lo mismo un centro urbano que uno en un área rural o marginal; no es lo mismo educar a jóvenes en situación de riesgo que a estudiantes procedentes de las élites culturales de un país) y solo mide lo que puede ser medido (nada dice acerca de la imaginación o la creatividad de los estudiantes, su capacidad para hacer buenas preguntas, su inventiva, su capacidad crítica y de transformación justa del mundo). Además de su concepción homogeneizadora, sin tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de cada país y región, o los sesgos socioculturales de los ítems de las pruebas. Como si solo existiera un mundo, una única cultura y una única forma de insertarse en el mundo, según este modelo.

Un problema crucial que conlleva también es que está cambiando las prioridades del profesorado, que se ve obligado a centrarse en buscar la forma de obtener resultados, dedicando el tiempo a preparar lo que le piden en las pruebas. El buen docente comienza a ser el que genera buenos resultados conforme PISA. Esto aumenta aún más el ya alto nivel de estrés en las escuelas, con una presión constante por el rendimiento. Lo cual supone que este “régimen PISA” supone un riesgo real de transformar el deseo de aprender en afán de aprobar y tiene el peligro de transformar al alumnado con dificultades en un estorbo para mantenerse en el ranking y la atención a la diversidad en un problema para centrarse en la obtención de resultados.

Debemos reconsiderar este tipo de pruebas estandarizadas. No es admisible creer que unas puntuaciones de las pruebas de PISA muestran la calidad de los sistemas educativos, la capacidad del profesorado, el desarrollo de los estudiantes, y la mejora de la sociedad. Debemos replantear la evaluación como un proceso integral orientado a producir información, contextualizada social y culturalmente, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se están llevando a cabo otro tipo de evaluaciones bastante mejor enfocadas como, por poner un solo ejemplo, las pruebas UNESCO.

Como dice Pablo Gentili, deberíamos salir de PISA, porque “PISA simplifica lo que es complejo. PISA jerarquiza lo que no tiene un orden. PISA compara lo incomparable. PISA silencia lo que la realidad amplifica. PISA distrae lo que merece atención. PISA consagra lo que es banal y trivializa lo que debería ser fundamental”. Y esto sólo exige voluntad política para hacerlo.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla y Uni-Digna.

La escuela cae en el círculo vicioso de la selección clasista

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Los informes académicos sobre la rampante segregación se multiplican y agravan sus alertas, centradas en el modelo aguirrista idealizado por PP, Cs y Vox


Ángel Munárriz, InfoLibre, 7 de enero de 2020

Las alertas rojas por segregación se acumulan ante las autoridades educativas. Al mismo tiempo, PP, Cs y Vox han tomado como referencia para sus políticas educativas en las autonomías, allí donde forman mayoría, como en Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, el modelo impulsado por Esperanza Aguirre, basado en la "libertad de elección" y la primacía de la "demanda social", formulaciones con las que se alude más o menos elípticamente a la promoción de la concertada. Es decir, al incremento de la financiación de la educación privada con fondos públicos. El problema es que Madrid, pionera en la implantación de estas políticas, encabeza las estadísticas de segregación o, lo que es lo mismo, de agrupación homogénea de los alumnos por clases sociales, un fenómeno lesivo tanto para el sistema escolar como para la cohesión social en su conjunto. Junto a diversos informes que sitúan a España entre los países europeos con mayor segregación, se suceden otros que ponen de relieve los mecanismos de la enseñanza concertada para segregar de forma encubierta. No faltan datos para demostrar ni lo uno –las trampas de la concertada–, ni lo otro –la creciente segregación–.

En España, dado el tradicional peso de la Iglesia en la educación, el boom demográfico y cultural de los años 70 y 80 pilló a la democracia sin suficiente red pública. La ley educativa de 1985 articuló el sistema de conciertos, que racionalizaba la miríada de subvenciones que recibían los colegios católicos desde el franquismo. El Estado, en teoría coyunturalmente, se valía de la red educativa de la Iglesia para atender la explosión de la demanda. Pero han pasado las décadas y la doble red no sólo se ha consolidado, sino que se ha ampliado a raíz de la descentralización de la competencia educativa y del fracaso en los tribunales de los intentos de acotarla. Hoy los datos son elocuentes. El gasto público en concertada rompe su techo año tras año, superando ya los 6.000 millones. Mientras tanto, el gasto público en la red pública sigue por debajo de los umbrales precrisis. La concertada, en más de un 60% en manos de organizaciones de la Iglesia, ha dejado atrás la crisis a costa de la pública, favoreciéndose de las facilidades que le da la Lomce. Los defensores de la concertada –entre ellos PP, Cs, Vox, Iglesia, patronales y asociaciones católicas de padres– hacen bandera de la "libertad de elección" de centro y de la primacía de la "demanda social" en la planificación de centros. Este es, de hecho, el discurso educativo triunfante de las últimas dos décadas, irradiado desde el ala neoliberal del PP y especialmente desde elaguirrismo.

Los condicionantes históricos de la educación en España, el impulso a las políticas neoliberales y los recortes de la crisis se han conjugado en una tormenta perfecta. Y lasseñales de alarma por segregación, basada en análisis académicos empíricos, se han apilado y no paran de producirse. En algunos casos, son terminantes. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es ya el segundo territorio de la OCDE, sólo superado por Chile, donde más se concentra al alumnado desfavorecido en las mismas escuelas, según el informe de Save the Children sobre el último PISA. No es fácil que se escuchen estas alertas. El discurso pro-concertada tiene sólida implantación. Los sectores católicos, conservadores y neoliberales defensores partidarios de financiar con la máxima cantidad de dinero público la educación privada –eso es la concertada– han logrado que cunda la idea de que este modelo "ahorra" dinero al Estado [ver aquí un artículo sobre este punto]. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos [ver aquí] anuncia una ley para la "eliminación de la segregación escolar", pero la fórmula para hacerlo no está detallada. No será fácil. El fenómeno está incrustado en el funcionamiento del sistema escolar español. 

infoLibre repasa la evidencia sobre la segregación escolar en España, recabando el punto de vista sobre la misma de reputados investigadores.


SEGREGación


El informe Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, de Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido, señalaba ya en diciembre de 2017 que el sistema educativo español era el sexto más segregador de Europa, al nivel de Eslovenia, Bulgaria o República Checa. Dentro de España, ya despuntaba la Comunidad de Madrid, con índices de segregación que sólo supera Hungría en toda la UE. "Los datos indican que España es uno de los países más segregados de Europa, con cifras análogas a los países del Este más segregados y muy alejadas de los países de su contexto más cercano", señala el informe. La segregación promedio se sitúa entre 0,32 o 0,38, según el índice utilizado. Eso significa que entre el 30% y el 40% de los estudiantes deberían cambiarse de centro para que no hubiera segregación. El informe ya indica otro elemento encontrado en todas las aproximaciones empíricas: la diferencia por comunidades. Ejemplo: en Baleares, Galicia y Aragón la segregación está por debajo de la media europea. "Se observa la incidencia de las políticas regionales respecto a los criterios de admisión de centros en la segregación escolar, mostrando que políticas como el fomento de la educación privada, de la competencia de centros mediante la publicación derankings o la creación de un distrito único pueden configurar sistemas educativos inequitativos que atentan a la igualdad de oportunidades", dice el informe.


Estas son las políticas aún enaltecidas por el PP, Cs y Vox. Es más, cada vez que la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha cuestionado la interpretación que se viene haciendo de la libertad de elección de centro, sintagma que envuelve todo el discurso, la derecha ha saltado a degüello. Resulta llamativa la falta de replanteamiento del modelo, viendo informes como los de Save the Children. El estudio sobre segregación Mézclate conmigo, de abril de 2019, señala que la Comunidad de Madrid es la que más ha visto incrementarse la segregación en España, con una variación porcentual del índice de 35,7% en el periodo 2009-2015. A nivel estatal, en los últimos seis años el índice de segregación ha aumentado en un 10,6%. Es decir, en las escuelas madrileñas crece más de treces veces más que en el resto. Pero, ojo, en España también crece. "Es un fenómeno que ha ido creciendo rápidamente y sin control en los últimos años”, asegura Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children. El informe va más allá: en los centros con concentración de alumnado vulnerable en la Comunidad de Madrid, casi dos de cada diez colegios son "guetos", el doble que la media estatal, entendiéndose por "guetos" aquellos con coincidencias elevadas de alumnos de los grupos más pobres y de alumnos con necesidades especiales.

RENDIMIENTO


Casi ocho de cada diez centros "gueto" en Madrid son públicos. Curioso, ¿no? Si, en teoría, la escuela concertada es gratuita, si surge para dar cobertura a diferentes ideas y no a diferentes clases sociales, ¿por qué se concentran los alumnos más pobres en los centros públicos? Por los mecanismos de segregación encubierta. Y estos no funcionan sólo en Madrid. En junio de este año, la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) lanzaron otro informe sobre segregación. ¿Conclusión? Aunque con variaciones entre comunidades, el fenómeno está extendido: los alumnos de entornos difíciles se concentran en la pública. La enseñanza privada, contando la privada y la concertada, atiende a alumnos que cuentan con entornos socioeconómicos más favorables (el 65% de su alumnado) y participa poco en la formación de los alumnos cuyos entornos son desfavorables para la educación (8%). En cambio, esta última tipología de alumnos representa un tercio del alumnado de los centros públicos, porcentaje que alcanza el 50% en Extremadura, Canarias y Andalucía, señala el informe. “Esa distinta composición del alumnado influye en el rendimiento medio de los centros, que se refleja en sus tasas de repetición y las puntuaciones en PISA”, añade el documento, “lo que da como resultado centros públicos más debilitados por este motivo”.

Las características socioeconómicas del entorno del alumnado inciden en las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje, el ritmo de avance en las etapas formativas y los resultados. Parece obvio, pero a veces se olvida, enterrada la realidad por el triunfante discurso meritocrático. El optimismo pedagógico defiende que la escuela es el laboratorio del porvenir, que allí se fraguan los cambios que harán de la sociedad futura un lugar mejor. Por sociólogos como Pierre Bordieu sabemos que no es así. La escuela es sobre todo una expresión de la sociedad y la economía en la que nace y del propósito a veces inconsciente del tiempo que le toca vivir. Sociedades desiguales suelen tener colegios desiguales. ¿Significa esto que no tiene sentido esforzarse en el sistema educativo, porque no tiene capacidad de incisión en la sociedad? En absoluto. El propio informe de la Fundación BBVA y el IVIE indica que hay sistemas autonómicos que logran matizar los condicionantes educativos, y otros que los agravan. Lo indiscutible es que existe segregación. Y que tiene consecuencias. Save the Children, en su informe Todo lo que debes saber de PISA 2018 sobre equidad, presentado este mismo mes de diciembre, alcanzaba conclusiones desalentadoras. Además de reiterar que Madrid es ya el segundo territorio de la OCDE con mayor segregación, Save the Children se centra en el carácter "socialmente injusto" de la repetición escolar. El alumnado pobre, a igual rendimiento, repite cuatro veces más que el de más recursos. Se trata de la segunda brecha más alta de toda la OCDE. En Asturias, Aragón o la Comunidad Valenciana llega a ser seis veces más, señala el informe, que sitúa la segregación en España en la media de la OCDE.

MECANISMOS


Las 176 páginas del segundo informe del proyecto de investigación Mapa escolar, elaborado por la Universidad de Valencia en colaboración con el ayuntamiento y publicado en mayo de este año, constituye una aportación valiosa para abordar tanto los motivos como las implicaciones de la segregación. Es un material valioso porque pone la lupa en una realidad concreta, la ciudad de Valencia. "La segregación escolar no solo afecta negativamente al rendimiento escolar, sino también a la cohesión social y la igualdad de oportunidades", señala. Pero, ¿cómo se produce? El informe recorre toda una red de mecanismos y estrategias. Por ejemplo, la ubicación de los centros, nada inocente."Los centros concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta", señala el informe.

Pero la llamada "segregación residencial" no es el único factor. Añade el informe: "Muchos centros educativos concertados ofrecen servicios complementarios, como el comedor escolar o las actividades extraescolares, a un precio muy superior al de la oferta escolar pública; o cobran cuotas indebidas que, bajo el carácter formal de voluntarias, se exigen de manera pseudo-obligatoria al no informarse de su carácter voluntario. Todo esto desincentiva a las familias con menos recursos económicos [...] Se han detectado procesos irregulares en el acceso a los centros concertados, por lo que, muy a menudo, estos consiguen evitar el acceso de niños de familias de rentas bajas".

El informe llega a alertar de fraudes: "Se han documentado mecanismos concretos para sortear la zonificación como la compra o alquiler de viviendas dentro de las áreas preferentes o a través de empadronamientos ficticios". Secretos a voces, pero que rara vez se ven por escrito en un informe con el aval de un ayuntamiento. Más: "Se destaca también la existencia de mecanismos de selección económica por parte de los centros concertados a pesar de la supuesta gratuidad de los centros, mediante el pago por las familias de diversos conceptos más o menos inevitables (uniformes o actividades que realiza todo el alumnado) o bastante generalizados; o se encarecen servicios básicos como el comedor". No obstante, más que en las prácticas concretas, el estudio describe y critica un modelo, una filosofía educativa basada en "políticas de zonificación" y enmarcada bajo el concepto de "libre elección". "La segregación escolar es producto de muchos factores. La segregación residencial es uno de ellos, pero no es el único. Se promueve también desde las decisiones de política de educativa, decisiones tales como el fomento de mecanismos de cuasi-mercado potenciando opciones de elección de centro, el establecimiento de un distrito único o la publicación de rankings", señala.

Este periódico trató de recabar su punto de vista para este artículo de la Plataforma Concertados, la institución más representativa de este sector, sin respuesta.

CUOTAS


La legislación prohíbe a los colegios concertados "percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones y establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica". En 2006 el Tribunal Supremo avaló en una sentencia la prohibición del cobro de cuotas. Sin embargo, se siguen cobrando. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo ha demostrado en numerosos informes. La inmensa mayoría de los colegios concertados cobra cuotas que incumplen la ley. En septiembre de 2018, la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa) publicó un estudio que acreditaba que el 96,4% de los centros concertados cobran "cuotas elevadas" a las familias a pesar de que la educación obligatoria es gratuita por ley. Se exigen 159 euros al mes de media. El informe movió incluso a una reacción de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que afirmó que era "inaceptable" que se aplicasen "cobros altísimos a las familias".

Ante la inacción de las autoridades, se siguen acumulando las evidencias de que las irregularidades son la norma. Un reciente informe de la federación de familias Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados a Independientes lo acaba de volver a poner negro sobre blanco tras visitar 50 centros. El 90% cobran por actividades obligatorias. La media de pago es de 153 euros al mes. El informe tiene una valía excepcional, porque relata los recovecos por los que se cuelan estas prácticas. ¿Qué hacen los centros? Se mueven en un terreno lleno de grises e incertidumbres. Por una parte, tienen a favor que la inmensa mayoría de los padres desconoce la ley. Además, se benefician del compromiso familiar con el centro. Por otra parte, elevan la barrera de entrada, ya que el conocimiento de los cobros disuade a las familias con menos recursos. En el 44% de los casos, señala el informe, no se da opción de no pagar la cuota. El estudio recoge frases pronunciadas por responsables de los centros para justificar el tinglado: "Es la cuota del colegio, lo que se paga por asistir a este col". "Es la aportación que se hace al colegio por el proyecto propio que da a los alumnos". "Es una cuota que aportan las familias para alcanzar los objetivos". "Es parte del proyecto del colegio, la diferenciación con respecto a otros colegios". "Esto no es una fundación ni orden católica, es una SL".

GASTO FAMILIAR


La concertada se coloca generalmente en zonas de renta superior a la media. Al terminar el curso, las familias de la concertada han pagado más que las de la pública. No sólo por las cuotas. "El cobro de cuotas es una práctica extendida en la escuela concertada que supone una barrera económica de entrada para las familias más vulnerables", señala Save the Children en su informe Mézclate conmigo, sobre la Comunidad de Madrid. Pero no son sólo las cuotas. Hay más conceptos. Seguimos en Madrid. El artículo El elefante en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid, publicado por los investigadores Jesús Rogero-García y Lucas Gortázar en 2016, apunta al programa bilingüe como agente segregador. El inglés actúa como dificultad añadida para los alumnos de menor nivel socioeconómico, que no tienen dinero para pagar las clases extraescolares, coincide el informe de Save the Children.

Todos estos factores van levantando la barrera de entrada. El investigador Jesús Rogero-García, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, conoce el fenómeno a fondo. En 2014 publicó, junto con Mario Andrés Candelas, el artículo Gasto público y de las familias en educación en España: diferencias entre centros públicos y concertados, que contenía afirmaciones que hoy cuentan con el pleno consenso académico: "Los alumnos cuyas familias disponen de mayores ingresos, profesiones de mayor cualificación y niveles de estudios más altos se concentran mayoritariamente en centros concertados. [...] Aunque el cobro de matrículas no está permitido, se ha observado que [en la concertada] existen donaciones voluntarias que en la práctica son cuotas pagadas por todas las familias y que otros gastos educativos, como la indumentaria o el material escolar, suelen ser mayores que en los centros públicos". Este mismo año han actualizado su investigación con otro artículo. En 2012, el gasto familiar por alumno fue de 527 euros en la pública y de 1.212 en la concertada.

DESIGUALDAD


Se trata de un círculo vicioso. Xavier Bonal, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y reconocido como una autoridad imprescindible en este campo, lo ha descrito con precisión. Los centros concertados, mediante su ubicación selectiva y sus cobros, se quedan con un alumnado de familias con mayor capacidad económica. El hecho de que los conciertos no cubran todas las necesidades de los concertados provoca que sean más baratos para el Estado en términos brutos; pero, al mismo tiempo, más caros para las familias. En palabras de Bonal, autor del artículo Equivalència territorial en la planificació educativa a Barcelona: Diagnòstic i propostes, "a muchos colegios concertados la dotación insuficiente del concierto les sirve de excusa para cobrar cuotas implícitas, lo que actúa como mecanismo de selección y de segregación escolar".

Rogero-García afirma que "sin lugar a dudas", la segregación es "un elemento fundamental en la reducción de la calidad de la educación". Pero no se queda ahí:"Aumenta las desigualdades educativas, es cierto, pero además reduce la cohesión social. La segregación se basa en una especie de acuerdo tácito que proporciona un cierre social a las clases altas. Es un statu quo en el que determinados grupos sociales no conviven en la escuela con otro. Eso es favorecer los privilegios de unos a costa del deterioro de la calidad educativa". A su vez, este investigador conecta esta dinámica con unos posibles peores resultados. "Todo el mundo sabe que existe el efecto compañero. No sólo es importante [en el rendimiento de un alumno] el centro o el profesorado, sino los compañeros, fundamentales en la trayectoria educativa. En un contexto en el que tienes un 80% de población vulnerable, se hace casi imposible el éxito". El informe de la Universidad de Valencia coincide en el análisis: "Los centros con una composición escolar desequilibrada, donde predomina una población escolar con necesidades educativas especiales, tienden a ser poco deseados por las familias del entorno. Si no se corrige este efecto, dicho desequilibrio se incrementa curso tras curso".

MADRID


Todo este fenómeno suele dar la cara con episodios puntuales, en noticias dispersas. Un ejemplo: Un colegio expulsa a una niña por no pagar su padre las "cuotas voluntarias" (El Mundo). Es más infrecuente ver la fotografía completa. Es lo que intentó hacer Save the Children con la Comunidad de Madrid. Su informe identificaba un foco de segregaciónen el decreto de 2013 de la Comunidad de Madrid, que introdujo la "zona única". "Este sistema obliga a las familias a ser estratégicos a la hora de elegir escuela", señala. Agudizó la lógica competitiva, que además se ajusta como un guante al ideario de algunas de las ramas de la Iglesia más exitosas en el campo educativo como el Opus Dei.

Hasta el último informe PISA, el PP había defendido el modelo aguirrista por sus resultados en estas pruebas. Ahora que Madrid han fracasado, el Gobierno madrileño amenaza con salirse de unas pruebas "contaminadas". infoLibrepreguntó a la Consejería de Educación de Madrid por su valoración de los informes que alertan de la segregación en sus aulas. Sin respuesta. Hasta la fecha, no hay asomo de autocrítica y el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso proclama que su voluntad es seguir cediendo suelo para colegios privados financiados con fondos públicos, otra línea de acción facilitada por la Lomce. Y no sólo es que la Comunidad de Madrid no haga amago de rectificación. Es que Madrid es el modelo de los gobiernos autonómicos de comunidades como Andalucía y Murcia. Es previsible que siga habiendo suspensos en los exámenes sobre integración.




PIN: Permiso Integrista Nacionalcatólico

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Escuela Mar Bella (Foto: Edu Bayer)

Antonio Maestre, El Diario, 19 de enero de 2020

Las guerras culturales serán uno de los elementos fundamentales de esta legislatura y el Ejecutivo ya ha dado buena cuenta de que no va a rehuirlas. La primera semana de conformación del Gobierno, ya ha afrontado de manera decidida y valiente la del pin parental, de ahora en adelante "Permiso Integrista Nacionalcatólico". El requerimiento al Gobierno de Murcia para desistir en la aplicación de la medida es el ejemplo de que parece que no piensa arredrarse. Queda por ver si no cae en la trampa de enredarse en estas guerras perdiendo la perspectiva de que tiene el BOE en sus manos y la mejor manera de vencerlas por aplastamiento es legislar sin complejos.

Haríamos mal en creer que el veto educativo tiene como objetivo la simple instauración del permiso integrista nacionalcatólico en las escuelas. Va más allá y es un ataque a la línea de flotación de la educación pública. Un intento para disciplinar a este Gobierno y evitar que sea ambicioso en la reforma educativa que prepara. Hablar de la implantación de una medida reaccionaria de este porte para que como mal menor se mantengan sus privilegios de clase y credo. Que las concertadas que segregan no se vean perjudicadas o que la religión se mantenga en las aulas como asignatura evaluable. Conviene mantener la perspectiva y ser conscientes de los usos y costumbres de la reacción española para que sus malas artes no impidan hablar de los verdaderos problemas de la educación española más allá de la espuma de estos días. Problemas graves y estructurales como las ratios elevadas y la falta de recursos, las plantillas inestables y las altas tasas de interinidad. Pero para ganar esa guerra es imprescindible vencer estas pequeñas batallas.

La derecha no comprende que en lo que respecta a la educación, la infancia tiene derechos y los adultos, deberes. Importa el bienestar del hijo y sus derechos constitucionales por encima de los padres. Para ser precisos, los padres no importan. O importan si sus pretensiones no entran en colisión con los derechos fundamentales de la infancia. Los padres no tienen derecho a que su hija reciba una educación que considera que la homosexualidad es una enfermedad, de hecho la educación y la Constitución protegen al menor de esos progenitores. El espacio educativo es el lugar dedicado a que los niños y niñas de España reciban una educación reglada que respete los derechos humanos y a protegerles de esas enseñanzas y comportamientos. Aunque vengan de sus padres. Especialmente si vienen de ellos.

La concepción patrimonial que mostró Pablo Casado de sus hijos, en un mensaje al mostrarse escandalizado por que la ministra de Educación, Isabel Celaá, negara que los hijos pertenecen a los padres, muestra cierta sociopatía integrista heredada de la cultura política que aflora en la derecha española. Eso sí, se mostró muy preocupado porque el Estado se arrogue la propiedad de sus infantes. "Ni del Estado, ni del marido, ni de la Iglesia, ni del patrón" es lo que cantan las feministas en sus movilizaciones y quizás Pablo Casado tendría que aprender de ellas. Que no, que tampoco del Estado. Que eso solo lo lograron en España hacer aquellos de los que el PP es heredero político.

Puede servir al líder de la oposición para aclararse leer los textos legales de nuestro marco jurídico y supranacionales que dan soporte a los derechos del niño como pleno sujeto de derechos. No, señor Casado, claro que no son de su propiedad. El artículo 39.4 de la Constitución establece que "los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos", un artículo que se complementa con el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, que dice que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

Sobran los argumentos para rebatir esta medida integrista, aunque no hay que perder demasiado tiempo con ella y sí actuar con la premura que ha hecho el Gobierno contra quien atente contra los derechos fundamentales de la infancia. Sin paños calientes, sin atender a berreos patrios. A pesar de ello, nunca está de mas hacer una serie de consideraciones sobre los delirios nacionalcatólicos de PP y Vox con la aquiescencia cínica y cobarde de Ciudadanos, que llorará cuando los vuelvan a expulsar del Orgullo este verano, si es que para entonces les quedan diputados para montar una carroza.

El argumento de que los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos no es absoluto, como todos los derechos, y deja de serlo cuando colisiona con derechos fundamentales ajenos. Los padres no pueden decidir que sus hijos no acaben la educación obligatoria, porque precisamente por eso es obligatoria. Tampoco pueden decidir sobre los contenidos curriculares, porque la educación está reglada y no está sometida a caprichos y veleidades individuales. La puerta que el permiso integrista nacionalcatólico abre permitiría a un padre maltratador sacar a su hijo del aula cuando se explicara en una charla sobre violencia de género que la mujer no tiene que ser golpeada porque lleve una falda corta y que si una compañera está borracha en una fiesta, tocarla es una agresión sexual. Cierto que esto no es un problema para los posfascistas de Vox, pero su decisión también permite que el hijo de un integrista islamista saque a su hijo del aula cuando se enseñe en una charla que todas las religiones merecen la misma consideración y que nadie tiene derecho a quitar la vida a otra persona por ser católico. Igual esa puerta les preocupa un poco más, porque es la que permite su medida.

Lo que trasciende de este intento de la reacción es la ofensiva contra la educación pública, el único reducto que garantiza la posibilidad de reducir las influencias nocivas de las ideologías de odio. La educación pública funciona como los anticuerpos contra el odio que las sociedades avanzadas tienen. Igual que afectaría a todos los niños que estuvieran cerca del hijo de Pablo Casado si no le vacunara contra el sarampión, nos afecta que Rocío Monasterio eduque a sus hijos haciéndoles creer que la homosexualidad puede curarse. Decía Emilia Pardo Bazán al referirse a la educación dada a las mujeres en su época que no era educación, sino doma. Esa premisa integrista es la que atraviesa el pensamiento reaccionario que quiere imponer el permiso integrista nacionalcatólico, domar a los hijos de la clase trabajadora, que los suyos ya están siendo domados en colegios privados.

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"El eje no es pues la satisfacción de unos intereses parentales sino la debida garantía del derecho que tiene cualquier niño y cualquier niña a desarrollar al máximo sus capacidades y poder disfrutar de las libertades y oportunidades de una democracia"

El pin parental y el derecho a la educación, Ocatvio Salazar / El Diario





LOMLOE, proyecto de Ley

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20 de enero de 2020

La Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación Loe de 2006 -que a su vez deroga la Lomce de 2013-, LOMLOE, también denominada Ley Celaá, fue definida por su promotora como un «texto progresista para una educación del siglo XXI» y recibió el visto bueno del Gobierno en el mismo Consejo de Ministros en el que se decretó el adelanto electoral del pasado febrero.

La Ley, según Sánchez, incorporará los acuerdos alcanzados por parte de la comunidad educativa y servirá para blindar la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.

Su texto coincide con muchas de las propuestas del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos como apostar por la educación integral, impedir la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos o eliminar la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión y que la calificación de esta materia puntúe.

 Una educación para el siglo XXI

"La educación es el principal pilar para garantizar el bienestar individual y colectivo, la igualdad de oportunidades, la ciudadanía democrática y la prosperidad económica. La calidad y excelencia de un sistema educativo han de concebirse vinculadas a la equidad, la personalización de la atención educativa y la autonomía de los centros con rendición de cuentas.Presentación del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero y publicado por el Boletín Oficial de las Cortes el 22 de febrero"

Objetivos y ejes transversales



Novedades LOMLOE: Infantil y Primaria



Novedades LOMLOE: ESO, Bachillerato, FP



Documentación










La escuela, el gran mercado del siglo XXI

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Gérard de Sélys (29 de marzo de 1944 - 3 de enero de 2020)
In memoriam


Gerard de Sélys / Foto Pascal Dandrimont, Solidaire
Beratriz Quirós- José Antonio Alonso, Rebelión

En 1998 un artículo de Gérard de Sélys, periodista belga, aparece en Le Monde Diplomatique en su versión francesa. Se trata de "L’École, grand marché du XXIè siècle" un análisis de las pretensiones del empresariado europeo a través de su lobby, la ERT (European Round Table), de hacer de la educación y la formación un sector estratégico vital para las empresas y por tanto de convertir la enseñanza en un gran mercado. Quizá sea una de las primeras veces que se ponen de relieve las verdaderas intenciones de las elites políticas y económicas europeas: poner a la escuela al servicio de los mercados y de los intereses de esas elites y acabar con la concepción de una educación emancipadora y al servicio de la humanidad. 

Este artículo, y la publicación ese mismo año -en colaboración con el profesor Nico Hirtt- del libro Tableau Noir, résister à la privatisation de l’enseignement (EPO. Bruxelles 1998) fueron determinantes para el conocimiento y posterior difusión de las ideas sobre la resistencia a la mercantilización y a la privatización de la educación. 

En España sus ideas fueron retomadas en los análisis sobre la situación de la educación y los peligros que la acechaban por parte de algunos sindicalistas de la Confederación de STEs, SUATEA en Asturies, que decidimos traducir y difundir varios artículos de estos activistas belgas y que hoy son citados en numerosas ocasiones por quienes se dedican a estudiar y a luchar contra las políticas educativas neoliberales. Sus ideas fueron determinantes para articular la resistencia frente a la ofensiva emprendida por distintos gobiernos en el Estado español contra la enseñanza pública. 

Desde estas líneas queremos hacer un pequeño homenaje a Gérard de Sélys, periodista de la Radiotelevisión Belga, activista y autor de numerosos libros, artículos, miembro del PTB, luchador incansable, que ha muerto el 3 de enero a la edad de 75 años con la publicación de la traducción de uno de los capítulos más premonitorios - recordemos que fue escrito en 1998- de Tableau Noir: résister à la privatisation de l’enseignement. Chapître 6: Stratégie.

Estrategia


Por el número de empleos que requiere y las importantes sumas de dinero que moviliza, el sector de la enseñanza es comparable al del automóvil. 

La producción automovilística de los veintinueve países miembros de la OCDE genera un volumen de negocio anual de alrededor de un billón 286.000 millones de US$ (7 billones 500 000 francos franceses, 45 billones de francos belgas) y emplea a cerca de cinco millones de trabajadores.

Los mismos países miembros de la OCDE dedican anualmente un billón de US$ (5 billones 800.000 millones de francos franceses, 35 billones de francos belgas) a la financiación de su enseñanza que da empleo a cerca de diez millones de docentes.

Si se suprime la mitad de los cuatro millones de profesores con los que cuentan los quince países de la Unión europea cuyos salarios constituyen más del ochenta por ciento de los gastos de enseñanza, ¡billones de francos franceses o belgas estarían disponibles para ser utilizados en la guerra competitiva!

Y, además, si pueden, los padres están dispuestos a gastar mucho para evitar que sus hijos estén en paro. Si tenemos en cuenta que hay ochenta millones de alumnos en todos los niveles -incluyendo la Universidad- en la Unión Europea, cuyos padres serían capaces de cualquier sacrificio para evitarles el paro, podemos hacernos una idea sobre la fortuna que está en juego.

Y eso sin contar con el producto de la venta de las escuelas abandonadas y de los terrenos que ocupan. Y sin contar que los patronos (los ricos) venderán en lo sucesivo, y muy caro, cursos que hasta ahora eran prácticamente gratuitos. Y en los que podrán enseñar lo que quieran. Enseñarán lo que necesitan que aprendamos para aumentar aun más sus beneficios, sus fortunas. Nos llenarán la cabeza con su ideología, sus ideas y sus mentiras. Y dejarán de lado lo que no les interesa.

Suprimirán partes enteras de la historia. Porque la historia puede explicar cómo los ricos han explotado siempre a los pobres y que éstos siempre han terminado rebelándose, algunas veces con éxito. Guardarán de la historia solamente los grandes momentos de la construcción de su “democracia” burguesa y de la adquisición de las “libertades”, su libertad de emprender y su libertad de explotar a los otros. Presentarán dos mil años de historia como un largo proceso que conduce “naturalmente” a la libre empresa, estado último, a su parecer, de la evolución de las sociedades humanas. Suprimirán las ciencias sociales, porque las ciencias sociales pueden describir demasiado bien la miseria de los explotados y la indecente opulencia de los ricos. Estas ciencias sociales no tienen, además, ningún interés para la rentabilidad de la mano de obra. Suprimirán la filosofía, porque podría demostrar que su propia filosofía no se fundamenta más que sobre embustes de charlatanes.

Nos atiborrarán, en cambio, en sus cursos-mercancía con las ideas y principios que les favorecen: la competitividad, la flexibilidad, la excelencia, la productividad, la ganancia, la economía de mercado y la supremacía de la empresa privada.

Aunque es totalmente falso, repetirán, en sus cursos, que la competitividad rige toda vida en la tierra. Que es una verdad natural, tan cierta como que los lobos han comido siempre a las ovejas, que los leones han cazado siempre a los antílopes, que las arañas han atrapado moscas en sus telas.

Dirán que es genético. Que no hay nada que hacer. Que hay que pelear para sobrevivir, ser mejor que el otro y aplastarle si es necesario. Afirmarán que los vencidos, los pobres, los marginados han escogido su suerte, fueron perezosos, o está inscrito en sus genes. Explicarán que los vencedores, los ricos, en su caso lo son porque han merecido su suerte, han devorado a los otros de forma natural y que eso está también inscrito en sus genes.

Explicarán que hay que ser “flexible” y “adaptarse”. Flexible quiere decir: trabajar cuando tienen necesidad de mover sus máquinas, noche y día si es necesario, e irse al paro cuando quieran parar sus máquinas. Adaptarse quiere decir: aceptar sus exigencias, trabajar para ellos dónde y cuándo quieran y con los salarios que impongan.

Insistirán machaconamente en la “excelencia”. Habrá que ser excelente o no ser. Habrá que tener, como ellos dicen, “cero defectos”, “cero retrasos”, “cero averías”. Y los que no se avengan a esta obligación de excelencia, serán ceros a la izquierda en la sociedad. Serán expulsados de sus empleos y reemplazados por “excelentes” quienes... aguantarán lo que puedan, durante el tiempo que puedan. El cansancio será un “defecto”, así como estar embarazada, tener preocupaciones, pensar en su enamorado, estar atascado en un embotellamiento, asistir a una reunión sindical, soñar, estar enfermo o leer un periódico.

Dirán que únicamente la “productividad” cuenta. Por ejemplo, si quieren producir el doble de mercancías, tienen la opción o bien de contratar al doble de trabajadores, o bien obligar a los que trabajan a producir dos veces más. Hoy en día la segunda solución es la que casi siempre escogen e imponen. Hoy quieren duplicar, triplicar la “productividad”. Mañana, si habéis aprendido bien en sus cursos que el aumento de producción salvará su empresa, y vuestro empleo al mismo tiempo, aceptaréis trabajar cuatro, cinco, seis veces más o más rápidamente.



Pagaréis muy caro sus cursos dedicados al “beneficio”. El beneficio es la ganancia que sacan de vuestro trabajo. Explicarán que el beneficio sirve para desarrollar la empresa, ampliarla, modernizarla y contratar a otros trabajadores, para vencer a la competencia. Explicarán que “el beneficio” os beneficia a vosotros. Ocultarán con cuidado que las ganancias que sacan de vuestro trabajo no tienen más que un destino: desarrollar cada vez más sus propios beneficios en detrimento de las necesidades sociales de la humanidad.

Habrá también cursos -de pago, claro está- sobre la supremacía de la empresa privada. En ellos defenderán que son “valientes y audaces capitanes de la industria” que han asumido el considerable riesgo de invertir su fortuna personal en pro del desarrollo del mundo moderno y del bienestar general. En primer lugar, no dirán de dónde sale su fortuna personal.

¿Del estado? ¿De un lejano antepasado aristócrata? ¿Del saqueo de las colonias? ¿De la venta de material bélico? ¿De la explotación descarada de la mano de obra en el siglo XIX? Después callarán que las principales invenciones que han permitido el desarrollo humano fueron descubiertas y mejoradas por grupos humanos anónimos. Como han sido y seguirán siendo anónimos los obreros, los técnicos y la mayor parte de los investigadores que mejoran sus máquinas, que inventan otras nuevas, perfeccionan nuevos productos. En fin, ocultarán cuidadosamente que, cuando su empresa está en peligro, lloriquean ante papá Estado y se hacen salvar, en nombre del mantenimiento del empleo, recibiendo fabulosas subvenciones en forma de ayudas o de contratos públicos.

Naturalmente, venderán cursos de economía. De “economía de mercado”. Cursos en los cuales eminentes premios Nobel demostrarán que todo debe venderse y comprarse y que las “leyes de oferta y demanda” no solo son naturales, sino también divinas. Que únicamente estas leyes pueden asegurar un desarrollo armónico de la humanidad. Y que el paro, las crisis económicas, la pobreza y las guerras son “fenómenos” o “calamidades naturales” frente a las cuales no se puede hacer nada, como los maremotos, los huracanes o los terremotos... Se guardarán mucho de explicar que sus crisis económicas son justamente provocadas por esta economía en donde todo debe venderse y comprarse. Se guardarán mucho de reconocer que estas crisis no tienen nada de natural. Nunca la humanidad tuvo la oportunidad de producir tantos bienes como hoy. Pero hay crisis porque estos bienes no se venden. No se venden porque un número creciente de mujeres y de hombres no tienen suficiente dinero para comprar lo indispensable.

Se guardarán bien de explicar, igualmente, que su enseñanza privada y de pago agravará la fractura de la sociedad y la selección social. Entre quienes tendrán un buen trabajo remunerado, quienes tendrán empleos precarios y salarios bajos y quienes no tendrán trabajo. Que será una enseñanza más selectiva y más jerarquizada. Destinada a preparar a los jóvenes a un “mercado de trabajo” más selectivo y más jerarquizado. A la era de los “treinta años gloriosos” (1945-1975), cuando los patronos reclamaban una elevación general de los niveles de formación, y tras un periodo de transición de una década, sucede hoy una era de estiramiento de las capacidades; por lo tanto, de los niveles de cualificación requeridos: se necesitan ingenieros y técnicos cada vez más “capacitados”, pero también una masa creciente de “pequeños empleos” que solo requieren una formación básica. Quieren vender la enseñanza “puntera” y dejar al Estado el cuidado de alfabetizar apenas, en escuelas barracones, a las futuras cuadrillas de barrenderos, vigilantes de aparcamientos y limpiadores de oficinas.

Finalmente, venderán hasta lecciones de democracia. Pero de su “democracia” únicamente. Aquélla en la que los ricos hacen las leyes ocultándose tras los políticos que ellos han hecho elegir. Aquélla en donde los ricos reinan sin compartir edificando hermosos “palacios de la nación” y secretos ministerios en los cuales trabajan hombres y mujeres que les muestran su devoción. O su sujeción. Aquélla que, cuando los pueblos se sublevan, disparan las armas, sin piedad, en nombre del “orden”, el orden de los ricos. Aquélla que fomenta golpes de Estado, instala dictaduras, financia, cuando pueden serles útiles, fascistas, nazis y sus hermanos integristas. Aquélla que provoca guerras para “defender la democracia”. Esa democracia. El poder absoluto de los ricos.

Esto es pues lo que hoy. preparan activamente. Apropiarse del dinero que los Estados, los padres y los estudiantes destinan a la enseñanza. Y vender su propaganda y sus mentiras al mismo tiempo que las únicas materias que les son útiles: los idiomas y algunas asignaturas técnicas industriales e intelectuales.

Beatriz Quirós y José Antonio Alonso son miembros del sindicato SUATEA

Censura escolar. Lo obvio, el error, lo bueno y la hoja de ruta

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La hoja de ruta del Gobierno con respecto a la censura escolar es sencilla: ni caso... Y una escuela pública orgullosa y a lo suyo.



Enrique del Teso, La Voz de Asturias, 24 de enero de 2010

La democracia es como polvos pica pica para el fascismo. Todo les irrita y les da escozor. Gente echando papeles de caramelos en una papelera les saca ronchas. No es que sean guarros y quieran papeles por el suelo. Es la actitud de la gente, esa sensación de que, igual que se tragaron lo de llevar papeles de caramelos pegañosos en la mano hasta encontrar una papelera, seguro que también se comieron lo de la solidaridad, el planeta y lo de los maricones. Tienen tres razones para querer censurar contenidos en las escuelas. La primera es que son fascistas y la escuela no lo es. La democracia es una constelación de extremismos para un fascista. El consenso progre del que se burlan es lo que los demás llamamos convivencia libre. Nadie admite ser un autoritario. La imposición intolerante pretende ser siempre una defensa a ataques imaginarios. La segunda razón es que el fascismo es una subversión del sistema. Tienen que normalizar el desafío. No pueden gobernar en una sociedad sana. La necesitan enferma y por eso mienten, envenenan y envilecen. Y la tercera es que son de natural gamberro. La brutalidad es componente de todos los sabores del fascismo. En la escuela los profesores repetían con ñoñería que la higiene decía mucho de nosotros y entonces, si unos gamberros te veían lavándote las manos, vociferaban risotadas y repetían con retintín que la higiene decía mucho de nosotros. Hay cosas de la extrema derecha que no se explican por sus verdaderos intereses sino solo por pura macarrería.

Esto es lo obvio sobre la censura escolar pretendida por Vox. No sé si tienen algún valor las palabras que llevo dichas, pero me voy a atribuir un acierto. En el formato en que veo el texto en pantalla, escribí diecisiete líneas sobre la censura escolar y no usé las palabras niño, niña, hijos, padres, profesor, familia o estado. Y digo que es un acierto porque es lo que hay que hacer. Vox no monta este circo para que le den la razón. Lo monta para que se discuta lo indiscutible, se dude de lo evidente y parezca confuso lo meridiano. Quiere crear vacilaciones en los profesores y cizañar a los padres. Quieren que debatamos sobre una alucinación. Los riesgos educativos están en lo que pueden ver con el teléfono móvil que les compramos a los nueve años y no en la escuela, donde se les equipa para esquivar esos riesgos. Lo saben de sobra. El problema es que muchas veces la gente comprometida tiene convicciones y principios muy a flor de piel y siempre listos para sustanciarse en palabras y argumentos. No pueden oír lo de la censura parental sin que salgan de sus bocas en tropel las dignísimas razones que tienen para abominar de semejante bodrio. Pero no siempre es saludable debatir y argumentar. Razonar que negros y blancos deban tener los mismos derechos es barbarie, porque es debatir lo que se debe tener como certeza.

Claro que hay que contraargumentar, a eso me aplico, pero no poniendo el debate donde lo quiere el fascismo, sino donde lo reclama la civilización. El tema es simple: un partido de ultraderecha quiere imponer ideología en los colegios y sembrar desconcierto en la enseñanza pública como expresión que es de una sociedad democrática a la que son alérgicos. No hay debate sobre si los niños son de su familia o del estado. Los padres y las madres saben lo que conviene a su hija, pero si se rompe un brazo saben que lo que le conviene es la atención de un médico. Y también saben que para su formación, oportunidades y felicidad les conviene el profesorado cualificado que la atiende cada día. No hay tensión entre la escuela y la familia. A veces los principios burbujean en nuestra boca, nos queman en la lengua y pugnan por salir y expresarse, es comprensible. Pero es un grave error de la izquierda, de los enseñantes y hasta de periodistas de buena intención entrar al trapo. Solo estaremos respondiendo bien a Vox si no decimos palabras como estado, familia, profesores o niños, y sí palabras como extremismo o censura. O palabras como adoctrinamiento: quienes buscan adoctrinar siempre inventan un adoctrinamiento del que dicen defenderse. No debe dejarse fuera del debate el papel de la cúpula eclesial. El debido respeto a las creencias y culto católico no debe suponer un asentimiento temeroso al activismo de los obispos. La Iglesia lleva tiempo predicando esta intolerancia autoritaria y creando la neolengua, ahora asumida por Vox, con la que quieren aprovecharse de la (buena) fe de los creyentes para intoxicar y confundir, con expresiones como ideología de estado para referirse a la condición abierta y tolerante de la escuela pública; o como ideología de género, para referirse a la igualdad de hombres y mujeres.

Pero además de errores también hay dos cosas buenas. Una es que el error de Casado es el mayor de todos. Empieza a hacer con Vox un dúo como aquellos hermanos Hernández y Fernández de Tintín, cuando uno decía una cosa y otro añadía una repetición de lo mismo. Vox dice al Gobierno «pin parental» y Casado añade «saca tus manos de mi familia». Este sucursalismo hace al PP un terrón de azúcar en la taza de la extrema derecha y además lo aleja de lo que realmente está pasando. Es chistoso que patronal y sindicatos pacten una subida del salario mínimo y el PP ande extraviado buscando si en las escuelas enseñan a los niños a penetrar a su hermanito, como delira el tarado de Tertsch. Pero en el PP hay gente que sí hizo la carrera y sabe hacer la o con un canuto y que empieza a poner muecas. Es bueno que el fascismo sea una carga para la derecha. Casado es el PP reflejado en un espejo deformante, como los esperpentos de Valle Inclán. Ya deben estar pensando en ello.

La otra cosa buena es que el país real sigue siendo diferente y ajeno a las oscuras ensoñaciones de la ultraderecha, de su vicario Casado y del obispado. De momento el Gobierno transmite la sensación de estar en el mundo real, mientras la oposición se consume en sus demonios. No es que no hagan daño, es evidente el empeoramiento de la vida pública con una ultraderecha tan fortalecida. Pero no van a poder replicar todo el tiempo a políticas sociales o de impulso a la investigación con penes y vulvas. Cataluña es su mejor baza, porque sigue afectando al voto de la cuarta parte de la población. Será la única fisura por la que puedan colar sus vapores mefíticos en nuestra vida pública.

La hoja de ruta del Gobierno con respecto a la censura escolar es sencilla: ni caso. No debe agitar el debate que propone la ultraderecha. Debe referirse al caso como una muestra de lo que es la ultraderecha: un grupo montaraz que quiere introducir censuras fundamentalistas en la escuela pública y proteger el adoctrinamiento religioso en la escuela privada. El Gobierno debe mantener una línea reconocible y cercana, como está haciendo, y no ser reactivo a cada desbarro de la oposición. La historias de patrias vendidas, niños prostituidos y estalinismos de cómic rebotarán en desorden con un gobierno cohesionado y anclado en la vida real de la gente. El episodio del pin parental debe dejar como rebufo a Casado ridiculizado, un PP extraviado y una extrema derecha retratada. Y una escuela pública orgullosa y a lo suyo.

La escuela Google ya está aquí

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Un acercamiento a cómo empresas como Google están accediendo, también, a la educación y la escuela.

Estudiantes en un colegio norteamericano prueban la aplicación de Google Expediciones
Olivia Carballar, La Marea

¿Se acuerdan de los murales que hicieron en el colegio? Sí, con cartulinas de colores y pegamento de barra. O con cola blanca. ¿Se acuerdan de las estufas con bombona de butano para calentar a toda la clase? ¿Del agua helada para lavarse las manos en el baño? ¿Y de las clases de su maestra o maestro preferido? Y ahora respondan: ¿Han escuchado hablar de los Chromebooks, de G Suite, de Google Classroom? ¿Han oído hablar de higiene digital? Dice un estudio elaborado por la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (Wise, en inglés), un think tank promovido por la Fundación Qatar, que cada año se celebra en Doha, que la clase magistral desaparecerá en 2030, el aprendizaje será personalizado, permanente y todo estará interconectado con Internet. Puede que incluso desaparezcan las aulas y que cada niño o niña aprenda desde su propia casa.

Nadie puede saber qué ocurrirá y, menos, como reflexiona Ekaitz Cancela, autor de Despertar del sueño tecnológico (Akal), “¿de qué sirve que una serie de expertos se reúnan en Doha, un lugar donde ni siquiera respetan los derechos humanos, para imponernos la normas al resto?”. Pero ya están ocurriendo cosas, ya se habla en foros como Davos en estos términos: “La educación superior necesita su momento Netflix”, dijo el alto ejecutivo Michael E. Hansen. En un foro reciente organizado por la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada en CaixaForum, el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, dijo: «La educación necesita una sonrisa”. Ya hay colegios que manejan los términos citados y de ello se está encargando Google.

Google for Education es un conjunto de programas que, según explica la compañía en su web, pretende “garantizar la preparación digital de los alumnos y los profesores”, con herramientas y la financiación de Google para expandir la enseñanza de la informática. En Estados Unidos, la empresa incluye entres sus acciones filantrópicas los Salones de Estudio Rodantes, que incorporan en los autobuses escolares wifi, dispositivos y la asistencia de educadores, lo que permite acceder, según Google, a más horas de aprendizaje fuera de la escuela, especialmente en comunidades rurales.

Privatización


“Bajo las ideas de innovación y digitalización que pregona Silicon Valley se encuentra la privatización. Google es una empresa privada que quiere aprovechar la ventaja que tiene sobre otros competidores privados gracias a los datos para entrar en mercados como los de la educación y la sanidad. Este es el motivo por el que debemos entender las tecnologías digitales como una mera continuación de la agenda neoliberal. Con los Chromebooks está acumulando una cantidad ingente de datos de los ciudadanos a una edad aún más temprana, casi desde que comienzan a estudiar”. Esto tiene muchas implicaciones, añade: “De un lado, con esos datos, puede ofrecer servicios a los colegios o incluso a instituciones públicas para que diseñen sus planes educativos. Todos los datos están en su nube, y acceder a ellos cuesta dinero. Más aún procesarlos. Se crearán, aunque ya es incipiente, start ups que hagan ese trabajo de procesamiento de datos. Algo similar ocurrió con la sanidad en Reino Unido. Deepmind, una compañía de Inteligencia Artificial aplicada a la salud, firmó un acuerdo con la NHS para gestionar los datos. Después Google adquirió esa start up. Y no solo ocurre al nivel más bajo. Universidades como la Carlos III de Madrid han firmado acuerdos con esta empresa y migrado sus correos electrónicos allí”.

¿Igualdad o desigualdad?


Educada en una pequeña escuela en Malpaís de Candelaria (Tenerife), la hoy profesora de Educación y Psicología social Itahisa Pérez incide en la necesidad de seguir apostando por las personas y por una docencia presencial, por ese “vínculo emocional que la tecnología no puede ni tiene capacidad para sustituir”. “Al final, nos adoctrinan en la escuela en lo que ‘otros’, que no sabemos bien quiénes son pero que tienen mucho poder y que manejan los hilos de nuestra sociedad, desean. Y así hacen negocio con la educación, o con la enseñanza, porque me gusta pensar que la educación es otra cosa, que en ocasiones no fomentamos, y esto de lo que estamos hablando, más bien es adoctrinamiento”.

Una de las bases en las que Google asegura sostener su proyecto es la conexión con el mercado laboral: un 92% de los trabajos del futuro exigirá destrezas digitales y un 45% de ellos requerirá de plantillas capaces de configurar y trabajar con confianza con sistemas digitales y tecnología. Esto, desde el punto de vista de Cancela, supone lo siguiente: “Imagínate a empresas pagando a Google, o al Santander, que también accede a datos de muchas universidades, diseñando servicios financieros para otras empresas que quieran captar a los mejores alumnos o quienes tengan el ‘mejor capital humano’. Llegaremos a un punto en que nadie se equivocará de carrera porque sus datos habrán elegido por él. Pero también a uno donde mucha gente no accederá a la universidad pública. Google solo hace más claras, e invisibles, las jerarquías y desigualdades existentes”, opina.

¿Nos llevará esta vía hacia el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Dice así: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. La profesora Pérez concluye: «Las desigualdades seguirán si no se interviene sobre las causas que las generan. Poner el foco en que la tecnología nos va a salvar es creer en que tres hombres en camello tienen la capacidad de entregar regalos a millones de personas la misma noche del año. Eso sigue siendo, al menos para mí, adoctrinamiento. No me refiero a la magia de esos señores, porque la magia debe existir [risas], sino al pensar que la tecnología va a reducir las desigualdades. Me atrevería a decir que las desigualdades se pueden acrecentar con la tecnología, porque la familia que no puede comprar tres libros, no va a tener dinero para comprar un «Chromebooks».

‘Made in’ la escuela pública


En España, Google for Education ya ha incluido a diversos colegios en su listado de “escuelas de referencia”. Hasta el momento, la mayoría son concertados católicos y privados. «Seguramente en la escuela pública no consigamos ese título oficial, porque depende de la certificación del claustro, es decir, la formación específica del profesorado en un porcentaje determinado –esas certificaciones cuestan entre 10 y 20 dólares–, y del número de dispositivos que compra el centro –los chromebooks oscilan entre los 200 y 300 euros–. Pero eso no quiere decir que no esté funcionando y con un rendimiento my alto en la escuela pública, donde hay algunos centros que optan por que cada alumno se compre su propio dispositivo o institutos como el mío, con un alumnado diverso, donde el centro ha comprado un determinado número de dispositivos para poder trabajar en el aula», explica Ana Moliné, profesora de Lengua y Literatura y coordinadora de Formación e Innovación del IES José Manuel Blecua de Zaragoza. Es, además, una de las 12 coordinadoras del equipo de educadores Google en España (GEG), que está compuesto por más de 3.000 docentes que comparten de forma voluntaria y altruista recursos educativos y experiencias. «Al margen de Google, eh, que nos pagan nada», aclara.

Su instituto comenzó con la tecnología Google en 2016. «El Gobierno de Aragón apostó por nosotros para hacer un pilotaje. Nos prestaron 30 chromebooks y nos dieron a unos cuantos profes una formación muy potente. Y nos dijeron: os damos seis meses para que lo probéis en el aula. Nos gustó tanto que al año siguiente, aunque nos retiraron los chromebooks nos quedamos con la formación, hicimos una pequeña inversión y continuamos».

A ella, dice, le ha cambiado la vida. Pone algunos ejemplos. «Lo más valioso de la plataforma G Suite, que es gratuita –remarca– es que se puede trabajar ‘online’ de forma colaborativa, el almacenamiento en Drive es ilimitado –en otras plataformas se paga, incide– y todas estas cuentas de Gmail corporativas, tanto del profesorado como del alumnado, son controladas desde una consola de administración que permite tener un entorno de seguridad absoluto. Por ejemplo, si no quieres que los alumnos se metan en según qué páginas o juegos ‘online’ con esa cuenta, lo puedes capar». Además, permite también la gestión del centro: reuniones colaborativas no presenciales, reservas de aula, calendarios para extraescolares… «Incluso se puede aplicar en la gestión del aula, que eso ya es abrumador. Es decir –prosigue–, se va más alla del libro de texto, lo tenemos todo digitalizado y permite dinamizar todas estas metodologías activas que requieren esta renovación pedagógica tan necesaria en educación. Se consigue una competencia digital pero de forma inmersiva, como cuando alguien quiere aprender inglés. Siempre hay algún profe que no se siente seguro (y opta por la clase magistral) y los alumnos notan una clara diferencia. Porque el aprendizaje colaborativo y experiencial requiere obligatoriamente que el alumnado protagonice su propio aprendizaje«.

La profesora, que no es ajena a las críticas, responde: «Muchas vienes desde la ignorancia. Con Microsoft, y su modelo 365, nadie habla de eso. Sé que hay un compromiso ético de Google for Education y la empresa nos asegura que cumple todos los requisitos que determina el Reglamento General de Protección de Datos. Me gustaría que todo el mundo conociera esta url corta –bit.ly/GfEprivacidad– porque acallaría muchas críticas«.

Y tú qué 'pin' le pones a tus hijos

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...En realidad, yo también le puse un pin eligiendo la pública: una educación lo más libre posible, solidaria e igualitaria para todos. Hagan sus colas de acceso, paguen sus cuotas y saquen los vetos de nuestras escuelas.

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Aroa Moreno Durán, InfoLibre, 29 de enero de 2020

Hace una semana, vi una fotografía en la que decenas de padres hacían cola en la noche de enero para tener una plaza en la escuela infantil católica Santa Bernardita, fundamental en la suma de puntos para poder acceder tres años después al colegio de El Pilar, el famoso centro concertado de los marianistas situado en el barrio de Salamanca y donde estudiaron políticos como el expresidente José María Aznar o Alfredo Pérez Rubalcaba y empresarios como Juan Villalonga o Juan Miguel Villar Mir. Una noche fría la puede pasar cualquiera. Es sorprendente, pero no es el tema.

También está el caso del acceso a otras escuelas elitistas privadas, como los colegios de enseñanzas internacionales, donde para conseguir entrar, antes debes haber pasado por sus escuelas infantiles afines y después someter a toda la familia a una serie de entrevistas donde importa tu vinculación con el país, con peso fundamental de tener sangre originaria en tu árbol genealógico. Se ha normalizado que algo así sea relevante y éticamente incuestionable y nos callamos de ponerle su adjetivo preciso. Como es privado, o concertado, no se admiten preguntas.

La educación privada, pero también la concertada en muchos casos, ejerce sus propios mecanismos de filtro, embudo mediante, para que el poder y el estatus, sea cual sea, vayan en la dirección que vayan, estén asegurados en las manos de unos pocos(niños hoy, recuerden siempre que hablamos de niños). En un artículo, el escritor Alberto Olmos decía que el debate de la calidad de la enseñanza había sido sustituido por uno “menos noble”: la calidad del alumnado. Peligroso. Pero no es solamente eso, cuando tu hijo accede a un colegio así la diversidad mengua hasta el punto de constreñirse a universos reconocibles como ponernos un espejo delante. Pregúntate esto mientras sujetas la bandera de la tolerancia: ¿Tengo más que ver con una familia de mi liceo francés donde hay dos mamás o con una familia clásica que lleva a sus hijos a un instituto de Usera?

Más barata o más cara, la cuota mensual lleva implícito el sesgo educativo, la seguridad de que ciertos temas no serán tratados, uniformidad del alumnado, un veto asegurado hacia lo diferente, ya sea a nuevos modelos de familia o a las clases sociales más bajas, control paterno y también económico.

Tu veto puede orbitar sobre el clasismo.


A ver si estamos teniendo hijos para que consigan concluir el camino hacia ese estatus social que nosotros hemos peleado desde otro sitio. O esta variante del clásico: a ver si los hijos nos sacan de parecer pobres. Qué mal. Porque difícilmente la educación pública puede ser reivindicada por aquellas familias que desistieron por la razón que sea y eligieron llevar a sus hijos a uno de los 9.000 centros concertados o privados del país.

Todas las mañanas, sin llegar a entrar en las aulas, veo cómo muchas de las ventanas de la clase de los niños del colegio público de este pueblo de la sierra siguen sin cambiarse desde hace cuarenta años y entra el viento y entra el frío mientras que justo al lado se levanta un brillante edificio blanco de líneas rectas y enormes vidrieras religiosas sobre terrenos que el ayuntamiento de entonces cedió para un colegio concertado cristiano. Esto duele. O cómo, según explicaba el periodista Ángel Munárriz este domingo en este diario, las instituciones públicas y comunidades autónomas financian y avalan el pin ideológico y religioso que tantos colegios concertados ponen a sus alumnos financiando sus centros: hasta cuándo.

Para alejar a mi hijo de cualquier moral, de cualquier creencia, para que fuera libre y también crítico con cualquier sistema ideológico, y porque yo he pisado centros concertados religiosos en mi primera infancia y públicos después, le inscribí en la escuela de mi barrio. Porque creo que solamente los países que invierten en la educación pública, recortando los índices de fracaso escolar o la degradación de su enseñanza, levantan su futuro. Sacar a los niños de sus aulas no es creer en la enseñanza. Elegir entre las opciones que otros no tienen no es apoyarla. La gran razón de peso que sostiene la educación de este país es la equidad, la libertad y el progreso social común. Que algún día mi hijo, en manos de profesionales de la educación, dentro de un sistema que nos iguala y nos potencia, con sus lagunas y sus recovecos, un sistema que debe apuntalarse para que nos cohesione como país y no nos segregue, pueda ayudarme con la comprensión de este futuro acelerado. En realidad, yo también le puse unpin eligiendo la pública: una educación lo más libre posible, solidaria e igualitaria para todos. Hagan sus colas de acceso, paguen sus cuotas y saquen los vetos de nuestras escuelas.

Reunión General de “Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla” de 8 de febrero de 2020

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Recomposición, Levalet

Por otra política educativa, Foro de Sevilla, 3 de febrero de 2020

Nuestro sistema educativo se encuentra en una encrucijada de circunstancias definidas por el profundo malestar de las comunidades educativas, las expectativas generadas desde el nuevo Gobierno de la Nación y la obsesiva implantación de actuaciones administrativas de involución, que responden a intereses de parte, contrarios a los derechos de la infancia. En este contexto se hace necesario abordar, en debate presencial, unareflexión colectiva.

CONVOCATORIA de laReunión Anual General del Colectivo ‘Por Otra Política educativa. Foro de Sevilla‘.
FECHA: 8 de febrero de 2020, de 10:00 a 14:00 horas.
LUGAR: calle Marqués de Leganés 5 local, Madrid (entre las calles ‘San Bernardo’ y ‘Libreros’), próximo a ‘Gran Vía’ y a la ‘Plaza de Callao’. Estaciones de Metro: ‘San Bernardo’ y ‘Callao’. URL del lugar: https://goo.gl/i1TQAD


 ORDEN DEL DÍA:

Resultado de imagen de flechas png 1.- Actividad del ‘Foro de Sevilla’, desde la última Asamblea de 16 de Febrero de 2019. Revisión de acuerdos adoptados…(Creación de la Asociación “Por otra política educativa. Foro de Sevilla”, trabajo de las distintas Comisiones -Contenidos, Difusión y Permanente…-, textos y documentos elaborados y difundidos, acuerdos y actividades mantenidas con ‘Redes por una Nueva Política Educativa‘, relaciones y encuentros con las administraciones…)
Resultado de imagen de flechas png 2.- Debate en torno a la situación actual de nuestra política educativa, actuaciones… (aportaciones a las líneas básicas de la propuesta Ley de Reforma educativa, el papel del ‘Foro de Sevilla’ en próximas actuaciones, líneas de definición y desarrollo futuro del ‘Foro’…)
Resultado de imagen de flechas png 3.- Nuevas iniciativas de trabajo conjunto (Blog en el ‘Diario de la Educación‘, elaboración de textos para reflexión y debate, organización de un Congreso, Jornadas, Foros de debate…)
Resultado de imagen de flechas png 4.- Situación económica del Foro.
Resultado de imagen de flechas png 5.- Renovación parcial de la Comisión Permanente.

Resultado de imagen de flechas png 6.- Otros asuntos.

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Y el día anterior 7 de febrero a las 17:30 horas en SALA ‘ESTAFETA’ del ATENEO DE MADRID.
C/ PRADO 21.


Madrid paga a la concertada católica 1,73 millones al año por un plus de ocho trienios por cada cura que da clases

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Un acuerdo de 2013 de la Consejería de Educación y la patronal de la concertada garantiza a los profesores religiosos el reconocimiento automático de 24 años de antigüedad

 La exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid en 2013 cuando se firmó el convenio, Lucía Figar / EP

Ángel Munárriz, InfoLibre, 3 de febrero de 2020

La Comunidad de Madrid paga a los colegios concertados más de 1,7 millones de euros al año de media en concepto de un plus que otorga automáticamente por cada cura o monja que imparte docencia en dichos centros. El plus sale del reconocimiento a cada uno de estos docentes, por su condición de religiosos, de ocho trienios de antigüedad, 24 años, independientemente del tiempo que lleven prestando servicio.

Se benefician todos los centros concertados que cuentan para su docencia con curas y monjas que, sin contrato laboral, dan clases en la educación privada católica financiada con fondos públicos. La fórmula está blindada por un acuerdo firmado en 2013 por la Consejería de Educación (PP) y la patronal de la concertada.

No se trata de los profesores de la asignatura de Religión, sino de los profesores religiosos, es decir, curas y monjas, que pueden impartir cualquier asignatura, por ejemplo Matemáticas o Lengua. Lo hacen sin contrato laboral, como aportación a la orden a la que pertenezcan: escolapios, jesuitas, concepcionistas...

Pago a los centros
Ha sido una práctica histórica de la escuela católica en España. En democracia el Estado le ha ido dando un encaje legal, desde el real decreto de 1985, que regula los conciertos, hasta la Ley Orgánica de Educación de 2006, que reconoce su "singularidad". Dicha "singularidad" ya había llevado en 1989 a la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE). El acuerdo fijaba las retribuciones (salario y trienios) por el trabajo de los religiosos en los centros.

Al caso se le aplican varias particularidades. La fundamental es que el sueldo es equivalente al del docente con contrato, pero se le paga no al religioso, sino al centro, que recibe el dinero mensualmente. Si un profesor contratado tiene un sueldo equis, el colegio le paga equis con cargo al dinero del concierto. Pero los profesores religiosos, sin relación laboral, no tienen sueldo. Lo cual no significa que su trabajo no tenga un valor. Lo tiene y está reconocido. Lo que ocurre es que no se le paga al docente, sino al centro. Y el centro se lo queda y lo emplea para los fines que considere oportunos.
Trienios estimados
La segunda particularidad es que, al no haber relación laboral –y por lo tanto no poderse establecer desde cuándo trabaja el religioso–, los trienios se estiman. El acuerdo de 1989 estableció inicialmente un complemento de antigüedad de tres trienios para todo el personal religioso, que fue subiendo, primero a cuatro trienios en 1990 y a cinco en 1993.

Las transferencias competenciales a las comunidades han dado margen a cada una para alcanzar acuerdos con las organizaciones representativas de la escuela concertada católica. En Andalucía, el acuerdo actual es de cinco trienios, reconocidos automáticamente, a raíz de un acuerdo entre la Consejería de Educación y la FERE de 2002. En el País Vasco también son cinco trienios. Cataluña tiene un sistema distinto, regulado en una resolución en 1989. La Generalitat va reconociendo los trienios que efectivamente trabaja el religioso, siempre que sea en Cataluña y en la orden a la que pertenece. Es decir, no contaría que un jesuita trabaje en un colegio de los escolapios en Vic, ni en uno de su propia compañía en Valladolid.

Un acuerdo de 2013 en Madrid
La Comunidad de Madrid, bajo el gobierno del PP, reconoce ocho trienios a los profesores religiosos. Lo hace en función de un acuerdo de 27 de diciembre de 2013 de la Consejería de Educación y la patronal de la concertada. Lo firmaron la entonces consejera, Lucía Figar, y Concepción Viviente, presidenta de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos de la Comunidad de Madrid (FERE-CECA Madrid).

El acuerdo establece que, por cada profesor religioso sin contrato, la Comunidad de Madrid le pagará al colegio de turno lo equivalente al sueldo de un docente contratado. También dice que "se computará, a todos los profesores religiosos, el equivalente a ocho trienios de antigüedad en el ejercicio profesional".

El convenio tiene efectos económicos desde 1 de enero de 2014. Su firma recogía la creación de una comisión de seguimiento, que "se reunirá, al menos, una vez al año y siempre que alguna de las partes lo considere necesario". Esta comisión jamás se ha reunido, admite la Consejería de Educación. "No se ha observado la necesidad por ninguna de las partes", indica dicho departamento.

El acuerdo también beneficia a los religiosos que prestan servicios en centros que no son de su institución. Para que la Administración conozca qué profesores tienen la condición de religiosos sin relación laboral, el requisito es que el centro lo haga constar ante la autoridad educativa con la conformidad del religioso. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid empieza a pagar al centro, que no tiene que pagarle al profesor religioso. La Consejería de Educación se hace cargo de las cuotas de la Seguridad Social, así como del resto de prestaciones.

1,73 millones al año

Sobre el convenio se ha interesado Enrique García, profesor de secundaria en un instituto público madrileño y autor de un blog sobre educación. Desde octubre de 2018 ha tratado de conocer detalles sobre el funcionamiento del acuerdo, solicitándolos a la Consejería de Educación. Sólo lo ha conseguido cuando ha intervenido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución de 6 de marzo de 2019 instó a la Consejería de Educación a informar a García sobre el número de profesores religiosos con reconocimiento de ocho trienios y su coste, así como a entregar copia de las actas de de las reuniones de seguimiento del acuerdo –actas que no existen, porque no ha habido reuniones–.

La información de la Consejería de Educación llegó finalmente en diciembre de 2019. El departamento que actualmente dirige Enrique Ossorio, concretamente la Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, detalló el número de profesores religiosos –curas y monjas– y el coste de los ocho trienios que se les reconoce a cada uno. Lo hizo "utilizando como dato más fiable el del promedio anual del número de profesores religiosos, dadas las constantes variaciones a causa de las altas y bajas de profesorado en la nómina de pago delegado".

Estos son los datos:

– 2014: 604 profesores, con un coste de 2,09 millones.

– 2015: 544 profesores, 1,88 millones.

– 2016: 491 profesores, 1,72 millones.

– 2017: 450 profesores, 1,57 millones.

– 2018: 408 profesores, 1,43 millones.

La suma alcanza los 8,69 millones, un promedio de 1,73 millones al año.
El cuadro facilitado por Educación incluye 2019, pero sólo hasta agosto. El coste en los trienios de 390 profesores superó los 900.000 euros.

La información no incluye el coste en salarios, ni por ningún otro concepto, como pagas extraordinarias.

La asignación por cada trienio, de acuerdo con la tabla actualizada a enero de 2020, es de 39,97 euros al mes en Infantil y Primaria y de 50,39 euros al mes en Secundaria, Ciclos Formativos y Bachillerato.

Existe otro colectivo que también presta servicios sin relación contractual laboral con el titular del centro, explica la Consejería de Educación a preguntas de infoLibre. Son los profesores socios cooperativistas, que tienen "una relación societaria extra-laboral", detalla este departamento.Para fijar su retribución, al comienzo del régimen de los conciertos se tuvo en cuenta una media de cuatro trienios, "cuantía que desde entonces se ha ido actualizando hasta cinco trienios", explica Educación. Son tres trienios menos que los reconocidos a los profesores religiosos.


Escuelas Católicas
El funcionamiento de las retribuciones públicas a los curas y monjas que dan clases en la concertada es poco conocido, incluso en el ámbito educativo. Emilio Díaz, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Escuelas Católica de Madrid, lo considerauna fórmula absolutamente justificada. "No sería lógico que los jesuitas, como titulares de un colegio, contraten laboralmente a un religioso de su propia congregación", explica.

Díaz recuerda que hay religiosos con "voto de pobreza" y "de obediencia", por lo que el vínculo con la congregación no puede equipararse al de un trabajador con contrato laboral. "No perciben renta, no tienen salario, ni nómina. Pero su trabajo supone un coste, que es ingresado por la administración. Si el trabajo del religioso supone 100, la titularidad del centro percibe 100", explica. El centro decide a qué dedica el dinero.

Cualquier religioso sin contrato laboral que imparta docencia, tenga la edad que tenga, tiene ocho trienios reconocidos, incluso si acaba de empezar a trabajar. Díaz afirma que "se puede dar el caso" de un profesor joven que se beneficie de este reconocimiento automático pero dice que, con carácter general, este cálculo "se queda corto". "La mayoría [de los profesores] tienen 60, 65 años", asegura.

Asturias: La factura de las escuelas infantiles que ahoga a los concejos: 4 millones por curso

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Los municipios ya no pueden cargar con los gastos que les causan los centros hasta 3 años, claves para fijar población y permitir la conciliación

Escuela infantil La Marinera, Candás / Pedro Pascual

Mónica G. Salas, La Nueva España, 3 de febrero de 2020

Cuatro millones de euros. Eso es, aproximado, lo que les cuesta por curso al conjunto de municipios asturianos mantener sus escuelas infantiles, descontando la aportación económica del Principado, que este año parte en 17,1 millones de euros, aunque puede elevarse. El cálculo lo hace el alcalde de Navia, Ignacio Palacios, que urge, como el resto de regidores, una solución a su eterna reivindicación: que la Consejería de Educación cubra todos los gastos que generan los centros para niños menores de 3 años. “Los ayuntamientos somos una especie de cajón de sastre en el que se van metiendo muchas cosas, pero ya no procede que sigamos nosotros con la gestión de las escuelas. No es competencia nuestra y el esfuerzo económico es cada vez mayor. El dinero no nos da para arreglar lo del día a día: una farola o un bache”, se quejan los gobiernos locales. Sus representantes, la mayoría del mismo signo político que el Principado (PSOE), piden además una “homogeneización de criterios” y sostienen que el modelo basado en convenios, vigente desde 2002, “ha muerto de éxito”.

La ayuda “no es suficiente”

El debate se reabrió el pasado martes a raíz de una reunión en la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en Oviedo, entre alcaldes y la Consejería de Educación. Su titular, Carmen Suárez, dijo estar abierta a buscar una “fórmula que satisfaga a la población y a los municipios” e incluso vio “viable” gestionar en un futuro directamente los centros. En los ayuntamientos son conscientes de que el gasto de las 69 escuelas infantiles que funcionan a día de hoy en la región es elevado, pero aseguran estar “preocupados” por su futuro. La red ya asfixia económicamente a algunos concejos, donde hay reparos por parte de intervención y secretaría. Aunque el Gobierno autonómico ha ido incrementando, hasta casi duplicar desde 2002, su aportación a esta etapa educativa, hasta alcanzar los 16,7 millones este curso, los regidores aseguran que “no es suficiente”. La Consejería no cubre, por ejemplo, las obras de construcción o acondicionamiento de los centros, las reparaciones puntuales que haya que hacer en los edificios, las bajas de personal y, en la mayoría de los casos, los gastos corrientes de limpieza, agua, luz o gas.

Más de 3.500 alumnos matriculados en 43 concejos

En la actualidad, en Asturias hay 69 escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, localizadas en 43 municipios y en las que están matriculados más de 3.500 alumnos –los datos a fin de año eran de 3.516–, el 82% a jornada completa. Casi tres de cada cuatro niños gozan de bonificaciones en la matrícula. Las últimas escuelas en abrir fueron en noviembre la de Candamo y en septiembre la de Villanueva de Oscos. Por su parte, las próximas en hacerlo serán Proaza y Sobresc

La red va a más

Además, según la Consejería de Educación, “en los últimos meses han manifestado su interés de implantar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años Belmonte de Miranda, Caso, Las Regueras, Somiedo, Degaña, Santa Eulalia de Oscos, Parres, Ponga, Quirós y Riosa”. Estos son diez de los 35 concejos que todavía no tienen una escuela para bebés. Por contra, los municipios que disponen de más centros para menores de 3 años son Gijón (12), Oviedo (7), Langreo (5), Avilés (4), Carreño (3), Castrillón (2), Llanes (2), San Martín del Rey Aurelio (2) y Siero (2).

“Homogeneización de criterios”

Cada escuela, aseguran los alcaldes, es “un mundo”. Las aulas de 0 a 3 años funcionan desde 2002 mediante un convenio que firman los ayuntamientos con el Principado. Pero ningún convenio es igual a otro, pues la aportación económica que hace el Gobierno regional varía en función del número de unidades. Por eso, otra de las peticiones de los municipios es la “homogeneización de criterios”. “Nos encontramos con salarios de educadores diferentes, modelos de dirección y funcionamientos también diferentes… No hay homogeneidad en una etapa educativa que ha venido para quedarse”, dice la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández. Quizá una de las mayores diferencias es la que afecta al personal, según señala el regidor de Navia, Ignacio Palacios: “En unos concejos las educadoras están integradas dentro de la relación de puestos del ayuntamiento y en otros no. En unos los sueldos son mayores porque ganaron un juicio y en otros son más bajos”. “Esto hay que solucionarlo ya”, apunta Palacios.

Viri Fernández, rodeada de los aprendices en el colegio Prieto Bances de Candamo
Viri Fernández  rodeada de los aprendices en el colegio Prieto Bances de Candamo

Candamo, la última escuela en abrir

¿Cuánto cuesta poner de cero una escuela infantil? La última en entrar en funcionamiento, el pasado 15 de noviembre, fue la unidad de Candamo, con 12 alumnos y ubicada en los bajos del colegio Prieto Bances. La instalación, que fue íntegramente asumida por el concejo, costó en total 124.000 euros, de los cuales 101.000 fue para la obra y los 23.000 restantes para equipos. “Y eso que no tuvimos que construir un edificio, sino acondicionar el que teníamos”, explica la alcaldesa Natalia González. El centro genera al mes más de 8.000 euros en gastos, según cálculos del gobierno municipal, y solo ingresa 311,39 euros de las cuotas de las familias. “Es una cifra tan baja porque la mayoría de los niños tienen bonificaciones importantes”, detalla González. Además, las cuotas bajaron en el presupuesto regional de 2019 al 50%, reducción que se mantiene en las cuentas de este año. En el caso de Candamo, la ayuda del Principado es de uno 70.000 euros. Sin embargo, este importe no cubre eventualidades. “Ahora tenemos la baja de una educadora por maternidad y eso es algo que asume el concejo. Y es difícil que a lo largo de todo el curso no se produzca alguna baja”, indica.

El ejemplo de Carreño: gasta 274.664 euros en mantener su escuela

Carreño es uno de los concejos asturianos con más unidades para niños de menos de 3 años. En concreto, cinco; tres de ellas están ubicadas en la escuela “La Marinera” y dos en los colegios San Félix y Poeta Antón de Candás. Son 79 alumnos y 12 educadoras más una directora, que es compartida con otra escuela de Gijón. Los gastos de mantenimiento en el curso 2018/ 2019 fueron los siguientes: 253.250,06 euros de personal docente, 1.949,92 de reposiciones y pequeñas reparaciones, 17.454,24 de suministros (material, vestuario, catering, productos farmacéuticos, etc), 1.033,85 de comunicaciones y 976,13 de gastos diversos. En total, 274.664,20 euros, cuando la aportación del Principado es de 247.807. Carreño ingresó el año pasado por las cuotas de su alumnado 50.424,65. Sin embargo, todos los gastos corrientes los asume cada año el ayuntamiento. A lo que hay que sumar los costes de adecuación hechos desde 2004 y que supusieron más de 237.000 euros. El municipio vecino de Gijón, con la red local más grande de Asturias, las escuelas suponen 7,2 millones, que es la partida que aparece en los presupuestos (incluida la asignación regional).

Villaviciosa tiene en tres meses pérdidas por 6.700 euros

En Villaviciosa, la escuela La Oliva, con 54 niños, generó en el último trimestre del año 2019 –el inicio de este curso– una pérdida de 6.772 euros, según precisa la teniente de alcalde, Lorena Villar. “Si hay que cambiar el suelo lo tenemos que pagar nosotros. Si se estropea la lavadora, también la tenemos que poner nosotros. Los gastos corrientes de luz, agua o gas también es cosa nuestra, porque al estar en un edificio compartido con Primaria no podemos justificar cuánto gastamos en la escuela”, expresa.

Un “caramelo atractivo”

Villar asegura que el esfuerzo económico que hacen los ayuntamientos por mantener la red de 0 a 3 años es “grande” y “cada vez es mayor”, pues hay lista de espera y necesidad de abrir nuevas unidades en los concejos. “No es nuestra competencia, pero lo quieres mantener porque es un servicio fundamental para la conciliación de las familias. Pero el dinero que pones en un sitio, hay que quitarlo de otro”, reflexiona. Para los concejos rurales, además, es un elemento clave para fijar población. “Desde el principio, todos éramos conscientes de que esto iba a suponer un esfuerzo, pero el caramelo era suficientemente atractivo para que todos quisiéramos comerlo”, afirma la regidora de Candamo. Han pasado 18 años y la mayoría de alcaldes urgen un cambio de rumbo. “Queremos que se solucione esta papeleta cuanto antes”, concluye Ignacio Palacios, de Navia.


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“PONDREMOS TODO EL EMPEÑO PARA QUE SEAN GRATUITAS ESTA LEGISLATURA”, ASEGURA PODEMOS

Podemos Asturias pondrá todo su “empeño” para que las escuelas infantiles de 0 a 3 años sean gratuitas “antes de que finalice esta legislatura”. “Nos decían que era imposible y ya hemos conseguido que las cuotas de las familias se reduzcan al 50%”, afirma la diputada Nuria Rodríguez. Pero la formación morada, la que abandera desde hace años esta lucha, no se conforma y seguirá presionando al Gobierno socialista para lograr el 100%, “como sucede en el resto de etapas educativas públicas”. “Tenemos diferencias con la FSA (Federación Socialista Asturiana) porque genera un falso debate entre la extensión de la red y la gratuidad. Y son necesarias ambas para combatir el despoblamiento en la zona rural”, profundiza la vicepresidenta de la comisión de Educación. El objetivo, defiende, es “viable y factible” económicamente, solo “depende de la decisión de la FSA, del Presidente y de la Consejera de Educación”.

Al igual que la mayoría de alcaldes, Podemos también exige una homogeneización de criterios, sobre todo en lo relativo al personal. “No puede ser que haya diferencias en el salario cuando todas las educadoras desempeñan el mismo empleo dentro de un servicio que es público. Eso sí, queremos aplicar el mejor convenio que exista en Asturias; no se trata de rebajarles el sueldo”, dice Nuria Rodríguez.

Contrato electoral «Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela» 2020

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Campaña unitaria “Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela”


Fuente: Europa Laica / Asturias Laica

Las organizaciones firmantes de la campaña (el Movimiento Social por la Escuela Pública, entre ellas) han elaborado un texto que será entregado, después del 6 de febrero, al Gobierno y al Poder Ejecutivo.

Texto acordado para las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019


La Campaña “Por una Escuela Pública y Laica: Religión fuera de la Escuela” surgió hace más de dos décadas, como una iniciativa y un compromiso unitario y activo, en torno al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo.

Ha tenido diversas fases, sin apenas resultados positivos hasta la fecha, pese al creciente respaldo social que, sin embargo, se enfrenta a lasobstinadas posiciones confesionales de las administraciones públicas y de las principales formaciones políticas.

Gracias a una iniciativa unitaria de la Campaña y a la presión que venimos ejerciendo desde hace años, con recogida de decenas de miles de firmas y de apoyos sociales y políticos diversos, el pasado 22 de febrero de 2018 en la Comisión de Educación del Congreso se aprobó una proposición no de ley, respaldada por diversos grupos parlamentarios que instaba al Gobierno a:

A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.
B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas en 1992, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.

Moción que, inicialmente, quedó paralizada dada la disolución de las Cámaras en dos ocasiones a lo largo de 2019, así como la anunciada Reforma de la Ley de Educación. Por ello reclamamos que -con la constitución de la NUEVA LEGISLATURA (a partir 2020)– se vuelva a tener en cuenta.

Con la configuración de un nuevo Parlamento y de un nuevo Gobierno, se plantea otra etapa, en la que trataremos, una vez más, de buscar eldiálogo y el compromiso con las distintas formaciones políticas y grupos parlamentarios establecidos en el Congreso y Senado, así como con el nuevo Gobierno de coalición, con la finalidad de que impulsen la laicidad en el marco escolar.

Hacemos, en consecuencia, un llamamiento a todas las organizaciones y colectivos defensores de una Escuela Pública y Laica a que mantengan su apoyo explícito y hacer suya esta Campaña, que establece el CONTRATO de COMPROMISO POR UNA ESCUELA LAICA.


CONTRATO ELECTORAL: POR UN SISTEMA EDUCATIVO LAICO


La actual política educativa está provocando graves consecuencias. Y está actuando en dos frentes: Por una parte, desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo descarado al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, manteniendo en los centros escolares a personas designadas por obispos, con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso. A todo ello habría que añadir la entrada en los centros de personas de religiones minoritarias, también con fines de adoctrinamiento.

Junto a la promoción de las concepciones neoliberales de la economía y de la sociedad, se han retomado elementos nunca abandonados del nacional-catolicismo, haciéndose eco de las presiones de la Conferencia Episcopal, que para no renunciar a sus privilegios, se ampara en el Concordato franquista de 1953 y los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979.

Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es la segregación por motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia y, por otro lado, también es la segregación por motivos económicos y sociales. La mercantilización / privatización de la Enseñanza está ahondando en las diferencias entre el alumnado, como consecuencia de un Sistema Educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista.

Ante el nuevo periodo legislativo que se abre, hacemos llegar a todas las formaciones políticas y grupos parlamentarios el análisis y compromiso explícito en torno a la laicidad que debe presidir el marco escolar, para el desarrollo de la libertad de conciencia que debe respetarse, de una forma más escrupulosa, si cabe, cuando se trata de niños y jóvenes en su formación.

Muy en particular, aquí y ahora, además del propósito de abogar por la derogación definitiva de la LOMCE, centramos el análisis sobre dos ejes que, por su importancia decisiva y su remisión a necesarios principios democráticos, deberían ser una prioridad, con el compromiso de proceder a su defensa desde los poderes legislativo y ejecutivo:

A- Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para ello:
  1. Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.
  2. NO financiar -con dinero público- el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar.
  3. Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental para vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.
B- La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma deberá procederse a la anulación de Acuerdos con otras confesiones de 1992 por los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.



Ver documento en PDF 


Organizaciones sindicales, sociales y políticas que lo respaldan, hasta el 6 de febrero de 2020

Europa Laica / STES. Intersindical / Federación de Enseñanza de CCOO / Sindicato de Estudiantes / CEAPA (Confederación Española de AMPAS) / FETE – Sector Enseñanza de FeSP-UGT / Federación Enseñanza de CGT / Confederación Estatal de MRPS / STEPV – Intersindical Valenciana / CCOO Enseñanza Madrid / Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT / Izquierda Unida / Izquierda Unida – Madrid / Izquierda Republicana / EHIGE (Confederación de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca) / FELAMPA Sierra Pambley – León / FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) / Redes Cristianas / Cristianas y cristianos de base de Madrid / Colectivo Infancia / UAL (Unión de Ateos y Librepensadores) / AMAL (Asociación Madrileña de ateos y librepensadores) / MHUEL-Aragón / Laikotasuna (Colectivo para la laicidad de Guipuzcoa) / Asturias Laica / Andalucía Laica / Extremadura Laica / Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid / CAUM. (Club amigos de la Unesco de Madrid) / Madrid Laica / Valencia Laica / Asamblea Marea Verde Madrid / Red IRES (Red Investigación y Renovación Escolar) / Plataforma contra la impunidad del franquismo / AMESDE / Fundación Acción Laica / Asociación Manuel Azaña / Alternativa Republicana / Unidad Cívica por la República / León Laica / FAPA María Moliner. Albacete / STE-CLM / Familia Sociedad siglo XXI / Partido Socialista Libre Federación / Partido ACTÚA / CIDESPU (Ciudadanas Defensa Escuela Pública) / PCE (Partido Comunista de España) / Partido PODEMOS / FAPAR – (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) / EH BILDU / Esquerra Republicana del País Valencià / STEM-STEsi–Madrid / Coalició COMPROMÍS / FADEA (Fed. Asoc. Estudiantes Aragón) / Asociación Pro Derechos Humanos de España / Católicas Por el Derecho a Decidir / Partido EQUO / Asamblea Feminista de Madrid / PEPA (Plataforma Escuela Pública Aranjuez) / APALHU (Associació per a l’humanisme) / Movimiento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega / Plataforma Laicista de Jerez / Fórum de política feminista agrupación de Córdoba / Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias / Asociación Lánzate LGTBI de Canarias / Asociación vecinal Impulsa Montijo / Lucha Internacionalista / Estudiantes en Defensa de la Universidad (Aragón) / F Enseñanza Madrid de CCOO / USTEA Granada / Colectivo Republicano de Euskal Herria / Fundació Ferrer i Guàrdia / Mareas por la Educación Pública /

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Las organizaciones políticas, sociales y sindicales que lo deseen pueden adherirse al Contrato Electoral, enviado un correo a:escuelalaica@europalaica.org
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35 años de leyes para privatizar las aulas: de la LODE a la LOMCE

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España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como "libertad de elección" y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión


Daniel Sánchez Caballero, El Diario.es

Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: "Libertad de elección" y, más recientemente, "evaluaciones estandarizadas". España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de "cuasimercado" empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

"El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo", escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

"Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo", comenta Saura. "Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación".

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la "enfermedad de lo público". Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como "soviético centralizador" y que no promovía la libertad de elección familiar.

Interactivo en eldiario.es
Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la "demanda social", un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. "Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados", analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia


La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. "La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias", explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: "Cultura del esfuerzo", jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí... De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, "otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales", cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

"La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado... Calan esas ideas y se pervierte la educación", explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma década, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.
La escuela que segrega

Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid–laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.

Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.
Y llegaron los másteres

La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.

Alumnos de máster en las universidades privadas.



El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto. Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades


La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Lasstart-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El "tamaño" y el "crecimiento sólido del mercado" se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.


Las cifras del negocio de la universidad privada española


Últimos ingresos y gastos publicados* de 23 centros universitarios privados analizados. Datos en millones de euros




En la universidad se pueden mencionar los casos de la Alfonso X El Sabio de Madrid o la Universidad Europea, dos centros privados adquiridos recientemente por unos 770 y 1.100 millones de euros, respectivamente, por sendos fondos de inversión. Las universidades dan dinero: el sector de la educación superior privada facturó 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Un total de 23 centros privados analizados por este diario ofrecieron ese año una rentabilidad media del 9,41%.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela "eficiente" que dé "empleabilidad" a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la "empleabilidad" una garantía de empleo por sí misma?



La escuela pública en el punto de mira_Mesa redonda

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El "pin parental", es decir, la censura parental, exige consultar a los padres antes de llevar a cabo cualquier actividad, complementarias incluidas, en los centros. 

Sobre este ataque a la escuela pública, al pluralismo democrático y a los derechos de la infancia, SUATEA, (con el apoyo del Movimiento Social por la Escuela Pública y Asturias Laica), ha organizado un debate el próximo día 18, a las 19:00 horas, en la Antigua Escuela de Comercio en Gijón, en el que también se hablará de la privatización de la escuela o la necesidad de una Escuela Laica.

En la mesa estarán Marián Moreno (SUATEA, una de las redactoras de Skolae, programa de coeducación premiado por la UNESCO), Julio César Menéndez (abogado) y Beatriz Quirós (profesora jubilada, ex presidenta de la Junta de Personal Docente de Asturias y miembro del Consejo Escolar del Estado)

Cartel 






Asamblea de Redes por una nueva política educativa _Debate LOMLOE

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Nota de prensa


El 7 de febrero de 2020 a las 17:30 horas en Sala ‘Estafeta’ del Ateneo de Madrid, se realizó la asamblea de “Redes por una nueva política educativa” (en adelante REDES), para el desarrollo de las acciones acordadas en la reunión del pasado 28 de octubre,en Madrid.

En la convocatoria se contó con la presencia y participación de representantes de los distintos colectivos,organizaciones sociales de docentes, familias y estudiantes, sindicales y partidos políticos que participaron en la elaboración del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación” (en adelante, Documento de Bases) o que actualmente lo apoyan y colaboran en su difusión.

La primera de las acciones consistió en la celebración de una Mesa redonda, denominada "Nueva ley educativa. Mecanismos de participación. Propuesta de redes. La educación pública una herramienta para la inclusion”.

A lo largo de su desarrollo, lxs representantes de los partidos políticos que participaron y apoyaron el referido ‘Documento de bases...” expusieron su posición respecto al Proyecto de Reforma educativa que en este mes de febrero entrará de nuevo en la agenda legislativa del Congreso de los Diputados.

La Mesa estuvo formada por la diputada Mari Luz Martínez, portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso del G.P. Socialista; el diputado Javier Sánchez, portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional de G.P. Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea y el diputado Joan Josep Nuet en representación del Grupo Parlamentario Republicano. La coordinación fue ejercida por Sandra Villa, perteneciente al colectivo Asamblea Marea Verde Madrid.

Los representantes políticos se mostraron de acuerdo en impulsar esta reforma, en los términos que estaba formulada. Entendían que suponía un avance importante al derogar la LOMCE y reformular sus aspectos más lesivos. Destacaron los elementos de progreso de este proyecto de reforma, entre otros, la nueva concepción de educación permanente, de la educación infantil, la inclusión educativa, admisión escolar, enseñanza de la Religión, competencias estatales y autonómicas y, posteriormente, se abrió un debate.

Los asistentes trasladaron a la Mesa sus preocupaciones y dudas con el texto del Proyecto de Reforma por su falta de convicción y claridad en defensa de una escuela pública, laica, democrática e inclusiva. También manifestaron su inquietud con algunas de las medidas recogidas en relación con la coeducación, gestión democrática y participada del sistema escolar y centros educativos con insuficientes canales estables y permanentes para la participación de las comunidades educativas, parcelación de currículo en asignaturas, limitada relevancia de la planificación escolar, falta de decisión sobre el papel de subsidiaridad de los conciertos escolares, débil referencia al papel del sistema educativo en temas de emergencia climática, financiación de la reforma, si la ley lleva aparejada una memoria económica que posibilite las medidas anunciadas y la reversión de los recortes en educación, ratios escolares, indefinición de los periodos lectivos, permitiendo los actuales 18 periodos en educación secundaria...


En el debate los representantes políticos expresaron la importancia de contar con el apoyo de los colectivos presentes durante el periodo de tramitación del proyecto de reforma. La complejidad de la negociación parlamentaria así lo exigía, y la comunicación con las comunidades educativas era vital para este proyecto. Se mostraron receptivos a la recepción de propuestas de enmiendas al texto, que serían trabajadas por los Grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria de la ley.

La segunda de las acciones se concretó en la celebración de la asamblea ordinaria de ‘Redes por una nueva política educativa’.


Comenzó valorándose las posiciones expuestas en la mesa anterior por los representantes políticos en torno al Proyecto de Reforma educativa. Entre otros aspectos, se manifestaron dudas y preocupaciones sobre la falta de ambición del Proyecto de Ley Orgánica de Educación en una concepción progresista del derecho a la educación.

Se hicieron también consideraciones sobre las medidas contempladas en el proyecto, que se suponen dirigidas a superar algunas de las circunstancias más preocupantes de nuestro sistema educativo como: la precarización de la escuela pública, la privatización del derecho a la educación, la necesidad de denunciar, sin más dilación, los ‘Acuerdos con el Vaticano’, la segregación de nuestro sistema escolar, el deterioro de la participación de las comunidades educativas en las decisiones del sistema educativo y en la vida de los centros escolares, las campañas desplegadas por las fuerzas conservadoras y la necesidad de reflejar en el texto de reforma las aspiraciones de los movimientos y organizaciones sociales progresistas, la necesidad de organizar debates públicos sobre el texto de reforma, elaborar enmiendas fundamentadas al articulado del Proyecto de ley, expresar el apoyo a la derogación de la LOMCE, pero sin renunciar a seguir avanzando en justicia escolar y social, apoyar las movilizaciones propuestas por Mareas por la Educación Pública...

Se acordaron algunas medidas a desplegar, como establecer un canal de comunicación entre los distintos colectivos de REDES para trasladar y compartir las enmiendas elaboradas, solicitar reuniones con la Ministra  de Educación y Formación Profesional, los grupos parlamentarios participantes en la elaboración del “Documento de Bases” (Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea y Republicano), la Comisión de Educación del Congreso.

Apoyar, participar y promover las movilizaciones propuestas desde ‘Mareas por la Educación Pública’ en las distintas Comunidades Autónomas para el día 28 de marzo y trabajar en una movilización conjunta, en Madrid, para el mes de mayo.

7 de febrero dd 2020
Comisión Permanente de Redes por una nueva política educativa


Debate LOMLOE. Vídeo



‘Ángel Llorca. El último ensayo'

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 17 de febrero de 2020

Ayer domingo el programa "Imprescindibles" de la 2 nos ofreció el documental "Ángel Llorca. El último ensayo", película documental dirigido por Víctor M. Guerra  y producido por IMAL producciones:

La historia se presenta desde un formato híbrido, entre el género documental y la ficción. La zona documental incluye la identificación de textos, expedientes, dibujos infantiles de la Guerra Civil, carteles, fotografías e imágenes en movimiento procedentes de diversos archivos, además de la grabación de entrevistas. La ficción se articula con la intervención de dos actores protagonistas que representan a D. Ángel Llorca y la estudiante. Se incluye también en el reparto a su colaboradora Justa Freire, a un grupo de niños y niñas, además de la figura del representante de un comité depurador.

Se inicia una noche de febrero de 1937 en El Perelló, Valencia, con el maestro y pedagogo Ángel Llorca escribiendo su ensayo de las «Comunidades Familiares de Educación» a las que pueden confiarse los huérfanos de la guerra. Esta misión educativa tiene sus antecedentes en el Grupo escolar «Cervantes» de Madrid. Una estudiante universitaria de Historia de la Educación hace de hilo conductor en la narrativa audiovisual y une el espacio y el tiempo de las secuencias.

El 21 de diciembre de 1940, la Comisión Superior dictaminadora de Expedientes de Depuración, al considerar a Ángel Llorca como un maestro peligroso por su vinculación a la Institución Libre de Enseñanza, decidió pasar su expediente al Tribunal de Responsabilidades Políticas con el fin de iniciar un procedimiento por el que fue declarado «inhabilitado a perpetuidad», privándole así de su pensión de jubilación. Moriría en Madrid el 13 de diciembre de 1942.

RTVE en la presentación del documental recoge una entrevista con su director. La respuesta a la primera pregunta formulada, ¿Por qué es Ángel Llorca un imprescindible? resume perfectamente el significado de Ángel Llorca y su papel en la educación pública:

"Por varias razones. Fue un maestro y pedagogo que dedicó toda su vida a trabajar casi sin descanso por y para los niños a los que educaba con profundo respeto. Desarrolló un extenso trabajo investigador y capacitador que contribuyó a renovar la Educación que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se impartía en España y que era inamovible, obsoleta, que no llegaba a la mayoría de la población y que estaba en manos de los ayuntamientos y de la Iglesia.

Es un luchador, uno de los forjadores, e impulsores que deja un legado para que hoy, en pleno siglo XXI esté presente una enseñanza de calidad, plural en el conjunto del Estado Español. Procuró una escuela que ponía en juego el diálogo, el método socrático, la autonomía, la responsabilidad, la creatividad en cualquier actividad diaria y la no diferenciación de género.

Supo rodearse de otros maestros inquietos, afines a sus teorías y enseñanzas con los que colaboró intensamente para que la escuela fuera siempre avanzando, modernizándose y considerando a los niños y niñas como protagonistas, aplicando los métodos novedosos en sintonía con las Escuelas Nuevas de Europa que había conocido gracias a sus primeros viajes subvencionados por la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), o más allá incluso de algunos principios de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) que influyó hasta en la manera de concebir las nuevas construcciones arquitectónicas de las escuelas, espacios que deberian estar llenos de luz y aire"



Documental


Escuela Pública y Laica: La anomalía de la enseñanza concertada

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Juan M. Valencia Rodríguez,
Vientos de cambio justo, 18 de febrero de 2020

La Educación: un derecho básico, responsabilidad del Estado


La educación constituye uno de los pilares esenciales del Estado del Bienestar. Sin ella es imposible avanzar hacia una sociedad más justa y avanzada. Es un instrumento indispensable para promover la igualdad real y el progreso económico y cultural.

Es obligación del Estado, por tanto, organizar un sistema educativo que garantice a toda la población el acceso a una educación de calidad, y dotarlo de los recursos económicos necesarios para su sostenimiento, ampliación y mejora continuada, en todos los niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad.

Las monarquías de épocas pasadas no asumían dicha obligación, eso solo se produce en la Edad Contemporánea, con los Estados surgidos de las revoluciones liberales y más tarde con los Estados democráticos. Hoy se entiende que forma parte indispensable del Contrato Social entre gobernantes y gobernados que da legitimidad al Estado.

En España el panorama de la “Instrucción Pública” era desolador hasta que llegó la II República. En el primer bienio de la misma se desplegó una hercúlea tarea de extensión y dignificación de la enseñanza pública y de construcción de centros educativos, en especial de Enseñanza Primaria, en lo que fue el mayor esfuerzo educativo que ha conocido la historia de nuestro país, al punto de forjarse el merecido apelativo de “la República de los Maestros”.

Más tarde, tras el retorno a la democracia se produjo un nuevo impulso a la enseñanza pública, con la ampliación de la red de centros de Enseñanza Primaria y Secundaria y la extensión de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años, promulgada en 1990.

Sin embargo, la satisfacción de este derecho de la ciudadanía, que es tarea del Estado, se ha cubierto en España de una manera la mar de curiosa, pues en una buena medida se ha dejado en manos privadas, pero con financiación pública.

No es “libertad de enseñanza”: es negocio y poder ideológico 


La forma en que se produjo la transición de la Dictadura a la Democracia, bajo la primacía de los reformistas surgidos en el sector más lúcido del franquismo, tuvo también sus efectos en Educación. Se impuso una interpretación de la “libertad de enseñanza” que favorecía los grandes intereses privados del sector, en especial el más influyente y extendido, el de los colegios religiosos. Según dicha interpretación, la libertad de enseñanza significaba poder elegir libremente el centro, público o privado, al que llevar a los hijos en el tramo de edad de la educación obligatoria y gratuita (6 a 16 años), y que esos centros debían de ser sostenidos con fondos públicos: es la llamada enseñanza concertada. Y así hemos llegado a considerar normal lo que es toda una anomalía democrática, destinar a centros privados de particulares el dinero de todos, que debía ir en exclusiva a la enseñanza pública.

La Constitución reconoce la “libertad de enseñanza” (CE, art. 27.1), “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3), y que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes” (art. 27.9). Pero nada hay en la Constitución que obligue a que centros privados sean sostenidos a cargo del erario público.

Los conciertos educativos se establecieron como parte del sistema público en 1985, con el gobierno de Felipe González (PSOE), con el argumento de que el Estado no contaba con recursos suficientes para la extensión prevista de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Este argumento de necesidad es hoy sustituido por otro ideológico: la libertad de elección de centro.

Esta explicación es una falacia: no se trata de defender libertades, sino de amparar un negocio privado y una plataforma de poder ideológico que con dinero público sostiene idearios particulares. Los centros públicos garantizan una total libertad de enseñanza, porque los profesores que en ella ejercen la docencia acceden a su puesto a través de unas oposiciones públicas y transparentes, en el caso de los funcionarios, o de bolsas de trabajo con criterios claramente establecidos que gestiona la administración educativa, en el caso de los interinos. Entre los profesores de la enseñanza pública, seleccionados mediante los procesos objetivos de mérito mencionados, los hay de todas las ideologías y creencias, imparten sus clases con absoluta libertad, y solo deben sujetarse a los valores y procedimientos propios de una sociedad democrática. Libertad de enseñanza que no se da en los centros privados, sujetos al ideario, religioso o no, establecido por sus titulares.

El derecho a formarse no es de los progenitores, es de los niños y jóvenes. Los padres pueden educar a sus hijos como crean que es mejor para ellos en el ámbito familiar. Pero no pueden pretender que el Estado se convierta en una prolongación de su familia y de su modo de pensar. Lo que corresponde al Estado es establecer un marco general, el centro educativo público, en el que quede garantizado el derecho de los niños a formarse de una manera libre, independiente, crítica, con una formación emancipadora, en el respeto a los valores democráticos de convivencia.

Los padres pueden decidir que sus hijos se eduquen de otra manera, conforme a un dogma o credo concreto y cerrado, en un centro educativo privado, religioso o no religioso. Lo que no pueden pedirme a mí, ni a nadie, es que se lo paguemos nosotros, con el dinero público.

Enseñanza concertada: datos más relevantes


Este sistema de pagar a las escuelas privadas para funcionar como públicas no es exclusivo de nuestro país, pero sí ha alcanzado aquí una dimensión mayor. España es, con únicamente el 71 % del alumnado de la etapa obligatoria matriculado en centros públicos, uno de los países con menos escuela pública de la Unión Europea. Solo están por debajo Bélgica y Malta, y en Secundaria también el Reino Unido. En países como Alemania, Francia, Portugal, Finlandia o Irlanda el porcentaje de la escuela pública está entre el 85 y el 100 % en Primaria, y entre el 78 y el 100 % en Secundaria.

Además, desde el inicio de la crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado en España a la educación privada no ha parado de crecer, mientras que la educación pública ha estado sometida a un duro recorte presupuestario. El avance de las políticas privatizadoras en educación tiene un significado: avanza la injusticia. Estos son los datos más destacados de la situación en nuestro país:

  1. Uno de cada cuatro alumnos (25 %) de la enseñanza obligatoria está matriculado en un centro privado sostenido con fondos públicos, y cada año la concertada gana unos 22.000 alumnos más en España, a costa de la enseñanza pública y de la privada no concertada.
  2. El 17,7 % de los centros docentes de Enseñanzas no universitarias son privados concertados (curso 2016-17).
  3. El gasto dedicado a la enseñanza concertada aumentó entre 2006 y 2017 un 31 %, alcanzando en 2017 una suma de 6.179 millones de euros. En cambio, en el mismo periodo la financiación de la educación pública se estancó (subió solo un 1,5 %), y desde 2011 el gasto por alumno en centros públicos se redujo un 7,5%.
  4. Las comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público (del 20 al 25 %) a conciertos educativos son las más ricas: País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad de Madrid; y las que menos porcentaje destinan (8 al 9 %) son algunas de las menos ricas: Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. En Andalucía durante la última década la privada concertada creció espectacularmente, con 547 nuevos colegios.
Los defensores de la enseñanza privada concertada argumentan que los conciertos educativos son una opción más barata para el Estado. En efecto, esto es así por varias razones:

  • los profesores trabajan en peores condiciones (más horas de clase, más alumnos, menos salario aunque cobran del Estado);
  • la concertada no atiende las zonas rurales, que son más caras de atender;
  • parte del coste se traslada a las familias: la concertada les cobra por algunos de sus servicios y actividades (entre 60 y 100 euros mensuales por alumno), lo que sirve de hecho como sistema de selección indirecta del alumnado.
  • Los centros públicos no pueden seleccionarlo, y acogen a la mayoría del alumnado de entornos socioeconómicos desfavorables. Esto incrementa los costes de la enseñanza pública, que necesita más recursos en profesores de apoyo, desdobles, adaptaciones, etc.

Además, la escuela concertada cuenta con otra ayuda del Estado: no paga IVA, lo que supone una aportación adicional de 1.500 millones de euros al año. Y aun más en el caso de los colegios religiosos, porque tampoco pagan el IBI de sus edificios.

En todo caso, la educación es un derecho social y una obligación del Estado, que no puede ser medida en exclusiva en términos de rentabilidad económica, hay otros objetivos que deben prevalecer aunque supongan un coste mayor para el erario público: la igualdad de oportunidades y el derecho de todos, incluidos quienes tienen menos renta, a una educación de calidad.

Juan M. Valencia Rodríguez, es Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado.



Enseñanza Pública y Laica: Hay que cambiar el rumbo

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Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que amparan la inclusión de la enseñanza religiosa confesional en los centros públicos, deberían ser suprimidos


Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado), Vientos de cambio justo, 22 de febrero de 2020

La enseñanza de la religión en los centros públicos


La Iglesia y sus diferentes congregaciones acogen a siete de cada diez estudiantes (70 %) de la red concertada, casi un millón y medio de alumnos en toda España.

La Constitución no ampara el sostenimiento público de la enseñanza privada confesional. Donde sí se habla de ello es en los acuerdos con el Vaticano firmados en 1979 por el entonces Gobierno de la UCD. En su artículo I se establece que “la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. A tal fin, los planes educativos en los niveles de Primaria y Secundaria “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. En el artículo III de los acuerdos se estipula que la enseñanza religiosa será impartida por personas propuestas por los Obispados.

Es decir, además de la anomalía que supone dedicar fondos públicos a sostener centros privados (enseñanza concertada), el sentido de lo público se rompe también a través de la inclusión en el currículo oficial vigente de la enseñanza religiosa confesional, impartida por profesores no seleccionados como el resto en un proceso público y transparente, sino designados directamente por la autoridad religiosa. Además, las clases de Religión se establecen como alternativa a las asignaturas de “Valores sociales y cívicos” o “Valores Éticos”, de manera que se les veda a los alumnos asignados a la asignatura de religión la posibilidad de formarse en los valores cívicos, universales y laicos que se abordan en esas materias. 

Contenidos educativos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos


El último ataque a la enseñanza pública en nuestra tierra se ha producido hace bien poco, con el nuevo Decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía (17-02-2020), que so pretexto de la “libertad de elección de centro de los padres”, permite a estos elegir un centro concertado aunque no esté ubicado en su zona de residencia. Es un paso más en la privatización de la enseñanza, realizada además a costa de todos nosotros. Todos los estudios internacionales y organismos como la OCDE advierten que la libre elección de centro solo sirve para incrementar la segregación del alumnado según su origen socioeconómico.

Las consecuencias antisociales del retroceso de la educación pública en beneficio de la privada concertada durante los últimos años son evidentes y lamentables. La enseñanza privada profundiza las desigualdades sociales y la segregación, y erosiona la cohesión social. 

Cuando alguien plantea la necesidad de cambiar este estado de cosas, siempre se levantan voces que proclaman: “ahora no toca”. Nosotros creemos, por el contrario, que sí toca: es imprescindible revertir la situación y ponernos en el camino de hacer que los recursos públicos vayan dirigidos en exclusiva a la enseñanza pública. Es la escuela pública la que hace realidad el derecho de todos a la educación, la que atiende a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.

El pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se orienta en esa dirección, aunque su formulación es muy genérica y de un alcance limitado. Incluye la determinación de aprobar una Ley Básica de Educación que “blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo”. Se compromete asimismo a la “Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad”.

No puede hacerse todo en un día, ni siquiera en los cuatro años de una legislatura, pero sí entendemos que hay que ir dando pasos decididos hacia la escuela pública y laica. Los poderes públicos deben plantearse una política de reducción progresiva de los conciertos educativos por los que la enseñanza privada es sostenida con fondos públicos. No vemos reflejado de manera explícita ese propósito en el compromiso de gobierno, que se limita a declarar su propósito de impedir la segregación por razón de sexo en los centros concertados.

Tampoco se apuesta en el pacto de gobierno por la escuela pública laica, tan sólo se reduce el papel de la enseñanza de la religión en los centros públicos; el acuerdo dice: “La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.”

Por una enseñanza pública y laica


Dice el filósofo y profesor Emilio Lledó: “que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses ideológicos de una buena parte de colegios más o menos elitistas parece, en principio, no solo una aberración pedagógica sino unaclamorosa injusticia”. Y añade “El principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento es la educación pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad”.

La educación de las personas se efectúa en tres ámbitos: la familia, los centros educativos y la sociedad. De esas tres instancias, solo el Centro Educativo es un instrumento de emancipación, los otros dos, familia y sociedad, tienden por lo general a lo contrario, a perpetuar lo que existe. Únicamente la enseñanza pública puede garantizar esa función social y emancipadora, porque no tiene otros intereses que la defensa de lo colectivo y de todas las personas por igual. 

De manera que solo debería de haber dos clases de enseñanza: pública y privada, y solo la primera debe estar financiada con el dinero de todos. Todo lo que no sea una política de supresión progresiva de los conciertos educativos es perpetuar la anomalía y la injusticia, desatender el interés colectivo. 

La enseñanza pública debe ser también laica. Es la única que ofrece garantías para formar a niños y jóvenes en libertad de conciencia, como derecho del alumno, no de los padres. Lo que defiende el laicismo es una separación estricta entre las religiones y el Estado, entre los sentimientos y creencias religiosas, que corresponden a la conciencia individual de cada persona, y los asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía. Si esa separación no se da, las personas no creyentes no pueden verse cómodamente como parte de ese Estado. 

El laicismo es respetuoso al máximo con las creencias religiosas o no creencias de cada cual, pero las pone en su sitio: en el ámbito privado de la libertad de conciencia de las personas y de la libertad de culto, que si deben amparar los poderes públicos.

Por tanto, los acuerdos con el Vaticano de 1979 deberían ser inmediatamente denunciados para ir hacia su eliminación. Y mientras tanto no se llegue a eso, habría que sacar la enseñanza de la religión del horario escolar en los centros públicos. El estudio de los fenómenos religiosos debe limitarse a la enseñanza de la Historia de las Religiones desde una perspectiva no dogmática, como parte de la Historia cultural en que el alumnado debe formarse. Para la enseñanza de los dogmas y principios de la religión, ya están la familia y las iglesias, esos son los ámbitos apropiados y naturales en que deben aprender sus doctrinas.

Este artículo es continuación del publicado el pasado martes 18 de febrero,“ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA . La anomalía de la enseñanza concertada

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