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Estadística del Gasto Público en Educación: Pública, concertada, escolarización alumnado...

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Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Asturias son las que más han recortado en educación desde 2009, según los datos oficiales
El gasto educativo en 2016 fue en conjunto un 9,8% menor que antes de la crisis
La gran excepción son los colegios concertados, que en 2016 recibieron un 2,8% más de dinero que en 2009

"Público recorte"
IncluyeInFolibre, en su edición del 29/03/2018, datos de la última Estadística del Gasto Público en Educación, (correspondiente a 2016 y hecha pública este pasado martes), con un titular centrado en el durísimo recorte que la Educación ha padecido y que la Escuela Pública sigue padeciendo.

Adelantando los datos que se recogen y que hacen referencia al Principado de Asturias, nos encontramos con que al lado de datos que comparativamente podían considerados "positivos", otros explican claramente el origen de las protestas y movilizaciones de la Comunidad Educativa: Escuelas 0-3, recuperación de las 18-23 horas lectivas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales, necesidad de personal sanitario en centros de Educación Especial, medias jornadas, tasa de interinidad....
  1. Asturias es la tercera comunidad que más ha reducido su presupuesto entre 2009 y 2016, con un tijeretazo de 128,6 millones de euros (-13,8%). 
  2. Asturias, con un 11,0%, está algo por debajo de la media (en 2016, el 15,1%) en financiación a la escuela privada. Aunque hay comunidades que dedican menos del 10%
  3. Asturias se sitúa ligeramente por encima de la media (un 68%) en cuanto al alumnado escolarizado en centros públicos.Y detrás de Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Andalucía o Galicia. 


Las 17 comunidades invierten menos en educación que antes de la crisis: el recorte supera los 4.300 millones respecto a 2009.

Elena Herrera

La recuperación de las grandes cifras macroeconómicas sigue sin llegar a los presupuestos educativos de las comunidades, que aportan el 85% de los fondos dedicados a esta política. Así lo acredita la última Estadística del Gasto Público en Educación,publicada este martes, que constata que los fondos consignados a esta partida por las autonomías continuaron en 2016 siendo inferiores a los asignados en 2009, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de inversión educativa antes de la crisis.

Las 17 comunidades invirtieron en 2016 un total de 39.894 millones de euros en su política educativa. En 2009 esa cifra había alcanzado los 44.222 millones de euros, lo que supone un recorte de 4.328 millones de euros. En porcentaje, la reducción es del 9,8%. Los recursos perdidos a causa de los recortes dejan un agujero de más de 31.000 millones de euros si se tiene en cuenta todo el dinero que se dejó de invertir en educación entre 2010 y 2016 respecto a lo consignado en 2009.

Por comunidades. 
Las Comunidades que más han reducido su presupuesto educativo entre 2009 y 2016:

  • Castilla-La Mancha, con 446,8 millones de euros menos (-22,2%); 
  • laComunitat Valenciana, con un recorte de 752,3 millones de euros (-14,8%); 
  • y Asturias, con un tijeretazo de 128,6 millones de euros (-13,8%), 
  • Les siguen Aragón, con 150,2 millones de euros menos (-11,8%), Castilla y León, con un recorte de 275,5 millones (-11,5%); Canarias, con una reducción de 206,9 millones y una caída en porcentaje también del 11,5%; y Cataluña, con una disminución de 766,4 millones de euros (-11,1%) entre ambos ejercicios.
También han recortado su presupuesto educativo por encima de la media:
  • Madrid, con 592,2 millones de euros menos (-10,8%); 
  • Galicia, con un recorte de 281,3 millones de euros (-10,7%); 
  • y Murcia, con 148,3 millones menos (-9,9%). 
Por debajo de esa media están:
  • Navarra (-8%), 
  • País Vasco (-6,1%), 
  • Extremadura (-5,6%) 
  • y Baleares (-4,7%). 
En otras tres comunidades los recortes han tenido una menor intensidad, si bien sus presupuestos siguen sin recuperar la inversión de antes de la crisis. Es el caso de Andalucía (-3%), La Rioja (-1,7%) y Cantabria (-1,2%).

Los presupuestos educativos comenzaron a decrecer en la mayoría de las comunidades en 2010 y estuvieron en caída libre hasta 2014, que fue el peor ejercicio en términos de inversión: 37.612 millones, un 15% menos que en 2009. A partir de ahí las cuentas comenzaron a aumentar aunque de forma desigual. Hasta el momento, las comunidades que más esfuerzo han hecho para remontar el suelo presupuestario de 2014 son Baleares, que ha aumentado el dinero dedicado a educación un 13%, Cataluña (+10,7%), Aragón (+8,7%) y La Rioja (+8,4%).


Concertada 


Los datos del Ministerio de Educación también muestran que la enseñanza concertada se ha visto menos perjudicada por las restricciones presupuestarias. Aunque sus fondos se redujeron durante los años centrales de la recesión, lo hicieron a un ritmo menor que el total del gasto educativo público. Y cuando se empezaron a revertir los recortes, la inversión en estos centros también se recuperó mejor. De hecho, el gasto público en la concertada ya ha recuperado los niveles de antes de la crisis. 

En 2016, las comunidades autónomas destinaron a la financiación en forma de conciertos económicos y subvenciones a la enseñanza privada sostenida con fondos públicos un total de 6.036 millones de euros, 167,1 millones de euros más que en 2009. En porcentaje la subida es del 2,8%. 

Además, Murcia, La Rioja, Cantabria y Madrid son las comunidades en las que más se ha incrementado los fondos consignados a la concertada entre 2009 y 2016. 

Fondos que destinan las Comunidades:
  • El País Vasco es la autonomía que, en porcentaje, más fondos destina a los centros concertados. Estos colegios reciben uno de cada cuatro euros que se dedican al conjunto de la enseñanza en esa comunidad: 659 millones de euros de un total de 2.645,7. 
  • Le siguen Navarra, donde en 2016 el Ejecutivo regional destinó a conciertos y subvenciones 127,3 millones de euros, lo que representa un 20,5% del total dedicado a la enseñanza; 
  • Madrid, donde los concertados captaron ese año el 19,8% de los fondos públicos (968,2 millones de euros); 
  • y Cataluña, con una inversión en los centros privados sostenidos con fondos públicos del 18,3% del total (1.129,5 millones). 
  • También Baleares se situó en el 18,3%, en su caso con 158,6 millones de euros de presupuesto. 

La media estatal de financiación de la enseñanza privada concertada fue en 2016 del 15,1%. Por encima de este porcentaje, además de las cinco autonomías citadas, están La Rioja (18%), Murcia (16%), la Comunitat Valenciana (15,6%) y Cantabria (15,3%). En el otro extremo, las comunidades que menos porcentaje de dinero público dedican a la enseñanza concertada son Canarias (8,2%), Extremadura (8,3%), Castilla-La Mancha (9,3%), Galicia (10,4%), Andalucía (10,5%), Asturias (11,0%), Aragón (14,3%) y Castilla y León (14,7%). 

Alumnado


Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación, la red concertada escolariza a casi la mitad de los estudiantes de enseñanzas obligatorias en el País Vasco, en concreto al 48,1% del total. Se trata de un caso único en España, donde en general la red pública sigue siendo preponderante, y la concertada matricula, de media, a uno de cada cuatro estudiantes (25,6%).

De hecho, sólo Navarra, Madrid y Baleares, con un 34,4%, un 29,9% y un 29,8% respectivamente de alumnos en los colegios privados sostenidos con fondos públicos, se acercan a las cotas de Euskadi, aunque todavía a cierta distancia. En Madrid, sin embargo, resulta llamativo el peso de la enseñanza totalmente privada, a la que acuden el 15,1%% de los escolares matriculados en primaria y secundaria. La media estatal está en el 6,4%. 

En contraposición, las comunidades con mayor porcentaje de alumnos escolarizados en centros públicos durante las etapas obligatorias son Castilla-La Mancha (81,8%), Extremadura (80,4%), Canarias (77,1%), Andalucía (74,9%), Galicia (72,7%), Asturias (71,5%), Murcia (71,3%), Cantabria (70,5%) y Aragón y Castilla y León, con el 68,5%. Todas ellas están por encima de la media del porcentaje de alumnos matriculados en colegios e institutos públicos, que se sitúa en el 68,0%.



#0a3PúblicoGratuito #ASTURIAS / Campaña en favor de la matricula en las Escuelas Públicas 0-3

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Plataforma en Defensa del 0-3 Público y Gratuito





Se inicia el proceso de matriculación para el curso 2018-2019 -Se inicia la campaña a favor de la matriculación en la Escuela 0-3 Pública


El BOPA publicaba el 10 de marzo la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se determinan las Comisiones de Escolarización del procedimiento de admisión del alumnado... con lo que se daba "el pistoletazo de salida" al proceso de matriculación para el próximo curso.

Por ello, desde la Plataforma en Defensa del 0-3 Público y Gratuito, tras la campaña informativa de charlas-debate celebradas en febrero, iniciamos una campaña en favor de la matriculación en las Escuelas Públicas 0-3; campaña centrada especialmente en redes pero también en los medios y en la calle.

Proceso matriculación

El procedimiento general***, como referencia para establecer el calendario de matriculación en los distintos centros, es el siguiente:
La preinscripción  se llevará a cabo entre el 16 al 27 de abril. Presentación de solicitudes en el Ayuntamiento
El 8 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidxs y no admitidxs
Del 8 al 10 de mayo será el período de alegaciones ante la dirección del Centro (registradas en los Ayuntamientos)
El 29 de mayo se harán públicos los datos definitivos  
El 15 de junio fin del plazo de formalización de matrícula en los distintos Centros
Importante: Aunque el bebé no haya nacido es necesario formalizar la preinscripción para quedar en lista de espera.

 ***Cualquier duda  puede consultarse en las propias Escuelas, en el Ayuntamiento o en los Centros Municipales

Novedades para este próximo curso


Si bien aún no hemos llegado al #0a3PúblicoGratuito que seguimos defendiendo desde la Plataforma, el próximo curso podríamos encontrarnos con modificaciones del 50% en las cuotas que deben abonar las familias en las 68 Escuelas Infantiles 0-3 Públicas con las que cuenta el Principado.

Y ello porque tras el rechazo a los Presupuestos en la Junta General, el Consejo de Gobierno aprobaría a finales de marzo un proyecto de ley de financiación de 111,3 millones de euros para hacer frente a la prórroga presupuestaria, petición de crédito del Ejecutivo que deberá ahora ser tramitada en el Parlamento regional. 

Esta tramitación del Proyecto de Ley, en el que se incluyen los 2,48 millones para la red de escuelas públicas infantiles que podrían, entonces, ver rebajada la cuota en un 50%, según informa la RTPA, se retrasará, como mínimo, hasta el 27 de abril al no prosperar la propuesta del Ejecutivo, apoyada por IU y Podemos, de tramitarla por vía de urgencia (de "lectura única") 

Por qué la defensa del #0a3PúblicoGratuito


Desde la Plataforma (integrada por colectivos -AEIPA 0-3, Movimiento Social por la Escuela Pública), sindicatos (CC.OO y SUATEA) y partidos políticos (IU y Podemos) se inició una campaña informativa durante el mes de febrero con una serie de charlas en Oviedo, Avilés y Gijón ("¿Qué Escuela 0-3 queremos en Asturias?") para explicar las razones que llevaban a defender por qué las Escuelas 0-3 han de ser públicas, gratuitas e integradas en la Red Pública del Principado. En ellas intervenieron AEIPA 0-3, familias y sindicatos:
Audios
Seleccionamos algunas intervenciones
Intervención de Henar García, presidenta de AEIPA 0-3 en la charla-debate de Oviedo (en la mesa, María Velchit, en representación de las familias, Henar García y Emma Rodríguez, de SUATEA).


▓ En representación de las familias intervendría en Oviedo María Velchit




▓ Intervenciones de Emma Rodríguez (SUATEA) en la primera de las charlas-debate celebrada en Oviedo y Cristina González Suárez (CCOO) en la celebrada en Gijón con la que se cerraba el ciclo





Reválidas y PISA a examen, nuevo vídeo de Yo Estudié en la Pública

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#StopReválidas

¿Qué implicaciones tiene la aplicación de las pruebas LOMCE o reválidas en el alumnado y en los centros? ¿Y las evaluaciones externas de PISA? ¿Qué hay detrás de esta rankingmanía?


Este miércoles 11 el colectivo Yo Estudié en la Pública lanza un nuevo vídeo "Reválidas y Pisa a examen", con dos objetivos, (tal y como señala en Facebook):
▓ Invitar a la reflexión acerca de lo que es (y lo que no es) evaluar, y el impacto que las evaluaciones tienen sobre estudiantes, docentes y centros.
▓ Dar a conocer las implicaciones de las evaluaciones externas tanto nacionales (Reválidas) como internacionales (PISA).
Denuncian no solo el control curricular que suponen sino el inmenso negocio que propician, sin olvidar la inquietud por la ingente cantidad de datos de menores que manejan.

Del lanzamiento del vídeo se hizo eco El Diario de la Educación, 11 de abril de 2018

La plataforma Yo estudié en la pública edita un nuevo vídeo sobre PISA y evaluación

Evaluación, PISA, reválidas, pruebas de diagnóstico... diferentes nombres para exámenes muy similares. ¿Mejoran la educación? ¿Son un instrumento de control? ¿Quién decide su contenido y cómo influye en la política nacional?
La evaluación, la rendición de cuentas, se ha conversito en lo que va de siglo en uno de los puntos de fricción mayores entre las diferentes concepciones de lo educativo. Organizaciones o corporaciones como la OCDE, la IEA o McKinsey dedican esfuerzos titánicos en pruebas como PISA, TIMSS o PIRLS y van marcando, así, la política educativa no solo de algunos países, si no de todos.

Marcando de tal manera que los gobiernos de medio mundo pelean para, no tanto mejorar sus sistemas educativos, como para alcanzar mejores posiciones dentro de la lista.

Esto marca, sin que se haya producido ninguna discusión previa, qué es importante aprender, cuándo y cómo. La comunidad educativa, la sociedad queda fuera de la toma de decisión sobre qué debe ocurrir en el sistema educativo.

Estas son algunas de las cuestiones que el nuevo vídeo de la plataforma Yo Estudié en la Pública acaba de publicar. En él cuenta con expertos de diferentes campos como Miguel Ángel Santos Guerra, profesor de didáctica en la Universidad de Málaga; Jurjo Torres, de la Univerisida de A Coruña; Xavier Bonald, sociólogo de la Universidad de Barcelona; Jordi Adell, de la Jaume I; Mercè Mas, miembro del colectivo Rosa Sensat, o Eugenia Alcántara, inspectora de Educación en la Comunidad de Madrid.

Una invitación a la reflexión no solo sobre los intereses económicos y empresariales en lo relativo a la implementación de los diferentes test y pruebas, si no también, sobre los intereses políticos de quienes, de una manera u otra pueden estar influyendo en cuáles son los conocimientos relevantes que deben ser enseñados en las escuelas de todo el mundo.


Presentación de la campaña #0a3PúblicoGratuito en favor de matriculación en Escuelas 0-3 Públicas

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Rueda de prensa


En la mesa colectivos y sindicatos integrantes de la Plataformar (MSEPA, CCOO, AEIPA 0-3 y SUATEA)

Ayer 11 de abril la Plataforma en Defensa del 0-3 Público y Gratuito presentaba, en rueda de prensa celebrada Oviedo, la campaña que, a lo largo de este mes, va a llevar a cabo en favor de la matriculación en las Escuelas Pública 0-3.

En la rueda de prensa estuvieron presentes la cadena SER, la COPE, Onda Cero, RNE y TVE. En representación de la Plataforma intervino la presidenta de AEIPA 0-3, Henar García. A ella, además de los colectivos y sindicatos presentes en la mesa, asistieron Emilio León (Podemos) y Mayka Barros (IU)

La campaña nace como una apuesta clara en favor de la matriculación en Escuelas 0-3 públicas. Pero no es el único objetivo.

Con ella se pretende también informar  a las familias de los períodos de preinscripción (del 16 al 27 de abril), pero no sólo a familias con niñas/niños 0-3, sino también para recordar, y animar a que las familias cuyo bebé no ha nacido aún en estas fechas lo matriculen para poder quedar en lista de espera, a la vez que con ello se visibilizaría más claramente la necesidad de más plazas escolares públicas.

Y, desde luego, aún cuando la reducción prevista del 50% en el coste a las familias de las escuelas se entiende como positivo, no es ese el objetivo final de la Plataforma que defiende el carácter educativo del 0-3 (hablamos de escuelas, no de guarderías), y por ello la gratuidad para esta etapa educativa, tal y como sucede en el resto de etapas en la Escuela Pública, así como la integración en la Red Pública del Principado

Vídeos





Esta campaña se va a llevar a cabo sobre todo a través de las redes (hashtag  #0a3PúblicoGratuito), pero también en la calle con la difusión y reparto de octavillas informativas hasta el final del período de preinscripción.

Todo ello sin olvidar a los medios de comunicación. Ayer, además de haberse hecho eco distintas emisoras de radio del inicio de la campaña, también Panorama Regional recogería el inicio de la campaña, así como La Voz de Asturias.

Panorama regional




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La separación es siempre desigualdad

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...La separación por razón de sexo en el derecho a la educación es radicalmente incompatible con el principio de igualdad [...] no es solamente incompatible en la enseñanza pública o en la sostenida con fondos públicos, enseñanza concertada, sino incluso en la enseñanza privada...


El Tribunal Constitucional acaba de desestimar “en su totalidad”, (por 8 votos a favor, entre ellos el del magistrado Andrés Ollero vinculado al Opus, y 4 en contra), el recurso de insconstitucionalidad contra la LOMCE presentado hace 4 años por el PSOE, o lo que es lo mismo acaba de avalar que con dinero público se pague la segregación por sexos en los centros del OPUS y, que la Religión sea evaluable. (Más información enInfoLibre)

Sobre la inconstitucionalidad de LOMCE  y lo inaceptable de esta "doctrina" establecida por el Tribunal Constitucional, escriba Javier Pérez Royo en Público (12 de marzo de 2018):

“Separados pero iguales”. En estos términos se resume la doctrina constitucional con base en la cual se justificó la segregación racial no solamente en las escuelas, pero sí básicamente en las escuelas, desde el último tercio del siglo XIX hasta que en la década de los cincuenta fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Supremo. La doctrina había sido formulada en 1896 en el caso Plessy vs. Ferguson. La educación segregada de alumnos blancos y negros no suponía una vulneración del principio de igualdad formulado en la decimocuarta enmienda siempre que las condiciones materiales, edificios, profesores, material escolar etc. fuera igual en todas las escuelas. Con base en dicha doctrina se mantuvo la segregación de manera ininterrumpida hasta mediados de la década de los cincuenta.

En 1954 el Tribunal Supremo, en el caso Brown vs. Board of Education, rectificó su doctrina en la materia, declarando que “la separación es siempre desigualdad”, que no se puede respetar el principio de igualdad si se segrega a los estudiantes como consecuencia de la raza de cada uno de ellos. Fue el primer paso en el reconocimiento de derechos civiles para la población afroamericana.

La separación no es nunca neutra. Es siempre discriminatoria. En lo que al ejercicio del derecho a la educación se refiere, más que en ningún otro terreno. El derecho a la educación es el único derecho fundamental que el constituyente define también como deber. Como deber en el sentido propio del término. No es lo mismo el deber de conocer el castellano que la obligatoriedad del ejercicio del derecho a la educación. El primero es un deber impropio. El segundo es un auténtico deber, que puede conllevar incluso responsabilidad penal para quienes tienen atribuida por la Constitución y la Ley la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del mismo. Padres y administración educativa.

El derecho de sufragio y el derecho a la educación son los derechos constitutivos de la igualdad constitucional. Ambos están concatenados. Somos iguales los españoles en España, los franceses en Francia…Y lo somos porque somos titulares de manera exclusiva y excluyente del derecho de participación política reconocido en el artículo 23 CE. Es el único derecho fundamental de cuyo ejercicio están excluidos los extranjeros. Es el derecho constitutivo de la ciudadanía. Constitutivo por tanto de la igualdad.

Ahora bien, sin el ejercicio del derecho a la educación el derecho de sufragio queda extraordinariamente reducido. Tanto que prácticamente se convierte en una entelequia. Los ciudadanos que se integran en el cuerpo electoral cuando alcanzan la mayoría de edad tienen que ser ciudadanos que ha ejercido obligatoriamente el derecho a la educación. Los padres y madres y los poderes públicos tienen la responsabilidad de que así sea. Tienen que garantizar que todos los ciudadanos que se van a integrar en el cuerpo electoral estén en condiciones de ejercer el derecho de sufragio en condiciones de igualdad. Sin educación no hay igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio. No hay, por tanto, democracia digna de tal nombre.

El principio de igualdad es presupuesto y límite para el ejercicio de todos los derechos fundamentales, pero la intensidad con la que dicho principio se proyecta en el derecho de sufragio y en el derecho a la educación es muy superior a como lo hace en los demás derechos. La igualdad tiene que ser “recognoscible” en el ejercicio del derecho. La desviación de la igualdad tiene que ser prácticamente insignificante. Cualquier desviación en el ejercicio del derecho a la educación es discriminación, es contraria a la igualdad. 

Por eso es anticonstitucional la LOMCE y por eso no puede ser aceptada la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional esta misma semana. La separación por razón de sexo en el derecho a la educación es radicalmente incompatible con el principio de igualdad. En mi opinión, no es solamente incompatible en la enseñanza pública o sostenida con fondos públicos, enseñanza concertada, sino incluso en la enseñanza privada, que carece del apoyo de fondos públicos. En el derecho a la educación la igualdad no es solamente un límite absoluto para los poderes públicos, sino que es también un límite para la autonomía de la voluntad de quienes ejercen la libertad de enseñanza y prestan el servicio de educar de manera totalmente privada. Ni en la escuela completamente privada se puede aceptar el ejercicio del derecho a la educación con separación por razón de género.

El legislador de la LOMCE y el TC han sucumbido al prejuicio de género, que es el prejuicio más invasivo y más resistente de todos los prejuicios culturales. Justamente por eso, es también el prejuicio más dañino para la democracia como forma política.

Asturias se mueve por la Educación...

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Agenda de abril



Además de las acciones que se han venido desarrollando en estos últimos meses (campaña #0a3PúblicoGratuito en favor de la matriculación en las Escuelas 0-3 Públicas,  concentración para exigir enfermería escolar en los centros públicos de Educación Especial o las movilizaciones de Nuevo Roces, en Gijón, para exigir de un colegio público en el barrio, por citar sólo algunas de estos últimos días), durante las dos próximas semanas en Asturias distintas convocatorias sacarán a la calle a la comunidad educativa.


18 de abril


Continuando con las acciones emprendidas ya antes del período de vacaciones de "semana santa" por la recuperación de las 18-23 horas lectivas (una concentración el pasado 20 de febrero y un encierro en el IES Doctor Fleming el  26 de marzo), este próximo miércoles 18, unitariamente, los sindicatos convocan una manifestación a las 18:00 h. saliendo desde la Plaza de España hasta llegar ante la Junta General del Principado, para finalizar con una cadena humana.

20 de abril


La ruta "Orgullosos de la Pública. El Pacto de Educación sale a la calle" con la que el Grupo Unidos Podemos, En Comú Podem y en Marea lleva recorriendo, desde su presentación en Madrid a mediados de marzo,  la "geografía española", llega el 20 de abril a Oviedo, con una acto en el espacio Coworking Talud de la Ería , a las 19:30 horas.

El objetivo de este recorrido por distintas ciudades es explicar cómo se han estado desarrollando las reuniones de la Subcomisión del Congreso para poder llegar a un Pacto Educativo, (subcomisión en la que solo permanecen PP y Ciudadanos).

Intervendrán Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Emilio León, portavoz parlamentario Podemos Asturias, Ángeles Fal, responsable del Área de Educación del CCA de Podemos Asturias y Enrique Díez, coordinador del Área federal de Educación de IU.

24 de abril


1.1.-  SUATEA convoca huelga de profesorado interino por un plan de estabilidad (¡Quien está, se queda!), la reversión de los recortes y un nuevo acuerdo de interinidad. Comunicado de SUATEA:  
Nos sobran las razones
Ante la crítica situación del profesorado interino, generada tras el Acuerdo de estabilización y las consecuentes ofertas de empleo que asumen las distintas administraciones, desde SUATEA vemos imprescindible una respuesta del colectivo que detenga este despropósito, que puede suponer un ERE masivo entre el profesorado precario del sistema público.
Es por ello que proponemos HUELGA PROFESORADO INTERINO para el 24 abril. (Seguir leyendo -PDF-)
1.2.-  Convoca también una concentración a las 18:00 h., ante el Gobierno del Principado (c/ Suárez de la Riva)


Carteles

Clic para abrir


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Para descarga:

18 de abril, manifestación en Oviedo
20 de abril El Pacto de Educación sale a la calle
Huelga y concentración día 24

¿Tienen sentido hoy los conciertos educativos?

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 España se ha convertido en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a centros educativos privados sostenidos con fondos públicos. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros.


Enrique Javier Díez / Agustín Moreno, El Diario de la Educación, 15 de abril de 2018

Desde mediados del siglo XIX, se ha venido desarrollando en España una amplia y sólida malla de centros escolares privados, mayoritariamente confesionales católicos. Sin embargo, no sería hasta 1985, con el gobierno del PSOE de Felipe González, cuando la figura del colegio concertado (privado financiado públicamente) adquiere carta de naturaleza legal y se consolida como una categoría propia, al lado de los centros públicos y de los privados sin financiación pública.

En un primer momento, las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos se justificaban como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). En una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones privadas.

A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas aumenta año tras año. España se ha convertido, en este sentido, en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a centros educativos privados sostenidos con fondos públicos. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente pública (89,2% en Educación Primaria y un 83% en Secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Se ha alcanzado una situación en España en que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada. Aunque haya centros concertados que cumplen la función educativa de forma correcta, lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,7%, en el país, en algunas de las comunidades en las que han gobernado partidos conservadores el porcentaje supera el 50% (Cataluña, Madrid, Valencia, Navarra y País Vasco). Esta tendencia se justifica desde los sectores conservadores y neoliberales en función de una supuesta “mayor demanda” de las familias, no por una mayor calidad educativa, sino por las características socioeconómicas de la población de esas escuelas concertadas.

“La primera hipotética razón nos haría pensar que los centros concertados pueden ofrecer una mayor calidad en la educación académica, pero los datos no dicen eso, una vez que se descuenta el efecto de las características socioeconómicas del alumnado. En segundo lugar, tampoco los resultados respaldan una hipotética mejor formación en comportamientos sociales en los centros concertados con respecto a los centros públicos. En tercer lugar, el factor religioso (católico) tiene una cierta relevancia, aunque no parece determinante en último extremo para la elección de centro” (Fernández y Muñiz, 2012, 115; Rogero y Andrés, 2014). Es más, los centros públicos presentan condiciones objetivas más favorables para la educación de calidad al contar con aulas menos masificadas, más participación de la comunidad educativa y un profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad.

“Lo que sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres y las madres en que los ‘contactos’ sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados” (Fernández y Muñiz, 2012, 115; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014). Lo cierto es que, como dice Gimeno Sacristán (1998), detrás de muchos argumentos a favor de la libre elección, más que fervor liberalizador, lo que esconden los privilegiados es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase social.

De hecho, la más reciente investigación en sociología de la educación, de la Universidad Autónoma de Madrid (Rogero y Andrés, 2016), corrobora que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas”. El 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública (Sáenz, Milán y Martínez, 2010). Por tanto, “no cabe hablar de calidad de la enseñanza, sino de calidad social de la clientela” (Feito, 2002, 121). Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de continuar, aboca a una importante merma de la equidad y la cohesión social.

Así entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado. Siendo razonable que todas las familias puedan acceder al centro educativo que deseen, no se puede equiparar la preferencia de elección de colegio con un derecho fundamental. Las preferencias particulares se las tiene que pagar cada uno, como antes se hacía en España. Si la Educación es un bien público no puede mantenerse como un negocio privado. El Estado debe velar por el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios, en donde las familias compitan para conseguir la mejor oferta, como si de un gran supermercado se tratara.

La obligación de la comunidad debe ser garantizar el derecho a la mejor educación pública de calidad que tienen todos los niños y niñas. Y eso solo es posible con una red pública única, que no derive recursos públicos de nuestros impuestos a financiar opciones privadas, que garantice una oferta de plazas públicas suficientes en todos los niveles y modalidades educativas, que respete criterios pedagógicos y equitativos que beneficien a los menores y que ofrezca igualdad de oportunidades.

El doble principio constitucional del derecho a la educación y la libertad de enseñanza no se refiere en ningún momento a la preferencia de elección de centro educativo. Hace referencia a la capacidad de creación de centros o a la libertad de cátedra. Pero en una interpretación abusiva de este derecho de creación de centros, la LODE estableció la posibilidad de elegir entre dos redes financiadas con fondos públicos, con lo que se ha querido deliberadamente confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, lo que en modo alguno está en nuestra Constitución ni en el derecho comparado (Moreno y otros, 2012). El propio Tribunal Constitucional ha confirmado que no existe ese hipotético «derecho a la subvención» aplicable a los centros educativos privados (1).

Los informes internacionales dejan claras las consecuencias negativas de esta política de escolarización. El informe de la OCDE denominado Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia.

Estamos actualmente ante una grave disyuntiva. Hoy dos proyectos ideológicos, sociales y políticos avanzan a nivel mundial. Estos dos proyectos encarnan dos formas radicalmente diferentes de entender el ser humano, las relaciones económico-sociales y la educación.

El primero, asienta sus raíces en un modelo económico y social capitalista basado en el egoísmo competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal. Para esta ideología el interés colectivo no tiene por qué ser la finalidad la política educativa (Fernández Soria, 2007). Aboga por un mundo de competición descarnada, donde el mercado regule quién sobrevive en esta lucha permanente y desaparezcan los mecanismos de protección del bien común. Parte del axioma, según el cual, las personas son responsables individualmente de su posible bienestar o malestar. Depende únicamente del mérito y del esfuerzo propio lo que se consigue en la vida. Solo los más aptos sobrevivirán, puesto que los débiles y pobres no han sabido o querido esforzarse lo suficiente para triunfar. La pobreza y la desigualdad son inevitables y, en todo caso, algo se puede paliar con misericordia, sean obras de caridad, fundaciones u ongs.

Este modelo neoliberal, a pesar de la desigualdad mundial creciente que ha provocado, sigue siendo defendido por sus adeptos. Ha conseguido convertir la educación, de un derecho garantizado, en una oportunidad de negocio de corporaciones empresariales y grupos de intereses (en España, ligados fundamentalmente a la jerarquía católica), e impone cada vez con mayor ahínco un modelo de gestión de las escuelas como si fueran empresas que exigen “rentabilidad” y beneficios.

Con este modelo queda en el olvido un fundamento básico para la educación, que no es otro que procurar el progreso de todos y de todas y no el de unos pocos. Este es el otro modelo que considera que la finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que viven (Moreno, 2016). Busca la mejora de todas las escuelas públicas y hacerlas aceptables a las familias, en vez de incitarlas a elegir y competir, ya que no solo es menos costoso, sino que preserva los fines sociales de la educación. Entiende la educación como un bien común, en el que las familias participen, no como clientes, sino como copartícipes activas en la construcción social de una escuela beneficiosa para sus hijos y los hijos e hijas de los demás (Fernández Soria, 2007).

El Foro de Sevilla, junto con otras muchas organizaciones educativas y sindicales, propone como solución en todo posible acuerdo que se articule para una nueva ley de educación, establecer como un eje fundamental la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Mientras tanto, no debe haber ni un solo concierto más para la educación privada y debe suprimirse de inmediato la financiación a centros que practiquen cualquier tipo de discriminación o no aseguren la gratuidad.
—-

1. Así lo ha dejado asentado el Tribunal Constitucional. Cabe citar, por ejemplo, la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “… siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”





Agustín Moreno es profesor de Secundaria, activista de Marea Verde y miembro del Foro de Sevilla.



Enrique Javier Díez es profesor de la Universidad de León y miembro del Foro de Sevilla.



















Comparecencias con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

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Comisión de Educación y Deporte. Congreso de los Diputados

18 de abril de 2018
Vídeos

José Canal Muñoz, Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte / Comisión de Educación y Deporte

Comparecencia del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte

La comparecencia de José Canal Muñoz tiene lugar por solicitud del Grupo Popular, grupo que inicia las intervenciones tras la presentación por parte del Subsecretario de los presupuestos que, como evidenciarían las intervenciones posteriores de Joan Mena y Díaz Trillo, consolidan recortes, margina a la Escuela Pública, favorece a la privada y nos reafirman en la cola de las inversiones educativas en Europa

Tras la intervención de Carmen González por el Grupo Popular, siguen las de Joan Mena (GCUP-EC-EM) y José Juan Díaz Trillo (GS).

Intervención inicial del Subsecretario



Intervenciones Grupos Parlamentarios.  Turno de réplica del Subsecretario





Comparecencia del Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades


A la intervención inicial de Marcial Marín, le siguen Maite Martín (Ciudadanos), Javier Sánchez Mena (GCUP-EC-EM) Luz Martínez Seijo (GS), Sandra Moneo (PP), Joseba Andoni Aguiretxea (GV (EAJ-PNV)) y Joan Olòriz (GER).

Después, como es habitual, responde el compareciente, el Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y universidades.

En su comparecencia, además de asegurar el aumento del presupuesto, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha insistido en la disposición del ministro a "poner la financiación que sea necesaria" para reanudar las negociaciones del Pacto Educativo, tema en el que ha insitido también en su turno de réplica, afirmando que Méndez de Vigo está dispuesto a llegar al 5% ( resumen comparecencia en EuropaPress)





Intervención Grupos Parlamentarios





Turno de réplica de Marcial Marín







Orgullos❤s de la Pública

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El pacto de la Educación sale a la calle / Oviedo


Emilio León, Ángeles Fal, Ione Belarra, Enrique J. Díez y Sergio Fernández Sierra

La ruta "Orgullosos de la Pública. El Pacto de Educación sale a la calle" con la que el Grupo Unidos Podemos, En Comú Podem y en Marea lleva recorriendo, desde su presentación en Madrid a mediados de marzo, la "geografía española", llegó el pasado 20 de abril a Oviedo (en El Manglar).

En Asturias participaron Ione Belarra, (portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos, EC, EM), Emilio León, (portavoz de Podemos Asturias), Enrique Javier Díez, coordinador del Área federal de Educación de IU) y Sergio Fernández (EQUO). Moderó el debate posterior Ángeles Fal

El objetivo de este recorrido por distintas ciudades es explicar cómo se han estado desarrollando las reuniones de la Subcomisión del Congreso para poder llegar a un Pacto Educativo, (subcomisión en la que solo permanecen PP y Ciudadanos), y en esa línea fue especialmente la intervención de Ione Belarra. Lo que se puso en común fue la idea del "engaño", de la cortina de humo, que significó el Pacto Educativo, la defensa de una escuela pública, laica y gratuita, el rechazo a los conciertos educativos, además de la necesidad de volver a las calles, (recordó Enrique J. Díez la convocatoria del 8 de mayo hecha desde la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública).

(Información entregada: Tríptico)

Audio


Presentación del acto (Ángeles Fal). Intervención de Ione Belarra


Intervenciones de Emilio León y Enrique J. Díez



En la segunda parte intervendrían en primer lugar representantes de distintos colectivos (Movimiento Social por la Escuela Pública, AEIPA 0-3) y sindicatos (CC.OO y SUATEA), además de miembros de la comunidad educativa a título individual: de las familias, de la Universidad o de Primaria, que darían pie a nuevas intervenciones de Emilio León, Ione Belarra, Enrique J. Díez y Sergio Fernández







#8deMayo En defensa de la Escuela Pública / ¡Ahora es el momento!

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Por la reversión de los recortes, por la derogación de la LOMCE, por el aumento de presupuesto para Educación... Estaremos en las calles el 8 de mayo


Ha pasado ya más de un año desde que se creó en el Congreso de los Diputados la Subcomisión de Educación para un Pacto Educativo. Una Subcomisión que no era sino una cortina de humo en la que algunos grupos políticos se han sentido cómodos dando la espalda a la comunidad educativa, y alargando una supuesta negociación que incluso en su última fase se ha desarrollado a puerta cerrada. 

El reciente abandono de Unidos Podemos, PSOE y otros grupos parlamentarios de la Subcomisión (solo quedan PP y Ciudadanos), nos sitúa de nuevo en la "casilla de salida". En un escenario en el que la LOMCE sigue vigente, el dinero destinado a la Educación alcanza sus niveles más bajos desde 2003 y, con el Constitucional avalando subvenciones públicas a centros que segregan por sexos, la Religión en el currículum escolar y evaluable o los itinerarios excluyentes en la ESO.

Es ahora el momento de salir a la calle. Ya no hay excusas.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado para el 8 de mayo un "día de lucha por la educación" porque "las contrarreformas del PP y la Lomce siguen vigentes", al igual que los recortes sufridos por la educación, para exigir:
  • mayor financiación de la educación, 
  • derogación de la LOMCE
  • una nueva ley educativa consensuada con la comunidad educativa, 
  • reversión de los recortes (bajada de ratio en las aulas o aumento del profesorado en las aulas, recuperación del horario lectivo anterior a la "crisis"...) y más becas y ayudas al alumnado.

En Asturias la Plataforma por la Escuela Pública convoca una concentración, a las 18:00 h. en la Plaza de España

¡Ahora Educación Pública!
Ahora es el momento
Por una Escuela Inclusiva
Por una Escuela Democrática
Por una Escuela Laica
Por una Escuela Coeducativa
Por una Escuela Científica
Este 8 de mayo volvemos a las calles:
a defender la Escuela Pública y una ley educativa digna,
por un aumento del presupuesto educativo, por la derogación de la LOMCE...

Para descarga: 
Cartel convocatoria Plataforma por la Escuela Pública de Asturias







Por un Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte PÚBLICO / Comunicado

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Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Universidad de Oviedo / Foto La Nueva España

¿Oviedo, Mieres, Gijón? ¿Mieres, Gijón? ¿Mieres y Gijón? ¿Es la ubicación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte lo prioritario, lo único importante?


La realidad es que el debate fundamental es otro y "la lucha localista" no está, (acaso intencionadamente) sino desviándolo. Porque lo que está encima de la mesa son dos opciones antagónicas para la implantación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Asturias, una pública y otra privada.

Y ahí es donde debería centrarse el debate.

Por ello, sin entrar en localismos e independientemente de cuál vaya a ser su ubicación, desde el Movimiento Social por la Escuela Pública queremos dar a conocer nuestra apuesta decidida por un Grado público en su impartición y en su gestión

Comunicado

El Movimiento Social por la Escuela Pública desea hacer público el siguiente comunicado:
Desde hace meses asistimos a un debate mediático acerca de la futura ubicación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Oviedo, grado que se encuentra en fase de desarrollo por la facultad de Ciencias del Profesorado.
Parece ser que Mieres y Gijón son los dos campus universitarios que más se mencionan como posibles sedes del citado Grado.
Sin embargo, entendemos que el debate más profundo se encuentra en otro sitio que se nos oculta: la titularidad. Así es que lo primero que deberíamos plantearnos sería “¿Queremos una Universidad pública o privada?”.
Desde el Movimiento Social por la Escuela Pública siempre hemos apostado por una Escuela Pública y Laica; desde sus inicios en la etapa 0-3 años hasta la etapa universitaria. Y la experiencia nos ha demostrado que las “sinergias” que se establecen entre lo público y lo privado, lejos de ser positivas para todos, terminan beneficiando lo privado en detrimento de lo público. Tenemos multitud de ejemplos de ello en nuestro país y en nuestra comunidad.
Entendemos que la exigencia que debe hacerse desde la ciudadanía, lejos de entrar en debates localistas en el vacío sobre  la ubicación idónea del grado, tiene que fundamentarse en 2 puntosque apoyamos completamente:
1.    Que el  grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sea público en su impartición y en su gestión, con independencia de cual vaya a ser su ubicación final.
2.   Que sean conocidos y se dé publicidad a los criterios que la universidad y el rectorado utilicen para determinar su ubicación.
Una vez cumplido lo anterior es cuando cabe, en defensa de cada ubicación, utilizar los argumentos que se estimen pertinentes.

Campaña #DerogarLOMCEya / Redes por una Nueva Política Educativa

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Desde Redes por una Nueva Política Educativa, (colectivo del que forma parte el Movimiento Social por la Escuela Pública a través de Mareas por la Educación Pública), se ha iniciado una campaña para exigir la derogación de la LOMCE, rechazada claramente por una mayoría parlamentaria.  

Como parte de la campaña se ha iniciado una recogida de firmas vía Internet  y en papel


Comunicado


Redes por una Nueva Política Educativa queremos recordar el compromiso que adquirieron los partidos políticos que votaron en el Congreso la derogación de la LOMCE y que se aplique el resultado de las dos votaciones que demostraron que una mayoría parlamentaria rechaza la LOMCE, y por tanto, procedan a derogar la LOMCE YA. 

De igual forma, instamos a que se perfilen medidas para introducir la totalidad de la etapa 0-6 como etapa educativa, se derogue el articulado de la LOE y la LOMCE que afecta a la educación infantil, introduciendo unos requisitos mínimos que garanticen una oferta pública de calidad, y se legisle en consecuencia, incluyendo la escolarización desde los 0 años. 

Llamamos a que se respete el carácter laico y el respeto a la libertad en el conjunto del sistema educativo para que eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar puesto que la mayoría parlamentaria aprobó sacar la Religión del ámbito escolar y denunciar los Acuerdos con el Vaticano. 


Asimismo exigimos que se reviertan los recortes y por tanto, consideramos imprescindible la derogación del decreto que implantaba medidas excepcionales, Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que sigue lastrando la educación pública, y la Ley Orgánica 2 /2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

La LOMCE se mantiene vigente utilizando el RDL 5/2016, que modifica las evaluaciones individualizadas de 4º eso y 2º bachillerato, dejándolas sin efecto sobre la titulación hasta que una nueva norma surgiera del pacto educativo. Fue una estrategia del PP para alargar la vida de esta ley otra legislatura. Ya no hay pacto, pero la LOMCE sigue prorrogada, y aunque las evaluaciones siguen sin efecto, toda la ideología que subyace se mantiene a pesar que el único grupo que la votó ahora tiene una mayoría raquítica. 

Llevamos, especialmente estos últimos años, movilizándonos por la educación pública, y ahora denunciamos la falta de eficacia y la pérdida de tiempo que ha supuesto la Subcomisión para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación con un sistema de comparecencias, donde la comunidad educativa de la Escuela Pública de secundaria, primaria e infantil, ha estado escasamente representada. Es decir la Educación Pública en las etapas no universitarias, aún siendo mayoritaria en todo el Estado y siendo quien ha sufrido los recortes, estaba infrarrepresentada, al igual que las mujeres: sólo un 20% del total de comparecencias, cuando su porcentaje es mayoritario en dichas etapas educativas. 

De igual forma lamentamos la escasa transparencia hacia la opinión pública y la falta de debate e interacción con la sociedad y la comunidad educativa. 

Les recordamos a los parlamentarios y parlamentarias, la iniciativa de Redes por una Nueva Política Educativa, redactada en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación, instándoles a que consideren el trabajo de la comunidad educativa y la sociedad civil que lleva realizándose desde hace más de 3 años, e invitamos a participar para construir entre todas y todos La Educación que Queremos. Asimismo exigimos a los partidos que se comprometieron a derogar la LOMCE a crear un espacio de debate de la futura ley educativa en donde la participación de la Comunidad Educativa sea real y vinculante.

Denunciamos cómo el Partido Popular continúa recortando en la Educación Pública y cómo la LOMCE, lejos de estar paralizada, se sigue implantando en los centros escolares. También instamos a aquellas Comunidades Autónomas donde se sigue implementando la LOMCE, gobernadas por el Partido Popular y apoyadas explícitamente por otras formaciones políticas a que desistan de aplicar una ley claramente rechazada, con efecto segregador tanto en el profesorado, familias y alumnado.

Esperamos que las fuerzas políticas no ignoren a los y las damnificadas por los recortes y no hagan oídos sordos a las demandas de la Educación Pública. La demora en la necesaria derogación ***, de la LOMCE la interpretaremos como una falta de compromiso político con la ciudadanía que ha luchado contra esta ley regresiva y cuya derogación el Parlamento ha refrendado.

En consecuencia, exigimos la derogación de la LOMCE YA ****, la restitución de la etapa 0-6 y la derogación Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la Ley Orgánica 2 /2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y un pacto estatal que garantice la estabilidad y consolidación del colectivo interino.


Seguimos en la lucha y la movilización, con el profesorado interino, contra la precarización del empleo.
Por la Escuela Pública que ponga en valor las lenguas propiasy que sea democrática, laica, de calidad, e inclusiva, de tod@s y para tod@s.
_________________________________

*** El pleno aprueba la paralización “inmediata” con el rechazo del PP y la abstención de C’s.
"El pleno del Congreso ha reclamado este martes, por mayoría, la paralización “inmediata” del calendario de implantación de la reforma educativa y la derogación tanto del Real Decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato como de la misma Lomce. Consta así en una proposición no de ley aprobada a instancias del Partit Demòcrata Català (PDC, grupo mixto) tras acordar un texto transaccional con PSOE y Podemos, que habían presentando sendas enmiendas. El PP ha votado en contra, y Ciudadanos, que había presentado una enmienda a favor de un pacto educativo, se ha abstenido. El resultado de la votación ha sido de 175 síes (incluidos los de PNV y ERC), 133 noes y 34 abstenciones"


****  10/10/2013 16:29 | Actualizado a 10/10/2013 20:42 
Madrid. (EUROPA PRESS).- El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves, con el apoyo en solitario del PP, al dictamen del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que será remitido al Senado. La norma ha contado con el rechazo de PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Geroa Bai y la abstención de Foro de Asturias y UPN

________________________________________



COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han contribuido a la elaboración y al debate del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación”.


El MIR docente de C´s rechazado en el Congreso

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Intervenciones en el Plano del Congreso (Vídeo)

Marta Martín, Ciudadanos

En el Pleno del Congreso del 8 de mayo se presentaba la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, "sobre la implantación de un sistema de selección y formación docente, Docente Interno Residente (DIR), basado en el MIR de los facultativos médicos".

La propuesta se votará el próximo jueves, pero las posturas de los grupos fijadas en el debate dejan claro que no saldrá adelante: sólo votarán a favor Ciudadanos y PP.

La PNL, defendida por Marta Martín, instaba al Gobierno para que en un plazo de 6 meses llevara a cabo las reformas legales oportunas para implantar el "MIR educativo"que sería aplicado sólo a "los que vendrán" y no "a los que ya están". Este DIR significaría que, una vez terminada la carrera, los docentes deberían presentarse a una prueba nacional, como hacen los médicos, que les daría la nota para poder elegir centro educativo y especialidad para las prácticas, remuneradas, bajo la supervisión de un tutor veterano.

Tras la presentación, la intervención de Santiago Pérez (PP) ha sido la única favorable a la proposición, pero ha presentado una enmienda, aceptada por C´s, y ambos grupos negociarán una enmienda transacional.

Intervención de Marta Martín (G Ciudadanos)






Intervención de Santiago Pérez (GP)





El resto de los grupos se mostraron claramente críticos con la proposición de Ciudadanos: no se ha negociado ni con profesorado ni con sindicatos, nada se dice del coste, parte de un análisis catastrofista del profesorado que solo desprestigia la educación.... es una propuesta incosistente de un partido que lo único que ha hecho es "señalar" al profesorado, acusarlo de adoctrinar, apoyar recortes, incluso los previstos en los Presupuestos que Ciudadanos apoya y en los que se recorta la financiación de la Escuela Pública...ataca las competencias de las autonomías, desprecia las lenguas cooficiales...

Intervenciones de Joan Baldoví (Grupo Mixto), Sergi Miquel (Grupo Mixto), Joseba Andoni Aguirretxea (GV (EAJ-PNV), Joan Mena (GCUP-EC-EM) y Luz Martínez Seijo (PSOE)





En prensa

▓ PSOE y Unidos Podemos rechazan en el Congreso el MIR de Ciudadanos para profesores, Europa press
▓ El Congreso rechaza la propuesta de Ciudadanos de implantar el 'MIR educativo', Cadena SER
El MIR educativo se estrella en el Congreso, El Mundo 
 El Congreso no logra un acuerdo sobre el MIR de los profesores, El País





La lista de espera en Asturias para las Escuelas 0-3 Públicas ronda el millar

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Una de las imágenes de la campaña

Una vez cerrado el plazo de preinscripción, los datos los ofrece esta mañana La Voz de Asturias, contabilizando únicamente las listas de espera de los concejos con mayor número de habitantes.

Desde la Plataforma en Defensa del 0-3 Público y Gratuito se había iniciado ya en abril una campaña a favor de la matriculación en las Escuelas 0-3 Públicas. La campaña estuvo precedida de una serie de charlas informativas en Oviedo, Avilés y Gijón, con la que, como recoge la noticia de prensa, además de informar de fechas de matriculación, de las razones por las que se defiende el carácter público de las Escuelas 0-3 y de su integración en la red pública del Principado, se quería hacer visible la necesidad de ampliar una red que se ha quedado visiblemente incapaz de atender la demanda. 

Con los datos en la mano, la campaña, (charlas, reparto de información en la calle y a través de la red), ha "dado sus frutos", falta ahora que la Consejería mueva ficha y cubra las necesidades de escolarización pública en las Escuelas 0-3

Un millar de niños no encuentra plaza en las escuelas de 0 a 3 años

L.F. / S.M.D.  21 de mayo

La cifra exacta es difícil de cuantificar, pero se acerca al millar. La campaña impulsada por la Asociación de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años de Asturias ha dado sus frutos y, solo en los concejos más poblados, el número de menores de 3 años sin matricular ronda los 800. A esa cantidad hay que sumar los de los otros 24 municipios de menor tamaño, ya que, en total, son 38 los que ofrecen el servicio. Los números evidencian que la oferta no cubre las necesidades de las familias, el objetivo que perseguía la plataforma con la intención de demostrar al Principado que existe una gran demanda. Con datos en la mano, ahora quieren presionar para que se extienda la red.

A diferencia de lo que ocurre en otras áreas, como la sanidad, en el caso de Infantil es difícil hacer ver las listas de espera. Para conseguir una cifra aproximada, es necesario contrastar las listas que cada ayuntamiento publica en su página web. Pero no todos los concejos tienen escuelas de 0 a 3 años -solo 38 de 78- y no todos ellos difunden sus cifras. Con todo, la lista de espera ronda el millar.

El mayor número de menores de 3 años que se ha quedado sin plaza está en Oviedo. En la capital se han presentado 970 solicitudes, y aunque desde el ayuntamiento sostienen que no se conocerá la cifra final de plazas hasta que se apruebe la lista definitiva, si se tiene en cuenta el número de alumnos matriculados en años anteriores, son unos 340 los que se han quedado sin escuela. Ahora se ha abierto un periodo de alegaciones, que concluirá el 1 de junio, antes de que se puedan cerrar las cifras.

Por orden, Gijón es el siguiente concejo con una lista de espera mayor (297 alumnos). En el resto de municipios, el número de menores de 3 años que se ha quedado sin plaza es muy inferior. En tercer lugar aparece Siero (49), seguido de Mieres (40), Gozón (35), Langreo (11), Castrillón (9) y Navia (5).

También hay concejos en los que el servicio está cubierto, ya que no existe lista de espera. Es el caso de Avilés, donde aunque no todos tienen hueco en la escuela que solicitaron como primera opción, sí que existe margen para redistribuir a los menores y nadie se ha quedado sin plaza. En San Martín del Rey Aurelio, Laviania, Aller, Lena y Corvera también se ha dado cobertura a todas las personas que han querido matricularse.

Las escuelas de 0 a 3 en Asturias


En Asturias existen 65 escuelas de 0 a 3 años repartidas en 38 concejos. El número de profesionales que trabajan en esos centros ronda los 530 y la cifra de alumnos se sitúa en torno a los 3.500. En el último presupuesto aprobado, el Principado destinó 9,64 millones a esta partida.

La ampliación de la red de centros gratuita fue el principal punto de desencuentro entre el PSOE y Podemos en la negociación de los presupuestos de 2018. La formación morada defendía que una partida de 2 millones serviría para extender el servicio a toda la región, mientras que el PSOE argumentaba que la cifra era muy superior. Podemos quería implantar el sistema de forma inmediata, pero los socialistas señalaban que eso generaría desigualdades. Las discrepancias se encallaron y finalmente se rompieron las negociaciones. Los datos evidencian que existe una fuerte demanda social.


Imágenes de una campaña




Nace la Plataforma Infantil Asturias de Escuelas Públicas 3-6

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La presentación pública será el próximo miércoles día 6 en Oviedo
Reunión en el C.P. Jovellanos de Gijón

Ayer, 30 de mayo de 2018, tuvo lugar en Gijón la segunda reunión tendente a la constitucion de la Plataforma Infantil Asturias de escuelas públicas de 3 a 6 años.

En ella ha participado profesorado de Educación Infantil,  así como sindicatos de la Junta de Personal (CCOO, CSI, FETE-UGT, SUATEA) y el Movimiento Social por la Escuela Pública, en apoyo de sus reivindicaciones.

Éstas se centran en la dignificación de esta etapa educativa como eje de una Escuela Pública de calidad: que se cumpla el acuerdo de plantillas sin interpretaciones a la baja, que se cubra en su totalidad el horario de docencia del profesorado de E. Infantil que forme parte de un equipo directivo o la dotación de tres maestros/as de apoyo en colegios públicos de línea 3, entre otras.

Pueden participar en la misma, tanto el profesorado afectado, como padres y madres de alumnado directamente o a través de sus asociaciones, sindicatos de enseñanza y cuantos colectivos compartan la defensa de la dignificación de esta etapa educativa en la escuela pública.

El próximo miércoles 6 de junio tendrá lugar la presentación en público, y ante los medios de comunicación, de esta Plataforma, en Oviedo. 

Para mantenerse informad@, suscribir las reivindicaciones y participar en las reuniones se puede enviar un correo indicando nombre, email, centro de trabajo/interés/asociación... a 

plataformainfantilasturias@gmail.com 



"La falta de inversión en infancia supone vulnerar los derechos de una persona durante toda su vida"

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La adjunta del Defensor del Pueblo por los derechos de los Niños y Adolescentes, Maria Jesús Larios, considera que las políticas de atención y protección a la infancia son "cortoplacistas" y que los presupuestos no contemplan ayudas para garantizar los derechos recogidos en la Convención de Derechos de los Niños. Entrevista
María Jesús Larios, en la presentación de un Informe Sobre los Derechos de la Infancia del Síndic de Greuges

Sandra Vicente, el diari de l´educació, 25 de junio de 2018

Los presupuestos Generales del Estado, que fueron aprobados a finales de mayo, levantaron polémica por parte de diversas entidades y organizaciones para la defensa de los derechos de la infancia, como Save the Children, que denunció que, de los 1.560 millones comprometidos en el pacto de investidura para las familias, sólo se contemplan 346. Así, a pesar del discurso político que asegura que se está saliendo de la crisis, la pobreza infantil no para de crecer en Cataluña: según datos del IDESCAT, en 2016, 348.600 vivían bajo el umbral de la pobreza, dato que ha aumentado un 4% desde 2008.

Los que han sido llamados los "presupuestos más sociales de la historia" corren el riesgo de "condenar varias generaciones viviendo en la pobreza y demuestran que los niños quedan fuera de las prioridades políticas", según denunció la ONG. La cronificación de la pobreza infantil también ha sido seguida de cerca por el Síndic de Greuges, que ha elaborado varios informes analizando las políticas de protección a la infancia de los últimos años, unas medidas que "cada vez tienen unos umbrales más altos y que excluyen las familias que no están en pobreza severa ", afirma María Jesús Larios, adjunta del Defensor del Pueblo por los derechos de los Niños y Adolescentes. Estas medidas vulneran, según Larios, la convención de derechos de los niños, que estipula que todos deben tener un acceso equitativo a una buena calidad educativa.

Así, destaca el papel aglutinador de la escuela para la detección y la prevención de la pobreza, así como facilitadora de la acción de diversos servicios sociales. A las puertas del verano, cuando las escuelas cierran y la educación en el tiempo libre queda fuera del alcance de muchas familias, Larios aborda los retos para tratar y erradicar la pobreza infantil.
Se habla de retroceso de la crisis y de presupuestos sociales pero los informes del Síndic vemos que la pobreza infantil continúa creciendo
Hace muchos años que planteamos la necesidad de planes de choque ante las situaciones derivadas de la pérdida de ayudas y prestaciones, frutos de los recortes en los años más duros de la crisis. Desde 2012 constatamos en los informes que los que más han visto crecer exponencialmente su pobreza son los niños. Y lo que es peor: eso no entra en la agenda pública. Porque, a diferencia de otros colectivos también desprotegidos pero que tienen voz y son capaces de poner sus luchas en la agenda social, como han hecho los pensionistas, los niños, desgraciadamente no tienen ni voz ni voto, literalmente. Por tanto, el problema de la pobreza infantil no entra en la agenda, pero la realidad es muy tozuda y cada año vemos incrementos de entre el 20 y el 25% del riesgo de pobreza, datos que crecen y se estancan. Por mucho que nos digan que estamos saliendo de la crisis.

Tenemos grandes déficits de inversión en políticas sociales en general y de protección a la infancia y atención a la familia específicamente, tanto desde el Estado como desde Cataluña, en relación a la media europea. Este es un problema estructural que nos impide avanzar.
Cómo han evolucionado las prestaciones desde el comienzo de la crisis?
Hemos visto que las prestaciones económicas, aunque son diversas, suelen no llegar a todos los niños en situación de pobreza, porque tienen unos índices de elegibilidad muy bajos y excluyen aquellos que están en situaciones de riesgo de pobreza. Es lo mismo que ocurre con las becas comedor, que dejan fuera muchas familias que la necesitan, simplemente porque se miran sólo los ingresos y no los gastos. Si tenemos una familia con un sueldo que supera los umbrales de pobreza, pero que tiene que afrontar un alquiler en una ciudad como Barcelona, ​​seguramente tendrá necesidad de una beca comedor.

Esto no quita que se hayan hecho esfuerzos para implementar las políticas dirigidas a la infancia, pero estos esfuerzos se han dirigido sólo a los más vulnerables. Dejemos de lado toda una franja de personas que sufren precariedad y pobreza, pero que no entran a los estándares y esto vulnera el derecho que tienen todos los niños de recibir una educación de calidad en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa con el material escolar y las extraescolares? Se suspendieron las becas de material del Ministerio de Educación y todavía no las han volver a reimplantar.


Nos encontramos ante un problema estructural y de definición de la pobreza, que no significa sólo no tener dinero para pagar el alquiler o la comida. Así, como se ayuda a las familias que están por encima de los umbrales?
Evidentemente que hay situaciones de pobreza extrema, que son las más vulneradoras, y que deben abordarse desde la vivienda, los servicios sanitarios, las carencias severas de alimentación. Pero en cuanto a los déficits de la pobreza relativa debemos partir del reconocimiento de los derechos: los niños, estén en la situación que estén, tienen unos derechos que están reconocidos y que deben ser garantizados por las administraciones.

Se estipula el derecho a la educación plena en condiciones de igualdad, por lo tanto, no puede ser que un niño tenga menos oportunidades para que no pueda acceder a los libros, no pueda ir de colonias o pagar la sexta hora. Y en este sentido, hay que recordar que también se reconoce el derecho al ocio, que a menudo se ve como un capricho o, como mucho, como un complemento educativo.

El campo de la salud también presenta déficits : consideramos que está cubierto porque contamos con una prestación universal para los niños, pero hay aspectos que no están en la cartera de servicios. Desde medicamentos que no están subvencionados al 100%, hasta la odontología o las gafas. Se considera que el hecho de que un niño no pueda leer bien no es una necesidad básica y, en algunos casos, quien se hace cargo son los Servicios Sociales, tapando lo que las administraciones públicas no garantizan. Siguiendo este hilo, tampoco se puede dejar de lado la salud mental y emocional. Y así, derecho por derecho.
Hacen falta pues más políticas redistributivas, como es el caso de las tarifación Sociales en las guarderías?
La educación infantil de primer ciclo tiene un efecto directo en la evolución educativa, la adquisición de conocimientos y el rendimiento escolar en la vida futura. La no gratuidad de esta etapa hace que, por razones económicas, las familias que más uso deberían hacer no puedan pagarla y terminen asistiendo niños de familias en las que, probablemente, no les habría tanto porque ya tienen en el ámbito familiar unas condiciones más estimulantes y motivadoras.

La tarificación Social aplicada a ciudades como Barcelona es una opción redistributiva eficiente, pero se debería conseguir la financiación municipal de este servicio educativo por parte del Departamento de Enseñanza, teniendo en cuenta las desigualdades territoriales.

El jardín de infancia, así como las extraescolares o la educación en el tiempo libre, más allá de ser un aliado pedagógico también tienen un papel en la conciliación familiar. Así, a menudo nos encontramos con que las familias que más necesidad tienen de estos servicios, sobre todo en verano, con el cierre de los centros escolares, son las que más lo necesitan. 

Es un pez que se muerde la cola: a menudo los servicios gratuitos están destinados a las familias que están en paro. En este sentido hemos pedido muchas veces un umbral más bajo para conseguir las becas totales o una clasificación por puntos que dé más peso a las familias que trabajan pero en condiciones precarias para favorecer la conciliación laboral.

El ocio es un derecho, por eso pedimos políticas públicas de acompañamiento de todo tipo, no sólo económicas, sino de reconocimiento de la importancia del ocio como herramienta para la mejora de las capacidades cognitivas, relacionales y para el incremento del capital social y cultural de los niños. A menudo la percepción de la importancia de estas actividades varía según el nivel socioeconómico de las familias, por ello consideramos también que es importante que las escuelas hagan difusión de los servicios municipales como los centros cívicos o los cassals que proveen actividades sin barreras económicas.

Pero también se debería regular la presencia de espacios de ocio integradores, como los centros recreativos o los grupos scouts, porque no están presentes en todos los barrios; los hay con mucha concentración y algunas zonas periféricas que necesitarían más planes territoriales coordinados no tienen movimientos de ocio . A veces nos encontramos con impedimentos absurdos para que las familias accedan a esta educación. Es por ello que es necesario eliminar la frontera entre las actividades de ocio educativo y la educación formal.
¿Cuál es el papel de la escuela a la hora de detectar y gestionar estas necesidades?
La escuela es un nexo muy integrador para servicios a los que muchas familias no acceden con facilidad. Los centros educativos deberían ser un conectar las familias con la red de ocio comunitaria. Pero esto también es un pez que se muerde la cola para que las escuelas con una distribución del alumnado equilibrada y una situación socioeconómica estable tienen AMPAs fuertes capaces de organizar actividades muy potentes. Pero las escuelas donde las AMPAs son prácticamente inexistentes necesitan de la administración como dinamizadora.

El papel de nexo de la escuela no es sólo importante en temas de ocio; es muy clave también en los recursos de atención a la salud mental. Muchas veces desde el CESMIJ se nos ha pedido tener presencia en las escuelas porque hay muchas familias que tienen reticencias a llevar a los niños a este tipo de servicios. No es necesario que la atención se realice en los centros, pero sí que los recursos tengan acceso para poder hacer detección y prevención.

Las escuelas son un observador privilegiado de la realidad de los niños y deben tener una relación muy estrecha con Servicios Sociales para identificar situaciones de riesgo. Pero no debemos olvidar que es un servicio que no siempre tiene la capacidad ni los recursos para atender todas las casuísticas que lo necesitan. Como derivado de la crisis, se están derivando las capacidades atender casos de necesidad extrema y no tienen recursos para hacer prevención.

Tenemos que ser muy conscientes de que la falta de inversión en la infancia supone vulnerar derechos de manera intensa: las carencias en la infancia suponen falta de oportunidades durante toda la vida. En cambio, invertir en infancia supone garantizar plenamente los derechos y también tendrá efectos positivos a nivel económico, ya que todo lo que se pueda garantizar en la infancia, supone menos gasto público en un futuro. Pero esto no se suele contemplar porque tenemos políticas muy a corto plazo.


¿Quién maneja la educación?

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La OCDE se ha convertido en pocos años en el organismo decisorio de las políticas educativas nacionales...



José Manuel Cabada. El Diario de la Educación, 27 de junio de 2018

La UNESCO se constituyó, después de la guerra, en 1945, con 30 países; España se adhirió en 1953. “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben de erigirse los baluartes de la paz… y por ello se propone contribuir a la paz y seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura”. En su preámbulo, la finalidad de la educación es: hombres libres y responsables.

Poco después, en 1948 se dieron los primeros pasos para la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), y fue en 1961 cuando se constituyó la OCDE, y España se incorporó el 3 de agosto. “Con el objeto de lograr el crecimiento económico y empleo sostenible y elevar el nivel de vida en los países miembros, mientras se mantiene la estabilidad financiera, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía mundial”.

Está formada por 35 países, y 5 Key Partners, colabora con otros 50 países. Se mantiene por la aportación de los países miembros; en el año 2017, 374 millones de euros. España aporta el 3%, 11,22 millones una cantidad importante, el 9º de 35, algo que contrasta con su baja aportación a la educación del país, el 3,82 del PIB.

PISA, sin serlo, se ha convertido en la evaluación de los sistemas educativos y la OCDE en el organismo que valida y promueve las orientaciones para la mejora de la educación.

La LOMCE es un marco para el desarrollo de las políticas neoliberales, con argumentos planteados en la OCDE, pero llevados a lo más conveniente a sus extremos neoliberales.

En el primer borrador se podía leer: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad del país”. “El nivel educativo de un país determina su capacidad para competir con éxito en la arena internacional”. “A nivel individual, el nivel educativo determina las metas y expectativas de la trayectoria vital tanto a nivel profesional como personal”.

Como parecía muy fuerte este inicio en su preámbulo, en su redacción definitiva y aprobación, se introdujeron dos principios: “El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas con su pensamiento propio”; el otro principio es más novedoso, “el talento” que tienen todos los estudiantes y hay que encauzarlo para que sus aspiraciones se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor.
Con estas ideas de distraimiento, ya se pueden incluir los párrafos del preámbulo inicial.

La LOMCE no fue un texto elaborado por profesionales o expertos en educación que redactaron una ley contra los principios básicos de la educación; fue una ley asesorada por importantes personajes del neoliberalismo. Defendida por Montserrat Gomendio, secretaria de Estado de Educación (2012-2015), que en el curso 2013-2014 aprobó la participación de España en PISA for Schols, con EEUU y Reino Unido, y que en 2015 fue designada directora Adjunta de la OCDE. Desde el Ministerio se dijo que “su nombramiento es un importante reconocimiento internacional a la reforma educativa” y se añade que “su designación se llevó a cabo en la OCDE tras un riguroso y exigente proceso selectivo en el que participaron prestigiosos candidatos internacionales”.

Monserrat Gomendio dijo sobre su nombramiento: “Es un enorme respaldo al esfuerzo del Gobierno y del Ministerio, en concreto, para llevar a cabo una serie de reformas fundamentales en la enseñanza”. Otros altos cargos de la OCDE se preguntan cómo llegó allí una profesional con un doctorado en la reproducción de los primates. Allí está, con su marido y padre de la LOMCE, como embajador de España ante la OCDE, con cese muy probable y cercano, y con algunos profesionales del ala neoliberal del PP.

Durante el mandato de Wert, visitó con frecuencia nuestro país Andreas Shleicher, director de Educación y Habilidades, asesor especial sobre políticas educativas del secretario general en la producción de análisis y asesoramiento sobre políticas de crecimiento económico y progreso social. Sus informes, PISA, PIAC, TALIS, INES, le dieron gran relevancia. Invitado por el MECD presentaba informes y dictaba recomendaciones. Wert seleccionaba las que le interesaba y obviaba las que no le convenían.

Hay informes que defienden que el mayor gasto en educación no mejora los resultados, con investigaciones sobre muestras y sobre estudios empírico, Hanushek (1989, 2003), pero otros como Kruegger (2003) con otras muestras pero con los mismos datos de los estudios empíricos de Hanushek, llegan a las conclusión de que son positivos.

Wert interpreta, para justificar la menor inversión en educación y los recortes que tener muchos niños por cada aula es mejor porque así se socializan más. La OCDE, en 2012, señala que el gasto en educación es menos importante que la forma en que se emplean dichos recursos.

Desde la Unión Europea se recomienda a España que en sus planes de ajuste que no se produzcan recortes en educación. En 2010, el presupuesto era de 53.099.000 millones; en 2016 de 47.578.00; en 2009, el 4,99 del PIB; en 2018, el 3,82 y en lo enviado a Bruselas, el 3,75 para el 2020 y 3,70 para el 2021. Además, se recorta en la educación pública y se aumenta en la concertada.La UNESCO recomienda a sus países miembros destinar a educación un mínimo del 4% del PIB.

El informe PISA es cuestionado por parte de la comunidad científica, pero el potencial económico necesario dificulta que otros informes puedan llevarse a cabo.

Algunos países se han dado de baja, y ante las críticas de su parcialidad y enfoque economicista, la falta de medición del capital social y de habilidades no cognitivas, la OCDE ha ido ampliando su campo de actuación.

En 2012, evaluó la “resolución creativa de problemas”, en la que participaron personas que trabajaban solas en la resolución de problemas en los que el método de solución no era obvio.

En 2015, pasó a medir “la resolución colaborativa de problemas”, en la que los individuos unen sus conocimientos y esfuerzos y trabajan juntos para resolverlos.

En 2018, está evaluando “la competencia global”, la capacidad de participar en sociedades interconectadas, complejas y diversas.

En 2021, se basará en la evaluación de 5 hábitos de los alumnos:
Inquisitivo (preguntar, cuestionar, explorar, investigar, desafiar suposiciones)
Persistente (persistir ante la dificultad, atreverse a ser diferente, tolerar la incertidumbre)
Imaginativo (jugar con las posibilidades, hacer conexiones, usar la intuición)
Colaborativo (compartir el proceso y el producto, dar y compartir retroalimentación, cooperar apropiadamente)
Disciplinado (desarrollando técnicas, reflexionando críticamente, elaborando y mejorando.

Esto hábitos, con sus 15 subcapacidades, evaluarán las capacidades creativas… y empresariales.

Los Presupuestos para Educación de este año, veremos a dónde van, no cumplen con las dos exigencias requeridas para el futuro del sistema educativo: continua aspiración de mejora de los resultados y transparencia; pero sí se incluye participar en PISA for Schools, introducida por Gomendio y por tanto con beneplácito y recompensa en su destino en la OCDE.

Hace unos días, la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, presentó a bombo y platillo los resultados de 20 de sus 50 colegios , obtenidos en la aplicación de PRISA for Schools . Resultados por encima de los de PISA obtenidos por Singapur, Finlandia, Corea, Canadá… y por encima de la media de España y la OCDE.

También han participado, 5 centros públicos, que de momento no conocemos pero algunos en el territorio MEC, en Ceuta y Melilla (donde está el fracaso escolar y mayor abandono). El centro paga 3700€+IVA.

El presidente de CICAE recomienda que la prueba se pudiera aplicar en todos los centros públicos. Se dice que esta prueba no es para comparar centros (hasta ahí podría llegar el alto grado de ingenuidad) y que es para mejorar cada año (con la constante de los 3.700€+IVA).

Es cierto que uno de los problemas detectados por PISA es que hay más diferencias dentro del centro que con respecto a otros centros, y eso es grave. La solución está en la revisión y evaluación del centro para analizar las causas, y mediante una estrategia de análisis de datos que se culmine con procesos de planificación consciente de todos los profesores y equipos directivos, con el asesoramiento que se precise.

Con los datos, se planifica, se concretan las propuestas, se chequean los pasos, se actúa y se retroalimenta todo el proceso. La solución está en los centros educativos. Si allí se producen los problemas, solo ellos pueden encontrar las soluciones. Los centros educativos no pueden ser el último eslabón de la política educativa y de la administración educativa, sino el primero.

Centros con autonomía suficiente para responder a sus necesidades y defenderse de los planteamientos políticos y de presión de grupos que tienen otros intereses.

Decía Aristóteles en Política: “Puesto que toda la ciudad tiene un solo fin, es claro que también la educación tiene que ser la misma para todos los ciudadanos”.

Decálogo para una Nueva Ley Universitaria Consensuada con la Comunidad Universitaria

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L’étourderie. Levalet

Por otra política educativa. Foro de Sevilla, junio 2018


Este Decálogo pretende desarrollar una universidad pública entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas, con una elevada formación cultural, científica y profesional.

1.- GRATUITA: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas y la equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.

2.- PLANIFICADA PÚBLICAMENTE: Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias, aunque haya menor número de alumnado. La creación de universidades privadas debe ser aprobada por la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria, y evaluarán su continuidad en función del respeto y cumplimiento de los requerimientos establecidos que garanticen una formación equilibrada en Ciencias y Letras y completa de grados y unas infraestructuras dignas.

3.- ACCESO LIBRE: a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros educativos públicos.

4.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y GLOBAL: Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas, y garantizando también una formación global, polivalente, crítica, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la sociedad. Formando ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en el mundo y transformarlo. Con tiempos de formación y estudio que permitan compatibilizar estudiar una carrera con trabajar simultáneamente.

5.- BECAS-SALARIO: Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a situación socioeconómica, que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.

6.- AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO DEMOCRÁTICO UNIVERSITARIO: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…

7.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN: Supresión de la contratación precaria (especialmente la figura de profesorado asociado y la doble vía de contratación laboral con menos derechos y mayor precariedad) y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico, así como poder realizar una investigación rigurosa. Carrera docente e investigadora que valore la docencia y la renovación pedagógica tanto como la capacidad investigadora, y establezca un sistema, consensuado con los representantes del personal universitario, accesible y equitativo para acceder a la estabilización en el trabajo, así como las condiciones para la promoción. No utilizando la docencia para penalizar al profesorado que no promociona en investigación.

8.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Formación didáctica inicial obligatoria, vinculada a la práctica en el aula, para el profesorado universitario novel de al menos 100 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Así como formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas, que se debe valorar y tener en cuenta en los procesos de promoción al mismo nivel que la actividad investigadora. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa y efectiva de la ratioalumnado-profesorado (no superando los 20 estudiantes por gran grupo-clase).

9.- EVALUACIÓN PARA LA MEJORA: Evaluación que englobe todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo “Horizonte 2020” y posibilite que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y la vinculación del proceso de formación universitaria con el componente de compromiso social con el entorno social en el que se desarrolla su labor.

10.- FINANCIACIÓN PÚBLICA: Garantizar un blindaje de la financiación pública de las Universidades Públicas de un suelo mínimo del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor. Garantizar también financiación, con porcentajes del PIB similares a la UE, de la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, las cuales generan las bases del conocimiento de una sociedad, aunque no sean inmediatamente aplicables o rentables para el mercado.




Comparecencia de Isabel Celaá en la Comisión de Educación. Vídeos

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Comisión de Educación, 11 de julio de 2018

Celaá anuncia la derogación de determinados articulados de la LOMCE así como del Real decreto 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto.... 




En sesión extraordinaria a petición propia comparecía esta mañana la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, y a petición de los distintos Grupos Parlamentarios: 

  • Para informar sobre los ejes de actuación y las prioridades de su Ministerio para la XII Legislatura. Autor: Grupo Parlamentario Mixto 
La sesión se desarrolló como viene siendo habitual: intervención de la compareciente seguida de las de los representantes de los distintos grupos políticos (intervenciones de 15 minutos); respuesta a lo planteado por los grupos por parte de la Ministra, breve réplica (5 minutos) posterior de los grupos y cierre de la comparecencia a cargo de Isabel Celaá.

Vídeos

1.- Intervención de la Ministra de Educación
* Medidas urgentes sobre la LOMCE:  Recuperación de la participación de la comunidad educativa (modificación de los artículos 122-127 y 135) / Religión sin alternativa y no computable a efectos académicos / Escuela Pública como referente y vertebrador, no subsidiaria ni opción menor, para ello modificar el artículo 109.2 (escolarización a tendiendo a "la demanda social" a la que aludía la LOMCE) / Abrir diálogo con centros que segregan por sexos.../ Derogación itinerarios /

* Asegurar educación infantil 0-3
* Revertir  Real decreto 14/2012 de 20 de abril de medidas urgentes... Revertir ratios y revertir horarios profesorado...
 * Evaluaciones de diagnóstico en 4º de primaria y 2 ESO

* FP: Uno de los ejes de actuación de su Ministerio./Formación ligada al empleo por lo que ya ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Trabajo / Mejorar tasas en Grado Medio / Creación de pasarelas entre estudios / Revisar y homologar FP Dual / Nuevo catálogo de FP ...




2.- Intervenciones grupos políticos y respuesta de Isabel Celaá

Por orden de intervención:  Oskar Matute (GMx), Sergi Miquel (GMx), Joseba Aguirretxea (GV (EAJ-PNV), Joan Olòriz (GER), Marta Martín (G C´s), Joan Mena (GCUP-EC-EM), Luz Martínez Seijo (GS) y Sandra Moneo (GP). Intervención de la Ministra de Educación




3.- Turno de réplica grupos parlamentarios. Cierre de la Ministra de Educación
Por orden de intervención: Oskar Matute (GMx), Sergi Miquel (GMx), Joseba Aguirretxea (GV (EAJ-PNV), Joan Olòriz (GER), Marta Martín (G C´s), Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM), Luz Martínez Seijo (GS) y Sandra Moneo (GP). Cierra la Ministra de Educación



Prensa 


Así ve la prensa la intervención de la Ministra de Educación










CARTA a los Grupos Parlamentarios y a la Ministra de Educación y Formación Profesional

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Dialogues, 2012. Levalet

Por otra Política Educativa. Foro de Sevilla, 9 de julio de 2018

Ante la situación actual de cambio en el gobierno en la que se abre la esperanza a un control del Parlamento que no sea inmovilista “Redes por Una Nueva Política Educativa” piden un acuerdo entre los grupos parlamentarios y el Ministerio de Educación, para que se planteen, en un primer momento y de forma urgente para el próximo curso, medidas que eviten el aumento de la segregación y el fracaso escolar, desde sus inicios en las primeras edades, que restituyan la participación y democracia a los centros escolares y acerquen la equidad a nuestro sistema educativo. Para ello hacemos llegar medidas de urgencia que están acordadas por “Redes por Una Nueva Política Educativa”, algunas de ellas desde hace dos años, y sirven para frenar los efectos perversos que la LOMCE está teniendo, así como pérdidas anteriores que consideramos imprescindible rescatar.

A la vez pedimos que se derogue la LOMCE y que se sustituya por una nueva ley apoyada por el acuerdo social y político de la comunidad educativa y toda la ciudadanía que parta del “Documento de Bases para una nueva ley de educación. Acuerdo social y político” que ha logrado un acuerdo entre la comunidad educativa, las organizaciones sociales, de padres y madres, políticas, sindicales y de estudiantes que forman “Redes por Una Nueva Política Educativa”.

Denunciamos el Pacto Social y Político propuesto por el Partido Popular, que ha sido una maniobra de distracción para seguir aplicando una ley que contaba con el rechazo de toda la oposición y de la comunidad educativa, para que se levante el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y se empiecen a considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo mayoritario de la comunidad educativa.

Medidas urgentes que proponen la comunidad educativa y organizaciones sociales y políticas para el curso 2018/2019, junto con la derogación de la LOMCE y la elaboración de una ley a partir del “Documento de Bases para una nueva ley educativa: Acuerdo social político” pactado por Redes por Una Nueva Política Educativa.

Ante la formación de un nuevo gobierno, la comunidad educativa y organizaciones sociales, políticas, de padres y madres y estudiantes exigen un acuerdo que evite el aumento del fracaso escolar y restituya la democracia y la equidad en el sistema educativo desde sus inicios. Se trata de una serie de medidas urgentes para el próximo curso y sobre las que pedimos el compromiso de los partidos políticos para su inmediata puesta en práctica, considerándolas claves en el acuerdo de una nueva ley educativa, cuyas bases deberán establecerse mediante el diálogo y la participación de la comunidad educativa y la consideración del Documentos de Bases realizado a tal fin.

No se trata de un acuerdo definitivo por la educación sino medidas de urgente aplicación para el curso 2018/2019. La reforma de la LOMCE no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas han pedido su derogación. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas.

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.
  • Evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos estudiantes la posibilidad de cursar bachillerato.
  • Recuperar la diversificación curricular (prolongación del PMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación.
  • Posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica.
  • Derecho a la educación de los/as jóvenes con diversidad funcional, aunque hayan cumplido veintiún años, para que no queden fuera del sistema educativo.
  • Eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings.
  • Supresión de las subidas de tasas universitarias, realizadas a partir de 2012 y modificación de la política de becas con el aumento de las mismas.
  • Paralización del 3+2 en las universidades.
  • Aumentar con carácter inmediato los recursos humanos y materiales de los equipos de atención temprana, orientación y específicos así como los departamentos de orientación de los Institutos para hacer real la Educación Inclusiva.
2. Restituir la democracia en los centros escolares.
  • Eliminar el modelo de nombramiento de directores y directoras LOMCE y las atribuciones de los equipos directivos que imponen materiales escolares a los claustros.
  • Restituir las competencias de los consejos escolares.
3. Apuesta por la equidad.
  • Prohibir que haya una red de centros infantiles considerada asistencial de segunda y otra educativa de primera, exigiendo que todos los que acojan regularmente a niños y niñas de cero a seis años cumplan unos requisitos mínimos de centros y de currículo fijados en un Real Decreto para todo el Estado. 
  • No más recortes en la escuela pública y reversión de los que se han hecho. 
  • No a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada. 
  • No más recortes en universidades públicas y reversión de los que se han hecho. 
  • Detener la privatización y revertir la gestión indirecta de centros de educación infantil que son de titularidad pública. 
  • Paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. 
  • Retirada inmediata de los sistemas de conciertos y convenios de escuelas infantiles y casas de niños a los centros que incumplan las exigencias establecidas. 
  • Apoyo a la universalización de la educación infantil pública y gratuita y a la educación compensatoria. 
  • Restituir los servicios complementarios de comedores, transportes, etc. 
  • Religión fuera del currículum y del horario escolar y como medida urgente que sea considerada no evaluable y sin valor académico. Pedimos que se cumpla el mandato aprobado por mayoría parlamentaria el pasado 21 de febrero de proceder a la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano que avalan la inclusión obligada de la Religión confesional en todos los currículos. 
  • Pedimos la restitución de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que incluya la equidad y la igualdad de los sexos y que en ningún caso puede impartirse por profesorado de religión o incluir contenidos religiosos. 
  • Refuerzo de la coeducación y, para ello, promoción de la enseñanza mixta, evitando los centros y las aulas que segregan al alumnado por razón de sexo. Retirada de conciertos a aquellos centros que practiquen una enseñanza diferenciada a partir de la derogación de la LOMCE. 
  • Derogación del RD ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y restituir sus condiciones laborales. 
  • Estabilidad laboral e igualdad de derechos laborales del profesorado interino, de educación infantil, de adultos y de educación a distancia y del personal no docente (fisioterapeutas, auxiliares técnicos, educativos, ILSEs, etc.): reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral, y tengan en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.
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